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Una serie de al menos cuatro carros bomba y motines en las cárceles, donde hubo policías y guardias retenidos por los presos, volvieron el pasado jueves, 31 de agosto de 2023, a prender la alarma por la situación de violencia en Ecuador, a pocos días de que concluyese una sangrienta primera vuelta de las elecciones presidenciales, con el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.
En cuestión de pocas horas, entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, se registraron cuatro vehículos con artefactos explosivos que acabaron calcinados sin dejar víctimas, dos de ellos, en Quito y otros dos, en Machala y Pasaje, dos ciudades de la sureña provincia de El Oro, fronteriza con Perú.
Si bien la Policía todavía investiga la relación entre los eventos de Quito y los de las otras dos ciudades, la similitud entre ellos y la coincidencia en el tiempo inclina a los investigadores a pensar en su conexión, y piensan en que una banda criminal puede estar detrás de estos "actos terroristas", como los han calificado.
Para la Policía, tanto los carros bomba como los motines son una respuesta del crimen organizado a las intervenciones que junto a las Fuerzas Armadas está realizando en las prisiones para desarmar a las bandas criminales que controlan internamente los centros carcelarios del país.
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Hasta el momento hay diez personas detenidas por sus presuntos vínculos con los dos coches que explotaron en Quito y ninguno en relación con los otros dos sucesos en el sur de Ecuador.
Es la primera vez que se registra en la capital de Ecuador un presunto ataque simultáneo con coches bomba, algo que ya se había visto el año pasado en Guayaquil, uno de los epicentros de la crisis de violencia del país, al encontrarse allí el mayor puerto ecuatoriano, y una gran puerta de la salida de la cocaína traficada por el crimen organizado.
Reacción a requisas en cárcel
Tanto las explosiones de los automóviles como los amotinamientos se dieron pocas horas después de una masiva intervención con 2.200 policías y militares a la cárcel de Latacunga, situada en la provincia de Cotopaxi, a unos 70 kilómetros al sur de Quito, y presuntamente controlada por la banda criminal autodenominada Los Lobos.
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Eso explicaría, según las autoridades, que los vehículos de Quito estuviesen dirigidos contra edificios vinculados al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI), el departamento estatal encargado del control y administración de las 35 cárceles que tiene Ecuador.
En ese operativo en la prisión de Latacunga se requisaron 49 armas blancas y dos chalecos antibalas, entre otros objetos prohibidos, a similitud de otras intervenciones realizadas anteriormente en otras cárceles con el objetivo de detenerse la serie de masacres carcelarias que, por enfrentamientos entre estas bandas, han dejado más de 400 presos asesinados desde 2020.
Semanas atrás, en el complejo carcelario de Guayaquil, un conjunto de cinco prisiones que albergan a unos 12.300 presos, hallaron un arsenal de armas de guerra como fusiles, lanzagranadas y granadas en manos de los presos.
Por primera vez, los policías y militares entraban a requisar armas a una de las prisiones controladas presuntamente por Los Lobos, lo que hizo que se amotinaran otras cárceles bajo control del mismo grupo criminal, como las de las ciudades de Cuenca, Azogues y Machala.
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