Suspenden interrogatorio a hija del rey de España

El ente judicial considera que no existen indicios de la implicación de la infanta en la presunta trama de malversación de fondos públicos que afecta a su marido, Iñaki Urdangarín. Poco después, el tribunal de Palma de Mallorca, en las Islas Baleares, que investiga el caso ordenó suspender el interrogatorio de Cristina, fijado inicialmente para el 27 de abril.
Un grupo de jueces de la Audiencia Provincial de Baleares deberá resolver el recurso. La deliberación podría durar semanas. De confirmarse la imputación, se fijaría una nueva fecha para la comparecencia de la infanta.
En ese caso, Cristina será defendida por Miquel Roca, un prominente abogado y expolítico catalán. Roca, de 72 años, fue uno de los siete "padres" (redactores) de la actual Constitución española, vigente desde 1978, y diputado en el Parlamento durante casi 20 años.
"He hablado con ella (la infanta)", admitió Roca a los reporteros en la puerta de su despacho de abogados en Barcelona. "Tengo unos ciertos años, una cierta experiencia profesional, un estilo y una trayectoria que quiero respetar y no voy a hablar de temas profesionales".
Si por el contrario, los magistrados estiman el recurso y que la imputación no procede, la hija de los reyes Juan Carlos y Sofía no tendría que presentarse a declarar y quedaría libre de sospecha.
José Castro, juez instructor de Palma de Mallorca, consideró que la infanta pudo ser "cómplice" de las supuestas actividades delictivas de su marido Iñaki Urdangarín. Castro sostiene que el yerno del rey y su socio se apropiaron supuestamente de unos 5,6 millones de dólares en subvenciones públicas asignadas entre 2004 y 2006 a un instituto sin ánimo de lucro relacionado con el mundo del deporte que presidía Urdangarín.
Cristina, de 47 años, formaba parte como vocal de la directiva del instituto en cuestión. En un auto hecho público el miércoles, el magistrado cuestionó que la infanta desconociera los beneficios económicos que obtenía su marido, y por tanto habría estado al tanto de que el matrimonio usaba de manera supuestamente irregular el nombre de la monarquía.
La imputación es una figura legal que coloca a la infanta bajo investigación judicial, aunque formalmente no está acusada de delito alguno y no significa que vaya a sentarse en el banquillo.
Pero Cristina, séptima en la línea de sucesión al trono de España, es el primer familiar directo de los monarcas imputado judicialmente, lo que ha provocado un gran revuelo en una sociedad muy sensible a escándalos de corrupción en un momento de recesión y con el desempleo en el 26%.
El Gobierno también admitió su preocupación por el daño a la imagen de la corona.
La infanta volvió a acudir el viernes a su puesto de trabajo en la Fundación La Caixa de Barcelona sin hacer declaraciones.
Madrid, España