Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
Un ciudadano venezolano que durante meses llamó la atención de conductores en Medellín por ofrecer supuestas bendiciones a vehículos en plena vía pública terminó expulsado de Colombia. El caso volvió a tomar fuerza luego de que el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, revelara que el hombre hacía parte de un grupo de 17 ciudadanos venezolanos que fueron expulsados recientemente tras ser identificados con antecedentes, anotaciones o requerimientos relacionados con distintos delitos.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl mandatario aseguró que entre las personas retornadas a Venezuela se encontraba el supuesto sacerdote que acostumbraba ubicarse en corredores viales de Medellín para solicitar dinero a conductores mientras utilizaba prendas religiosas. Según indicó, las autoridades determinaron que se trataba de un estafador y no de un integrante reconocido de la Iglesia católica. De acuerdo con la información entregada por Migración Colombia, el extranjero tiene 39 años y fue identificado como José Emanuel Torres, de nacionalidad venezolana. La entidad confirmó que se le aplicó una medida administrativa de expulsión después de verificar su situación migratoria y las conductas que venía desarrollando en la capital antioqueña.¿Quién es el hombre que se hacía pasar por sacerdote en Medellín?Las investigaciones adelantadas por las autoridades permitieron establecer que José Emanuel Torres se presentaba ante los conductores utilizando ornamentos religiosos para simular que pertenecía al clero. Su actividad consistía en acercarse a los vehículos, realizar supuestas bendiciones y solicitar dinero a cambio.Las denuncias de ciudadanos fueron fundamentales para que las autoridades iniciaran verificaciones sobre su comportamiento. Según reportó Migración Colombia, la presencia constante del hombre en la avenida Regional, una de las vías más transitadas de Medellín, generaba afectaciones a la movilidad y quejas de conductores que consideraban inapropiada la actividad desarrollada en plena vía pública.Antes de ser expulsado, el extranjero fue trasladado inicialmente al Centro de Traslado por Protección (CTP) de la Secretaría de Seguridad de Medellín. Posteriormente quedó a disposición de Migración Colombia, entidad que tomó la decisión administrativa de retirarlo del territorio nacional. La autoridad migratoria señaló que su función consiste en garantizar el orden migratorio y aplicar las medidas previstas por la ley cuando se detecten situaciones que puedan afectar la convivencia o el cumplimiento de las normas vigentes para los ciudadanos extranjeros en el país.Uno de los elementos que llamó la atención de las autoridades fue que el caso no era nuevo. De acuerdo con los reportes oficiales, el ciudadano venezolano ya había sido identificado anteriormente en la Autopista Sur de Bogotá, donde realizaba actividades similares haciéndose pasar por sacerdote. Según la información recopilada por las autoridades migratorias, el hombre habría salido del país tras esos episodios, pero posteriormente regresó a Colombia y se instaló en Medellín, donde retomó la práctica utilizando nuevamente vestimentas religiosas para acercarse a conductores.En reportes conocidos en semanas anteriores también se mencionó que las autoridades habían revisado antecedentes y anotaciones relacionadas con comportamientos que motivaron intervenciones previas por parte de organismos de seguridad y convivencia. El caso ganó notoriedad en redes sociales debido a videos en los que aparecía caminando entre vehículos mientras realizaba oraciones o bendiciones. Las imágenes provocaron debate entre usuarios que cuestionaban tanto la autenticidad de su condición religiosa como los efectos de su presencia sobre el tráfico vehicular.La expulsión se produjo junto con otros ciudadanos venezolanosLa situación del falso sacerdote salió nuevamente a la luz luego del anuncio realizado por el alcalde Federico Gutiérrez, quien informó que 17 ciudadanos venezolanos fueron expulsados de Medellín y enviados a su país tras ser identificados por las autoridades. Según el mandatario, varios de los expulsados registraban antecedentes o anotaciones relacionadas con delitos como hurto, tráfico de estupefacientes, porte de armas blancas y participación en riñas. Además, aseguró que tres de ellos tenían requerimientos judiciales en Venezuela por procesos relacionados con hurto agravado, homicidio y secuestro.Gutiérrez afirmó que las autoridades continuarán desarrollando operativos conjuntos entre la administración distrital, la Policía Nacional y Migración Colombia para identificar a extranjeros que puedan ser objeto de medidas administrativas de expulsión conforme a la legislación vigente. Con la salida de José Emanuel Torres del país, concluye uno de los casos que más atención había generado en Medellín durante las últimas semanas, debido a la combinación de denuncias ciudadanas, afectaciones a la movilidad y el uso de símbolos religiosos para desarrollar una actividad que terminó bajo la lupa de las autoridades migratorias.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Un grupo de cerca de 20 inmigrantes latinoamericanos, entre ellos un colombiano, permanece varado en un hotel a pocos pasos del océano Atlántico en Monrovia, la capital de Liberia, tras ser deportados por el Servicio de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos (ICE). Este vuelo que trasladó a los deportados a Liberia —un país de la costa occidental de África cercano a Sierra Leona y cuya capital rinde honor al presidente estadounidense James Monroe— despegó en agosto desde Luisiana. En el último año, el gobierno de Donald Trump ha enviado 31 vuelos con deportados hacia 12 naciones africanas. Entre los afectados hay ciudadanos de Venezuela, Colombia, Honduras y Guatemala, quienes vivían y trabajaban en estados como Massachusetts, Texas y Luisiana antes de ser expulsados. CBS News obtuvo la lista con los nombres de todos los pasajeros de aquel vuelo de agosto y constató que la gran mayoría no tiene antecedentes penales, más allá de infracciones a las leyes de inmigración de Estados Unidos.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATANinguno de los inmigrantes dio autorización a ICE para ser trasladado a Liberia. De hecho, uno de los colombianos deportados confesó: “Sinceramente nunca había oído hablar de Liberia". Una situación similar vive Paola Ferreira Dos Santos, una joven brasileña de 21 años y la única mujer entre los deportados latinoamericanos del grupo. Sobre el momento de su arribo, relató: "Fui la primera en bajar del avión y me dijeron 'Bienvenida a Liberia'". Aunque anhela reencontrarse con su padre en Estados Unidos, sus abogados le han advertido que regresar es prácticamente imposible. Por su parte, el hondureño Elvis Rodríguez Ventura desea volver a Estados Unidos para reunirse con su esposa y sus cuatro hijos, dos de los cuales son ciudadanos estadounidenses. Al describir su situación, expresó: "Estoy preocupado, me siento lejos al otro lado del mundo". Ante este panorama, tanto él como el resto de sus compañeros manifestaron sentirse apátridas y "hombres sin país".El caso de Arín García Yépez: deportado con medida de protección activaEn el grupo también se encuentra el colombiano Arín García Yépez, quien vivía en Dallas, Texas, y trabajaba en construcción tras llevar 15 meses en Estados Unidos. García explicó que buscaba "el derecho de trabajar libremente, de poder comunicar con mi familia, poder estar, desarrollarme libremente en Estados Unidos". A pesar de asegurar haber cumplido con todos los requerimientos legales y de no registrar antecedentes ni infracciones de tránsito, fue detenido. Además, contaba con una medida de protección aprobada por un juez de inmigración que suspendía su expulsión por existir riesgo de persecución o tortura en su país de origen. Pese a esta protección, el 20 de agosto fue subido a un avión en Luisiana sin previo aviso: "En ningún momento fui comunicado en ningún momento pues sabía ni ni siquiera para dónde venía".Actualmente, los deportados permanecen en un hotel con la advertencia del gobierno local de no alejarse debido a riesgos de seguridad, siendo recomendable desplazarse únicamente acompañados por autoridades. Carecen de documentos para trabajar, ninguno planea quedarse en Liberia y enfrentan presiones para tomar decisiones que no son seguras. De igual forma, se encuentran imposibilitados de retornar a Estados Unidos o de volver a sus países de origen por temor y riesgos activos.En medio de este limbo, Arín García hizo una petición a la administración Trump para “que respetara yo creo que el debido proceso respetar probablemente los derechos”. Sin embargo, a 7.600 kilómetros de distancia de Washington, su voz desde África se escucha demasiado débil.NOTICIAS CARACOL
Las autoridades de Tailandia endurecen desde este martes los visados a extranjeros, de modo que los ciudadanos de algunos países, entre ellos México, Colombia, Panamá, Cuba y Uruguay -antes exentos- deberán volver a solicitarlos, mientras reducen de 60 a 30 días la entrada libre para más de medio de centenar de naciones. Esta última medida, anunciada por primera vez a mediados de mayo y que acumuló retrasos en su entrada en vigor hasta ahora, afecta también a viajeros procedentes del Reino Unido, India, Estados Unidos y Japón, entre un total de 60 naciones que ahora verán limitada su entrada a 30 días. Otros países, como China y Rusia, ya estaban limitados a 30 días según previos acuerdos bilaterales.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl Ejecutivo tailandés argumenta que estos cambios sirven para abordar las preocupaciones sobre el aparente aumento de los abusos de estancia sin visado de algunos turistas y su involucración en actividades laborales sin los permisos requeridos, tras una serie de casos publicados en medios locales en los últimos meses.El cambio en el esquema de visado revierte la ampliación de estancia libre a 60 días aplicada desde junio de 2024 y que beneficiaba a ciudadanos de 93 naciones, con el objetivo entonces de potenciar el sector turístico -uno de los motores de la segunda economía del Sudeste Asiático- tras el descenso de llegadas provocadas por la pandemia de la covid-19.De las 93 naciones, 60 seguirán teniendo exención de visado durante un mes, mientras algunas de las 33 restantes se quedan directamente sin la posibilidad de entrar sin visado, entre ellas México, Colombia, Cuba, Panamá o Uruguay, sin especificar los motivos.La modificación no afecta sin embargo a los ciudadanos con pasaporte de Argentina, Brasil, Chile y Perú, amparados bajo un acuerdo bilateral que les exime del visado de turista hasta un máximo de 90 días.Tailandia, uno de los principales destinos turísticos en Asia, recibió unos 20,1 millones de visitantes extranjeros entre enero y finales de agosto, según los datos del Ministerio de Turismo, lo que supone un descenso interanual de más del 3 %. Famoso por sus playas tropicales, parques naturales con elefantes, templos y ocio nocturno, el país alcanzó su pico de llegadas en 2019, con casi 40 millones de turistas, antes de la crisis mundial sanitaria. En 2025, recibió casi 33 millones de visitantes.El Gobierno de Bangkok también aplica desde finales de agosto una nueva regulación con el objetivo de agilizar las deportaciones de extranjeros que infrinjan la ley o alteren el orden público.EFE
Los departamentos han desarrollado un fortalecimiento de operativos para detener y expulsar extranjeros de Colombia. Entre el 12 y 13 de septiembre, las autoridades de Medellín y Bucaramanga reportaron operativos que dejaron como resultado la expulsión de 28 ciudadanos extranjeros. Por otro lado, en Nariño se desarticuló una banda que es acusada por tráfico de migrantes, falsificación de dólares y porte ilegal de armas. Se trataba de la banda “Los Patio 1”, cuyos integrantes fueron ubicados y judicializados en Ipiales.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)En el territorio nariñense se han ejecutado varios operativos de carácter migratorio, teniendo en cuenta que este es un sector en el que se concentran varios migrantes que cruzan hacia el sur o norte del continente. Este contexto de tránsito entre países ha sido aprovechado por delincuentes que intentan manipular a los foráneos para trasladarlos a cualquier destino de manera irregular.28 migrantes fueron expulsados de Medellín y BucaramangaSimultáneamente, en Bucaramanga, se han intensificado los operativos bajo el "Plan Avispa", logrando la expulsión de 123 ciudadanos extranjeros por comportamiento delictivo y reincidencia en conductas durante 2026, así como cinco deportaciones. Los operativos han sido ejecutados de manera integral entre Ejército, Migración, la alcaldía, CTI y Tránsito, quienes se ubican en puntos estratégicos donde han detectado una serie de comportamientos indebidos.El alcalde Cristian Portilla destacó en entrevista con Noticias Caracol la implementación de tecnología biométrica avanzada, proporcionada por agencias estadounidenses, para identificar con precisión a personas con órdenes de captura internacionales. Estas medidas buscan restaurar el orden público y garantizar que quienes ingresen al país respeten las leyes nacionales. Finalmente, el mandatario expresó su respaldo a las nuevas políticas presidenciales que permiten la intervención de la fuerza pública para prevenir actos vandálicos en instituciones educativas.El alcalde Federico Gutiérrez entregó un nuevo balance este 13 de septiembre que dio cuenta de la identificación y expulsión de 17 extranjeros en el marco de un operativo. Varios de ellos son de nacionalidad venezolana. Los procesados por Migración Colombia, según el mandatario, tenían antecedentes por distintas conductas como hurto, porte y tráfico de estupefacientes, porte de armas blancas y riñas. De hecho, uno de los ciudadanos tenía 23 capturas por el delito de tráfico de estupefacientes. Otro ciudadano fue identificado en una de las sedes de Migración Colombia como alguien que era requerido por la justicia de Panamá mediante circular azul de la Interpol por el delito de estafa. Hay que tener en cuenta que Medellín y Antioquia, en general, se han convertido en uno de los focos principales de operativos migratorios. Día a día, Migración Colombia inadmite a varios viajeros que pretenden ingresar al país por diversos intereses que podrían afectar a la convivencia ciudadana, como el denominado turismo sexual.¿Viene una intensificación de operativos migratorios en Colombia? Este fue el anuncio del presidenteLos más recientes resultados en términos de migración en Colombia se dan tras el anuncio que dio Abelardo de la Espriella a finales de agosto en un consejo de ministros presidido en Barranquilla, quien anticipó los operativos coordinados para expulsar a los “inmigrantes ilegales” que estuvieran “cometiendo delitos” o no tuvieran “regularizada su situación”. “No voy a aceptar a inmigrantes ilegales, de donde sea que vengan, que estén cometiendo fechorías en Colombia. Se van y los deportamos. Es una decisión política y administrativa y yo la asumo”, continuó el abogado penalista. El anuncio estuvo antecedido por alusiones nacionalistas: “Primero los colombianos, segundo los colombianos y tercero los colombianos”.El anuncio del mandatario afecta a un sector de los 2,8 millones de venezolanos que están viviendo en Colombia después de la crisis migratoria que hubo en el país. De acuerdo con los datos de Migración Colombia, 848.000 de ellos se encuentran en situación irregular. 183.000 de ellos son niños, niñas y adolescentes.Si bien, De la Espriella hizo este anuncio a un mes de haber asumido la presidencia, ciudades como Bucaramanga vienen desde hace mucho tiempo reforzando esta clase de diligencias. Portilla aseguró que desde hace 10 meses han invertido tiempo en trabajo intensivo para dar un mensaje al extranjero: "El que venga a comportarse de manera negativa, a comportarse mal, tendrá que ser expulsado lo perseguimos y lo expulsamos y lo entregamos a las autoridades correspondientes".María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
El reciente anuncio del Gobierno nacional sobre la implementación de operativos de deportación inmediata contra ciudadanos extranjeros cuya situación migratoria es irregular ha encendido las alarmas. Mientras que el ministro del Interior, Rodrigo Lara, sostiene que el objetivo principal es desmantelar las redes de trata de personas y evitar que el país sea un corredor de grupos ilegales y narcotraficantes, expertos advierten sobre las profundas implicaciones logísticas, humanitarias y de seguridad que conllevaría aplicar una política de contención y persecución. El tema saltó a los titulares luego de que el presidente Abelardo de la Espriella le ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla poner en marcha operativos para identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros que estén cometiendo delitos, quienes, según anunció, serán deportados.Uno de los primeros puntos de fricción radica en el lenguaje institucional y su trasfondo jurídico. En entrevista con Noticias Caracol En vivo, Ronald Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, califica como "lamentable" que el presidente "utilice el término de ilegales porque él hace alusión a ilegalidad muy parecido a la lógica norteamericana". Rodríguez fue enfático en que "en Colombia eso no existe" y que, bajo el marco normativo colombiano, la movilidad humana irregular no constituye un delito.Las cifras de Migración Colombia revelan una realidad cuantitativa que desafía cualquier intento de deportación masiva. Actualmente, se registran 527.525 ciudadanos en condición de irregularidad, a los que se suman 320.369 personas en proceso de regularización, lo que consolida un total de 847.894 personas vulnerables. Para el investigador, trasladar un grupo de esta magnitud hacia las fronteras representaría un costo fiscal y operativo prohibitivo para el Estado. Históricamente, explicó, "Colombia nunca se ha decantado por la dinámica de contención, incluso de persecución de migrantes, sino por el contrario su dinámica ha sido la de buscar la plena identificación, la regularización y la integración".El análisis de la población en situación irregular, además, revela la presencia de 193.213 niños, niñas y adolescentes en ese estatus. Al no estar regularizados, se deduce que la gran mayoría de estos menores se encuentra fuera del sistema educativo, lo que incrementa exponencialmente su vulnerabilidad frente a flagelos como el reclutamiento forzoso por parte de grupos armados ilegales. Frente a esto, Rodríguez argumenta que desde el enfoque gubernamental "en lugar de estar hablando de persecuciones de eventuales expulsiones, debería estar construyendo política pública para que esos niños puedan ser regularizados".El cierre del Estatuto Temporal de Protección (ETPV) en noviembre de 2023 dejó la vía ordinaria de visas como el único camino de regularización, una alternativa inaccesible económicamente y plagada de trabas burocráticas para una población sumida en la precariedad.¿Regularizar o criminalizar?De la Espriella afirmó: "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos". Y explicó que los operativos deberán dirigirse "primero" a los extranjeros que estén cometiendo delitos y "segundo" a quienes no tengan regularizada su situación migratoria, que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados". El anuncio forma parte de la estrategia de seguridad de De la Espriella, que además busca unificar el trato del Estado frente a las organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, independientemente de su denominación.De hecho, De la Espriella ordenó activar en Barranquilla, sede de su Gobierno, un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y ejecutar traslados carcelarios para evitar que las prisiones sean utilizadas como centros de operaciones para la extorsión.La justificación de combatir el crimen mediante la expulsión exprés es cuestionada por analistas bajo la premisa de que la invisibilidad del migrante en situación irregular favorece a las bandas delincuenciales. Organizaciones criminales, tanto de origen colombiano como venezolano, instrumentalizan a esa población irregular precisamente porque su falta de registro dificulta la judicialización y la acción de la justicia. Por esta razón, la experiencia histórica demuestra que la seguridad se construye desde la formalización. El Estatuto Temporal de Protección implementado en 2021 permitió que 1.968.180 ciudadanos venezolanos se regularizaran voluntariamente gracias a la confianza institucional. Rodríguez enfatizó: "Si lo que queremos es enfrentar la criminalidad, el mejor camino y el que mejor nos ha funcionado a los colombianos sin lugar a duda es la regularización; la plena identificación de los venezolanos es fundamental para que las organizaciones criminales no los puedan instrumentalizar".Para el investigador, la insistencia en discursos de persecución y desregularización amenaza con desmantelar los avances de una política de Estado que, a través de la identificación y la integración, ya demostró ser el instrumento de control y seguridad más efectivo de la historia reciente del país. "La construcción de la integración migratoria es el mejor camino para atender, no porque lo hagamos de buenos, sino porque es la medida más pragmática que puede tomar el Estado colombiano".Cabe mencionar que este martes, también en entrevista con Noticias Caracol, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, precisó que “el presidente no se refiere a muchos de estos hermanos venezolanos que incluso algunos ya han optado por regresar (a su país), los otros ya se quedaron y se integraron perfectamente”. Lara insistió en que esta población no debe temer las medidas de expulsión, pues cuentan con un marco de derechos que les permite acceder a los servicios públicos y sociales del Estado como cualquier ciudadano local.De hecho, el ministro respondió a versiones que señalan que el Gobierno de De la Espriella, con esta estrategia, estaría creando una suerte de un ICE -la autoridad migratoria estadounidense- en Colombia. Lara descartó de tajo esta versión: “Que yo tenga conocimiento no, no he oído que que eso sea un propósito”.NOTICIAS CARACOL
Un informe publicado este martes revela que policías estatales y municipales de Nueva York cooperan con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) buscando información para la agencia en la base de datos nacional de matrículas de la empresa Flock Safety, criticada en Estados Unidos por el temor a una vigilancia masiva y a la invasión de la privacidad.El grupo de defensa de la privacidad Surveillance Technology Oversight Project (S.T.O.P.) y la organización de derechos civiles LatinoJustice PRLDEF, ambas en Nueva York, publicaron hoy 'Flock Favors: NY Police Collaboration With ICE', un informe que muestra cómo fuerzas policiales estatales y locales han utilizado la red de cámaras de lectura de matrículas de Flock, que fotografía cada vehículo que pasa frente a una de sus cámaras en la vía pública.El informe sale a la luz el mismo día en que entra en vigor la nueva Ley de Policías Locales y Delitos Locales (Local Cops, Local Crimes Act), aprobada en mayo como parte del presupuesto estatal, que limita la cooperación con ICE. De acuerdo con el informe, se documentaron búsquedas relacionadas con ICE -que no tiene acceso directo a la base de datos de Flock- en el condado de Nassau (Long Island) y en los municipios de Beacon, Glen Cove y Cheektowaga, además de patrones de búsqueda que involucran al New York Fusion Center, un centro de inteligencia en el que colaboran agencias locales, estatales y federales.S.T.O.P. y LatinoJustice revisaron registros de búsqueda de Flock obtenidos por el sitio web 'Have I Been Flocked?' mediante solicitudes de acceso a la información pública. Aunque los registros ofrecen una visión "incompleta y censurada" de las búsquedas, la más reciente documentada corresponde a julio de 2026, según el informe.Las búsquedas muestran, por ejemplo, que en Nassau se verificaron matrículas para localizar a conductores sobre los que no pesaba sospecha de ningún delito. Mientras, en Beacon y Glen Cove fueron justificadas por los agentes bajo la categoría "Inmigración (civil/administrativa)" y en Cheektowaga como "Buscado por ICE". "Estas búsquedas, en las que los agentes admiten que colaboran con el ICE, son solo la punta del iceberg", indica el informe, que advierte de que los agentes pueden alegar cualquier motivo -o ninguno- para justificar una búsqueda y que algunos podrían haberlo hecho para ocultar su finalidad.Nueva York limita la cooperación con ICEEl documento señala también que, debido a que los agentes a menudo apenas documentan sus búsquedas, no hay forma de saber cuántos departamentos de policía están ayudando al ICE a localizar a conductores. Varias agencias locales tienen acuerdos federales 287(g) que permiten colaborar con ICE, pero la nueva ley estatal obliga a ponerles fin desde este martes.Esta nueva norma prohíbe a empleados estatales y municipales utilizar recursos públicos para aplicar las leyes de inmigración, aunque excluye a los agentes del orden para permitir la cooperación en casos de personas acusadas de delitos graves que puedan estar sujetas a deportación, según el informe. No obstante, las organizaciones denuncian que la policía local realiza búsquedas rutinarias en Flock de personas que no son sospechosas de ningún delito."Si bien esto podría no violar la prohibición de compartir información, constituye un acuerdo informal con el ICE y, por lo tanto, sigue siendo ilegal", afirman. La nueva Oficina de Confianza para Inmigrantes de la Fiscalía General, creada por la ley, será la encargada de supervisar su cumplimiento, aunque solo podrá exigir responsabilidades por los registros que pueda constatar.Las organizaciones instan al estado a exigir que la policía documente exhaustivamente cada búsqueda, limite estas consultas a fines específicos de seguridad pública y elimine los datos de matrículas después de 48 horas, salvo que deban conservarse por orden judicial o como prueba. Flock, con sede en Atlanta, registra actualmente 20.000 millones de lecturas de matrículas al mes mediante más de 120.000 cámaras distribuidas en más de 6.000 comunidades de 49 estados.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenó a Migración Colombia y a la Policía de Barranquilla poner en marcha esta semana operativos para identificar a migrantes en situación irregular y a extranjeros que estén cometiendo delitos -quienes, según anunció, serán deportados-, Noticias Caracol habló con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, para aclarar los alcances de esta medida y específicamente a quiénes impacta. De la Espriella adelantó en un consejo de seguridad, cuyas imágenes fueron recogidas en un video divulgado este lunes por su despacho: "No voy a aceptar a inmigrantes ilegales de donde sea que vengan que estén cometiendo delitos en Colombia. Se van y los deportamos".De la Espriella aseguró que los operativos deberán dirigirse "primero" a los extranjeros que estén cometiendo delitos y "segundo" a quienes no tengan regularizada su situación migratoria, que "en el término de la distancia tendrán que ser deportados". El anuncio forma parte de la estrategia de seguridad de De la Espriella, quien además busca unificar el trato del Estado frente a las organizaciones criminales y considerar terroristas a todos los grupos armados ilegales, independientemente de su denominación.¿A quiénes aplica? Ministro respondeEste anuncio del Gobierno nacional generó alarma en la comunidad migrante. Sin embargo, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, aclaró en entrevista con este noticiero que el alcance de las medidas para dar un parte de tranquilidad a la población venezolana que se encuentra bajo esquemas de protección o en proceso de regularización, y señaló que el verdadero objetivo de las autoridades son las redes de tráfico de personas en zonas de tránsito como el Darién.Frente a la preocupación de si las nuevas directrices gubernamentales equipararían a los migrantes trabajadores en situación regular con quienes cometen delitos, Lara fue enfático en diferenciar las situaciones. El ministro recordó el carácter humanitario con el que el país recibió a cerca de dos millones de personas durante los momentos más agudos de la crisis migratoria venezolana de los años 2020 y 2021, y destacó que en su gran mayoría logró acceder a un estatus legal.Al respecto, el jefe de la cartera del Interior precisó: “el presidente no se refiere, digamos, a muchos de estos hermanos venezolanos que incluso algunos ya han optado por regresar, los otros ya se quedaron y se integraron perfectamente”. Lara insistió en que esta población no debe temer las medidas de expulsión, pues cuentan con un marco de derechos que les permite acceder a los servicios públicos y sociales del Estado como cualquier ciudadano local.Ese llamado de tranquilidad se extendió a los más de 500.000 ciudadanos venezolanos cuyo estatus se encuentra amparado bajo el Permiso de Protección Temporal (PPT), que permite regularizar la situación de estas personas y da vía legal para trabajar formalmente, acceder a servicios y libre movilidad. Al ser preguntado sobre si este grupo podría enfrentar un riesgo de deportación, Lara respondió de manera categórica: “No. Naturalmente que no". El ministro complementó con que “los venezolanos que llegaron básicamente a Colombia y que recibieron este régimen de protección por parte del gobierno colombiano y que se insertaron no son migrantes ilegales de ninguna manera”.De hecho, el ministro respondió a versiones que señalan que el Gobierno de De la Espriella, con esta estrategia, estaría creando una suerte de un ICE -la autoridad migratoria estadounidense- en Colombia. Lara descartó de tajo esta versión: “Que yo tenga conocimiento no, no he oído que que eso sea un propósito”. De acuerdo con el ministro, el control de estas redes delictivas específicas puede ser asumido plenamente mediante el fortalecimiento de “las capacidades actuales de la Policía Nacional”, las cuales consideró “más que suficientes” para contener la problemática en los puntos críticos de la geografía nacional.Lara puntualizó que la ofensiva estatal no está dirigida contra quienes residen formalmente en el país sino contra el tránsito clandestino controlado por organizaciones criminales como el Clan del Golfo, que instrumentalizan a los extranjeros para lucrarse en la frontera con Panamá. “El problema aquí no es de millones de personas que han llegado indocumentadas a vivir en Colombia, no, ese no es el problema”, afirmó el ministro, quien explicó también que el objetivo es evitar que el territorio nacional se consolide como una plataforma de paso para redes transnacionales de trata de personas.De la Espriella afirmó en días pasados que "cuando de combatir el crimen se trata, no hay diferencias ni en la acción del Estado ni en la respuesta del Estado, y mucho menos en una categorización inventada por sectores que buscan proteger a esos bandidos para que el Estado no pueda ejercer la fuerza legítima como corresponde". Y ordenó activar en Barranquilla, sede de su Gobierno, un sistema de recompensas y redadas, reforzar la red de cooperantes y ejecutar esta misma semana traslados carcelarios para evitar que las prisiones sean utilizadas como centros de operaciones para la extorsión. El primero fue anunciado este martes, con el traslado de 20 personas privadas de la libertad a otras cárceles del país.NOTICIAS CARACOL
El Gobierno de Estados Unidos está planeando retirar los visados de trabajo o negocios de miles de personas que, tras obtener estos permisos y entrar en el país, realizaron una solicitud de asilo. El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, confirmó la existencia del plan en un mensaje."Nos estamos coordinando con el Departamento de Seguridad Nacional para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes temporales, pero que luego han solicitado asilo para quedarse aquí permanentemente", explicó Piggott en el escrito."Este tipo de visas se emiten con el claro entendimiento de que son para quienes tienen la intención de regresar a su país de origen. Obtener una visa para solicitar asilo es fraude, lo cual es motivo de revocación de la visa", añade el mensaje, en el que el portavoz subrayó el mensaje propugnado por la Administración de Donald Trump de que un visado estadounidense "es un privilegio, no un derecho". El plan afectaría a los visados B1 y B2, que se expiden para negocios y turismo, respectivamente.Las declaraciones de Piggott llegan después de que Associated Press adelantara que este plan podría llegar a afectar a 200.000 extranjeros que desde 2016 han pedido o están en trámites de pedir asilo en Estados Unidos, una medida que, de implementarse, supondría la mayor campaña de revocación de visados en la historia del país. Como parte de su campaña para deportar a millones de inmigrantes desde que Trump retornó al poder en enero de 2025, el Gobierno estadounidense ha aumentado progresivamente las restricciones para los solicitantes de todo tipo de visados.Planean nueva tarifa de 100.000 dólares para trabajadores con visa H-1BEl Gobierno del presidente Donald Trump también planea añadir una nueva tarifa de 100.000 dólares al programa de visas H-1B, que se aplica a las personas contratadas dentro de Estados Unidos, según consta en un documento del Departamento de Seguridad Nacional al que se tuvo acceso. Es un borrador de reglamento que establece que la tasa de 103.265 dólares se añadiría a todas las solicitudes de trabajadores con visa H-1B que se van renovando de manera anual.El 8 de junio de 2026 un juez federal de Massachusetts anuló la tarifa de 100.000 dólares porque el Gobierno no tenía autorización del Congreso para imponerla y aseguró que, en realidad, era un impuesto y no solo una tarifa administrativa. Más tarde, en julio, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos respondió al recurso de Trump y concluyó que no suspendería la orden que anulaba la tasa de 100.000 dólares.El borrador del reglamento que se conoció este lunes muestra que la Administración Trump está decidida a imponer esta tarifa a los trabajadores que tienen visa H-B1. Este programa está limitado a 85.000 visas anuales por ley, incluyendo 20.000 que están reservadas para trabajadores con títulos de alta cualificación. Estos permisos son habituales en los sectores de tecnología e ingeniería y lo habitual es que la demanda supere la oferta.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar esta semana operaciones coordinadas entre la autoridad migratoria y la policía para deportar a migrantes irregulares en el país.El mandatario llegó al poder el 7 de agosto con una agenda de línea dura que quedó en pausa tras un potente terremoto que deja 329 personas fallecidas, 16 departamentos, 159.924 familias y 324.157 personas afectadas, además de regiones enteras en emergencia.Según un video filtrado de un consejo de seguridad el domingo en Barranquilla (norte), el mandatario dio la instrucción de identificar y detener en primer lugar a los migrantes que cometan delitos."La orden a Migración es clara" (....) primero los que están cometiendo delitos, segundo los que no tienen regularizada su situación y que en el término de la distancia tendrán que ser deportados", dijo desde la caribeña ciudad, que considera su casa y donde estableció una sede presidencial alterna a la de Bogotá."No voy a aceptar migración ilegal. Primero los colombianos, segundo lo colombianos y tercero lo colombianos, para que le quede claro a todo el mundo", añadió.Colombia ha sido en la última década el principal destino de la migración venezolana que huye de la crisis en su país. Acnur, la agencia de la ONU para los refugiados, estimó en 3 millones los venezolanos en Colombia para 2025.El Permiso por Protección Temporal (PPT) hace parte del proceso de regularización migratoria que Colombia puso en marcha en 2021, con la adopción del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos mediante el Decreto 216 del 1 de marzo de ese año. El mecanismo busca regularizar la situación migratoria de ciudadanos venezolanos en el país y les permite contar con un documento de identificación expedido por Migración Colombia. El PPT es un trámite de expedición gratuita y no requiere intermediarios. Para acceder a este permiso se deben cumplir las condiciones establecidas en el Estatuto Temporal de Protección y completar las etapas correspondientes del proceso.Tradicionalmente la derecha colombiana promovió políticas de acogida para la diáspora venezolana con un discurso fuerte contra el chavismo.AGENCIA AFP
Un tribunal federal estadounidense ha invalidado la suspensión de visados de inmigrante para 75 países impuesta a principios de año por el Gobierno de Donald Trump, al determinar que el secretario de Estado, Marco Rubio, excedió sus competencias legales con la medida.La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Jeannette Vargas, dictaminó la víspera en una sentencia de 61 páginas que la prohibición es "manifiestamente ilegal" y cuestionó la justificación de la Administración de que los solicitantes de las naciones mencionadas presentaban un alto riesgo de convertirse en una "carga económica" para Estados Unidos.La magistrada señaló que se había ordenado a funcionarios estadounidenses denegar visados incluso a inmigrantes que cumplían los requisitos y que probablemente serían autosuficientes, en contravención de una norma que exige evaluaciones individualizadas de cada caso.Un portavoz del Departamento de Estado indicó este sábado que no suelen comentar sobre litigios legales pendientes o en curso. Sin embargo, el funcionario insistió en que "la Administración Trump protege al pueblo estadounidense al mantener los estándares más rigurosos de evaluación y verificación de los solicitantes de visas".La lista de afectados por esta directiva incluía varias naciones de América Latina y el Caribe como Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay. La pausa en la emisión de visados, aplicada desde enero pasado, también abarcaba a Afganistán, Egipto, Irak, Irán, Marruecos, Nigeria, Rusia, Somalia, Tailandia y Yemen.Entre los demandantes del caso se incluyen cinco profesionales de Colombia que recibieron negativas a sus solicitudes de visado en las que se citaba la nueva política, además de seis estadounidenses que afirman que esta prohibición perjudicó a sus familiares en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía, según el diario The New York Times. El fallo de la jueza revoca también las denegaciones de visado basadas exclusivamente en la medida, lo que podría resultar en la revisión de miles de solicitudes ya procesadas."Esta decisión representa una victoria significativa para los cientos de miles de familias en todo el país y el mundo cuyas vidas se vieron sumidas en el caos debido a la prohibición de visas, ilegal y discriminatoria, impuesta por esta Administración", afirmó en un comunicado Joanna Cuevas Ingram, abogada principal del National Immigration Law Center. Según Cuevas Ingram, el tribunal "dejó claro que las leyes de inmigración no pueden utilizarse para justificar la discriminación".La presidenta y directora ejecutiva de la ONG Democracy Forward, Skye Perryman, insistió en que el fallo representa un "contundente rechazo a una política ilegal y discriminatoria que causó un daño enorme a familias y comunidades de todo el país". "La Administración Trump-Vance no puede instrumentalizar la ley de inmigración para vetar a países enteros, separar familias y negar derechos garantizados por la Constitución sin rendir cuentas por ello", insistió.AGENCIA EFEEDITADO POR MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
Matías Orozco, de 18 años, marcó su primer gol con el Castellón, en la Liga 2 de España. El volante, cuya ficha pertenece al Brighton, fue una de las sorpresas de Néstor Lorenzo en la más reciente convocatoria de la Selección Colombia. A los 24 minutos, Adam Jakobsen filtró una pelota en el área y Orozco apareció con un remate colocado y ajustado al poste del arco de Tenerife. Vea el gol de Matías Orozco:
Brighton desnudó al Arsenal, derrotado por primera vez este curso (3-0) e incapaz de contener un vendaval dirigido con brillantez por Chema Andrés, goleador en su primera titularidad en la Premier, y desatado por Kostoulas, el mejor de un partido que costó el liderato a los hombres de Mikel Arteta.El delantero griego agitó el partido, fabricó el primer gol y marcó el segundo; Chema Andrés, hasta hace nada en la cantera del Real Madrid, dirigió la presión, mandó frente a Rice y Bruno Guimaraes y cerró la goleada. Entre ambos condujeron una tarde desastrosa para el Arsenal, que perdió su primer partido del curso y entregó el primer puesto Manchester City.Celebraba el Brighton el 125 aniversario de su fundación y eligió para la ocasión una camiseta conmemorativa, con la publicidad muy difuminada y dominada por un azul sereno. El color sugería tranquilidad y confianza y no fue una declaración de intenciones vacía. El equipo de Fabian Hürzeler jugó todo el choque con aplomo y con una carta de presentación espectacular.Durante casi los 90 minutos, el Brighton fue una delicia. Adelantó sus líneas, sometió al Arsenal con una presión intensa y llegó al descanso con una ventaja de dos goles que explicó con bastante fidelidad todo lo que ocurrió sobre el césped. Kostoulas y Gross pusieron el talento y la resolución; Chema Andrés, el orden.El canterano del Real Madrid entró en un once por segunda vez desde que llegó a Inglaterra. Debutó durante la victoria de esta semana frente al Manchester United en la Copa y Hürzeler le concedió continuidad ante el campeón. El desafío no era pequeño.Chema Andrés respondió con una actuación de centrocampista veterano. Gobernó la zona en la que Rice y Bruno Guimaraes debían imponer la autoridad del Arsenal y ayudó al Brighton a jugar lejos de su portería. Y eso ante el once que presentó Arteta y que probablemente sea el de gala, con la única ausencia de Saliba, todavía convaleciente de una lesión en la espalda. Konsa ocupó su puesto en el centro de la defensa.La primera advertencia del Brighton llegó muy pronto. Un error de Bruno Guimaraes permitió a Kostoulas recibir dentro del área y cruzar un disparo que exigió una intervención formidable de Raya. El guardameta alcanzó la pelota con la yema de los dedos y la desvió a córner.El Arsenal logró aliviar la presión durante un breve tramo. Tuvo un poco más el balón, pero no encontró con él nada verdaderamente útil. La mejoría duró menos de diez minutos y terminó a la media hora, en una jugada que retrató la inspiración de Kostoulas. El delantero griego bajó a recibir, giró con rapidez y filtró la pelota hacia Gross.El alemán no necesitó acomodarse. Disparó desde fuera del área con una mezcla formidable de violencia y precisión. Raya alcanzó a rozar la pelota, que golpeó en la cepa del poste y entró en la portería. Fue un gol magnífico, la conclusión lógica al dominio del Brighton.El cuadro 'gunner' estuvo cerca de alcanzar el descanso con un empate que habría explicado muy mal la primera parte. Sobre la bocina, Saka condujo su único contraataque verdaderamente peligroso, pero no acertó a culminarlo. El Brighton respondió de inmediato. Salió lanzado hacia la portería contraria y encontró el segundo gol. Kostoulas, cómo no, cerró la transición con un derechazo lejano que superó a Raya.El baile continuó tras la reanudación. El Arsenal mantuvo su desconcierto, incapaz de sortear la presión asfixiante de un Brighton que no concedió un respiro después del paso por los vestuarios. Al equipo de Hürzeler le quedaba gasolina y también hambre.Entonces Chema Andrés encontró el premio que merecía su actuación. Gross lanzó un saque de esquina y el centrocampista español apareció en el segundo palo, se elevó sobre la defensa y cabeceó a la red ante la sorpresa de Raya. El 3-0 cerró el partido y convirtió su primera titularidad en la Premier en una jornada difícil de olvidar.Arteta intentó modificar el paisaje durante la última media hora con las entradas de Zubimendi y Mikel Merino. No cambió nada. Para entonces, el conjunto londinense era un equipo vencido por el marcador y por el juego. El Brighton ofreció una demostración extraordinaria del arte de la presión y de cómo gobernar un partido desde campo contrario. Incomodó con constancia a un equipo acostumbrado a imponer sus condiciones.Antes, al Arsenal se le podía derrotar sin descomponerlo. Y de vez en cuando. Esta vez perdió también la compostura. Fue superado desde el principio hasta el final, cedió su primera derrota de la temporada y dejó el liderato en manos del Manchester City.
Cazzu y Nodal vuelven a estar en el centro del debate internacional. La expareja y padre de Inti enfrentan una nueva polémica luego de que en México se difundieran rumores de una supuesta acción legal con la que Christian Nodal estaría intentando frenar la popular 'Ley Cazzu'. Al respecto, la argentina reaccionó y señaló sentirse "silenciada" por su ex.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATACazzu asegura que Nodal la está silenciandoA través de su cuenta oficial de X, la cantante argentina cuyo nombre real es Julieta Cazzuchelli, aseguró que fue silenciada por el equipo legal de su expareja y padre de su hija. "Me silenciaron legalmente y sobre todo injustamente. Lo hicieron exactamente para poder hacer esto: MENTIR y MANIPULAR una situación que se cae de madura. Yo opté por no coartar la libertad de nadie para hablar, porque pienso que el pez por la boca muere".La mujer de 32 años resaltó que a lo largo de los últimos años, luego de su separación del mexicano, se ha visto obligada a cumplir con los "caprichos" de Nodal en cuestiones relacionadas con su hija, pero no con su crianza. "Hojas y hojas de mentiras y delirios que se roban mi paz y mis recursos. El flagelo al que me encuentro sometida, no es ni siquiera el que se imaginan", detalló la argentina.Cazzu aseguró que la realidad de su maternidad sigue siendo la que años atrás dio a conocer a través de entrevistas y denuncias, pero que ahora se mantiene en silencio no por gusto, sino por imposición. "Los ataques han empeorado, pero ya no lo puedo denunciar. Seguiré apoyando los proyectos de ley que amparen y protejan a madres y a mujeres. Porque si a mi me pueden vulnerar, imaginen como se vulnera a las madres que no tienen ninguna manera de defenderse".¿Qué es la 'Ley Cazzu' y qué hizo Nodal para frenarla?Las declaraciones de Cazzu llegaron luego de que el periodista de entretenimiento Javier Ceriani revelara en su espacio digital que, aparentemente, Nodal buscó frenar la 'Ley Cazzu' a través de su equipo legal. Para entender la situación, la 'Ley Cazzu' es una iniciativa legislativa y social promovida en México con la que se busca facilitar los permisos de viaje, pasaportes y trámites esenciales para menores de edad cuando uno de los progenitores está ausente, es deudor alimentario o incumple sus responsabilidades parentales. Se le ha dado el nombre de la cantante argentina ante sus denuncias previas por los problemas que ha enfrentado a la hora de querer viajar con su hija por los frenos que le pone el mexicano.Ante las declaraciones de Ceriani, Nodal respondió a través de un comunicado de su equipo de trabajo en el que resaltaron que no están en contra de la iniciativa, sino del uso de su historia para promoverla. "Es falso que Christian Nodal haya promovido un amparo para frenar la llamada 'Ley Cazzu'. Christian está a favor de cualquier iniciativa que proteja a las niñas y los niños", se lee en el comunicado.Indicaron que sí es cierto que se ha llevado un proceso en contra de que la iniciativa utilice hechos ocurridos con la hija del mexicano y la argentina. "El amparo no cuestiona la ley, sino el uso de una historia falsa sobre su pequeña hija para promoverla" e insistieron en que "esa narrativa no corresponde a la historia real de la menor". Concluyeron su pronunciamiento recalcando que "no existe ninguna resolución judicial ni prueba que determine que Christian sea deudor alimentario o que haya incumplido sus obligaciones. Tampoco ha negado permisos para que su pequeña hija viaje o para que su madre pueda trabajar".MARÍA PAULA GONZÁLEZPERIODISTA DIGITALmpgonzal@caracoltv.com.co
El director deportivo del Barcelona, Anderson Luis de Souza ‘Deco’, ha confirmado que el club tiene "encaminadas" las renovaciones del delantero Raphael Dias ‘Raphinha’, el centrocampista Marc Bernal y el lateral Xavi Espart.En su discurso dirigido a los socios compromisarios del club que han participado en la asamblea general, el máximo ejecutivo del área de fútbol ha explicado que el viernes encarriló la ampliación del contrato del capitán azulgrana hasta el 30 de junio de 2030.El propio Raphinha, máximo goleador del equipo en este inicio de temporada, con once tantos, ya confirmó, en una entrevista concedida a RAC1, su intención de ampliar su contrato más allá de 2028, cuando finaliza su actual vínculo con el conjunto azulgrana.Deco ha aprovechado también su intervención para explicar que esta semana ha avanzado en las renovaciones de Marc Bernal y Xavi Espart, si bien no ha detallado hasta que año ampliarán su vinculación con el Barcelona.Precisamente, estos dos jugadores se formaron en La Masia, una de las principales fuentes de talento del primer equipo. En este sentido, Deco ha puesto en valor que el valor actual del primer equipo azulgrana alcanza los 1.260 millones de euros, de los cuales 583 corresponden a jugadores formados en la academia del club, según el portal especializado Transfermarkt.Asimismo, el director deportivo ha desvelado el balance del último mercado de verano en el que el primer equipo adquirió jugadores por valor de 181 millones y obtuvo un precio neto de las ventas realizadas que alcanzó los 72 millones.
Los cuartos de final del Mundial femenino Sub-20 Polonia 2026 concluyen en Lodz con el enfrentamiento entre Nigeria y Colombia.Tras los dos primeros partidos en Polonia, Nigeria encontró su ritmo y alcanzó su mejor forma. Después de ganar confianza con una contundente victoria por 10-1 sobre Nueva Caledonia en su último partido de la fase de grupos, los representantes de la CAF desafiaron todos los pronósticos y sorprendieron a Inglaterra con un 3-0 en los octavos de final. Ahora, Moses Aduku y sus jugadores se atreven a soñar en grande con el objetivo de regresar a las semifinales, una hazaña que Nigeria no logra desde Canadá 2014, cuando Asisat Oshoala brillaba con las Falconets.Sin embargo, los gigantes africanos deberán estar atentos a Colombia en lo que promete ser un partido de cuartos de final muy abierto. El equipo de Carlos Paniagua, aunque fue inferior durante algunos periodos, logró una gran sorpresa al eliminar a la anfitriona Polonia por 1-0 en octavos de final. Valientes y resilientes, las sudamericanas esperan resarcirse de lo ocurrido hace dos años en casa, cuando fueron eliminadas en la tanda de penaltis por Países Bajos (2-2, 3-0). Dieciséis años después de su última aparición en semifinales, las jóvenes colombianas tienen otra oportunidad de hacer historia."Iremos partido a partido. Estamos muy contentos de estar en cuartos de final, así que primero pensaremos en Nigeria, pero este equipo siempre competirá para ganar. Nuestro sueño es ganar el título mundial, pero vamos partido a partido", dijo Juana Ortegon, mediocampista de Colombia"[Después del partido contra Inglaterra] les dije a las jugadoras: este partido ya pasó, celebremos brevemente porque tenemos el siguiente partido, así que concentrémonos en el siguiente", contó Moses Aduku, entrenador de Nigeria.Hora y dónde ver Colombia vs. NigeriaFecha: domingo 20 de septiembre.Hora: 8:00 a.m. (hora Colombia).Estadio: Lodz.Transmisión: Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu.
