La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia llamó a juicio al expresidente del Congreso de la República Arturo Char por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante. El excongresista del aprtido Cambio Radical fue llamado a juicio por hechos relacionados con compra de votos en el año 2018 en el departamento del Atlántico.
Por estos hechos ya fue condenada la excongresista Aida Merlano. Ahora, este caso pasará a la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia, que realizará un juicio público y en donde Char tendrá que comparecer para dar sus explicaciones.
En 2018, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia por el “caso Casa Blanca” para que se determinara si existía mérito para investigar a Arturo Char por su posible participación en la financiación de actividades que atentaron contra la participación democrática.
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La investigación denominada “Casa Blanca”, según las investigaciones, está vinculada a la presunta existencia de una organización criminal dedicada a la compra de votos en el departamento del Atlántico, revelada durante la campaña para el Congreso de la República en 2018.
La evidencia recopilada permitió establecer que en ese lugar se gestaron dos candidaturas al Congreso: por un lado, la de Aída Merlano para el Senado, y por otro, la de Lilibeth Llinás para la Cámara de Representantes, quien en su momento fue imputada por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al sufragante.
Las pruebas contra Arturo Char
Un documento publicado por el diario El Espectador en 2023 dio cuenta de cómo se habría conformado en 2018 una sociedad delictiva en la que, supuestamente, participó Arturo Char, acompañado de Julio Gerlein, Aida Merlano, Lilibeth Llinás y el propio Alejandro Char, quien para entonces también era alcalde de Barranquilla.
Según la Corte Suprema, este entramado se materializó en octubre del año 2017. Para estas fechas se habría dado una reunión en la casa de Arturo Char en Barranquilla, reunión que habría sido el inicio del acuerdo para que Aida Merlano llegara al Congreso a cambio de que hiciera formula con Lilibeth Llinás, de Cambio Radical, con el apoyo de la familia Gerlein.
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Dicho acuerdo se habría firmado en la conocida Casa Blanca, propiedad de Aida Merlano en Cartagena. La Fiscalía logró probar que este lugar fue la sede de la empresa de compra de votos a favor de las candidatas avaladas por los Char y los Gerlein.
Entre las pruebas que tiene la Corte Suprema de Justicia se mencionan varios contratos públicos, algunos de los cuales involucrarían a un contratista de Barranquilla, Faisal Jacobo Cure, contratos en los que habría estado vinculado el alcalde Alejandro Char, lo que ha suscitado sospechas sobre lo que habría sido una financiación para la compra de votos, según declaraciones de Aida Merlano con la justicia, cuando afirmó que se logró con los anticipos que habría entregado Char.
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Aunque la familia Char ha negado cualquier ilegalidad en la contratación, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia solicitó en 2023 información sobre contratos específicos: la canalización del arrollo de las calle 75 y 76, en Barranquilla, por 105.000 millones de pesos; la ampliación de la vía al Río Magdalena, por 54.000 millones de pesos, con una adición de 74.000 millones; también la construcción de la Ruta 90, por 90.000 millones de pesos, con una adición de 20.000 millones, y la construcción de la calle 30 o avenida Boyacá, por 94.000 millones. Dichos contratos superan los 437.000 millones de pesos.
Aunque la Corte Suprema indicó que Arturo Char, quien fue encarcelado en septiembre de 2023 y dejado en libertad en enero de 2024, habría intentado retrasar su proceso penal con aplazamientos y su salida del país, el excongresista respondió en 2023 que es respetuoso de la justicia y que había regresado a Colombia para demostrar su inocencia.
CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
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