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“Como no nos pueden ganar en las urnas, buscan todas estas cosas tremendamente graves”, aseguró el expresidente al denunciar “persecución política”.
El mandatario ecuatoriano entre 2007 y 2017 reaccionaba así a la decisión de la jueza Daniella Camacho, de la Suprema Corte de Ecuador, de llamarlo a juicio por su presunta participación en el secuestro de un opositor en 2012 en Colombia.
Correa, que afronta una orden de prisión preventiva, solo podrá ser enjuiciado si es capturado o si se presenta ante el tribunal, pues la ley impide que sea juzgado en ausencia por ese delito castigado con hasta siete años de cárcel.
Para Correa, la acción judicial, en su opinión plagada de "irregularidades" y un "fraude total", "no tiene ningún futuro". "Pretenden con eso tenerme desterrado siete, ocho años, hasta que prescriba" y "tenerme fuera el país para la próxima campaña electoral, en marzo de 2019", agrega.
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Desde Bélgica, de donde es oriunda su esposa, el exjefe de Estado siempre ha negado cualquier implicación en los hechos y ha acusado a su vicepresidente de 2007 a 2013, y actual presidente Lenín Moreno, de orquestar un complot en su contra.
Preguntado sobre un eventual regreso para enfrentar el juicio, Correa lo descarta porque sería "regresar para que [le] masacren con la injusticia que vive el país". "Todo está tomado. Ecuador tiene un golpe de Estado. No tenemos Corte Constitucional, la destituyeron".
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“Una verdadera pesadilla”
Muy popular en su década de gobierno, llamó a sus seguidores a "no perder el ánimo" y a preocuparse por "los perseguidos en el país", como su también vicepresidente entre 2013 y 2017, Jorge Glas, quien cumple seis años de prisión por corrupción y que fue trasladado recientemente a un hospital.
"Esto no lo buscamos. Es una verdadera pesadilla. Somos víctimas de la traición más grande tal vez de la historia del país y, probablemente, de la historia de América Latina, pero al final venceremos", asegura.
Su defensa ahora pasa también por acudir ante instituciones internacionales, como hicieron en septiembre sus consejeros jurídicos que denunciaron "persecución judicial" ante el Relator Especial Especial de la ONU sobre la independencia de jueces, fiscales y abogados.
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"También vamos a ir al sistema interamericano, pero (...) había que esperar esta última etapa. Ya hemos agotado todo lo razonablemente posible", avanzó. "De persecución política, tenemos muchísimas pruebas", agrega.
Sobre la petición de la justicia ecuatoriana a Interpol de una circular con él, Correa asegura que, aunque aún no tienen "comunicación oficial", la organización de cooperación policial la rechazó.
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"Si lo hubiera aceptado ya tendríamos la alerta roja. Y lo rechaza por ser un caso evidentemente político, es de libro de texto, es una persecución política", subraya.
Interpol, con sede en Lyon (Francia), no suele informar sobre sus decisiones. La justicia ecuatoriana, que emitió también en julio una orden de arresto nacional contra Correa, tampoco se ha pronunciado sobre la circular roja.
Para el exmandatario socialista, las acciones en su contra forman parte de una estrategia regional, basada en un "acoso judicial terrible, el famoso 'lawfare' [Guerra jurídica]" por parte de las élites locales "conectadas con las de los países hegemónicos".
"Mira lo que le han hecho a [Luiz Inácio] Lula da Silva", explica en referencia al presidente brasileño de 2010 a 2010 y en prisión desde abril por corrupción y lavado de dinero. Y "el mundo no reacciona", lamenta.
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