Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Marelbys Meza pasó de niñera de Laura Sarabia, quien fue una de las personas más cercanas al gobierno de Gustavo Petro, a ser testigo protegido. Cuenta cómo llegó a la casa de la Entonces jefe de gabinete, por recomendación de Armando Benedetti y su esposa y del escándalo en el que terminó por la supuesta pérdida de una alta suma de dinero.
Deisy Guanaro nació hace 39 años en una vereda campesina del departamento de Casanare y, lamentablemente, su infancia quedó marcada por el conflicto armado en Colombia. Un año antes de su secuestro, grupos armados se llevaron a sus dos hermanos, quienes en ese momento tenían 13 y 14 años, y posteriormente supo que fueron asesinados. "A mí no me gusta esa palabra reclutamiento, me gusta es como es: secuestro", subrayó en entrevista con Los Informantes.Deisy Guanaro recuerda, como si hubiera sido ayer, la noche en la que fue secuestrada cuando apenas tenía 10 años: alrededor de las 9:00 p.m., una camioneta blanca de platón llegó a su vivienda y, pese a las desesperadas súplicas de su madre, los guerrilleros la subieron al vehículo a la fuerza. Las palabras de su mamá, así como la imagen de ella de rodillas en la carretera en medio de la oscuridad, se le quedaron para siempre: "No, esto es increíble. Ella no es una mujer adulta, ella es una niña, tiene 10 años, va a cumplir 11. Por Dios santísimo, no se lleven mi hija. Vióleme a mí, por favor. Vióleme a mí, yo entrego mi cuerpo, pero no se lleve mi bebé", les decía a los sujetos, que hicieron caso omiso y se la llevaron.Los horrores que vivióTras ser trasladada en un recorrido que duró varios días junto a un grupo de aproximadamente 40 niños y niñas reclutados en diversas veredas, fue llevada al campamento general del Frente 28 de las Farc. Allí le asignaron el alias de ‘Yira’ y hasta le prohibieron llorar.Antes de cumplir los 11 años y sin haberse desarrollado físicamente, fue sometida a un procedimiento médico forzado para la colocación de un anticonceptivo intrauterino conocido como la T de cobre. La agresión fue ejecutada en la montaña por dos hombres y una mujer: “Yo perdí el conocimiento, yo sentía que no podía respirar porque el dolor era en la cadera. Ella me dice: 'Colóquese los pantalones, no va a llorar y se va para su caleta'. Me desgarraron, yo siempre digo que me desgarraron no solo el útero, sino me desgarraron el alma".¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAApenas ocho días después del procedimiento, padeciendo una severa hemorragia, fue víctima de abuso sexual por parte de un combatiente de aproximadamente 50 años. Ese día, el agresor la abordó indicándole "a partir de esta noche usted va a ser mi socia" y hacia las 7:00 p.m. la llevó a su cambuche y la violentó. Además, el sujeto le tatuó su nombre en la piel para marcar la agresión: “todos los días veía ese nombre y me recordaba el daño que me habían hecho”.De los abusos al ICBF Cuenta, además, que Griselda Lobo, más conocida con el alias de Sandra Ramírez y quien luego de la firma de la paz se convirtió en senadora de la República, preparaba a las niñas para que guerrilleros cometieran todo tipo de vejámenes. Un día, “en brasier y calzones, nos dice esa señora ‘empiecen a desfilar por el lado’ donde estaban todos los borrachos drogados de los comandantes de los bloques y del secretariado en ese entonces de las Farc y, desafortunadamente, ese día me escoge a mí Pablo Catatumbo, el que ahora lo vemos como honorable congresista”, reveló agregando que no fue una sola vez, sino que este tipo de violaciones “asquerosas y humillantes” ocurrieron en varias ocasiones. Por ello, años después denunció ante la JEP a la congresista.Deisy Guanaro estuvo en las garras de las Farc desde el año 1996 hasta el 2001 y en un enfrentamiento en el que la mandaron, junto a otros niños que lamentablemente murieron, como ‘carne de cañón’ finalmente fue rescatada por el Ejército y, posteriormente, enviada al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en donde le ayudaron a sanar sus heridas físicas y emocionales.Hoy, tiene tres hijos, logró reencontrase con su madre y su padre muchos años después, pero no pudo quedarse en el pueblo en el que ellos viven porque, de nuevo, la amenazaron para salir de allí. Armada de valor para enfrentarse a su pasado, su historia es la voz de mujeres que se ven reflejada en ella. 24 años después, regresó al ICBF, el lugar que fue su casa cuando logró salir de la selva, y ahora es asesora de la dirección general: “yo no quiero ver más niños reclutados, porque yo fui una niña de esas”.“Aquí el que debe sentir vergüenza es el abusador, porque ese es el secreto de los victimarios, la vergüenza de sus víctimas. Cuando uno siente vergüenza, no denuncia”, puntualizó.
Un grupo de investigadores de la Universidad Industrial de Santander pudo comprobar que el selenio, un elemento mineral presente en rocas, suelos y algunos alimentos, sirve para atenuar los niveles de mercurio en las personas. Los habitantes de municipios mineros de California y Vetas, en Santander, marcaron el camino de los científicos.Galeón San José, el tesoro hundido del Caribe que rescatarán con alta tecnologíaNoticias Caracol sobrevoló La Baja, una vereda a las afueras del municipio de California, Santander. Durante años, la zona ha sido explotada por mineros artesanales que viven del oro.Los habitantes de la zona han sido conscientes del peligro que representa el mercurio para la salud. Este elemento es un metal pesado necesario en el proceso para obtener el oro, pero lesivo para las personas.Javier Idrovo, médico especialista en salud pública, hace parte de un equipo de investigadores de la Universidad Industrial de Santander que realizó un estudio en California y Vetas para determinar los niveles de mercurio en estas poblaciones. Los resultados fueron sorprendentes, la mayoría de las personas analizadas no estaban contaminadas con mercurio.“Recuperamos información geológica antigua que decía, desde el siglo pasado, que Colombia es uno de los países que más tiene selenio en el subsuelo y era una hipótesis que manejábamos en ese momento, de que ese selenio de estar llevándose a las plantas y luego a los alimentos, vía animales de consumo humano, quizás también y podría, de alguna forma, estar protegiendo del mercurio que estaba afectando a mucha gente, eso es lo positivo, probar que sí existe y que ya podemos encontrar esos efectos positivos del selenio”, comentó Idrovo.Los resultados de los investigadores reafirman su tesis de que la presencia de selenio en la región, de alguna forma, ha contribuido a bajar los niveles de mercurio que encontraron en el cuerpo de una habitante de la zona.Estudios geológicos confirman presencia de selenio en niveles muy altos en la Cordillera Oriental.Fabio Maldonado, quien lidera la Asociación Calimineros, comentó: “No sabíamos por qué no nos enfermamos. Nosotros llamamos ‘azogar’, echarle mercurio a la batea y extraer nuestro oro o echarlo a los barriles y obtenerlo también y no notábamos un impacto sobre nosotros”.¿Cómo actúa el selenio para extraer el mercurio de las personas afectadas?El selenio tiene la capacidad de pegarse al mercurio y genera un compuesto que es más fácil sacar del cuerpo, vía urinaria.Expertos explican que “el selenio va y busca al mercurio, lo agarra y lo va a sacar del cuerpo humano y, de alguna manera, está liberando o disminuyendo la cantidad de mercurio que puede tener la persona”.¿Quién es alias Araña, el narco que asesina a los líderes sociales en el sur de Colombia?
Vetas, en Santander, es el municipio más alto de Colombia y, por varios siglos, en esta zona las comunidades mineras han extraído oro de forma artesanal, una actividad de impacto ambiental sobre la delgada línea que los separa del Páramo de Santurbán, ecosistema de especial protección.En relación: Corte Constitucional ratificó actividades agropecuarias de bajo impacto en los páramos de ColombiaLa inclusión de Vetas en la zona de delimitación donde se prohíbe toda actividad minera, tenía en riesgo la viabilidad del municipio, y el sustento de 2.000 familias mineras que representan el 90% de la población de la localidad.No obstante, el Gobierno nacional aceptó la propuesta de la comunidad de declarar como zona de protección hasta el 70% del municipio, en el 30% restante se daría continuidad a la minería de bajo impacto.“El Ministerio de Ambiente acortó la propuesta que el municipio de Vetas presentó en la etapa de consulta y la propuesta que nos permite salvar al territorio”, declaró el alcalde de Vetas, Hernán Bautista.“Hemos logrado un acuerdo histórico para la delimitación del páramo, primero, reconociendo la minería y la minería tradicional, una minería que defiende el medio ambiente que protege las fuentes hídricas”, dijo el viceministro de Ambiente, Francisco Cruz.Puede ver: Compromisos ambientales de Iván Duque: ¿qué ha cumplido y qué está pendiente?Para los ambientalistas en Santander la verdadera amenaza es la minería a gran escala.“Va a solucionar la problemática socioambiental porque no presenta una solución de fondo al dejar por fuera de la zona de protección, precisamente, las áreas qué piensa intervenir Minesa con su megaproyecto”, expresó la lideresa ambiental Mayerly López.Vetas es el primero de 30 municipios con incidencia en el Páramo de Santurbán que define sus límites para proteger el ecosistema y no abandonar sus actividades económicas.
Atlético Bucaramanga conoció este viernes 18 de septiembre la respuesta definitiva a la solicitud de apelación que había presentado por la sanción que recibió su entrenador Pablo Peirano. Desde el Comité Disciplinario de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano (Dimayor) le otorgaron novedades a los ‘búcaros’.En ese orden de ideas, en la resolución número 092 del 2026 se ratificó el castigo de seis fechas al director técnico uruguayo más una multa económica de 10.505.430 pesos.Este fallo se otorgó al desestimar el recurso de reconsideración presentado por los ‘leopardos’ el cual buscaba la revocatoria de la sanción y la reducción de la misma. Recordemos que este castigo a Peirano es derivado por los altercados ocurridos el pasado 30 de agosto en el partido contra Deportivo Cali, en el estadio de Palmaseca, y que fue válido por la octava fecha de la Liga BetPlay II-2026.Y es que, de acuerdo con el boletín oficial, esta medida en contra del DT del Atlético Bucaramanga se fundamentó en que Peirano empleó un lenguaje bastante ofensivo. En uno de los parágrafos del informe precisan a detalle la conducta del estratega uruguayo.“El árbitro señaló que la expulsión de Pablo Peirano obedeció a la conducta la cual describió así: ‘Ingresó al terreno de juego a protestar decisiones arbitrales’”, se leyó.“Y posteriormente en el acápite de observaciones precisó: en el minuto 90+8', el director técnico del equipo Atlético Bucaramanga, Pablo Peirano, entra en el terreno de juego para enfrentarse al árbitro de manera airada y exaltada, desaprobando con palabras las decisiones arbitrales (‘qué es lo que está pitando cagón, no ve que se metieron los hinchas a la cancha). Acto seguido, actúa de manera agresiva (pecheando y empujando) en contra de los jugadores del equipo adversario, provocando una confrontación entre los dos equipos en donde se encararon y empujaron”, se añadió en otro de los apartados.Por lo tanto, desde el Comité Disciplinario de la Dimayor procedieron no reponer la decisión contenida en artículo 2° de la Resolución No. 081 de 2026, y así las cosas, se mantuvo la sanción y multa económica a Peirano.Sin embargo, el Comité Disciplinario concedió la apelación del club al cumplir con los artículos 171, 172, 173 y 174 del Código Disciplinario, elevando el caso a una instancia superior para su decisión final.Tras esta resolución, al técnico de Bucaramanga aún le restan por cumplir cuatro jornadas. Estos partidos son: Internacional de Bogotá en condición de local, Once Caldas como visitante; frente a Junior en casa, y Águilas Doradas también de local.
El jurado señalado de bloquear el veredicto en el juicio contra Lindsay Clancy, que terminó anulado, aseguró este viernes que nunca tuvo dudas sobre la responsabilidad de la acusada en la muerte de sus tres hijos durante un presunto brote psicótico ocurrido en 2023 en la vivienda familiar, ubicada en las afueras de Boston."No tuve ninguna duda. Cuando intentaba explicar diferentes posibles teorías durante la deliberación, me cortaban como si tuviera dudas basadas en la evidencia presentada", afirmó el jurado, Michael Péguy Desronvil, en un comunicado difundido por su abogado a ABC y otros medios.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl integrante del jurado sostuvo que las pruebas presentadas durante el proceso apuntaban a que Clancy era consciente de sus actos."Basándome en toda la evidencia física, testigos clave, y lo que presentaron las autoridades, pensé que había suficientes pruebas de que ella (Clancy) sabía exactamente lo que estaba haciendo y planeó", señaló Desronvil, quien integró el panel de 12 jurados.Clancy, una exenfermera de 36 años, está acusada de estrangular a sus hijos, Cora, de 5 años; Dawson, de 3; y Callan, de 8 meses, en enero de 2023 en su residencia de Duxbury, Massachusetts. Tras los hechos, intentó suicidarse, lo que le provocó una parálisis parcial.Aunque reconoce haber causado la muerte de los menores, la mujer se declaró no culpable de asesinato al argumentar que atravesaba un brote psicótico asociado a una depresión posparto.El juez William Sullivan, del Tribunal Superior de Plymouth, declaró nulo el juicio después de que el jurado informara por tercera vez en el transcurso de siete días que era incapaz de llegar a una decisión unánime.Durante las deliberaciones, los jurados podían considerarla culpable de asesinato en primer o segundo grado, o de homicidio involuntario, figuras que implican responsabilidad penal. También tenían la posibilidad de absolverla al considerarla no culpable o exenta de responsabilidad por razones de salud mental.La anulación del proceso ocurrió luego de que la defensa presentara una apelación de emergencia ante la Corte Suprema Judicial de Massachusetts, en la que argumentó que uno de los jurados estaba desobedeciendo las instrucciones del juez y obstaculizando la obtención de un veredicto unánime. Sin embargo, la solicitud fue rechazada.Habla Patrick Clancy, esposo de Lindsay ClancyPatrick Clancy, exesposo de Lindsay Clancy, la mujer acusada de asesinar a sus tres hijos en Estados Unidos, decidió romper el silencio sobre la tragedia que marcó a su familia. Se trata de su primera entrevista televisiva desde la muerte de los menores en 2023. En diálogo con 60 Minutes, de la cadena CBS, aseguró que aún encuentra fortaleza en el recuerdo de sus hijos. “Hablo con ellos, les digo ‘ayúdenme’ todo el tiempo”, mencionó Patrick. Su actual esposa, con quien contrajo matrimonio en enero de este año, también se pronunció sobre las críticas y señalamientos que ambos han enfrentado. “No entiendo cómo se ha distorsionado tanto la historia, pero espero que la gente sepa que Patrick es el padre más abnegado y una pareja que brinda un gran apoyo. Yo era simplemente una chica que conoció un hombre mientras corría por el Central Park un sábado muy frío y no creo que haya nada malo en eso”.Patrick no había vuelto a hablar públicamente desde que testificó hace casi dos meses como el primer testigo de la Fiscalía en el juicio por asesinato contra su exesposa, Lindsay Clancy. Durante esa declaración relató que “ella dijo: ‘Intenté suicidarme’. Pregunté: ‘¿Dónde están los niños?’. Dijo que estaban en el sótano”.La Fiscalía sostiene que las muertes de los tres hijos de la expareja, Cora, Dawson y Callan, fueron actos premeditados e intencionales. En contraste, la defensa argumentó que Lindsay padecía psicosis posparto. Patrick, por su parte, evitó responsabilizarla directamente y, al ser consultado sobre el tipo de madre que era, afirmó que “era muy dedicada”.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: MilografiasESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE
Un operativo rutinario por impago de alquiler en el barrio de Kypseli, en Atenas, Grecia, terminó derivando en el descubrimiento de una escena estremecedora por parte de las fuerzas policiales. Al ingresar en la vivienda denunciada por su propietario, los agentes encontraron el cuerpo sin vida de un bebé que llevaba fallecido desde el año 2022 y que había sido conservado bajo refrigeración constante durante años.¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATAEl caso que ha conmocionado al mundo tiene una investigación abierta para esclarecer los hechos de lo que sería un trágico homicidio de un bebé de apenas ocho meses de edad, sino también de la travesía que llevaron a cabo sus padres para trasladar el cadáver de congelador en congelador a lo largo de más de diez mudanzas por distintas.¿Cómo se dio el hallazgo?La intervención de la Policía se dio a petición del propietario del inmueble, quien solicitó auxilio para efectuar la evacuación del piso debido a que los inquilinos no habían abonado las mensualidades del alquiler. Durante la inspección del inmueble, los agentes localizaron el cuerpo del bebé colocado dentro de un contenedor de cristal, envuelto a su vez en una bolsa térmica o hielera y oculto en el interior de una maleta.En la propiedad se encontraban seis personas: la ciudadana alemana Natascha G., de 38 años, y el griego Vassileios S., de 43, acompañados por sus otros tres hijos de 12, 9 y una joven de 15 años que se encontraba embarazada, al igual que la propia madre. También un hombre de nacionalidad afgana, de 26 años, quien declaró ser la pareja sentimental de la adolescente.Durante el registro, los investigadores decomisaron juguetes sexuales y una cámara de vídeo conectada a un ordenador. Además, los análisis médicos efectuados posteriormente a los menores determinaron que tanto el niño de nueve años como la adolescente de quince padecían infecciones de transmisión sexual.Al verse descubiertos, los padres ofrecieron en un primer momento una explicación señalando que el bebé falleció por causas biológicas. Declararon ante los agentes que su bebé lloraba incansablemente de forma continua y que, tras esos episodios de llanto, falleció de manera natural; sin embargo, a medida que el caso avanzó, la versión de la pareja dio un giro radical. Se estableció que el bebé fue víctima de un ataque directo con arma blanca y que sufrió diez puñaladas mortales.Después de esto, los padres cambiaron la versión y señalaron que las heridas fatales fueron infligidas por una tercera persona perteneciente al círculo familiar extendido, librándose ellos de la autoría directa según su testimonio. Se confirmó que el bebé llevaba muerto desde 2022 y que la pareja había vivido con los restos congelados durante años, su defensa determinó que los padres cambiaban de alojamiento cada cuatro o cinco meses, contratando las viviendas a través de la plataforma Airbnb. En cada mudanza sacaban el cuerpo del bebé del congelador y lo introducían en el electrodoméstico de la nueva residencia para evitar la descomposición del cadáver. ¿Qué se sabe sobre los padres?Tras el hallazgo del cadáver el pasado 30 de agosto, la Policía de Atenas procedió al arresto inmediato de Natascha G. y Vassileios S.. En la actualidad, ambos progenitores se encuentran ingresados en prisión preventiva en Grecia mientras concluyen las investigaciones instruidas por la fiscalía. Las autoridades que investigan el caso señalaron que Natascha G., figuraba dada de baja del registro en Alemania desde 2012 sin comunicar un nuevo domicilio, habiéndose instalado en Grecia con sus otros tres hijos. Por su parte, Vassileios S. se mantuvo empadronado en Hamburgo hasta el año 2024.MARÍA PAULA GONZÁLEZPERIODISTA DIGITALmpgonzal@caracoltv.com.co
El Ministerio de Salud y Protección Social expidió el Decreto 1415 de 2026, una normativa de emergencia orientada a garantizar la atención médica continua de los ciudadanos afectados por el sismo ocurrido el 10 de agosto en el territorio nacional. Entre las disposiciones centrales del decreto destaca la eliminación temporal de cobros de servicios de salud para las familias damnificadas, la flexibilización de recursos para la infraestructura hospitalaria pública y alivios económicos para empleadores e independientes golpeados por la crisis.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)Fechas clave, plazos y vigencia del beneficioLas medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud cuentan con periodos específicos de aplicación:Exención de copagos y cuotas moderadoras: Aplica durante 12 meses continuos contados a partir de la expedición del decreto. Los valores exonerados durante este tiempo no podrán cobrarse de manera posterior.Transferencias directas para talento humano: Estarán habilitadas durante seis meses para sostener el personal de salud y la atención en las zonas afectadas.Alivios en intereses por mora para empleadores: El beneficio cubre los intereses generados desde el periodo de agosto de 2026 y durante los siguientes 12 meses.Suspensión de plazos ante el Invima: Quienes requieran aplazar trámites ante la entidad por daños derivados del evento sísmico podrán solicitar una prórroga de hasta cuatro meses.Cobertura y puntos de atención habilitadosLa exención de pagos en salud y las tecnologías requeridas aplican en cualquier lugar del país donde el ciudadano damnificado se encuentre o sea trasladado.Las redes hospitalarias públicas en los municipios y distritos declarados en emergencia recibirán apoyo financiero directo para reparación, reconstrucción y dotación de equipos biomédicos. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) administrará y ejecutará los recursos destinados para atender la coyuntura.Requisitos y documentos para acceder a la exención de pagosPara no pagar cuotas moderadoras ni copagos durante el año de vigencia de la norma, los usuarios deberán cumplir con los siguientes requisitos de verificación:Registro Único de Damnificados (RUD): Estar debidamente censado e identificado en el registro oficial de la emergencia.Validación en la BDUA: Figurar como afiliado validado dentro de la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) del sistema de salud.Acreditación de afectación: Para los alivios financieros de prestadores, empleadores e independientes, la medida aplicará según la afectación acreditada en los municipios cubiertos por la emergencia.Paso a paso para acceder a los beneficios del Decreto 1415 de 2026Paso 1: Verifique que sus datos se encuentren registrados en el Registro Único de Damnificados (RUD) administrado por la alcaldía local o la entidad de gestión del riesgo correspondiente.Paso 2: Asista al centro de salud o EPS donde requiera la atención médica, examen o tecnología en salud.Paso 3: Presente su documento de identidad. El prestador de salud validará de forma interna su estado en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA) y el RUD.Paso 4: En caso de cobros indebidos de cuotas moderadoras o copagos, remita su caso formal ante las líneas de atención del Ministerio de Salud o la Superintendencia Nacional de Salud.Paso 5 (Para empleadores e independientes): Para acogerse a la exoneración de intereses de mora en aportes a seguridad social y parafiscales de agosto de 2026, efectúe la novedad directamente en la planilla integrada de liquidación conforme a los reglamentos de su operador de pago.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL
El Ministerio de Educación Nacional anunció este viernes que el Gobierno Nacional amplió de manera temporal las funciones del Fondo de Financiamiento de la Infraestructura Educativa (FFIE) para que pueda intervenir infraestructura de instituciones de educación superior públicas que haya resultado afectada por el terremoto de 7,4 que ocurrió en San José del Palmar, Chocó, el pasado 10 de agosto.La medida quedó establecida en el Decreto 1421 del 17 de septiembre de 2026, expedido por el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Educación Nacional. La norma modifica temporalmente el alcance de las funciones del fondo para permitirle "viabilizar, financiar, estructurar y ejecutar proyectos de construcción, mejoramiento, adecuación, ampliación, rehabilitación y dotación de infraestructura física de instituciones de educación superior públicas ubicadas en los municipios comprendidos en la emergencia económica, social y ecológica". (¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)De acuerdo con las consideraciones de la norma, el Ministerio de Educación recibió, hasta el 27 de agosto, 410 reportes de instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, mediante un instrumento creado para recopilar información sobre daños, afectaciones y necesidades ocasionadas por el sismo. Ese proceso permitió identificar 72 sedes de instituciones de educación superior públicas con afectaciones dentro del territorio cobijado por la declaratoria de emergencia. El decreto también señala que los daños en algunas de estas sedes afectan las condiciones necesarias para su funcionamiento. Por esta razón, "deberán contar con verificación y valoración técnica de las afectaciones". ¿Qué podrá hacer el FFIE en las universidades públicas?El Decreto 1421 adicionó un parágrafo transitorio al artículo 59 de la Ley 1753 de 2015, modificado posteriormente por la Ley 1955 de 2019. La modificación permite que, mientras se atiende la emergencia derivada del terremoto, el objeto del FFIE también comprenda proyectos relacionados con infraestructura de instituciones de educación superior públicas. Entre las intervenciones contempladas están:Construcción de infraestructura educativa.Mejoramiento de instalaciones.Adecuación de espacios.Ampliación de sedes.Rehabilitación de infraestructura.Dotación de infraestructura física.Estudios y diseños necesarios para las obras.Interventorías.Consultorías y otros contratos asociados con la ejecución de los proyectos.La medida podrá aplicarse tanto a instituciones ubicadas en zonas urbanas como rurales, siempre que se encuentren dentro del territorio cobijado por la emergencia.¿Qué universidades públicas podrán acceder a estos recursos?El Decreto 1421 incluye una relación de las 72 sedes de instituciones de educación superior públicas que, según la información recopilada por el Ministerio de Educación y depurada con datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), presentaban afectaciones dentro del territorio de la emergencia. La distribución registrada en el decreto comprende sedes ubicadas en departamentos como Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Huila, Nariño, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca.Entre los municipios con sedes reportadas aparecen Medellín, Envigado, Bello, Marinilla y Rionegro; Manizales y Pensilvania; Popayán, Santander de Quilichao y Suárez; Quibdó; Girardot, Facatativá, Zipaquirá y Soacha; Neiva; Pasto; Armenia y La Tebaida; Pereira y Dosquebradas; además de distintos municipios del Valle del Cauca, entre ellos Cali, Roldanillo, Tuluá, Buenaventura, Palmira, Buga, Yumbo, Cartago, Sevilla, Caicedonia y Zarzal.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
