Oposición venezolana critica uso de armas letales en manifestaciones

El ministro de la Defensa de Venezuela, general el jefe Vladimir Padrino López, afirmó el viernes que la normativa sobre la actuación de las fuerzas armadas en el control del orden público está apegada a la Constitución y al respeto de los derechos humanos, y denunció que hay una ofensiva que busca generar zozobra en el país.
"Aquí lo que estamos haciendo es colocar todo en orden, escribirlo, hacer doctrinas, todo siempre apegado a los derechos humanos, todo siempre apegado a la Constitución", indicó Padrino López, durante un acto en la capital, en alusión a los cuestionamientos que surgieron la víspera contra una regulación que permite a los militares venezolanos utilizar armas de fuego como último recurso en las protestas.
El ministro dijo, sin ofrecer mayores precisiones, que se han dedicado a descontextualizar el documento. "Es parte realmente de una ofensiva que ha tratado definitivamente poner en zozobra al pueblo de Venezuela", agregó.
La regulación forma parte de una normativa sobre la actuación de las fuerzas armadas en el control del orden público que aprobó Padrino López, y que fue publicada en la Gaceta Oficial del 27 de enero.
El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado oficialista Elvis Amoroso, defendió el viernes la normativa señalando al canal de noticias Globovisión que "en una manifestación que no sea autorizada, o un derrocamiento, o intento de derrocamiento del gobierno popular, o una agresión contra una colectividad que venga dirigida por sectores desestabilizadores, obviamente no se le puede enfrentar a una gente que están armados con una china (resortera)".
Por su parte, la fiscal general Luisa Ortega Díaz anunció el viernes que se reunirá con juristas del Ministerio Público para tener una opinión de la normativa, pero indicó en un comunicado que eso no implica que la apoye o que revisará su legalidad.
La coalición opositora anunció que llevará la denuncia sobre la nueva normativa a Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La alianza tiene previsto también introducir el próximo lunes en el Tribunal Supremo de Justicia una solicitud de nulidad de la resolución.
En Caracas y otras ciudades se registraron en el primer semestre de 2014 unas violentas protestas callejeras contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos, 878 lesionadas, y varios centenares de detenidos.