Puerto Rico pide acogerse a protección por bancarrota

El gobernador Ricardo Roselló solicitó la medida ante deuda que sobrepasa los 70.000 millones de dólares.
"Ante la realidad del calendario y la eliminación de la moratoria (...) tomé la decisión de solicitar a la Junta (de Supervisión Fiscal) que Puerto Rico se acoja a la protección del Título III para poder trabajar en un plan estructurado de lo que sería el pago de la deuda bajo los parámetros del plan fiscal", dijo Roselló en una conferencia de prensa.
El Título III de la ley PROMESA -que impuso una Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para manejar la crisis financiera de la isla- prevé en su Título III la quiebra como un recurso que permite reestructurar la deuda en caso de que el gobierno y sus acreedores no logren acuerdos.
Rosselló afirmó que de esta forma se asegura la prestación de los servicios esenciales al pueblo puertorriqueño ante la imposibilidad de cumplir con los acreedores de una deuda pública que asciende a 72.000 millones de dólares.
"El objetivo final de esto es proteger a nuestro pueblo", afirmó el gobernador, argumentando que los acreedores pretenden "reducir el dinero disponible para el pueblo de Puerto Rico".
Según el Wall Street Journal, la de Puerto Rico es la mayor bancarrota municipal de la historia de Estados Unidos.
La deuda puertorriqueña deja pequeña la que padeció la ciudad de Detroit -de 18.000 millones de dólares- cuando entró en bancarrota en 2013.
"El gobernador y la Junta de Supervisión tomaron un paso importante para proteger al pueblo de Puerto Rico y los servicios esenciales de la isla", dijo Eric LeCompte, de la coalición de organizaciones de lucha contra la pobreza Jubilee USA.
"El proceso de bancarrota es vital para que Puerto Rico pueda recibir el alivio de deuda que le fue prometido".
El 1 de mayo, cientos de puertorriqueños se manifestaron en contra de las medidas de austeridad propuestas por la JCF.
Ese día, terminaba la moratoria a los acreedores que establecía PROMESA, acrónimo de la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico. La medida fue aprobada a mediados de 2016 por el Congreso estadounidense.
Al día siguiente, el martes, varios tenedores de bonos rechazaron una propuesta del gobierno de Puerto Rico de pagar el 50% de su valor original y optaron por acudir a los tribunales federales en San Juan y Nueva York para reclamar la totalidad del dinero.