Rafael Correa vinculado a investigación adelantada por el secuestro del opositor Fernando Balda

El exmandatario es acusado de "asociación ilícita" y plagio de Balda en el año 2012 en Colombia.

La jueza de Garantía Penales de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Daniella Camacho, con base en los argumentos de la Fiscalía, declaró la validez procesal del caso y vinculó a Correa, que reside de forma permanente en Bélgica, de donde es oriunda su esposa.

Balda denunció su secuestro en 2012, pero fue este año cuando la Fiscalía inició la investigación reservada y solicitado las primeras versiones.

Según denunció el político, el secuestro se produjo en Colombia en la noche del 13 de agosto de 2012, cuando fue abordado por cinco personas, cuatro hombres y una mujer, que lo introdujeron con violencia en un vehículo.

El auto fue localizado y una persona fue detenida por las autoridades colombianas.

Pese a que la Fiscalía de Ecuador había solicitado como medias cautelares que Correa se presentara periódicamente ante la Embajada en Bélgica, la jueza Camacho decidió que dicha acción se realice ante la secretaría de la CNJ en Quito cada quince días, en virtud de que el exmandatario mantiene la nacionalidad ecuatoriana.

Camacho no dio paso a una medida cautelar solicitada por la Fiscalía, en el sentido de que se coloque a Correa un dispositivo de rastreo tecnológico (grillete electrónico).

Asimismo, la jueza, que en principio fijó al próximo 25 de junio como fecha de inicio para que Correa se presente ante el tribunal en la capital del país, lo pospuso para el 2 de julio ante el pedido de la defensa del exmandatario.

La audiencia de vinculación de Correa al caso Balda se dio en medio de protestas de varias decenas de simpatizantes del expresidente en las afueras de la CNJ.

El abogado defensor de Correa, Caupolicán Ochoa, anunció que apelará el fallo de la jueza Camacho.

Al final de la audiencia, manifestantes lanzaron huevos y otros objetos contra periodistas que cubrían esta diligencia, al acusarlos de favorecer los intereses de grupos de derechas opuestos al Gobierno de Correa. La Policía acordonó el lugar para resguardar el orden y evitar desmanes.

La justicia le ordenó a Correa presentarse ante el tribunal cada 15 días, desde el próximo 2 de julio.