Señalado de financiación ilegal de campañas, fue puesto preso Ravneet Singh, asesor político para redes sociales, que ha prestado servicios para políticos como Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos en Colombia.
El FBI lo señala a él, así como a otras dos personas, Ernesto Encinas y Marco Polo Cortes, de haber canalizado de manera ilegal recursos del empresario mexicano (de ascendencia japonesa) José Susumo Azano.
En Colombia, Singh (que es de ascendencia india pero nacido en Chicago) fue uno de los principales asesores de Juan Manuel Santos en su campaña de 2010 para redes sociales. Además, se jactaba de ser quien le enseñó a Álvaro Uribe el uso y la importancia de Twitter.
Considerado por algunos como un nuevo "embajador de la India" (en ocasión a un impostor que deslumbró en los setentas a las autoridades huilenses), Singh tuvo también tropiezos con la campaña del actual presidente colombiano. Al final de su contrato, aparecieron denuncias porque no pagó a todo su equipo de trabajo y además casi se queda con el dominio de las cuentas del mandatario.
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El escándalo crece en Estados Unidos, donde el llamado "gurú de la democracia electrónica" asesoró cientos de políticos. La investigación norteamericana que tiene tras las rejas a Singh, le señala de ser uno de los artífices de la inyección ilegal de cerca de medio millón de dólares a campañas entre 2012 y 2013.
Cruzando el atlántico, en Europa, especialmente en España e Irlanda, también se viven las consecuencias del cuestionado proceder de Singh. En el país ibérico, la prensa lo ha llamado "el tunante de turbante" y lo señala de haber defraudado a las dos principales colectividades españolas: el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero (PSOE).
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Ravneet Singh tuvo un meteórico ascenso en el campo del mercadeo electoral, luego de que en 2008 se atribuyera la exitosa campaña de Barack Obama en redes sociales que le llevó a la presidencia estadounidense.
Su ocaso inició en 2011, cuando se reveló que el único vínculo con la campaña del presidente norteamericano había sido una asesoría para un grupo de demócratas en el estado de Nuevo México, la cual acabó en malos términos.
De ser hallado culpable dentro de la investigación del FBI, el otrora "gurú" podría ser sancionado con una multa de 250 mil dólares y hasta cinco años de prisión.