El Tribunal Superior de Bogotá redujo la condena al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Francisco Ricaurte, sentenciado por el escándalo del tráfico de fallos en ese alto tribunal, conocido como el cartel de la toga.Asesinan a Tania Mendoza, actriz de la película ‘La mera mera Reyna del Sur’Ricaurte fue condenado inicialmente a 19 años de cárcel, pena que fue rebajada a 16 años y 5 meses de prisión porque el delito de tráfico de influencias prescribió.Se mantuvieron los delitos de concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y revelación indebida de información privilegiada. El tribunal le negó la detención domiciliaria a Francisco Ricaurte.En contexto: Condenan a exmagistrado Francisco Javier Ricaurte por cartel de la toga
Una carta en poder de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol podría ser una de las primeras piezas para establecer las relaciones que ‘Otoniel’ y su organización criminal habrían sostenido con la élite del poder colombiano.Allí se mencionan supuestos acercamientos para la venta de una finca entre dos de los más importantes lugartenientes del capturado capo y el expresidente de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt Chaljub, el mismo que fue condenado a seis años de cárcel, en primera instancia, porque exigió un soborno de 500 millones a la empresa Fidupetrol para favorecerla en el trámite de una tutela.Se trata de un texto de cuatro páginas escrito a mano, con fecha del 31 de octubre de 2016, que alias ‘Peludo’ le envió a alias ‘Gavilán’, quien en ese entonces era el segundo al mando del Clan del Golfo, solo detrás de ‘Otoniel’, y quien murió en un bombardeo de la fuerza pública en 2017.Video: así es la ‘casa’ en la selva en la que encontraron a 'Otoniel'‘Peludo’ comienza la carta dándole parte a ‘Gavilán’ de las actividades de la estructura: “Seguimos con los cursos de comandantes. Eso lo vamos a hacer con los mandos de frente y segundos”. Luego, Peludo habla de un político y un negocio que no es claro: “Ya mandé hablar con el diputado y me mandó decir que arranquemos otra vez y ‘el Indio’ me iba a colaborar con el comprador en la ciudad”.Finalmente, ‘Peludo’ le dice a ‘Gavilán’ que supuestamente el exmagistrado Jorge Pretelt le había ofrecido una finca en venta:Amigo, por ahí Jorge Pretelt tiene una finca por Platas Arriba que era del papá de ‘Tuso’. Él me la mandó ofrecer, dice que le dé una partecita en plata y que recibe cosas. No sé usted cómo la ve para hacer negocio y le dábamos los lotes de Montería. También tenemos el carro Land Rover que dio ‘Macaco’. Pues digo yo, si usted acepta es una buena tierra.La carta hace parte de las comunicaciones internas de los jefes del Clan del Golfo que fueron incautadas por la Policía durante la Operación Agamenón, la misma misión que desembocó en la caída de ‘Otoniel’.El mensaje indica que la finca supuestamente ofrecida por Jorge Pretelt sería la hacienda La Corona, ubicada en zona rural de Turbo, Antioquia. Y esto se puede saber porque Platas Arriba, la vereda que menciona Peludo, queda en el mismo corregimiento donde estaban ubicados los predios de Pretelt. Esas tierras quedan en el corazón de los dominios del Clan del Golfo, en Urabá. De hecho, están ubicados a unos 30 kilómetros del lugar donde ‘Otoniel’ fue capturado la semana pasada.Para octubre de 2016, Pretelt enfrentaba una demanda de restitución de tierras con la que podía perder parte de su hacienda. Fue cuando ese pleito ya estaba en marcha que el exmagistrado habría intentado salir de su finca, ofreciéndosela a ‘Peludo’.Noticias Caracol consultó al exmagistrado Jorge Pretelt, quien respondió por chat: “No sé quién es alias ‘Peludo’. No he enviado cartas ofreciendo fincas. No he vendido ninguna propiedad”.Además, en su respuesta agregó en tono de amenaza: “Me parece grotesco que usted afirme que yo estaba intentando tener negocios con el Clan del Golfo. No sea mentiroso. Sea serio y responsable. Lo demandaré si me hace esa acusación”.Las tierras que supuestamente Jorge Pretelt intentó venderle al Clan del Golfo tienen detrás una historia de violencia y despojo.En 2005, el exmagistrado englobó sus cinco predios en zona rural de Turbo, Antioquia, para conformar la hacienda La Corona, de 243 hectáreas. Dos de esos predios acaban de ser restituidos a familias campesinas que durante años lucharon para demostrar, con apoyo de la Unidad de Restitución de Tierras, que habían sido desplazados por los paramilitares y que vendieron sus propiedades en contra de su voluntad, por miedo a ser asesinados.Reynaldo Villalba, de 79 años, había sido desplazado en 1992, según consta en la sentencia del Tribunal Superior de Antioquia que le devolvió la finca."No hay como Dios. Nos salimos de la finca porque llegaron paramilitares y me dijeron que les tenía que vender la finca o se la compraban a la viuda (sic) situación tensa que salimos dejando abandonada todas las cosas", relata.Esa zona era dominada por Carlos Castaño, fundador de las Autodefensas Unidas de Colombia, y muy cerca al predio No hay Como Dios quedaba la finca La 35, que se convirtió en un campo de entrenamiento de paramilitares.Seis años después, en 1998, los paramilitares Teófilo Hernández y Evelio Díaz llegaron hasta la casa en Montería a la que se había ido a vivir la familia Villalba tras su desplazamiento. Allí concretaron la venta de la finca por un precio mucho menor a su valor real.Meses después, el paramilitar Evelio Díaz le vendió el predio a Martha Ligia Patrón, esposa de Pretelt y quien desde 2016 se desempeña como funcionaria de la Procuraduría General. Ella, por su parte, le transfirió el terreno a su marido.Le puede interesar: Imponen medidas cautelares a cuatro inmuebles del exmagistrado Gustavo MaloAlgo similar ocurrió con el predio Alto Bonito, restituido a Argenida María Hernández, hija de Manuel Gregorio Hernández, el legítimo propietario de la finca, quien falleció en 2014.Así denunció Argenida el desplazamiento: "El cuatro de enero de 202, un grupo al margen de la ley que operaba en la vereda La Puya que corresponde al corregimiento San José de Mulatos, municipio de Turbo, llegó a la finca donde vivía mi papá y lo amenazaron que debía vender o entregar las escrituras de la tierra que poseía, que era una finca de nombre Alto Bonito, la finca tenía 35 hectáreas aproximadamente, con 16 cabezas de ganado, caballo, cerdos, gallinas".En 2003, tras ser intimidado, Manuel Gregorio Hernández le vendió sus tierras a Martha Ligia Patrón, esposa del exmagistrado, en una situación que de manera incuriosa fue aprovechada por la familia Pretelt”, según el fallo del Tribunal Superior de Antioquia.Al igual que con el predio No hay como Dios, Martha Ligia Patrón también le transfirió Alto Bonito a su esposo. Pretelt los englobó en su gran hacienda La Corona. A finales de 2015, la Unidad de Restitución de Tierras interpuso una demanda pidiendo que esos predios fueran devueltos a las familias Villaba y Hernández.Menos de un año después, cuando la demanda ya estaba en curso, ‘Peludo’ escribió la carta a ‘Gavilán’ diciéndole que Pretelt les ofrecía la venta de la finca.En medio del pleito de restitución, el exmagistrado argumentó que en estos casos no hubo ni desplazamiento ni despojo, y que la venta de los predios fue voluntaria. El Tribunal, sin embargo, no le dio la razón y aseguró que el exmagistrado no pudo demostrar su buena fe al adquirir esas tierras.El fallo que les devolvió No hay como Dios y Alto Bonito a las familias Villalba y Hernández se profirió el 9 de marzo de 2020.Sin embargo, la entrega tardó más de un año en concretarse precisamente por la situación de seguridad de la zona, dominada por el Clan del Golfo y que, ahora se sabe, estaba muy cerca, a unos 30 kilómetros del lugar donde se escondía Otoniel.Con esa entrega se cerró el capítulo del despojo de esas tierras en los predios de Jorge Pretelt Chaljub.La carta de ‘Peludo’ a ‘Gavilán’, sin embargo, abre un nuevo capítulo sobre las relaciones que el exmagistrado presuntamente pudo haber sostenido con miembros del Clan del Golfo que dominaban la región del Urabá.
Con el apoyo del Ejército, la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares sobre cuatro inmuebles urbanos, presuntamente, adquiridos con dineros producto de posibles actuaciones ilícitas, entre 2012 y 2016, dentro del entramado de corrupción conocido como el cartel de la toga y por el cual fue condenado el exmagistrado de la Corte Suprema Gustavo Malo.Gustavo Enrique Malo fue encontrado responsable de los delitos de cohecho propio, concierto para delinquir y prevaricato por omisión.En contexto: Exmagistrado Gustavo Malo fue condenado a 9 años de cárcel por cartel de la togaLos bienes, entre los que se encuentran un apartamento y dos parqueaderos ubicados en Bogotá, además del 50% de otro inmueble en Cartagena (Bolívar), están avaluados en 1.170 millones de pesos.En la investigación, adelantada por la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, se evidenció que en dicha época Gustavo Malo Fernández, al parecer, realizó pagos anticipados sobre un inmueble que luego vendió a otra persona, aparentemente, para burlar la acción de las autoridades sobre el referido predio.Respecto a un bien en Cartagena, se determinó que Malo Fernández habría realizado una maniobra fraudulenta al enajenar su parte a un familiar y así evitar la persecución de la propiedad por parte de la Fiscalía General de la Nación.Los bienes afectados serán administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).Le puede interesar: Estas son las medidas para prevenir contagios de COVID por posibles aglomeraciones el día sin IVA
El exfiscal Luis Gustavo Moreno ha sido el testigo estelar en el expediente del cartel de la toga. Gracias a sus confesiones la justicia ha podido reconstruir el rompecabezas de una organización criminal que torció y engavetó procesos en la Corte Suprema de Justicia a cambio de jugosas sumas de dinero.Por cuenta de sus delaciones dos exmagistrados ya fueron condenados: Francisco Ricaurte y Gustavo Malo. Y hay dos más en capilla: Leonidas Bustos y Camilo Tarquino.Tarquino, expresidente de la Corte Suprema, fue acusado por la Fiscalía en diciembre de 2019 de integrar este cartel de corrupción y, en específico, de haberle pedido 20 mil millones de pesos al exgobernador Alejandro Lyons para sacarlo de sus apuros judiciales por el saqueo a Córdoba. Dinero que iría a parar al cartel y, en particular, según el expediente, a Leonidas Bustos. Como Lyons no aceptó, al parecer, Tarquino se volvió su enemigo.Las grabaciones de la DEA entre Alejandro Lyons y Luis Gustavo Moreno en Estados Unidos retratan este episodio: “Me pidieron 20 mil barras por resolverme un problema, ajá, y yo no tengo pa pagar eso, Tavo, y la gente se molesta”, le contó Lyons a Moreno en junio de 2017.Más allá de si Tarquino resulta culpable o inocente, tal como él mismo proclama, el lío hoy tiene que ver con la fiscal encargada de ese caso: Flor Alba Torres. Según Luis Gustavo Moreno, ella debió declararse impedida en este proceso, pues en el pasado fue cercana al exmagistrado Leonidas Bustos. Incluso habrían trabajado juntos en la Universidad Libre.“Yo no puedo decir que la doctora Flor Alba haga parte del cartel de la toga. Eso no lo puedo decir, pero sí puedo decir que es muy amiga del doctor Leonidas Bustos. Cuando el doctor Leonidas Bustos fue jefe del departamento de Derecho Penal, la doctora Flor Alba era una de las profesoras de la universidad y fue muy amiga y seguramente sigue siendo muy amiga del doctor Leonidas. Yo tengo muchas dudas y muchas preocupaciones que hoy una fiscal como la doctora Flor Alba no se haya declarado impedida en el caso del doctor Camilo Tarquino, amigo personal del doctor Leonidas Bustos, principal protagonista del cartel de la toga”, señaló Moreno.Podría ser de su interés: Es un balance agridulce: expertos analizan lo que ha hecho Iván Duque contra la corrupciónDe acuerdo con su relato, durante el lanzamiento de uno de sus libros en Cartagena en el año 2015, la hoy fiscal Torres estuvo departiendo una noche con ellos en un conocido restaurante de la zona amurallada. En la celebración estuvo Francisco Ricaurte, condenado ya a 19 años de prisión por su participación en este esquema de corrupción.“No solo eso, en Cartagena, ella, el doctor Francisco (Ricaurte), la hermana del doctor Gustavo Malo y otras personas compartimos juntos. La doctora Flor también fue cercana al suscrito y a mí sí me genera mucha preocupación que la doctora Flor Alba hoy adelante un juicio en contra del doctor Camilo Tarquino, juicio al que ya comparecí como testigo y debo advertir que quedé sorprendido con el interrogatorio. Un interrogatorio que debió haber durado por lo menos dos horas se redujo a 20 minutos. Donde yo pensé que me iban a preguntar muchas otras cosas del cartel, preguntas que nunca llegaron”, añadió el testigo.El exfiscal anticorrupción se refería a la declaración que él rindió el pasado 21 de junio durante la audiencia de juicio del exmagistrado Camilo Tarquino. Para Moreno, la fiscal Torres debería apartarse de este expediente.“Es absurdo que esto pase, es absurdo que esto siga pasando y es absurdo que una persona como esta no se declare impedida. Ella fue cuota del doctor Leonidas en la administración del fiscal general Montealegre. Fue cuota del doctor Leonidas Bustos, así hoy todo el mundo diga que no. Yo fui asesor contratista por cuenta del doctor Leonidas y el doctor Francisco Ricaurte. Todo el mundo sabe la burocracia y las cuotas que tenía el doctor Leonidas en la Fiscalía del doctor Eduardo Montealegre. Y la doctora Flor Alba era una de ellas. Y hoy es una de las personas que adelanta un juicio en contra de un amigo personal del doctor Leonidas Bustos. Eso es lamentable y preocupante”, remató Moreno.Noticias Caracol se comunicó con la Fiscalía para tener respuesta a estas inquietudes. A través de un comunicado la entidad señaló: “La doctora Flor Alba Torres fue designada fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia cuando el proceso contra el doctor Camilo Tarquino estaba en curso y asumió el cargo con escrito de acusación radicado. Por no existir causal de impedimento, la fiscal continuó el trámite y el proceso dentro de la programación dispuesta por el juzgado de conocimiento. La funcionaria manifiesta que su relación con el doctor Leonidas Bustos se limitó al ámbito académico, por ser ambos profesores de la facultad de Derecho de la Universidad Libre”.Flor Alba Torres fue nombrada fiscal delegada ante la corte en marzo de 2016. Dos años después salió del cargo, pero en marzo de 2020 regresó a la entidad con Francisco Barbosa. Poco antes, en diciembre de 2019, otra fiscal, Norma Angélica Lozano, acusó a Camilo Tarquino por el cartel de la toga. Era ella quien había investigado el caso, pero no pudo seguir con éste porque salió de la Fiscalía tras el cambio de administración en 2020. En su despacho fue nombrada Flor Alba Torres y por eso le correspondió a ella seguir con el juicio contra Tarquino.
La Corte Suprema de Justicia condenó a 116 meses y 12 días de prisión al exmagistrado Gustavo Malo por el cartel de la toga, así como al pago de 94,48 salarios mínimos mensuales legales vigentes y a la inhabilitación por 127 meses y 17 días para el ejercicio de funciones públicas.En su sentencia, la Corte declaró a Gustavo Malo como “responsable de los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio y prevaricato por omisión”.“Malo Fernández, siendo magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, se unió a un grupo delincuencial con vocación de permanencia para ejecutar diversas conductas delictivas que derivaron en la lesión a la expectativa legítima que ampara a todos los asociados frente a las decisiones de las autoridades”, indicó.En relación al cohecho propio, la Corte estableció que Gustavo Malo, “por intermedio del abogado Luis Gustavo Moreno Rivera y del exmagistrado Francisco Javier Ricaurte Gómez, negoció la función jurisdiccional a él deferida por la Constitución y la ley, recibiendo la contraprestación ilegal derivada del acto de corrupción”.Respecto al prevaricato por omisión, el alto tribunal señaló que Gustavo Malo, dolosamente, adoptó en el despacho a su cargo “las medidas necesarias para retardar un acto propio de sus funciones, como lo era administrar justicia bajo los parámetros constitucionales y legales”.“En concreto, omitió tramitar de forma célere y eficiente las diligencias que se adelantaban contra el exsenador Musa Besaile, teniendo cabal capacidad de cumplir con su deber”, apuntó.Este delito se configuró para cumplir los compromisos adquiridos con la organización delincuencial de la que Gustavo Malo hacía parte y justamente uno de ellos era “retirar del cargo al magistrado auxiliar que adelantaba la investigación contra Musa Besaile”.Vea también: Procuraduría pide condenar al exmagistrado Gustavo Malo por el cartel de la toga“El entonces magistrado se concertó con funcionarios públicos y con particulares para abordar a congresistas -como los exsenadores Musa Abraham Besaile Fayad y Álvaro Ashton- contra quienes cursaban indagaciones penales en única instancia en su despacho, a fin de adoptar decisiones contrarias a derecho y afectar el curso normal de las mismas. Ello a cambio de coimas y dádivas”, afirmó la Corte.De acuerdo con la Corte Suprema, los abogados Luis Gustavo Moreno Rivera y Leonardo Pinilla Gómez eran los encargados de los acercamientos con los parlamentarios y, para ello, Gustavo Malo, por intermedio de Ricaurte, “suministraba datos al grupo para que fueran utilizados al abordar a los citados congresistas”.Con dichos aforados se acordó dilatar la apertura de investigación formal a Musa Besaile por presuntos vínculos con grupos paramilitares, a cambio de dos mil millones de pesos.Y, a cambio de 1.200 millones de pesos, se acordó que se lograra archivar la indagación preliminar contra Ashton Giraldo, “originada en sus probables relaciones con el Bloque Norte de las autodefensas”.En su sentencia, la Corte Suprema de Justicia le negó a Gustavo Malo la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.Le puede interesar: Fiscalía acusó a alcalde de La Sierra por agresión a su pareja y un juez lo mandó a terapia
Camilo Andrés Ruiz y José Reyes Rodríguez tienen las claves de un capítulo del cartel de la toga que hoy enreda al exmagistrado Gustavo Malo Fernández. Ambos declararon en el juicio contra Malo que se adelanta en la sala de juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia.Vea también: La 'viuda de Autorroling' prende el ventilador contra exmagistrados del MetaSus testimonios bajo juramento fueron obtenidos por Noticias Caracol gracias a una tutela que falló la sala civil de la Corte Suprema, en la que reivindicó el derecho a la información y a la libertad de prensa.
Marbely Sofía Jiménez tiene una historia truculenta de dinero, crimen y corrupción en la que salpica a exmagistrados del Meta. Es conocida como 'la viuda de Autorroling' porque antes de cumplir su primer aniversario de casada con un millonario empresario de autopartes de Villavicencio se puso el traje de luto.Sobre ella recae una sentencia condenatoria en firme por el asesinato de su exesposo, el hijo de su exesposo y dos empleados de la empresa, de la que se dice que podría haber heredado una fortuna. Pero los planes se vinieron abajo luego de ser sentenciada por estos crímenes junto al exparamilitar Smith Bayardo Parra Rincón, alias 'Manopicha', con quien tuvo dos hijos.Por el escabroso caso judicial, la mujer está condenada a 52 años de prisión sin ninguna posibilidad de revisión. No obstante, desde la cárcel El Buen Pastor de Bogotá, esta semana, Marbely accedió a declarar como testigo clave en uno de los casos de corrupción judicial más vergonzosos. “Yo vengo a contar la verdad, vengo a contar lo que hice, lo que regalé y por qué motivo lo hice”, dijo.Ella firmó un principio de oportunidad que le evitará una nueva condena por cohecho. A cambio, prendió el ventilador ante la Corte Suprema de Justicia en donde se lleva a cabo el juicio contra los exmagistrados del Tribunal Superior del Meta Alcibiades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos.“Me dijeron que los magistrados estaban altamente agradecidos por la colaboración. Sumando los cheques y los eventos sociales pagué 800 millones de pesos. La totalidad de eventos sociales y familiares podrían ser otros 100 millones, podrían ser 900 millones en total”, precisó la testigo.Marbely Sofía Jiménez se declara inocente de los crímenes, pero responsable de intentarles pagar a los exmagistrados del Meta para esquivar la cárcel. Ella asegura que fue la organizadora de por lo menos dos reuniones en el hotel Palo Verde de Villavicencio, en donde se habría cerrado un trato corrupto en medio de trago y mujeres.“Llegué al hotel Palo Verde, hice la reserva de la villa, di el abono, salí después, traje unas cosas como para organizar el sitio… flores y demás. Recogimos a una de las chicas en una estación de gasolina y de ahí nos dispusimos a ir al hotel Palo Verde. Ahí las niñas se disfrazaron, estuve yo presente, hablándoles, que hicieran bien las cosas, que estuvieran contentos, que pasaran un rato agradable (…). Disfrazarse es de esos trajes eróticos, de enfermeras, de Minnie Mouse, de disfraces sexuales (…). En esta ocasión me crucé con Alcibíades Vargas Bautista”, señaló.En poder de la Fiscalía está el listado de asistentes a una de las reuniones llevada a cabo en enero de 2014 en las instalaciones del hotel. La propiedad del establecimiento estaría en cabeza de una persona de confianza de los exmagistrados del Meta. Estos documentos de los huéspedes fueron reconocidos por una recepcionista, que fue despedida de su trabajo luego de testificar.“Estaba en la villa cuando ellos llegaron, llegaron en tres carros, una Toyota, los otros dos un automóvil y un campero. Llegaban los magistrados con tres amigos. Los tres abogados de ese entonces de mi confianza Juan José Velásquez, Javier Acosta Gutiérrez y Hernán Castañeda Chaux, con Alcibíades Vargas y Joel Darío Trejos con tres amigos de ellos”, relató la mujer.Según ella, recibía asesoría de tres abogados que están en esta lista: Juan José Velásquez, Javier Acosta Gutiérrez y Hernán Castañeda. Asegura que a través de ellos intentó pagar 800 millones de pesos a los magistrados y para sustentar su dicho entregó soportes de extractos y cheques a la Fiscalía. Sin embargo, el dinero tuvo que ser devuelto luego de que se destapó el escándalo de corrupción en el tribunal.“Ellos (los magistrados) ya estaban investigados por la Fiscalía, iba a ser mucho más perjuicioso para ellos que me exoneraran porque le iba a dar pie a la Fiscalía de concluir que las pesquisas eran ciertas. El magistrado ponente, el magistrado Alcibíades Vargas Bautista, elevó mi condena 13 años. De 39 años pasó a 52 años y me sumó otros delitos. Al señor Smith Bayardo Parra Rincón le confirmó la sentencia de primera instancia y quedó en 39. Por eso, presenté el recurso extraordinario de casación en poder del doctor Mario Iguarán Arana”, testificó.En su declaración ante la Sala de Juzgamiento de primera instancia de la Corte, la mujer reveló detalles desconocidos de otros hechos de presunta corrupción en la Fiscalía: “Ellos tenían a alguien que les comentaba los pormenores del despacho octavo, que les adelantaban cómo iba la investigación, que iban a ser imputados, que el magistrado iba a sacar el fallo”.También relató cómo intentó llegar hasta la misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema: “Los abogados me prometieron que la casación iba a llegar al despacho del doctor magistrado Gustavo Malo Fernández y que era mi amigo del doctor Alcibíades Vargas Bautista y Joel Darío Trejos, creo que ellos tienen a varios familiares en cargos de la Rama judicial.El escándalo del cartel de la toga obligó que Malo dejara su despacho, por ello tampoco se concretó y la casación fue rechazada. La declaración de la 'viuda de Autorroling' en la Corte continúa y sus detalles podrían desencadenar más procesos judiciales por corrupción.
El Senado de la República acusará formalmente ante la Corte Suprema al expresidente de ese alto tribunal, Leonidas Bustos.El exmagistrado es investigado por su presunta participación en el llamado cartel de la toga, un escándalo de corrupción donde se hacían favorecimientos en procesos contra políticos, a cambio de coimas.Vea también: Exmagistrado Francisco Ricaurte fue condenado a 19 años de cárcel por el cartel de la togaProcuraduría pide condenar al exmagistrado Gustavo Malo por el cartel de la togaEl Senado acusará a Leonidas Bustos por los delitos de cohecho propio, tráfico de influencias y concierto para delinquir.
Este lunes llegó a su final el juicio al exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo Fernández, vinculado al escándalo de corrupción del cartel de la toga. La Procuraduría pidió su condena.Dice el Ministerio Público que Malo hizo parte de una empresa criminal dedicada a favorecer a quienes tenían procesos judiciales en ese alto tribunal.“Aquí se pasó del alma de la toga al cartel de la toga y es triste reconocerlo y como consecuencia de los razonamientos expuestos en la argumentación que se hace sustentando cada uno de los tipos penales que fueron objeto de acusación, en el presente concepto el Ministerio Público solicita sentencia condenatoria en contra de Gustavo Enrique Malo Fernández”, señaló José Fernando Ortega, procurador delegado.Malo por su parte rechazó estas sindicaciones y lo que resta ahora es que la Corte Suprema condene al exmagistrado o por el contrario se abstiene de ello.
Francisco Ricaurte, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, fue condenado a 19 años de cárcel por el cartel de la toga.Además, se le impuso una multa de 485 salarios mínimos legales y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 9 años y 5 meses.La Fiscalía, que le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, tráfico de influencias y utilización indebida de información privilegiada, había pedido que la sentencia fuera de 24 años.El 9 de marzo, cuando el juez 10 de conocimiento anunció la condena contra Ricaurte, el togado señaló que el exfuncionario hacía parte de una organización criminal que buscaba favorecer varios procesos al interior de la Corte Suprema de Justicia a cambio de millonarias sumas de dinero.Agregó que el exfiscal Luis Gustavo Moreno no mintió.Sin embargo, Ricaurte afirmó ante Noticias Caracol que Moreno era “un mentiroso” y que “todo era una invención de la Fiscalía para distraer a la opinión pública cuando se estaban acercando a la intervención de unos directivos de la cúpula de la Fiscalía en Odebrecht”.Francisco Ricaurte decidió entregarse un día después de conocer que había sido condenado por el escándalo del cartel de la toga.Ese día insistió en que era “inocente. Jamás di ni ofrecí dinero u otra utilidad a ningún servidor judicial durante toda mi vida judicial y de ejercicio profesional”.
Winifer Mendoza, de 24 años, desapareció el pasado 13 de marzo de 2022 en la ciudad de Armenia, había viajado a la ciudad de Bogotá, pero nunca se supo más de su paradero. Era la menor de tres hermanos de nacionalidad venezolana y se caracterizaba por ser una mujer carismática e independiente. Su desaparición conmocionó a toda la ciudad.Ella vivía en la vereda del Caimo en la zona rural de Armenia con su pareja sentimental, Alberto Lisandro Vielba, de 27 años, después de que él la convenciera de salir de Venezuela por la situación económica que vivía el país. Ella aceptó y los dos empezaron a trabajar juntos en una finca. Sin embargo, el 21 de marzo de 2022 misteriosamente Mendoza desapareció sin dejar ningún rastro. “El miércoles me llamó mi mamá preguntándome que yo qué sabía de Winifer, me dice que ella no ha escrito, no ha enviado mensajes ni nada”, mencionó Félix Mendoza, hermano mayor de Winifer y con quien hablaba todos los días.>>> Enemigo cercano: así fue el atroz crimen de Nicolás Ayala en el municipio de LebrijaEn ese momento, ni su hermano ni su pareja decidieron comunicarse con la Policía hasta que recibieron una llamada de Fernando Itriago, un joven venezolano que residía en la ciudad de Bogotá. Al parecer, Winifer le había escrito a él que iba a viajar a la capital, pero él aseguro que ella nunca apareció.Tras varios días desaparecida, Félix decidió viajar a Armenia en búsqueda del paradero de su hermana. Las autoridades recibieron una denuncia por parte de Itriago, por tanto, en las investigaciones concluyeron que no había sido un motivo de secuestro, ya que, ella “no tenía enemigos ni era considerada una persona adinerada”.>>> Secta satánica estaría detrás de muerte de mujeres en Barranquilla: marcaba los cuerpos con el 666“Ella andaba rara, ya no era la misma. Yo le dije que, si ella no quería tener nada conmigo que se podía ir, pero ella me decía que no, que ella me quería y quería seguir conmigo”, aseguró Alberto Vielba. Sin embargo, Winifer estaba teniendo frecuentes conversaciones comprometedoras con su amigo Fernando, hasta tal punto de intentar tener una relación amorosa. Los chats fueron encontrados por Vielba quien no dudó en enfrentar lo sucedido con ella.Mientras tanto, su familia recibía llamadas extorsivas por parte de grupos paramilitares pidiendo recompensa por su familiar. “Uno del desespero quería pagar, ya después cuando nos calmamos, pensamos con la mente fría, pero era llamada tras llamada”, mencionó Félix. No obstante, ninguna de ellas entregó información real del paradero de Winifer.>>> Secta satánica, feminicidio y engaño: la desgarradora historia de Brenda Pájaro en BarranquillaLas autoridades e investigadores del caso pidieron el teléfono de ella y de su pareja para determinar los movimientos que tuvo en el momento de su desaparición, con los resultados ordenaron un allanamiento a la finca donde vivían. Al lugar, acudieron policías y un grupo especializado en criminalística. Con un químico utilizado en la vivienda se pudo determinar sangre en varias partes de la habitación y también en el baño. En una de las maletas de Alberto se encontró el celular de Winifer, por lo que, se concluyó que ella nunca salió de la finca. La Policía procedió a realizar la captura de Alberto Vielba, su presunto homicida.“La agarré por el cuello, la apreté y después ella cayó al piso. Estaba ensangrentada no sé con qué se golpeó, pero había sangre, agarré un cable y la apreté cuando vi que ella estaba ahí no sabía qué hacer. Estaba asustado”, relató Vielba a El Rastro.>>> SIM cards, moto verde y camiseta deportiva: las pistas que dejaron los homicidas de Nicolás AyalaUn grupo de la Sijin encontró dentro de la finca el cuerpo de Winifer enterrado a pocos centímetros de profundidad, debido a que, Alberto decidió contar la verdad de los hechos cuando por un presunto ataque de rabia la atacó, pues aseguró haberse sentido traicionado por parte de ella. La Fiscalía lo acusó por el delito de feminicidio agravado, el cual aceptó. Fue condenado a 31 años de prisión y permanece detenido en la estación de policía de Armenia.
Valentina Mosquera Fajardo, de 18 años, era una joven huilense que soñaba con ser abogada. Sin embargo, el 10 de febrero de 2018 desapareció en extrañas circunstancias en la ciudad de Neiva. Su madre, María Fernanda Fajardo, estuvo llamando al celular de su hija en reiteradas ocasiones sin obtener respuesta.“Al otro día me alzaban el celular, pero no me lo contestaban. Ya en la tarde, dije pero que pasó con Valentina. Ese día no apareció en toda la noche, dormí mal, pensativa”, aseguró su madre. Además, recuerdan que Valentina tuvo una relación con Steven Diaz, un joven dos años mayor que ella y con quien estudiaba en el mismo colegio. Sin embargo, Fajardo nunca estuvo de acuerdo con esa relación, pues el chico tenía malas amistades, robaba y consumía diferentes drogas. “Esa relación se convirtió en algo tormentoso, paso de ser algo bueno a algo dañino para ella”, mencionó uno de sus familiares cercanos.>>> Enemigo cercano: así fue el atroz crimen de Nicolás Ayala en el municipio de LebrijaCuatro meses antes de la desaparición de Valentina, su familia había notado cambios positivos en ella, pues había terminado con Steven después de seis años de relación. “La sentí más cariñosa, en realidad ella ya quería zafarse de esa situación y volver a empezar. Me decía madre yo te amo mucho, sé que hemos tenido choques, pero yo estoy aquí y siempre voy a estar al lado tuyo. Fueron unas palabras que me llenaron de alegría y dije ahora sí, mi hija por fin salió de todo eso”, mencionó su madre.En la mañana del día de los hechos, Valentina le comentó a su mamá que tenía que salir urgente porque un amigo de ella le iba a regalar un computador, algo que le pareció extraño. Sin embargo, ese día no regresó y su familia tampoco recibió noticias sobre su paradero. El lunes, 12 de febrero, 40 horas después de su desaparición, al celular de María Fernanda llegó un mensaje del teléfono de su hija que decía que estaba en San Agustín, además, adjuntó una fotografía del lugar.>>> SIM cards, moto verde y camiseta deportiva: las pistas que dejaron los homicidas de Nicolás AyalaEl misterio era que también desde el WhatsApp de ella les llegaron mensajes a sus familiares, entre ellos, a una de sus primas más cercanas pidiéndole dinero para pagar una deuda por un accidente que tuvo en moto. Un hecho diferente a lo que le habría comentado a su madre. Pocos minutos después María Fernanda recibió una llamada de su hermana en donde le gritaba desesperadamente que habían encontrado un cuerpo embolsado y abandonado en un paraje boscoso, pero a ella no le aterraba la idea de que fuera su hija porque acababa de hablar con ella. Sin embargo, por la insistencia de su familia decidió dirigirse a la morgue y verificar si el cuerpo hallado por las autoridades era o no de su hija Valentina. Pero ¿Quién estaba usado su celular? ¿por qué se estaban haciendo pasar por ella para pedir dinero a sus amigos?El cuerpo encontrado era de una femenina en donde presentaba fuertes golpes en la cabeza y marcas en sus muñecas y tobillos. Su madre pudo confirmar que era su hija cuando las autoridades le mostraron uno de sus tatuajes en la espalda con el nombre de su anterior pareja, Steven. Por lo que, él fue el principal sospechoso del asesinato de Valentina.>>> La desaparición de una joven de 24 años en Armenia que terminó en un trágico finalNo obstante, Andrés, su mejor amigo, recordó cuando Valentina le dijo que ese día se iba a ver con Álvaro Albarracín, un estudiante universitario de 24 años. “Yo le dije que no fuera porque ese man tenía cara de loco, psicópata, morboso y a ella le quedo sonando, pero ella se fue y no me hizo caso”, aseguró su amigo a El Rastro.En el desarrollo de la investigación las autoridades determinaron que Valentina había cumplido una cita amorosa. Su madre se enteró que ella era dama de compañía, así se lo hizo saber Andrés a los investigadores. “Yo no tenía ni cara de cómo decirle a la mamá, ella no sabía eso. Ya llevaba casi año y medio en eso”, mencionó su amigo.>>> Secta satánica estaría detrás de muerte de mujeres en Barranquilla: marcaba los cuerpos con el 666Por ello, la Sijin concluyó que Albarracín había provocado la muerte de la joven durante un acto sexual donde la habría asfixiado y posteriormente, él junto a su pareja sentimental, Andry Yised Polanía, ocultaron el cuerpo sin vida y realizaron el traslado de este. Las autoridades dieron con la ubicación de la vivienda de los homicidas y junto a la Fiscalía hicieron el allanamiento de esta. En la habitación principal había en cada esquina de la cama unas cuerdas que señalaban que se usaron en las muñecas y tobillos de Valentina.Las autoridades realizaron la captura de esta pareja por el asesinato de Valentina Mosquera Fajardo. A Albarracín le imputaron cargos de feminicidio y a Andry Yised el de favorecimiento. A ella le dieron una condena a 4 años de prisión, pero fue beneficiada para pagar su condena en prisión domiciliaria, mientras que, a él le dieron, dos años después de la muerte de Valentina, una condena de 25 años de cárcel y que cumple en la cárcel Las Heliconias de Florencia, Caquetá.>>> Secta satánica, feminicidio y engaño: la desgarradora historia de Brenda Pájaro en BarranquillaPese a la sentencia interpuesta por la Fiscalía, su familia no está de acuerdo con está condena que les dieron a los asesinos por el atroz crimen de Valentina. “Dios sabe cómo actúa en cada momento, y Dios sabe por todo lo que he pasado y lo que he luchado para que está muerte suya llegue a un final donde usted también pueda descansar tranquila”, dijo su madre mientras estaba en frente de la tumba de su hija.
Durante los primeros meses de 2024, 771 personas han sido reportadas como desaparecidas en Colombia. De esta cifra, 186 son mujeres menores de 18 años.>>> Crudo relato de madre que busca a hija desaparecida: "Extranjero dijo que se la llevaría"Bogotá sigue siendo una de las ciudades con más casos. De 307 desaparecidos, 118 son mujeres menores de edad. La mayoría de los jóvenes desaparecidos, dice la Policía, terminan consumiendo drogas.El sector de la calle de San Bernardo, ubicado en el centro de Bogotá, seis de cada ocho familias encuentran a sus hijos desaparecidos, de acuerdo con datos de las autoridades.Joven apareció en calle de San Bernardo, centro de BogotáTal fue el caso de una joven que permaneció desaparecida por casi 20 días y la encontraron en esta peligrosa calle de la capital colombiana.La mujer de 22 años no quería salir del sitio. Su padre la encontró junto al que sería su pareja sentimental en medio de adictos y expendedores de drogas.El padre de la joven explicó a Noticias Caracol que, tras casi 20 días desaparecida y buscándola por hospitales y fundaciones, llegó hasta Medicina Legal.“Estaba en Medicina Legal colocando la denuncia por desaparición cuando ella se comunicó con una amiga pidiéndole plata para pagar un arriendo, algo le pidió. Entonces la mamá me llamó y me dijo que estaba acá en el San Bernardo. Inmediatamente, salí de Medicina Legal y me fui a buscarla”, narró el papá de la joven.Caminó pocas cuadras y llegó a un sector del barrio San Bernardo, donde se reúnen a diario cerca de 200 habitantes de calle. Justo en ese momento había un operativo de la Policía.“Venía bajando y vi mucha Policía y Ejército. Entonces decidí entrar porque me dio seguridad y le pregunté a un señor agente que si podía ingresar y me dijo que sí, cuando vi a mi hija allí parada en ese estado tan deplorable”, agregó.>>> No hay rastro de Eileen Paz, niña de 2 años desaparecida en Roncesvalles, TolimaUn hombre, que aseguró ser su novio, trató de impedir el rescate de la joven.“Se encontraba en compañía, al parecer, de su pareja sentimental. Al momento de encontrarla el señor padre fue desgarrador, ella no quería ser rescatada y ahí se asume que es por los efectos de los estupefacientes. Se logra convencerla de que regrese al seno de su familia”, informó el mayor Jairo Osorio, comandante de la estación Santa Fe de la Policía.Casos como este, explicó el oficial, se repiten a diario en esta zona de la ciudad, hasta donde llegan familiares a buscar a sus seres queridos. Lo hacen en medio de las bandas que manejan cerca de diez ollas o expendios de drogas ilegales en el sector.La Policía aseguró que de día y de noche hacen acompañamientos permanentes a los familiares que buscan a sus seres queridos en sectores como estos en las diferentes zonas de Bogotá y que los ciudadanos que requieran este servicio se pueden comunicar a la línea 123 de la Policía Nacional.
Noticias Caracol conoció la historia de Bivien, una compañía vallecaucana con más de 30 años de tradición y 800 empleados que trabajan día a día en la fabricación y comercialización de 14 marcas en bienestar y cuidado personal.>>> César Caicedo habla del "BUM" de Colombina que la volvió una gran exportadora de dulcesJuan Ramón Guzmán, uno de sus cofundadores, contó cómo ha sido levantar este negocio.“Se lo digo a mis hijas y se lo digo a mis colaboradores, yo tengo cuatro cosas que siempre les repito, que uno en la vida tiene que tener para que le vaya bien: primero, pasión; segundo, disciplina; tres, conocimiento y cuatro, ser buena persona”, aseguró Juan Ramón.Como padre y capitán de este gran barco, este siempre ha sido el mensaje de Juan Ramón. Palabras que se han convertido en su mantra para llegar a miles de hogares colombianos con los productos que nacieron y crecieron en esta compañía colombiana.Juan Ramón asegura que su mentalidad emprendedora la aprendió de su madre. “Ella tuvo un almacén, entre cosas de cosméticos, y yo toda la vida vi a mi mamá cómo luchaba, cómo trabajaba, una disciplina, una pasión por lo que hacía”.>>> Le puede interesar: ¿Cuál es la nueva aerolínea que llegará al país? Ofrecerá vuelos a través de hidroavionesEste ejemplo lo llevó a iniciar junto a su primo Jorge Bermúdez una empresa de importación y comercialización de productos de belleza.Inicialmente, se llamaron Belleza Express y habían adquirido Arrurú, una de sus marcas con mayor recordación en el cuidado de bebés. Hoy, con 23 años que llevan fabricando productos que hacen parte de la categoría de cuidado personal, los colombianos comienzan a identificarlos con el nuevo nombre de la compañía: Bivien.Desde el centro de distribución ubicado en la vía Cali - Jamundí, en el Valle del Cauca, despachan sus productos a las diferentes ciudades de Colombia, pero también a Perú, Ecuador, Panamá, y otros países de Centro América y el Caribe.En total, son 14 marcas: Arrurú, Menticol, Intibón, Sunpro, Aromasense, Bio Herbal y Nutrit, entre otras.
Daniel Ortega llegó al poder en Nicaragua en el 2007 y desde ese entonces sus opositores han sentido una persecución política que ha traspasado fronteras. Algunos exiliados dicen que la pena más grande para ellos ha sido el arrebato de su nacionalidad.>>> Exabogado de Donald Trump reconoce que mintió en caso de Stormy Daniels: lo desenmascaróEl nacer en una ciudad, recorrer sus calles, conocer su gente, disfrutar de su cultura desde pequeño, lo hace ser miembro, participe y patriota. Para Edipcia, ese es el significado de ser nicaragüense, pero ese derecho le fue arrebatado por pensar diferente en el régimen de Daniel Ortega.“Me duele no despertar en mi casa, me duele no tener todo por lo que había trabajado. O sea, yo terminé la universidad a los 23 años, inmediatamente comencé a trabajar, o sea, tengo casi 20 años de trabajar en Nicaragua y todo lo que acumule en términos de seguridad social, en términos de experiencia sencillamente me lo quieren borrar y lo que estoy haciendo es defendiendo, diciendo ‘no, no me lo vas a borrar porque no tenés derecho a eso’”, señala Edipcia Dubón, exdiputada.Pero no solo Edipcia fue desnacionalizada, otros 94 nicaragüenses más sufrieron las consecuencias de este régimen. Enrique, exdiputado, también siente que Ortega le puso una lápida encima, lo que él llama: la muerte civil.“Me despojaron de la casa, las cuentas bancarias que pudieras tener. En mi caso, como una persona que ya estaba jubilada, me anularon la pensión de jubilación, pero además nos declararon prófugos de la justicia como si fuéramos delincuentes, con el propósito de que Interpol no nos dejara en paz donde estuviéramos o donde fuéramos”, relata Enrique.>>> Erupción de volcán en Indonesia deja impresionantes imágenes de columna de cenizaPara ellos, la desnacionalización no fue la única medida tomada por Ortega en contra de sus opositores, todo inició con el exilio.“Lo único que tiene sentido es regresar a mi casa, es regresar a lo que es mío, es recuperar lo mío y que las personas que no lo tienen en este momento lo recuperen, porque esto es una gran injusticia. Lo único que hemos hecho es pensar diferente”, dice Edipcia Dubón.Según la Acnur, entre el 2018 y junio del 2023 más de 930 mil personas han abandonado Nicaragua. De esas 874 mil han pedido asilo y 60 mil tienen estatus de refugiado, pero ellos tienen una misma historia, están a la deriva en un país que no es el suyo.