El caso de una violación grupal sufrida por una mujer de 30 años en Uruguay
abrió un debate en la sociedad sobre la falta de "una respuesta rápida" para estos delitos, ya que, pese a que los presuntos agresores fueron detenidos, quedaron en libertad con la sola obligación de estar localizados.
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La carencia de herramientas ágiles para la solución rápida de estos delitos fue denunciada por la fiscal de Delitos Sexuales Syliva Lovesio, que encabeza la investigación del caso y que, en declaraciones a la radio local DelSol, dijo que las mujeres uruguayas "no están seguras".
"La misma indignación que le causa a la sociedad nos causa a nosotros, que escuchamos a la víctima, tenemos que leer los informes que nos dieron donde se corrobora lo que la víctima padeció, ir a un juicio", detalló.
En el caso de violación grupal que ha conmocionado a la opinión pública, la mujer relató que, tras conocer a un hombre en un bar e ir a su apartamento, el domingo por la noche, a la vivienda entraron otros dos hombres y entre los tres la abusaron.
Las pericias forenses constataron la violación, pero los tres detenidos se negaron a someterse a una prueba de ADN, por lo que hubo que recurrir a una autorización judicial.
A la espera de los resultados, los tres hombres fueron puestos en libertad, pero emplazados (es decir, deben estar localizados en sus domicilios).
Según Lovesio, los delitos sexuales en Uruguay "no son una prioridad en materia de políticas públicas" y ello se refleja en la poca cantidad de fiscalías especializadas que tiene Montevideo, los pocos recursos humanos y las demoras en la toma de "evidencias contundentes", como las que ahora impiden la acusación formal de los tres hombres.
"Nos da a veces impotencia; por eso es bueno que los medios de comunicación traigan este tema. Creo que hay muchas cosas para modificar, creo que nos debemos un gran debate a nivel nacional que incorpore a toda la sociedad", apuntó.
Lovesio recordó que se precisan "las pruebas científicas", que serán "fundamentales" para identificar "si fueron uno, dos o tres los abusadores".
El debate abierto en la sociedad generó una ola de críticas en redes sociales a hombres que cuestionaron a la víctima de la violación grupal, así como la petición de colectivos y mujeres referentes en la sociedad de la necesaria implicación de los hombres en defensa de la libertad de la mujer.
Incluso, el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió al hecho y declaró que, aunque no se inmiscuiría en el trabajo judicial, la pena debía ser "contundente" y "ejemplarizante".
"Estos actos no son propios del ser humano ni del género masculino", añadió.
Para la fiscal, la existencia de delitos sexuales "es un mal endémico de la sociedad", que debe combatirse con "prevención"; y ante la falta de respuestas inmediatas para las mujeres que denuncian, agregó que estas "no están seguras".
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