El alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov, enfrenta un nuevo lío, esta vez con la Fiscalía General de la Nación, que lo imputará el próximo 28 de julio por el delito de interés indebido en la celebración de contratos.
El mandatario de la capital boyacense habría cometido irregularidades con un contrato de prestación de servicios que el abogado Juan Sebastián Ramírez García firmó con Ecovivienda por un valor superior a los 50 millones de pesos.
Abogado Ramírez había demandado al alcalde de Tunja
El jurista había radicado una demanda en noviembre de 2023 para que se declarara nula la elección de Mikhail Krasnov al considerar que estaba inhabilitado, pues hasta diciembre de 2022 tenía un contrato con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y fue elegido en octubre de 2023, sin que se cumplieran los 12 meses que exige la ley para postularse a un cargo público.
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No obstante, a comienzos de 2024 retiró dicha demanda y unos días después firmó el polémico contrato que hoy tiene en la mira al alcalde de Tunja.
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Por este caso no solo será imputado Krasnov, también deberá responder el abogado Ramírez y quien fuera el gerente de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez. También vincularían a la exgestora social de Tunja, Sara Catalina Pedraza.
Alcalde Krasnov espera por fallo de segunda instancia sobre su elección
Además del proceso con la Fiscalía, el Consejo de Estado estaría próximo a confirmar si anula o mantiene la elección del ciudadano ruso por el contrato anteriormente mencionado con la Universidad Pedagógica.
En un concepto, la Procuraduría General de la Nación pidió al alto tribunal confirmar la sentencia, al considerar que dicho contrato fue celebrado dentro del periodo que configuraba una inhabilidad, en interés propio y con ejecución en el municipio de Tunja, aunque se haya desarrollado de forma virtual.
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El Ministerio Público, además, había formulado pliego de cargos contra el alcalde Mikhail Krasnov y su secretario de Fomento Económico, Gustavo Adolfo López Avella, por posibles irregularidades en un contrato de prestación de servicios profesionales “para brindar apoyo a la unidad de gestión empresarial y competitividad de la Secretaría de Fomento Económico y Servicios".
“Al parecer, el contratista no cumplía con las condiciones exigidas para la celebración del bilateral, pues para el momento de la firma del contrato no contaba con tarjeta profesional vigente como diseñador industrial, ni habría iniciado trámite alguno para su expedición”, señaló la Procuraduría.
“Dicho documento fue expedido de manera posterior, un mes y diecinueve días después de la suscripción”, precisó el organismo disciplinario, que también cuestionó “la conducta de López Avella, en su condición de secretario de Fomento Económico de la Alcaldía de Tunja, quien habría suscrito los estudios previos y la certificación de idoneidad del contrato de prestación de servicios, pese a que este último requisito no se cumplía, lo que pudo vulnerar los deberes que tenía como servidor público”.
POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
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