Marcha contra migrantes en Chile terminó con quema de pertenencias a venezolanos indocumentados

Con amenazas xenofóbicas y quemas de pertenencias precarias de los migrantes venezolanos indocumentados terminó el sábado una marcha de unas tres mil personas en la ciudad de Iquique, norte de Chile , un día después del desalojo de una plaza copada de familias con niños a la deriva en Sudamérica.

"Inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables, afectándolos en lo más personal", escribió en Twitter Felipe González, relator Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes.

"El discurso xenófobo, asimilando migración a delincuencia, que por desgracia se ha ido volviendo cada vez más frecuente en Chile, alimenta esta clase de barbarismo", agregó González.

En un clima de abierto rechazo al inmigrante venezolano, los manifestantes alzaron banderas chilenas, así como la Whiphala, un pabellón colorido de pueblos originarios andinos, para expresar su oposición a la migración sin papeles, asociada a delincuencia con rumores que citan de todo tipo de plataformas.

Desde la Plaza Prat, en el casco histórico de Iquique, los manifestantes terminaron en una playa sobre el Pacífico, donde los carabineros tuvieron que controlar escaramuzas aisladas provocadas por residentes chilenos que se acercaron a agredir a venezolanos en situación de calle.

Estos, desde la mañana del sábado, buscaban con sus niños en brazos o en coches esconderse en otras zonas de este balneario para evitar a los manifestantes, constataron periodistas de la AFP.

Otros manifestantes radicales se dirigieron a un par de pequeños campamentos de migrantes venezolanos -que no estaban en el lugar- y quemaron en una barricada sus pocas pertenencias: peluches, bicicletas, carpas, colchones, bolsos, cobijas, juguetes que reciben en donaciones.

"Yo soy nacido, criado y malcriado en Iquique y siempre he vivido en esta zona del norte y esto que estamos viviendo es terrible, porque el problema es que en Venezuela han abierto sus cárceles y parte de esa gente ha llegado a Chile", dijo a la AFP Veliz Rifo, un agricultor de 48 años de La Tirana, un pueblo en una suerte de oasis en el desierto 72 km al este de Iquique, al hacerse eco de un rumor falso.

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"Lo peor es que este gobierno de Chile ha dejado que esto crezca y los que han llegado no son refugiados políticos ni inmigrantes que aportan con su trabajo, aquí han llegado muchos delincuentes", agregó Rifo, al lamentar, como muchos de los manifestantes, el aumento de los asentamientos que levantan inmigrantes con casas de cartón y hojalata en las afueras de este puerto a casi 2.000 km de Santiago.

Otros manifestantes pedían a los más violentos respetar la acción pacífica, mientras en los restaurantes del casco histórico los meseros venezolanos y comensales chilenos veían desde lejos algo que calificaron como "triste".

Unicef manifestó "su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país".

Entretanto, la Fiscalía abrió una investigación por el violento ataque a migrantes venezolanos indocumentados.

"Mala gestión"

La manifestación ocurrió un día después del desalojo en la Plaza Brasil, donde pernoctaban los migrantes más pobres y sin papeles que no logran llegar a Santiago y sobreviven vendiendo dulces, pidiendo limosna o limpiando vidrios en los semáforos de la ciudad.

En el operativo policial, repudiado por autoridades locales y organismos humanitarios, desapareció por más de 24 horas Jeremy, un niño venezolano de 4 años que el sábado en la mañana fue hallado fue hallado a salvo.

"Menos mal encontraron al niño, pero esto resume la mala gestión de todo este drama humanitario, el Gobierno cree que esto es solo deportar a algunos y desalojarlos de una plaza", se quejó Franklin Pérez, administrador de un edificio en el centro de Iquique.

El gobernador de región Tarapacá, José Miguel Carvajal y el alcalde de Iquique, Mauricio Soria responsabilizaron de la crisis migratoria en el norte chileno al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Ninguno fue alertado del desalojo del viernes que alentó la xenofobia en una parte de la población.

"Las 100 familias en la Plaza Brasil, hoy día (sábado) estaban deambulando en distinto espacios públicos; están reubicándose con amigos, cercanos, con los cuales se están yendo a alojar nuevamente con carpas a las playas de Iquique, y otros están movilizándose a tomas (asentamientos) de Alto Hospicio", la zona industrial en las afueras de Iquique.

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La colectividad venezolana es la más numerosa en Chile, con más de 400.000 personas, aunque se estima una fecha mucho mayor ante el aumento de ingresos por pasos clandestinos desde 2020, cuando Chile cerró sus fronteras por la pandemia.

Además, el Gobierno chileno dio un giro a su política de solidaridad migratoria con los venezolanos, defendida por el presidente Piñera en 2018, incluso ofreciendo unas visas exclusivas para que los venezolanos "tuvieran oportunidades en Chile".

Desde entonces se redujo drásticamente la aprobación de cualquier visa para quienes viajaran desde Venezuela, luego vino el cierre de fronteras por la pandemia y muchos venezolanos han empezado a llegar tras vivir unos años en Colombia, Ecuador y Perú.

Los ingresos de personas a Chile por pasos clandestinos suman 23.673 hasta julio, casi 7.000 más que en todo el año pasado, según el informe del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) del mes de septiembre.

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