Un juez emitió hoy la condena contra el patrullero de la Policía Juan Camilo Lloreda por el homicidio de Javier Ordóñez, en un CAI de Bogotá, el pasado 9 de septiembre.Lloreda fue sentenciado a 20 años de prisión luego de lograr un acuerdo con la Fiscalía para dar detalles de lo ocurrido con la muerte de Javier Ordóñez esa noche.El patrullero reconoció que fue quien le puso el taser a Javier Ordóñez, quien además recibió fuertes golpes de otros uniformados.Vea además: Tres policías, a responder por asesinato de 4 personas en protestas tras la muerte de Javier OrdóñezOtro patrullero es llamado a imputación de cargos por muerte de Javier OrdóñezEl otro detenido, Arbey Rodríguez, enfrentará un juicio por su responsabilidad en este caso.El crimen de Javier Ordóñez generó protestas que terminaron con otras 13 muertes en Bogotá y Soacha y la destrucción de varios CAI.
Durante diversos operativos de la Policía, realizados el pasado miércoles 28 de abril, fueron capturados 14 supuestos terroristas que habrían participado en los desmanes de septiembre 9 y 10 de 2020 en Bogotá, ocurridos durante la protesta por el asesinato de Javier Ordóñez.El fiscal general Francisco Barbosa y la Policía revelaron que las capturas se dieron en Cali y Bogotá, con todos los sustentos legales y gracias a una completa investigación.Al ser presentada las 14 personas ante una juez de control de garantías, esta declaró que los derechos de los capturados fueron vulnerados, ya que las órdenes de detención no tenían claros los hechos y los motivos de la detención por concierto para delinquir y terrorismo.La Fiscalía advirtió en un comunicado que es ajena al error."En los documentos que sustentan la orden de captura, el citado juez 61 no consignó toda la información necesaria para soportar los procedimientos. Esta situación es ajena a la Fiscalía General de la Nación", aseguró la entidad en el documento.Para el abogado Ricardo Burgos, el error es del ente acusador.“Lo que quiso decir la señora juez de control de garantías en su decisión es que la Fiscalía fue insuficiente en sus argumentos. Manifestó que en un delito, como el terrorismo, jamás se explicó cuáles fueron los días, los motivos, los hechos”, indicó.Y agregó que, de acuerdo con la juez, tampoco se precisó “en qué momento las personas se encontraron vinculadas en el delito, cómo se desarrollaron los actos de terrorismo y cuáles son los hechos jurídicamente relevantes que respaldan el delito imputado”.La orden de libertad de los 14 detenidos fue inmediata. La juez también afirmó que su decisión obedece a una revisión formal del caso e incluso considera que es importante compulsar copias para investigar qué pudo haber fallado en este proceso.
Un dramático video les mostró al país parte de lo que ocurrió con Javier Ordoñez en el CAI de Villaluz, de Bogotá, el 7 de septiembre de 2020.El fiscal del caso consignó así ante el juez lo ocurrido.El video fue una de las 13 pruebas de la Fiscalía contra el patrullero Lloreda, quien minutos antes sometió a Ordóñez con un taser como se vio en un video que circuló ampliamente en redes sociales.Lloreda llegó a un preacuerdo con la Fiscalía en el que aceptó su responsabilidad en el homicidio como coautor a cambio de que el ente investigador cediera en un punto.“El déficit del quantum punitivo se va a ver superado por la cantidad de verdad que pueda vertir en el proceso o en los diferentes procesos el señor Lloreda, quien ahora es testigo clave no solamente de este proceso sino en otras líneas de investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación", expresó Vadith Gómez, abogado dela familia Ordoñez.Al final el preacuerdo avalado por el juez, y aceptado por la familia de Ordóñez, condenó al patrullero a 19 años de cárcel por homicidio simple y un año más por tortura agravada, tal como quedó en el preacuerdo, que obliga al patrullero a colaborar para esclarecer las responsabilidades de varios uniformados en la muerte de Javier Ordóñez.También debe hacer un acto de perdón público con destino a las víctimas y a la sociedad.
El patrullero Juan Camilo Lloreda, quien aceptó cargos por la muerte de Javier Ordóñez en Bogotá, pagará 20 años de cárcel y una multa de 1.500 salarios mínimos mensuales. Lo anterior quedó estipulado luego de que el Juzgado Octavo Penal Especializado de Bogotá avalara el preacuerdo firmado entre el patrullero Juan Camilo Lloreda y la Fiscalía.Según informó el ente acusador, Lloreda no solo aceptó su culpa, también “colaborará con el pleno esclarecimiento de lo ocurrido y ofrecerá un acto público de perdón a las víctimas”.La muerte de Ordóñez sucedió la madrugada 9 de septiembre de 2020 en el CAI del barrio Villa Luz, en el noroccidente de Bogotá.Ese día, el estudiante de Derecho departía con algunas personas en su apartamento, salió a la calle y allí tuvo un encontrón con un grupo de policías.El patrullero Juan Camilo Lloreda, que era uno de los uniformados, le propinó varias descargas eléctricas con una pistola taser a Ordóñez.La brutal agresión fue grabada y divulgada por redes sociales por los acompañantes de la víctima, imágenes que indignaron a Colombia y desataron una ola de protestas.Las pruebas contra el uniformado eran tan contundentes que no tuvo otro camino que buscar un acuerdo con la Fiscalía para aceptar sus cargos, negocio jurídico que acaba de ser avalado: Lloreda pagará 20 años de cárcel, una multa de 1.500 salarios mínimos legales vigentes (1.362’789.000 de pesos) y un acto de desagravio y perdón como culpable de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada.“Respecto al otro vinculado, el patrullero Harvy Damián Rodríguez Díaz, la Fiscalía lo acusó formalmente por los delitos de homicidio agravado y tortura agravada”, indicó el ente investigador. Noticia en desarrollo...
Uno de los patrulleros de la Policía implicado en la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez aceptó cargos, buscando una negociación con la Fiscalía.Se trata del uniformado Juan Camilo Lloreda, quien firmó el preacuerdo que deberá ser revisado para ser avalado por un juez.Aunque los problemas de conectividad impidieron la realización de la audiencia contra los policías implicados en la muerte de Javier Ordóñez en el CAI de Villa Luz, en Bogotá, el fiscal del caso alcanzó a exponer la decisión que ha tomado uno de los uniformados de aceptar cargos a cambio de una rebaja en la pena.“Permita a la Fiscalía presentar y socializar para su verificación el preacuerdo”, dijo en la audiencia el fiscal del caso, Juan Carlos Oliveros.El preacuerdo que firmó el patrullero Juan Camilo Lloreda ya lo había dejado en claro su abogado ante el despacho judicial.“Juan Camilo Lloreda acepta cargos y de una vez le solicito su señoría que en esta audiencia se haga el preacuerdo que está previsto”, indicó su abogado, Jesús Herrera.El patrullero Lloreda fue quien accionó la pistola taser contra Javier Ordóñez, la noche del 8 de septiembre del 2020, en el barrio Villa Luz.La golpiza, y luego la muerte del padre de familia en el interior del CAI, generaron graves disturbios en Bogotá y algunas otras ciudades.En cuanto a la situación jurídica del patrullero Harby Damián Rodríguez, la Fiscalía aseguró que seguirá adelante con la acusación por esos hechos.El juez decidirá si acepta o no el preacuerdo que firmo Lloreda con la Fiscalía.
El patrullero de la Policía Andrés Eduardo Díaz Mercado fue vinculado a la investigación por las muertes que se presentaron durante las protestas del pasado 9 de septiembre en Bogotá. Al uniformado lo señalan como responsable de la muerte de Germán Smith Valero, en inmediaciones del CAI de Suba.“Se cuenta con el protocolo de necropsia al cuerpo de la víctima, protocolo que establece que la persona sufre un impacto por herida de proyectil de arma de fuego”, confirmó la fiscal del caso.Para la representante de las víctimas habría una intención por parte del policía para lastimar a los manifestantes.“En un escenario de protesta social con la intención clara y evidente de causar la muerte, en este caso únicamente concreto respecto del ciudadano Germán Puentes Valero. Es decir, no se trató de un resultado eventual, aleatorio o liberado al azar”, dijo Nadia Triviño, representante de las víctimas.Según la Fiscalía, el patrullero Díaz disparó su arma al tratar de defenderse de los manifestantes.“Desenfunda su arma con el fin de salvaguardar su integridad, momento en el cual estaba siendo agredido por una turba, por un grupo de manifestantes”, sostuvo el fiscal del caso.El uniformado no aceptó los cargos y se declaró inocente.
Este martes, la Fiscalía General vinculó formalmente al patrullero de la Policía Jorge Andrés Lasso por su presunta participación en la muerte de la joven Angie Paola Baquero -de 29 años- en las protestas del pasado 9 de septiembre en Bogotá.Con videos de cámaras de seguridad y otras pruebas, el ente investigador le imputó el delito de homicidio al uniformado.La fiscal del caso repasó lo sucedido el 9 de septiembre en manifestaciones que tuvieron lugar tras la muerte de Javier Ordóñez.“Cuando (Angie) se encontraba participando, cantando las arengas que los manifestantes también cantaban, observa que la gente comienza a dispersarse pues, al parecer, desde los árboles, policías estaban disparando a los manifestantes. En ese momento -aproximadamente sobre las 9:17 p.m.- es que la ahora occisa recibe un impacto del proyectil de arma de fuego a la altura del abdomen”, señaló.Tras varios análisis de balística, la Fiscalía determinó que la bala provenía del arma del patrullero Lasso.“Realizando correlación con la información plasmada en el informe investigador de campo del día 17 de septiembre de 2020 se determina que está asignada al funcionario Lasso Valencia Jorge”, explicó.Para el ente investigador, el patrullero usó su arma de forma descuidada, a pesar de estar capacitado.“Ese comportamiento le es atribuible a título de entender y saber que un arma de fuego debe ser utilizada con todo el cuidado y su obligación”, agregó la fiscal.El patrullero Lasso no aceptó el delito imputado y se declaró inocente.
Los patrulleros de la Policía Andrés Eduardo Díaz Mercado y Jhon Antonio Gutiérrez están en la mira de la Fiscalía por su presunta participación en los hechos que causaron terror el pasado 9 de septiembre en la capital del país.Esa noche todo se salió de control tras conocerse la muerte del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, en un procedimiento policial en el CAI Villaluz. Trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha, presuntamente, por balas disparadas por la Policía en medio de los disturbios.Fiscalía, Policía y Procuraduría iniciaron las investigaciones que hoy dan los primeros indicios de lo que ocurrió esa noche de horror en Bogotá. Por esa razón, la Fiscalía llamó a imputación de cargos a los patrulleros Díaz y Gutiérrez por la muerte de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. En diálogo con Noticias Caracol, sus abogados aseguran que lo que ocurrió esa noche se ha querido ocultar a nivel institucional.“Pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones y que 'no se boleteen' expresamente porque existen muchas personas grabando el operativo”, señaló María Alejandra Garzón Mora, abogada de las víctimas.Una de las partes más relevantes de este expediente, que hasta ahora inicia, es el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que admitió que recibió la orden de quitarse su chaqueta por parte de sus superiores.Durante las audiencias de este lunes, en donde se les imputaría el delito de homicidio, los abogados de los uniformados aseguraron que la Fiscalía no tenía competencia en el caso y que, por el contrario, debe ser Justicia Penal Militar la que asuma la investigación. Fiscalía, Procuraduría y los representantes de víctimas se opusieron a esta petición.“Para este delegado del ministerio público aquí se desbordó la función policial, pues esa función policial tiene unos límites respecto a la aplicación del uso de la fuerza y en especial respecto al uso de armas”, manifestó Juan López, representante de la Procuraduría.Las audiencias continuarán el próximo 21 de enero, para el caso del patrullero Gutiérrez, y el 28 de enero la del patrullero Díaz Mercado.
Las imágenes de una noche de caos y terror en el barrio Verbenal todavía estremecen a Bogotá. Todo ocurrió el 9 de septiembre de 2020, pasadas las 9:30 p. m., y encarna uno de los capítulos más sangrientos en la historia de la capital tras las protestas ciudadanas por la tortura y muerte de Javier Ordóñez, apenas 24 horas atrás. Esa noche trece civiles fallecieron en distintos lugares de Bogotá y Soacha presuntamente por balas disparadas por la Policía.Después de cuatro meses, este lunes serán imputados por la Fiscalía tres patrulleros por las muertes de Andrés Felipe Rodríguez, Jaider Fonseca Castillo, Angie Paola Baquero y Germán Puentes Valero. Aunque es un primer avance en el expediente, los familiares de las víctimas y sus abogados insisten en que hay una operación de encubrimiento institucional para que la verdad no se conozca.“Una vez escuchadas las comunicaciones por radio que existen entre el comandante de la estación de Usaquén y las personas que estaban en el operativo del Verbenal, pues se les manifiesta que antes de llegar a este se quiten sus chaquetas, cubran sus identificaciones (...) y que no 'se boleteen', expresamente, porque existen muchas personas grabando el operativo”, afirma María Alejandra Garzón, abogada de las víctimas.¿Para qué quitarse las chaquetas oficiales en el momento más álgido de los enfrentamientos? Esa es la gran pregunta. ¿Lo hicieron para evitar agresiones en su contra o, como dicen los abogados de las víctimas, para que no se identificara a quienes les dispararon a los civiles y protagonizaron los abusos?El protocolo del Ministerio del Interior para atender la protesta ciudadana es así de claro: “(…) la actuación de la Policía Nacional deberá ser desarrollada en todo momento mediante personal y equipos identificados de manera clara y visible".Noticias Caracol conoció el testimonio de uno de los policías que estuvo esa noche en el Verbenal y que resultó lesionado en el rostro. Según dijo, llegó al lugar como refuerzo a las 7:30 p. m. mientras los ataques contra el CAI cada vez eran peores. Su versión resulta clave porque admite que recibió la orden de quitarse su chaqueta."Yo tenía la chaqueta reflectiva puesta, pero antes de llegar al apoyo, por radio, manifestaron que nos quitáramos las chaquetas, que llegáramos sin chaquetas puestas. Desconozco quién dio la orden por radio (...) yo dejé la chaqueta en el baúl de la moto".Lo más inverosímil, dicen los abogados de las víctimas, son las justificaciones de algunos policías sobre el episodio de las chaquetas.“Manifiestan, por ejemplo, que les dan dotación cada dos años y que no las querían ensuciar y por eso se la quitaron, o que se había manchado de sangre o que no querían que se manchara de sangre (…) es una burla a todas las víctimas”, dijo el defensor Juan Felipe Sánchez.Pero hay otras particularidades. Por ejemplo, hay múltiples inconsistencias entre la dotación asignada a algunos policías esa noche y los reportes de pérdida de munición.“Digamos que en este caso concreto de Verbenal hubo inconsistencias en la dotación de 9 policías, incluso agentes que manifiestan no haber estado en servicio ese día. Entonces, genera bastante suspicacia el hecho de que el 9 de septiembre agentes que no estaban de servicio hayan perdido munición”, añade Sánchez.Otro de los puntos que se busca aclarar en el expediente es el súbito relevo de mando en la Policía de Bogotá, momentos previos a que miembros de esa institución dispararan sus armas contra los manifestantes. El coronel Luis Alfredo Sarmiento lo explicó así a la Fiscalía: "el 9 de septiembre estaba como comandante encargado de la Policía metropolitana de Bogotá (…) pero sobre las 20:00 horas mi general Rodríguez arribó indicando que fue notificado para asumir la comandancia de la Bogotá en encargo".El coronel Sarmiento se refiere al general Carlos Rodríguez, quien desde las ocho de la noche de ese 9 de septiembre se puso al frente de la seguridad en Bogotá. Pocas horas después, trece civiles murieron.“En el expediente no se pudo documentar mucho respecto del cambio de los mandos de la Policía a esa hora, precisamente porque la Fiscalía tiene su foco de investigación en encontrar en este momento a las personas que accionan las armas de fuego y no a las personas que dieron la orden presuntamente”, dijo Santiago Serrano, otro abogado de víctimas.El reclamo de estos tres abogados es que la Fiscalía envíe este expediente a la unidad de derechos humanos para que se adelante una sola investigación. Hoy, trece fiscales distintos de la unidad de vida indagan lo que ocurrió, es decir, hay 13 pesquisas paralelas y varias más por las decenas de heridos. ¿Puede reconstruirse la verdad así?Mientras la Fiscalía evalúa esta petición y se apresta a imputar a los primeros tres patrulleros por homicidio, el director de la Policía, general Jorge Luis Vargas, asegura que la institución ha sido transparente con la justicia para que se conozca la verdad.“Para la noche del 9 de septiembre y el 10 de septiembre de la madrugada, desde el puesto de mando unificado del nivel central, y el de la Bogotá, no se dio ninguna orden para que los policiales se quitaran la chaqueta o algún elemento del servicio. Todo lo contrario, que estuvieran identificados y que cumplieran con todas las normas de protección a las personas y a su integridad”, dijo.Y añadió: “en este sentido y frente a unos videos que han circulado a partir de ese día ya la Procuraduría General de la Nación ha tomado acciones, se han identificado policiales, y están en proceso de investigación y de juicio disciplinario”.Lo ocurrido ese 9 de septiembre urge una investigación en contexto. Fueron 305 civiles heridos, 199 policías lesionados, 197 vehículos de la Policía afectados, 72 CAI vandalizados, 86 buses articulados y del SITP vandalizados y 13 incinerados. Unos 31 radios de la Policía hurtados y 22 dañados, 72 circuitos cerrados de televisión averiados, 5 chalecos antibalas extraviados y una pistola de la Policía robada. Eso, además de la violencia contra entidades bancarias, comercios y supermercados y la muerte de una mujer arrollada por un bus del SITP que vándalos se habían robado.Más allá de estos hechos, todos graves y repudiables, la respuesta de la Policía en medio del caos está hoy en el banquillo. La abogada María Alejandra Garzón lo pone en estos términos: “hay fiscales que tienen la tesis de que estaban protegiendo el CAI. ¿En qué momento unas instalaciones, una pared se vuelven más importantes en términos de derechos que la vida de una persona?”.
La Fiscalía citó a audiencia de imputación de cargos a tres policías presuntamente implicados en la muerte de cuatro personas durante las protestas del 9 de septiembre de 2020 en Bogotá, que surgieron tras el abuso policial que le costó la vida al estudiante de Derecho Javier Ordóñez.Luisa Fernanda Obando, delegada del ente investigador para la seguridad ciudadana, sostuvo que, “de acuerdo con los elementos materiales probatorios, se logró establecer la presunta responsabilidad de tres miembros de la Policía por el homicidio cometido en contra de cuatro ciudadanos, entre ellos un menor de edad y una mujer”.El adolescente al que hace referencia la funcionaria tenía 17 años y fue baleado cerca del CAI Verbenal, así como otro joven de 23.En cuanto a las otras dos víctimas, corresponden a una mujer de 27 y otro hombre de 29. Estaban en los barrios Aures y Rincón.De acuerdo con una investigación en curso, al menos 53 uniformados dispararon los días de las protestas por la muerte de Javier Ordóñez.El 18 de enero tendrá lugar la audiencia de imputación de cargos contra los policías.
Tras el anuncio de la Corte Constitucional que declaró “inexequible la ley 2281 de 2023, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad”, por vicios de trámite en su formación, la senadora Paloma Valencia se pronunció apoyando la decisión del alto tribunal.>>> También puede leer: Contraloría raja al Gobierno en ejecución del presupuesto: fue del 9,1% en primeros tres mesesLa congresista se alegró con la decisión del alto tribunal. "La Corte Constitucional acaba de fallar mi demanda contra el Ministerio de la Igualdad y ganamos la demanda”, aseguró.Para la senadora, este ministerio “era pura burocracia”. Valencia habló de cifras que se invirtieron en esta cartera del Gobierno.“Un billón trescientos mil millones, de los cuales 900.000 millones eran para puestos para repartir y apenas 400.000 millones para la inversión que se necesita para los colombianos”, aseguró la también abogada.Además, Paloma Valencia criticó la ejecución que hasta ahora ha tenido el Ministerio de Igualdad. “Una vergüenza, todo lo que llevan tratando de implementar solo han logrado un 1,6% de ejecución del presupuesto”, sostuvo.La parlamentaria también se refirió a la gestión del Gobierno nacional en el estudio previo a la creación de este ministerio: “El Gobierno nunca mostró un estudio de impacto ambiental sobre este proyecto".Y agregó que “este precedente muestra que todas las reformas del Gobierno están heridas de muerte porque están haciendo política irresponsable, simplemente apoyando proyectos sin saber ni siquiera cuánto valen”.Paloma Valencia concluyó con una referencia de lo que para ella es el proceso que permite llegar a la igualdad en Colombia.“La igualdad se consigue construyendo lo que los colombianos necesitan y no dándoles burocracia a los amigos”, concluyó.¿La decisión tiene efecto inmediato?La decisión que tumba la creación del Ministerio de Igualdad no se aplicará de manera inmediata, pues la Corte Constitucional "encontró que declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabeza"."En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el Legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política”, precisó.Para evitar esos efectos adversos y “con el objeto de conciliar los intereses y principios constitucionales en tensión y salvaguardar el principio de igualdad, la Sala Plena resolvió diferir los efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas".Es decir, el alto tribunal detalló que, "una vez culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”.>>> También puede leer: Francia Márquez se refirió a investigación de la campaña Petro presidente: “No hay nada que temer”
En la actualidad, el 40,3% de los hogares colombianos viven en arrendamiento, una modalidad que había perdido algo de campo hace unos años. Esto se traduce en que 4 de cada 10 familias en el país viven en inmuebles alquilados.>>> Puede interesarle: ¿Pensando en arrendar o comprar vivienda? Tenga en cuenta estos consejosEn esta entrega de Signo Pesos, Mario Andrés Ramírez, presidente de Fedelonjas, habla sobre el incremento de los cánones de arrendamiento, cómo está el sector actualmente y a qué se debe el incremento de familias viviendo en alquiler."Pasamos de ser un país de propietarios a ser un país de arrendatarios. La gente con el arrendamiento tiene la facilidad de tener una vivienda digna y de calidad", comentó Ramírez, quien explicó que este cambio se evidenció radicalmente en 2022.¿Hay problemas para adquirir vivienda en el país? ¿Los cambios se deben a los nuevos tipos de familias? ¿Qué tipo de viviendas en arrendamiento son las más populares? El experto responde.>>> En temas relacionados: ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Medellín, según reciente informe?
La Corte Constitucional dio a conocer este miércoles, 8 de mayo de 2024, que declaró “inexequible la ley 2281 de 2023, por medio de la cual se crea el Ministerio de Igualdad y Equidad”, por vicios de trámite en su formación.>>>Vea también: Paloma Valencia sobre fallo que tumba al Ministerio de Igualdad: "Era pura burocracia"El alto tribunal resolvió diferir los efectos de la decisión “por el término de dos legislaturas, contadas a partir del 20 de julio 2024”, y que, cuando “culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”.Mediante su comunicado, la Corte Constitucional aclaró los fundamentos para tomar la decisión y explicó que, “en el trámite de aprobación de la ley 2281 de 2023, el Congreso de la República incurrió en un vicio de procedimiento insubsanable: no llevó a cabo el análisis de impacto fiscal de la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad, conforme a las exigencias previstas en el artículo 7º de la ley 819 de 2003, por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.También aseguró que la omisión “violó el artículo 151 de la Constitución, según el cual el cumplimiento de los requisitos para la aprobación de las leyes ordinarias previstos en las leyes orgánicas, tales como la ley 819 de 2003, constituyen un parámetro de constitucionalidad y validez. Por esta razón, la Sala Plena declaró la inexequibilidad de la ley 2281 de 2023”.Respecto a por qué la decisión no tiene efecto inmediato, el alto tribunal explicó que "encontró que declarar la inexequibilidad con efectos inmediatos implicaría la eliminación del sector administrativo de Igualdad y Equidad y, naturalmente, del ministerio que lo encabeza". "En criterio de la Sala Plena, esto causaría una desarticulación institucional que afectaría la implementación de la política pública que ha sido diseñada por el Legislador y el Ejecutivo para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional, tales como las madres cabeza de familia y las personas en situación de discapacidad. Lo anterior, podría, a su vez, comprometer la vigencia del principio de igualdad y, en concreto, el mandato previsto en el artículo 13.3 de la Carta Política”, precisó.Para evitar esos efectos adversos y “con el objeto de conciliar los intereses y principios constitucionales en tensión y salvaguardar el principio de igualdad, la Sala Plena resolvió diferir los efectos de esta decisión por el término de dos legislaturas". "En criterio de la Sala, este término prudencial reduciría los riesgos de la inexequibilidad inmediata advertidos, debido a que permitiría (i) que el Legislador, por iniciativa legislativa del Gobierno nacional, si así lo considera, apruebe la creación del Ministerio de Igualdad y Equidad en cumplimiento de las exigencias y requisitos de aprobación de las leyes previstos en la Constitución y la ley 819 de 2003; o (ii) en su defecto, el Gobierno nacional cuente con un tiempo suficiente para reasignar las funciones que fueron otorgadas al Ministerio de Igualdad y Equidad y lleve a cabo las modificaciones en la administración pública nacional que correspondan para evitar afectaciones a los derechos de los sujetos de especial protección constitucional que son beneficiarios de la política pública que actualmente dirige el Ministerio de Igualdad y Equidad", detalló la Corte Constitucional.Finalmente, el alto tribunal indicó que, "una vez culmine la legislatura 2025-2026, la ley 2281 de 2023 dejará de producir efectos definitivamente y no formará parte del ordenamiento jurídico”.>>>También le puede interesar: CNE rechazó declaraciones de Gustavo Petro por investigación: “Se afecta la democracia"
La inflación en Colombia completó más de un año moderándose, desde el pico aquel por encima del 13% que tuvo arrancando el año 2023. En abril de 2024 tuvo su menor variación desde comienzos del año 2022.>>> También le puede interesar: ¿Cómo está el panorama actual de la producción y consumo de café en Colombia?El DANE reportó este miércoles, 8 de mayo de 2024, que la inflación en Colombia durante abril tuvo una variación anual del 7,16%.Analistas creen que como la inflación se sigue moderando, el Banco de la República seguirá bajando sus tasas de interés para reactivar la economía.Otros indicadores de la economía en ColombiaEn abril, Colombia tuvo una producción de café de 742.000 sacos, con un crecimiento del 31%, reporta la Federación Nacional de Cafeteros.El grupo de Empresas Públicas de Medellín, EPM, reporta sus resultados financieros del primer trimestre. Tuvo ingresos por 10,1 billones de pesos, aumentó un 12% y dejó ganancias por 1,7 billones de pesos, o sea, que crece en un 6%.El proyecto Hidroituango empieza a tener un peso importante dentro de las finanzas de EPM.Y en el primer trimestre de este año, reporta el Gobierno nacional, llegaron al país 1,6 millones de visitantes no residentes, con un crecimiento del 7,6%, lo que es importante para el sector turístico.Subió el dólar y se monta otra vez por encima de los $3.900. La tasa representativa para este jueves, 9 de mayo de 2024, es de $3.902,63.También subió el petróleo Brent y se ubica en US$83,58 por barril y sube el café. El precio de referencia para este jueves es de $1.505.000 por carga en promedio.>>> Entérese también de: Ganancias de Ecopetrol volvieron a desplomarse: bajaron 29,1% en primer trimestre de 2024
Sobre las investigaciones que se adelantan sobre la posible violación de los topes de recursos en la campaña Petro presidente, se conoció un testimonio del gerente de esa campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.>>> También le puede interesar: Pruebas del CNE de supuesta violación de topes electorales en campaña Petro presidenteNoticias Caracol evidenció que Ricardo Roa rindió declaración ante la Comisión de Acusación el 18 de abril de 2024, como exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro, para explicar distintas incógnitas.Roa dijo que sí se reunió con dirigentes de Fecode, pero que este sindicado tiene personería jurídica y, por lo tanto, la ley impide que pueda aportar a las campañas presidenciales. También negó haber recibido dineros por parte de Alfonso Hilsaca, conocido como el Turco; de Samuel Santander Lopesierra, que se conoce como el Hombre Marlboro, y del empresario Christian Daes.Además, Roa explicó cuáles fueron las instrucciones que dio el presidente Gustavo Petro para que al interior de la campaña se tomaran medidas y no se violaran los topes electorales.“Fue la segunda gran premisa de esta gerencia de campaña, el no permitir bajo ninguna circunstancia la violación de los montos establecidos en las circulares del Consejo Nacional Electoral. Y fue ahí donde decidí la conformación de ese comité conformado por el auditor, el gerente de la campaña, el director jurídico, el contador y el tesorero”, dijo Ricardo Roa, exgerente de la campaña Petro presidente.Sobre la orden del presidente Petro, Roa fue claro al afirmar lo siguiente: “Hago referencia a la segunda premisa, pues no podemos exceder los montos aprobados en ninguna circunstancia. Y ese fue la segunda instrucción, después de evitar la procedencia indebida y el riesgo, la vulnerabilidad que tenía el proyecto político de esas eventuales infiltraciones de recursos”.De otra parte, los congresistas María José Pizarro y David Racero presentaron una recusación en contra del magistrado Álvaro Hernán Prada ante el Consejo Nacional Electoral, en medio del proceso que lleva en contra del presidente Gustavo Petro y la financiación de su campaña presidencial.Los congresistas dicen que esto es por la evidente vulneración del principio de imparcialidad y por un régimen de conflicto de intereses.>>> También le puede interesar: Presidente Petro se pronuncia por ponencia de pliego de cargos contra su campaña