El presidente de Estados Unidos
, Donald Trump, llevó este jueves a la Corte Suprema de Estados Unidos su criticado intento de restringir la ciudadanía automática por nacimiento en ese país. El líder republicano les pidió a los jueces del alto tribunal que reduzcan un bloqueo judicial impuesto a esa medida, una de las más severas en su plan antiinmigración.
Ante la posibilidad de que este caso pueda tardar meses o años en resolverse, el Departamento de Justicia presentó la solicitud cuestionando puntualmente el alcance de tres órdenes judiciales emitidas en el plano nacional contra la orden de Trump por jueces federales en los estados de Washington, Massachusetts y Maryland.
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La administración de Trump argumentó que las medidas cautelares deberían reducirse y dejar de aplicarse universalmente y deberían limitarse únicamente a los demandantes que presentaron los casos y que están "realmente dentro del poder de los tribunales".
"Este tribunal debería declarar que ya es suficiente antes de que la creciente dependencia de las medidas cautelares universales por parte de los tribunales de distrito se consolide aún más", señala el Departamento de Justicia en su solicitud.
Esta batalla viene desde el 20 de enero pasado, el primer día de gobierno de Trump en su segunda administración, cuando el líder republicano le ordenó a todas las agencias federales de Estados Unidos negarse a reconocer la ciudadanía de los niños y niñas nacidos en Estados Unidos que no tengan al menos un padre que sea ciudadano estadounidense o residente permanente legal. La orden debía aplicarse a partir del 19 de febrero, pero ha sido bloqueada por varios jueces federales.
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El Supremo, de mayoría conservadora, no está obligado a aceptar la petición de emergencia, ya que en unos meses recibirá el caso y podrá pronunciarse a fondo acerca del asunto.
"Las órdenes judiciales de alcance universal se han vuelto una epidemia desde el inicio de la actual administración", afirmó la fiscal Sarah M. Harris ante el Alto Tribunal.
Como pasó en su primera administración (2017-2021), varias de las medidas decretadas por Trump en el inicio de su segundo mandato han sido respondidas con demandas y posteriores bloqueos judiciales.
El decreto de Trump contradice la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos de 1868, que otorga la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida dentro de su territorio nacional.
La nueva estrategia de Trump
Trump, además, invocará una antigua ley, de 1798, que permite al mandatario detener o deportar a los nativos y ciudadanos de una nación extranjera, para así acelerar las deportaciones masivas.
De acuerdo con varios medios locales, que citan fuentes familiarizadas con el tema, Trump invocaría este viernes la Ley de Enemigos Extranjeros, que le permitiría deportar migrantes sin necesidad de una audiencia.
Esta acción ha sido discutida dentro de la Administración Trump varias veces, según las fuentes, al recordar que Trump indicó durante su campaña electoral -en la que el tema de inmigración fue protagonista- y en su discurso inaugural que tenía previsto recurrir a esta ley.
"Al invocar la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ordenaré a nuestro gobierno que utilice el pleno e inmenso poder de la aplicación de la ley federal y estatal para eliminar la presencia de todas las pandillas extranjeras y redes criminales que traen crímenes devastadores a suelo estadounidense", señaló Trump en su discurso de posesión el 20 de enero.
Aunque faltan conocer detalles, esta ley permitiría no solo deportar a los llegados desde la frontera sur con México, sino también a otros extranjeros, como es el caso del palestino Mahmoud Khalil, acusado de terrorismo por supuestamente haber defendido a Hamás. Su detención y proyecto de deportación han provocado una oleada de protestas en Nueva York.
La Ley de Enemigos Extranjeros no ha sido invocada desde la II Guerra Mundial, cuando se usó para detener a estadounidenses de origen japonés, en uno de los episodios más oscuros de racismo contemporáneo.
WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ
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