Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Fiscalía del Tribunal Internacional de Crímenes (ICT) de Bangladés solicitará ayuda a la Interpol para avanzar en la extradición de la ex primera ministra Sheikh Hasina, condenada a muerte por crímenes de lesa humanidad, informaron a EFE fuentes judiciales.
La Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal), podría en el caso de Hasina emitir avisos como la llamada circular roja para localizarla, solicitar su detención provisional y apoyar el proceso de extradición impulsado por Bangladés.
De 78 años e hija del ‘padre fundador’ de Bangladés, Sheikh Mujibur Rahman, es la líder histórica de la Liga Awami y la primera ministra que más tiempo ha gobernado el país, 15 años.
En agosto de 2024 se vio obligada a dimitir tras un levantamiento encabezado por estudiantes y jóvenes que denunciaban abusos de las fuerzas de seguridad, corrupción y represión política.
Las manifestaciones comenzaron de forma pacífica, pero pronto fueron duramente reprimidas por las fuerzas de seguridad bajo su mando, lo que precipitó su dimisión el 5 de agosto de 2024 y su posterior huida a la India, donde permanece desde entonces.
La ONU estimó en febrero de 2025 que unas 1.400 personas murieron durante la denominada Revolución de julio, tras la cual asumió un Gobierno interino encabezado por uno de sus más firmes opositores durante sus años de gobierno, el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunus.
Hasina ha sido acusada de crímenes de lesa humanidad durante la represión de las protestas de 2024, incluyendo la organización de asesinatos masivos de manifestantes, el uso de fuerza letal desde tierra y aire, el asesinato de personas concretas y la coordinación de persecuciones en distintas zonas.
Publicidad
Por la primera acusación fue condenada a cadena perpetua tras ser hallada culpable de incitación, orden de asesinatos e inacción para prevenir las atrocidades y no tomar medidas contra los responsables.
En la segunda acusación, se le consideró responsable de crímenes de lesa humanidad por ordenar ataques con drones, helicópteros y armas letales, por lo que recibió la pena de muerte.
El futuro de Sheikh Hasina pasa por una palabra: extradición. Y en ese proceso la India tiene un papel clave, ya que es el país donde la exmandataria permanece exiliada desde agosto de 2024 y el único que puede decidir si será entregada o no a la justicia bangladesí.
Publicidad
Si el país accede a entregar a Hasina, permitirá que avance la ejecución de una condena a muerte con un fuerte impacto político y regional. Si se niega, corre el riesgo de tensionar su relación con el Ejecutivo provisional y, en la práctica, consolidar el exilio de la exmandataria.
Horas después de la sentencia, el Gobierno interino de Bangladés pidió formalmente a la India la “entrega inmediata” de Sheikh Hasina y de su colaborador Asaduzzaman Khan Kamal.
Nueva Delhi en ese momento reafirmó su compromiso con el pueblo bangladesí, aunque sin pronunciarse directamente sobre el futuro de Hasina, lo que ha colocado a India en una posición diplomática delicada.
La India y Bangladés cuentan desde 2013 con un tratado de reciprocidad en materia de extradición, pero su aplicación no es automática.
“La reciprocidad varía de un país a otro y entre un país y otro”, explica la abogada del Tribunal Supremo de la India, Jasmine Damkewala. Según la jurista, “una lectura detenida de la legislación revela que el acuerdo recíproco no se aplica en casos de delitos políticos y en este caso las acusaciones contra la ex primera ministra entran en esa categoría”.
Publicidad
Por ese motivo, India no estaría obligada a entregarla y Hasina podría incluso solicitar asilo, según Damkewala.
La abogada añade que ningún agente extranjero puede detener a alguien en territorio indio y que cualquier procedimiento tendría que pasar por canales diplomáticos formales, desde la Alta Comisión hasta un análisis jurídico del tratado y de los cargos presentados.
Publicidad
"Hasta que este examen determine si los delitos imputados son políticos -como sostiene también el propio Alto Comisionado de India en Daca- la exmandataria puede seguir residiendo legalmente en el país", concluyó.
En el mismo fallo, el tribunal condenó también a muerte al exministro del Interior Asaduzzaman Khan Kamal, y a cinco años de prisión al exinspector general de la Policía Chowdhury Abdullah Al-Mamun, que declaró como testigo del Estado y se declaró culpable.
Diversas organizaciones de derechos humanos recordaron que el tribunal arrastra críticas históricas por la falta de garantías procesales, entre ellas Amnistía Internacional, que cuestionó la rapidez del juicio in absentia, y Human Rights Watch, que puso en duda la solidez de las pruebas y el acceso de la defensa.
La ONU consideró que el veredicto constituye un "momento importante para las víctimas". Sin embargo, "lamentamos (...) la imposición de la pena de muerte, a la que nos oponemos en todas las circunstancias", declaró Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Las fuerzas de seguridad rodearon el tribunal para la lectura del veredicto, con vehículos blindados custodiando los puestos de control y miles de agentes de policía desplegados por toda la capital.
Este mes se han detonado bombas caseras en toda Dhaka, principalmente artefactos incendiarios lanzados contra todo tipo de objetivos, desde edificios vinculados al gobierno de Yunus hasta autobuses y lugares cristianos.
Publicidad
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Bangladés convocó al enviado de la India a Dhaka, exigiendo que Nueva Delhi impida a la "notoria fugitiva" Hasina hablar con periodistas y "concederle una plataforma para difundir odio".
"Las sentencias pronunciadas contra mí fueron dictadas por un tribunal amañado, establecido y presidido por un gobierno no elegido y sin mandato democrático", afirmó la ex primera ministra en un comunicado.
El veredicto tiene "motivaciones políticas", agregó.
Publicidad
EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP