Un fallo histórico del máximo tribunal de la ONU, que determinó que Myanmar perpetró un genocidio contra su minoría rohinyá, fue calificado por el gobierno del país como injusto y una "gran decepción", según declaró este viernes 20 de noviembre. El jueves, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) presentó pruebas contundentes de las atrocidades cometidas por Myanmar contra los rohinyás -de mayoría musulmana- durante una ofensiva en 2017 en el estado de Rakhine, en el oeste del país.
El tribunal concluyó que las fuerzas de seguridad de Myanmar mataron a miles de civiles rohinyás, perpetraron una "violencia sexual generalizada" contra las mujeres y ejercieron una "violencia extrema" contra los niños.
En una conferencia de prensa celebrada en la capital, Naypyidaw, la portavoz presidencial Khaing Khaing Soe señaló que la decisión -adoptada por 9 votos a favor y 6 en contra- no fue unánime, y afirmó que el fallo "no es justo". Posteriormente, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar declaró en un comunicado que la conclusión del tribunal supone "una gran decepción para Myanmar", que siempre ha negado la existencia de un genocidio, argumentando que sus acciones estaban dirigidas contra un levantamiento militar de insurgentes, tras una serie de ataques que dejaron una docena de miembros de las fuerzas de seguridad muertos.
Publicidad
Sin embargo, el fallo de la CIJ desestimó el argumento de Myanmar de que estaba llevando a cabo operaciones de contrainsurgencia. "No existe ante la Corte ninguna prueba de que, durante la ejecución de las operaciones de limpieza, Myanmar distinguiera entre civiles y presuntos combatientes", señala la sentencia.
Esta resolución marca la primera vez, en los 80 años de historia de la CIJ, que sus jueces determinan que un Estado ha cometido un genocidio.
Según el tribunal, cientos de miles de rohinyás se vieron obligados a huir al vecino Bangladés durante la violenta campaña de Myanmar contra esta comunidad. El tribunal indicó que las aldeas rohinyás fueron "destruidas sistemáticamente" y sus habitantes reemplazados por personas que no pertenecen a dicha etnia, concluyendo que la "única inferencia razonable" es que Myanmar tuvo la intención de destruir a esta población, lo cual constituye un criterio fundamental para determinar la existencia de un genocidio.
El regreso de refugiados
El tribunal ordenó que se garantice a los refugiados un paso seguro de regreso a sus hogares y dictaminó el pago de indemnizaciones, cuyas cuantías específicas se determinarán más adelante. El viernes, durante una visita a un campo de refugiados en Cox's Bazar (Bangladés), el presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas instó a Myanmar a permitir el retorno de cientos de miles de rohinyás desplazados.
Publicidad
“Una sentencia sobre el papel no es justicia en la vida real; ahora debe hacerse efectiva”, afirmó Khalilur Rahman, quien abogó por un retorno de los rohinyás que sea seguro, voluntario y digno. En el estado de Rakáin, Pyay Lynn, de 31 años, coincidió en que la repatriación de los refugiados rohinyás a su estado natal “tiene que suceder”. No obstante, reconoció que el regreso de los desplazados a su tierra, devastada por la guerra, conlleva riesgos. “En el estado de Rakáin, muchos civiles están muriendo a causa de ataques aéreos militares” en el contexto de la guerra civil que atraviesa Myanmar, señaló. “Estas matanzas masivas de civiles podrían considerarse, incluso, un genocidio”, dijo.
Según estimaciones de ACLED, una organización que monitorea conflictos, la guerra -desencadenada tras el golpe de Estado de 2021- ha causado más de 100.000 muertes en todos los bandos.
Publicidad
Por otro lado, Malasia pareció retractarse el viernes de un anuncio previo en el que planteaba el reasentamiento de 10.000 refugiados rohinyás en Turquía; el Ministerio de Asuntos Exteriores de Ankara señaló que Kuala Lumpur había eliminado dicha publicación de sus redes sociales.
En septiembre, Malasia repatrió a cerca de 1.500 ciudadanos de Myanmar, una medida que, según los defensores de los derechos humanos, podría poner en peligro a los migrantes al devolverlos a un país en guerra.
Publicidad
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Myanmar declaró que el gobierno seguirá proporcionando “asistencia humanitaria” a las personas desplazadas en Rakáin y que llevará a cabo la repatriación de quienes se encuentran en Bangladés “cuando la situación lo permita»”.
“Nada que ver con nosotros”
El caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue presentado por Gambia en virtud de la Convención de la ONU sobre el Genocidio de 1948, la cual permite que cualquier Estado demande a otro si sospecha que este ha incumplido dicho acuerdo internacional, establecido tras la Segunda Guerra Mundial.
El viernes, la portavoz Khaing Khaing Soe afirmó que la nación africana “no tiene nada que ver” con Myanmar. Si bien las decisiones de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) son vinculantes e inapelables, el tribunal no dispone de mecanismos para hacer cumplir sus fallos. No obstante, la resolución podría aumentar la presión internacional sobre el líder de Myanmar, Min Aung Hlaing, quien estuvo al mando de las fuerzas armadas durante la ofensiva contra los rohinyás, antes de derrocar al gobierno electo de Aung San Suu Kyi en el golpe de Estado de 2021.
Publicidad
El exgeneral Min Aung Hlaing asumió en 2026 el cargo de presidente -bajo una fachada civil- tras unas elecciones sumamente restringidas.
El viernes, China -uno de los pocos aliados que ha mantenido su apoyo a Myanmar tras el golpe- expresó su preocupación por lo que consideró una extralimitación judicial a raíz del fallo de la CIJ. Por su parte, Estados Unidos mantiene sanciones contra Min Aung Hlaing; sin embargo, recientemente se ha opuesto a un caso ante el mismo tribunal en el que se acusa a Israel -aliado de Washington- de cometer genocidio en Gaza, subrayando la necesidad de evitar la “politización” de dicha instancia judicial.
¿Qué podría pasar con el caso de Israel y Gaza?
La decisión sobre Myanmar podría tener implicaciones para la demanda de Sudáfrica contra Israel por su ofensiva militar en Gaza, al confirmar que un conflicto armado o la lucha contra el terrorismo no excluye una posible intención genocida. "Es la parte de la sentencia que tendrá más repercusiones para futuros casos de genocidio", explicó a EFE el jurista internacional Reed Brody, quien considera que la Corte dejó claro que "la existencia de un conflicto armado o un objetivo de seguridad no excluye la intención genocida" y que "pueden coexistir varias intenciones". (Lea también: ¿Llegó a su fin la era Netanyahu? Las tres opciones de Gadi Eisenkot para formar gobierno en Israel)
Publicidad
Israel rechaza las acusaciones y justifica su ofensiva como respuesta de "legítima defensa" frente a los ataques de Hamás de octubre de 2023. Sudáfrica, entretanto, ha denunciado desplazamientos masivos, pero el país judío presenta sus órdenes de evacuación como medidas de protección a civiles.
Otra cuestión importante es si imponer condiciones de vida extremas puede constituir genocidio. La Convención de 1948 prohíbe someter deliberadamente a un grupo a condiciones destinadas a provocar su destrucción física, lo que puede incluir privarlo de alimentos, atención médica o alojamiento. Sudáfrica ha denunciado la crisis humanitaria y las restricciones al acceso a alimentos, agua y asistencia sanitaria en Gaza. (Lea también: Comisión de la ONU reafirma que Israel comete exterminio y genocidio contra los palestinos)
Publicidad
AGENCIAS AFP/EFE
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL