No me condenen por un crimen que no cometí: Rousseff al Senado brasileño

En una carta abierta al pueblo y al Senado brasileño, la presidenta Dilma Rousseff hizo el martes un llamado agónico para frenar el proceso de impeachment que amenaza con destituirla a fin de mes, y pidió que "no condenen a un inocente".
El mensaje leído ante la prensa en el Palacio de Alvorada repasó su carrera política, su tiempo de prisión y tortura durante la dictadura (1964-1985), y exhortó a los senadores a defender la democracia, a nueve días de que comience la etapa final del juicio, que según indican los sondeos, terminará con el ciclo de más de 13 años de la izquierda en el poder.
"Pido a los senadores que no realicen la injusticia de condenarme por un crimen que no cometí. No existe injusticia más devastadora que condenar a un inocente (...) Será necesario que el Senado cierre el proceso de impeachment, reconociendo ante las pruebas irrefutables que no hubo crimen", señaló.
Rousseff, una economista y exguerrillera marxista de 68 años, prometió que si escapa a su destitución convocará a un plebiscito para que los brasileños decidan si quieren anticipar las elecciones presidenciales, previstas originalmente para 2018.

Elegida en 2010 y reelegida en 2014, la primera mujer en presidir Brasil está acusada de violar la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso y fue reemplazada interinamente por su vicepresidente Michel Temer, a quien señala como la mano que está detrás de lo que llama un golpe parlamentario.
"Brasil vive uno de los más dramáticos momentos de su historia (...) Daré mi apoyo irrestricto a la convocatoria de un plebiscito con el objetivo de consultar a la población sobre la realización anticipada de elecciones", anunció Rousseff en su misiva titulada "Mensaje al Senado y al pueblo brasileño".
"Si se consuma el impeachment sin crimen de responsabilidad, tendríamos un golpe de Estado. El colegio electoral de 110 millones de electores sería sustituido por 81 senadores", dijo.
Rousseff acusa a Temer, un abogado de 75 años, de haberla traicionado para llegar al poder apoyado por el Congreso y aplicar un programa liberal, alejado del sesgo más estatista que caracterizó a los gobiernos del Partido de los Trabajadores (PT) desde el 2003.

Impeachment y Juegos Olímpicos

El proceso para derrocar a la ahijada política del exmandatario y leyenda de la izquierda latinoamericana Luiz Inácio Lula da Silva, hoy blanco de investigaciones por corrupción ligadas al megafraude en Petrobras, coincide con la realización en Rio de Janeiro de los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica.
En una pincelada del extraño momento que vive Brasil, la propia mandataria inició su presentación hablando de la derrota del equipo nacional de fútbol femenino frente a Suecia: "Infelizmente, perdimos por penales", dijo antes de pasar a la lectura.
Rousseff escuchará su sentencia en torno al 31 de agosto, pocos días después de la clausura de la fiesta deportiva. La semana pasada, en plenos Juegos, el bloque pro impeachment logró una holgada victoria en el Senado que envió el proceso a la fase de juicio y prácticamente selló su caída.
En esa ocasión, los aliados de Temer obtuvieron cuatro votos más que cuando el proceso fue admitido y cinco más que la mayoría especial de dos tercios (54) necesarios para destituir a Rousseff de manera definitiva.
Desde el gobierno interino, también salpicado por acusaciones de corrupción, sostienen que la presidenta perderá su cargo entre el 28 y el 31 de agosto y anticipan que tendrán el apoyo de unos 60 senadores.
La defensa de Rousseff estudia recurrir a la Corte Suprema por considerar que hubo fallos en el proceso, una medida de último minuto para intentar cambiar una dinámica muy negativa para el PT.
Acorralada políticamente, fue suspendida por el Senado el 12 de mayo y debió dejar el Palacio presidencial hundida en una gran impopularidad, responsabilizada por la crisis económica que golpea al país y con su partido señalado de corrupción.
Si el Senado la declara culpable, se convertirá en el segundo presidente en caer a manos del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor, que apoya su destitución.