El centro carcelario liberó a Caro Quintero las primeras horas del viernes, informó un funcionario de la Fiscalía de Jalisco Un panel de tres jueces del Tribunal Colegiado de Guadalajara decidió que fue juzgado de manera inapropiada por el asesinato, ya que este crimen debió haber sido procesado por corte estatal.
El tribunal dictó el miércoles que Caro Quintero debe ser liberado porque ya cumplió la sentencia por los otros cargos por los cuales se lo condenó.
No fue sino hasta el jueves en la noche que el reclusorio recibió la orden de liberarlo.
La embajada de Estados Unidos en México no hizo declaraciones sobre la liberación de Caro Quintero. La Procuraduría General de la República dijo no saber si existe una orden de extradición vigente para enviarlo a enfrentar cargos aún pendientes en Estados Unidos.
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Caro Quintero, de 61 años, es considerado el padrino del narcotráfico en México.
Fundó el cartel de Guadalajara que después se dividió en tres de los más conocidos grupos de la delincuencia de la actualidad, incluido el poderoso cartel de Sinaloa.
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El narcotraficante aún es considerado uno de los principales prófugos internacionales de la agencia antidrogas estadounidense DEA por el secuestro y asesinato del agente y autoridades del país vecino piensan que tras las rejas continuó en control de actividades de lavado de dinero.
Caro Quintero ha pasado casi los 28 años en una prisión a las afueras de Guadalajara, la segunda ciudad más grande de México.
"Caro Quintero sigue lavando procedentes del tráfico de narcóticos y mantiene una alianza con organizaciones dedicadas al narcotráfico de drogas como el cartel de Sinaloa", dijo el vocero del Departamento del Tesoro, John Sullivan.
En junio, el mismo departamento impuso sanciones a 18 personas y 15 compañías que presuntamente trabajan para Caro Quintero.
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Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro, dijo que el capo utiliza una red de familiares y personas como fachada para invertir su fortuna en empresas aparentemente legítimas y proyectos inmobiliarios en la ciudad de Guadalajara.
Las relaciones de México con Washington se deterioraron cuando Caro Quintero ordenó el secuestro, la tortura y asesinato de Camarena, supuestamente en venganza por haber alertado a autoridades sobre una plantación de 90 hectáreas (220 acres) de marihuana en el Rancho Búfalo, en el centro de México.
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El secuestro de Camarena ocurrió el 7 de febrero de 1985 en la ciudad de Guadalajara, la capital de Jalisco y uno de los principales centros del narcotráfico.
Su cuerpo y el de su piloto mexicano mostraron señales de tortura, así como varias heridas de bala cuando fueron encontrados un mes después dentro de bolsas de plástico enterrados en un rancho a unos 100 kilómetros de Guadalajara.
Hasta la fecha, las autoridades de Estados Unidos lo buscan para enjuiciarlo en la corte federal del distrito central de California.
Después del asesinato de Camarena, autoridades de Estados Unidos acusaron a sus homólogos mexicanos de haber permitido la fuga de los asesinos de Camarena. Caro Quintero fue capturado en Costa Rica en abril de 1985.
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Los agentes, hasta la fecha, lo consideran un héroe en la lucha antidrogas y el Centro de Inteligencia de El Paso, donde agencias federales recolectan información de capos del narcotráfico, fue dedicado a su memoria.
A Caro Quintero se lo conoce como el iniciador de las relaciones entre capos mexicanos y colombianos para el tráfico de cocaína hacia Estados Unidos.
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El fallo del panel de jueces despertó dudas del por qué 24 años después de su sentencia, los jueces decidieron que el juicio había sido un error.
Raúl Benítez, experto en seguridad en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que el veredicto de los jueces puede traer una "avalancha" de casos como el que liberó a la ciudadana francesa Florence Cassez en enero.
La mujer fue sentenciada por una corte a 60 años por secuestro pero liberada por la Suprema Corte de Justicia por violaciones a sus derechos humanos durante su arresto en el que se admitió un montaje de su captura para los medios.
"Se ve venir un avalancha de reclamos judiciales con abogados muy buenos, muy bien pagados por los narcotraficantes" por violar el debido proceso, dijo Benítez. "El gobierno va estar en problemas".
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