Desde hace cuatro años, dos abogados comenzaron su lucha para que las pistolas taser se prohíban en Colombia. Tras la brutal muerte de Javier Ordóñez, este tema vuelve a tomar relevancia.
El miércoles en la mañana, mientras el país repasaba el video de la tortura a Ordóñez, Juan David Mesa y Camilo Araque se cruzaban mensajes desconsolados por la lentitud de la justicia. Hace 45 meses interpusieron una acción de nulidad buscando prohibir el uso de las taser… aún no hay una decisión.
Javier no está, murió, y el expediente se llena de polvo en el Consejo de Estado.
“Nuestro objetivo en diciembre de 2016 era evitar precisamente lo que sucedió con el abogado Ordóñez, era precisamente evitar la desproporción y la legitimación de la tortura como un medio institucional para lograr resultados. Entonces lo que podemos sentir es una tremenda frustración después de casi cuatro años de haber interpuesto esta demanda no tener ningún resultado más allá de una admisión”, dice Juan David Mesa Ramírez, abogado especialista en Derecho Administrativo.
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En su demanda, Mesa y Araque sostienen que este tipo de armas de baja letalidad constituyen un acto de tortura inadmisible en un Estado de Derecho y que la resolución de la Policía del año 2012 -que reglamentó su uso- no fijó límites ni protocolos, dejando a la ciudadanía a merced del juicio del patrullero que las porte.
“No hay protocolos como tal, no se conocen como tal, esa es una respuesta para la prensa porque insisto: el decreto que estamos demandando le da un cheque en blanco a la Policía para usar como a bien tenga las armas no letales como taser”, apunta Camilo Araque Blanco, abogado especialista en Derecho Administrativo.
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Según los abogados, es aún más inverosímil que hubiera sido el director de la Policía en 2012, José Roberto León Riaño, quien reglamentara el alcance de este tipo de armas y no el Congreso de la República.
Por eso pidieron que esta clase de armamento sea proscrito cuanto antes, tal como lo recomendó el comité contra la tortura de Naciones Unidas.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, equipara el uso de dispositivos electrónicos tipo taser a actos de tortura como, por ejemplo, desnudar a los presos”, agrega Mesa.
Ambos señalan que existe un subregistro en este tipo de procedimientos con armas no letales.
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“Si no existiera ese video y fuera en Bogotá, bajo la presencia de diferentes personas… imaginémonos qué sucede en los sectores rurales o apartados de este país donde la fuerza pública hace presencia y actúa”, cuestiona Araque.
Mientras los coletazos de la rabia ciudadana se siguen multiplicando y cada vez hay más consenso sobre la urgencia de una reforma estructural a la Policía, la demanda de los abogados continúa apolillándose en el Consejo de Estado.
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