Mientras en Estados Unidos la multinacional Chiquita Brands acaba de ser condenada, una jueza colombiana se alista para dictar sentencia contra el mayor traficante de armas en la historia de Colombia: se trata de Humberto Agredo, un empresario señalado de conseguir 12 mil fusiles para las autodefensas y que ha logrado esquivar a la justicia por 24 años.>>> Le puede interesar: Cronología del caso Chiquita Brands, la multinacional que financió a las AUCEsta es la historia del hombre detrás de la barbarie paramilitar y cuyo caso está estrechamente ligado a la multinacional Chiquita Brands.Agredo, desde Bulgaria, trajo a Colombia 12 mil fusiles en menos de un año y con los que los paramilitares cometieron asesinatos y masacres. A pesar de su papel protagónico en la guerra jamás ha pagado un día de cárcel. 24 años después de ingresar el arsenal a Colombia, la justicia está a punto de condenarlo.Raúl Hasbún, uno de los más importantes jefes del paramilitarismo, definió de esta manera el rol de Agredo hace pocos meses durante la audiencia de juicio en contra del hombre al que apodan El señor de la guerra.¿Qué dicen los exparas?“Le voy a poner un ejemplo: yo antes de eso siempre operé, más o menos, con 70, 80 fusiles. De ahí pasé a 270 y así fue todo el mundo. La potencialización de las autodefensas fue total”, dijo Hasbún.Para 1999, cuando las extintas FARC estaban en proceso de paz y dominaban gran parte del país, los fusiles de Agredo fueron determinantes para la expansión del terror paramilitar. Salvatore Mancuso lo describió en estos términos.“Significó el fortalecimiento militar de las autodefensas, el crecimiento y expansión de las AUC hasta lugares donde no habíamos podido llegar porque era difícil conseguir este tipo de armamento en el mercado negro”, sostuvo Mancuso.Agredo se convirtió en un hombre clave para las AUC, al punto de llegar a ser uno de los consejeros de Carlos Castaño, relata Mancuso.“Humberto es bien hablado, se expresa bien, hacía análisis políticos correctos, interpretaba la situación del país y era capaz de expresarlo con los interlocutores que tuviere. Él daba pautas, parámetros que tenían que ver con el tema político y el crecimiento de las AUC, específicamente en operación militar. No solo por su cercanía con Carlos Castaño. De hecho, en reuniones con el estado mayor, cuando se tocaban temas de expansión de las AUC, Humberto participó”, complementó Mancuso.Alias Diego Vecino, del Bloque Norte de las AUC, manifestó que lo conoció como El doctor: “Fue a finales de los 90, principios de los 2000. Siempre lo referenciaba como asesor de Carlos Castaño en temas de seguridad e internacionales”.Humberto Agredo es un ingeniero caleño que tenía una empresa de importación de maquinaria pesada que le sirvió de fachada para mantenerse en el tráfico de armas. Esto lo hizo gracias a su hijo Hans Agredo.Humberto Agredo estaba casado con la hija de un directivo de la empresa Arsenal, una de las mayores productoras de armas en Bulgaria. De hecho, Hans Agredo también está siendo procesado junto a su padre y al igual que él está prófugo de la justicia.La ruta de los fusilesHace varios años, Hans cambió su nombre por el de John Jairo Martínez Álvarez. Durante el juicio, la Fiscalía le atribuyó la ruta de las armas que hoy tienen en líos a padre e hijo.“El primero de los eventos fue en 1999, cuando, a través de Buenaventura, ingresan armas búlgaras que estaban destinadas a una exposición militar en Bogotá, en Corferias. Humberto y Hans crearon en Bulgaria la empresa Intermachines, a través de la cual importaron dos tornos y 640 fusiles desarmados que venían en dos contenedores. Humberto es quien firma el contrato con la empresa Arsenal. Él se encarga de alterar la autorización del Ejército Nacional para la importación de los repuestos y los equipos expuestos en esa feria”, recalcó el fiscal Álvaro León Polo.El 16 de julio de 1999, Agredo cargó el arsenal en camiones y un día después llegó a los campamentos de Castaño en Córdoba. Unas fotos registraron el momento en el que los paramilitares ensamblaron las armas.Raúl Hasbún contó ante la jueza cómo ingresó un segundo cargamento con miles de fusiles por Urabá. Las armas iban en bultos de urea.“El único que tenía infraestructura para bajar era el de Chiquita y el de Banadex. Yo ahora no me acuerdo cómo se llama eso. Sí, la empresa de Banadex coordinó toda la logística de desembarco de urea. Ellos no sabían hasta ese momento que le voy contando. Allí venía un armamento. Un bulto de esos, cuando un negrito se lo echó al hombro, se empezaron a romper las trompetillas de los fusiles. Esa misma noche militarizamos el embarcadero y fuimos y sacamos sin esperar a la DIAN la urea, no toda. Nos robamos del embarcadero de Banadex los costales que venían con los fusiles adentro”, recalcó Hasbún.Según el testimonio de Hasbún, la operación del descargue de las armas quedó grabada en las cámaras de seguridad de la multinacional, mismos que no han aparecido en más de 20 años y fueron el comienzo de la inmunidad para Agredo.“Me llama el jefe de seguridad de Banadex. Me entregó un casete de las cámaras. Nosotros no nos dimos cuenta y en el desembarcadero había cámaras de seguridad. Humberto estaba al lado mío, doctora. Siempre Don Humberto, desde que llegó, estuvimos juntos. Él también salía en las filmaciones que le comento”, agregó.Los fusiles de Agredo fueron repartidos en los diferentes bloques paramilitares, dijo alias Diego Vecino: “Allá los fusiles eran pan caliente, no me vayan a dejar por fuera, traten de venderme una buena fusilería que me sirve para crecer allá en los Montes de María. Los bloques grandes acapararon el número grande. Tengo entendido que se vendió al Bloque Norte, Bloque Córdoba, Calima”.Según la Fiscalía, la gran mayoría de las armas que entregaron los paramilitares tras desmovilizarse fueron los fusiles de Agredo y su hijo.“Los grupos paramilitares durante su desmovilización entre 2003 y 2006, entregaron 18.501 armas, se desmovilizaron 31.671 personas entre hombres y mujeres. Las armas entregadas muchas eran de las 11.940 armas importadas desde Bulgaria por Agredo y Hans, padre e hijo”, complementó el fiscal León Polo.El pago a Humberto Agredo por los fusiles fue con dinero y droga, según Mancuso: “La propuesta inicial de Humberto era recibir una parte en dinero y otra en clorhidrato de cocaína a cambio de la fusilería. Pero ya él terminó pactando con Castaño y no sé cómo terminaron de hacerse los pagos. Yo sé que aporté para esa compra 700 mil dólares”.¿Por qué durante 24 años la justicia no hizo nada contra Agredo?Parte de la respuesta está en una serie de extrañas decisiones judiciales que lo favorecieron. La primera ocurrió en 2006 cuando Agredo recibió el archivo de una de sus investigaciones por tráfico de armas.“Dicha investigación terminó el 4 septiembre 2006 con una desafortunada decisión de preclusión, argumentando que no había prueba directa para relacionarlos con las importaciones”, complementó el fiscal.Diez años después, cuando los jefes paramilitares habían delatado a Agredo en sus declaraciones después de desmovilizarse, una nueva investigación también terminó por favorecerlo.Para la Fiscalía, hoy es inexplicable lo ocurrido con Agredo, mucho más considerando que el excapitán del Ejército Jorge Rojas, quien fuera su socio, aceptó cargos y fue condenado como el único responsable de la traída de los miles de fusiles búlgaros.“Llega la orden de Castaño que yo debo asumir la responsabilidad de los fusiles, porque de alguna manera había que proteger al señor Humberto Agredo porque él era el representante de la organización ante el Gobierno de Pastrana", dijo el excapitán Jorge Rojas el 8 de abril de 2016.En un nuevo intento de buscar justicia, la Fiscalía terminó llevando a Agredo y su hijo a juicio como auspiciadores de toda la barbarie de los paramilitares.Agredo y su hijo siguen prófugos de la justicia colombiana. A pesar de esto, la juez que lleva el caso se alista para dictar sentencia en las próximas semanas.>>> Vea, además: ¿Quiénes son las víctimas que Chiquita Brands deberá indemnizar por pagos a las AUC?
Carmen González Poso es la mamá de una joven desaparecida que no dejó rastro en el trayecto del trabajo a la casa. Así habla de su drama:“Siempre me asomo a la ventana, como de costumbre. Y más ese día que yo era espérela y espérela en la ventana, y no se asomaba, no la veía llegar en la recta”Su hija de 21 años, Yanis Sierra Flórez, desapareció en tan solo 10 minutos, en la noche del 18 de diciembre de 2022 cuando regresaba de su sitio de empleo.“Cada momento, cada rato, tanto de día y noche me levanto. A la hora que me despierto me asomo a la ventana, a mirar y nada”Vea otro informe especial: Flores colombianas para el mundo: así se trabaja en esta industria que impulsa la economíaYanis, regresó de Montelíbano, Córdoba en la costa Atlántica, hace un año, donde dejó su pequeño hijo al cuidado de la abuela paterna después de una relación frustrada. Vivía con su mamá y sus tres hermanitas menores, su mamá había enviudado por segunda vez recientemente y necesitaba su apoyo económico.La familia vive en alquiler, en un barrio humilde del corregimiento Puerto Caldas de Pereira, Risaralda. Vecino al municipio de Cartago en el norte del valle, una zona marcada históricamente por la violencia, que actualmente enfrenta el auge del microtráfico y el sicariato de los combos.El día de de los hechos Cuenta la señora Carmen cómo ocurrieron los hechos ese domingo de diciembre en la noche:“Ella entraba a las 2 de la tarde y salía a las 8. El domingo yo salí a acompañar una amiga al entierro de su hijo. Fui al velorio, después al entierro y llegué a la casa como a las 6:30 de la tarde, estaban las otras niñas acá, les dije que me iba a tomar una pasta que venía con dolor de cabeza y me tomé dos acetaminofén y me acosté en la cama. Ahí quedé dormida. Claro, con el celular al lado, porque ella siempre me mandaba un (mensaje de) WhatsApp".Tenían una rutina diaria en las noches cuando Yanis regresaba del trabajo: le enviaba un mensaje para que su mamá saliera a su encuentro; el punto era antes de pasar el puente peatonal “porque es un pedazo donde pasaba la carrilera del tren antes, por ahí no hay energía, hay maizal de un lado y del otro y eso era como miedoso".El drama de las madres buscadoras en ColombiaTestigos vinculados a la investigación aseguran haber visto a Yanis hablando por celular, justamente antes de pasar el puente. Estaba enviando un mensaje de WhatsApp: “¡Mamá, ya!”.Mirando su celular, la mamá reconstruye su último diálogo:“Yo no escuché el mensaje y a las 8:07 me llamó, cuando ya estaba en el puente y me dijo: “mamá, ¿dónde viene?”, y yo le dije: “¡Ay, mami! Yo me quedé dormida”. Ella me dijo: “Mamá, si está así mejor quédese allá, porque de todas maneras yo estoy acá en el puente".La señora Carmen sabía que solo le quedaban 10 minutos para ver desde la ventana la figura espigada de su hija. “Le mandé un WhatsApp y le dije: “mami, ¿dónde vienes que no te veo ni siquiera en la recta?” Se fueron los dos chulitos, pero no los leyó, más raro se me hizo porque ella nunca me deja sin leer un mensaje”.La señora Carmen le envió un último mensaje de voz pidiéndole que se reportara. No recibió respuesta: “Le marqué y se fue. Sonó y se fue a buzón, al sistema correo de voz”.Eran las 8:29 minutos de la noche de ese domingo cuando se apagó para siempre el celular de Yanis. En medio de su conmovedor relato, a la señora Carmen la asalta el arrepentimiento:“He pensado que, si yo hubiera ido a buscarla, que si no le hubiera hecho caso y me hubiera ido, así como hubiera ido, tal vez no hubiera podido suceder eso. O hubiera sido peor"Un equipo de reportería de Noticias Caracol llegó hasta el Puente La Máquina, en el corregimiento de Puerto Caldas, Risaralda, para recorrer los últimos pasos que dio la joven esa noche.Fue una noche larga de búsqueda. “Unos iban a los hospitales en Cartago a avisar y los otros regresamos a buscar en el puente. A las 3 de la madrugada paramos la búsqueda, los policías dijeron que el maizal era muy inmenso y tan oscuro que nos podíamos ir a un hueco, eso es muy inmenso”.Con las primeras luces del día, esta vez con la ayuda de la Policía y el cuerpo de bomberos local y de Pereira se inició el operativo de búsqueda de la joven desaparecida.Reconstrucción de la búsqueda de joven desaparecidaReconstruimos la búsqueda de la joven con la colaboración de bomberos de Pereira. Alejandro Arango, su director, comandó el operativo de localización y rastreo de la joven desaparecida durante una semana."Inmediatamente nuestra unidad que se encuentra en el puente de la máquina hace su primer desplazamiento. Se ubican en este punto y hacen las acciones de verificación, de inspección y mirar el área con unidades caninas, y la tecnología de drones”, indicó.El director de Bomberos tenía con su grupo de búsqueda el perfilamiento de la joven que buscaban: “Una persona entre 20 y 25 años, de género femenino y color trigueño y teníamos las fotografías, es decir que ya teníamos un indicio de la persona completa que nos estaban reportando”.La tarea de búsqueda tenía sus retos, sobre el terreno: “El maizal estaba muy alto, al ingresar no podíamos vernos sino hasta que se movían las matas”.Decidieron barrer el centro de los cultivos con drones con detectores de calor. Mauricio Toro bombero experimentado estuvo al frente de la búsqueda de la joven desaparecida. “El maizal para la época de la desaparición estaba completamente alto, aproximadamente de 3 metros con 50. Realmente estábamos buscando que el maíz no estuviera cortado y afortunadamente ni por alguna de las partes, ni por el río el maíz estaba cortado. No teníamos indicios de que una persona hubiera pasado por ahí".El sobrevuelo de nuestro dron deja ver los más de 25 mil metros cuadrados que tiene el plantío que se extiende a lado y lado de la carretera. El reto para el equipo de rescate era encontrar a la joven.Tenían una tercera búsqueda sobre el río La Vieja, un caudal que ha contado el hallazgo de personas desaparecidas en otras ocasiones y que comunica a Puerto Caldas con el municipio de Cartago, Valle. El bombero que encabezaba el grupo de búsqueda Mauricio Toro, es claro: “Es un río muy caudaloso, sobre el río tenemos un paso a paso. Se hace la verificación de la ribera viendo las orillas y cuando un cuerpo cae y muere el cuerpo sale flotando y ellos hace un barrido río abajo”.Añadió que buscaron “más o menos 600 metros hacia la parte de abajo y unos 100 metros hacia la parte de arriba”. No obstante, “tampoco encontramos nada, o sea, ahí se descartaría un suicidio, un homicidio, tirada al río. Se descartaría si a la orilla del río se encontrara cualquier tipo de prendas o indicio que indicara eso".Incluso realizaron el monitoreo de aves de rapiña que dieran aviso de una trágica notica sobre el cuerpo de Yanis, pero no ocurrió. Era como si a Yanis se la hubiera tragado la tierra.Un indicio importante sorprendió al grupo de búsqueda y a la familia de la joven. Eran las 4:30 del lunes, día siguiente a su desaparición. El bombero Toro lo testificó:“Nos informan que encontraron unos elementos que eran de la chica desaparecida aproximadamente a unos 800 metros fuera de la zona del puente en el sector de Puerto Caldas. Era una zona donde ya habíamos pasado en las horas de la mañana y encontraron básicamente unos tenis que la familia nos informó que eran de la chica desaparecida, un reloj y otras pertenencias".Una pregunta que tuvo su respuesta en la mamá buscadora:“¿Me dice usted que los zapatos estaban perfectamente colocados, como si alguien se quitara los zapatos y sin cordones?“Sí, junticos así y más todavía donde ya habíamos buscado, y por donde uno pasa ni a un metro. Y no estaban metidos en el maizal, sino puestos así y el reloj ahí, un reloj inteligente”.¿Y usted que piensa de que estén sin cordones?“Que los cordones los usaron para amarrarla porque mi hija dio guerra, mi hija era de temperamento”.El rastro de Yanis, las pistasSu par de zapatos sin cordones, el reloj pulsera inteligente, una tira plástica de inmovilización rota y monedas regadas en un sitio visible están en poder de los investigadores de la Fiscalía.La mamá visita el lugar casi que a diario para repartir volantes de su hija a las personas que pasan. Ella asumió la búsqueda.En el lugar, la mamá colocó un cartelito de búsqueda. Ahí permanece hace dos meses para que Yanis no quede en el olvido.La pregunta que tanto la mamá como los que conocen el caso, y hasta las mismas autoridades se hacen es: ¿Quién colocó esos indicios?, ¿Qué mensaje quería dejar al hacerlo? Y, de ser así, estarían frente a una desaparición forzada o en el peor de los casos, ¿un feminicidio?Una pregunta humana que teníamos que hacerle al bombero que dirigió la búsqueda fue “¿usted es padre de familia encuentra los tenis sin cordones usted qué pensaría?”. A esto respondió: “Pues en podrían ser quitados realmente o puestos en una escena. ¿Usted como padre de familia que pensaría? “Que mi hijo realmente no está desaparecido, sino que pudo ocurrir una desaparición forzosa”.“Yo la he buscado, no solo en ese maizal, sino por muchas partes de acá, en el valle me he desplazado a Obando, Zarzal, la Paila, Overo, Bugalagrande, Andalucía, Tuluá, pegando volantes, buscando. Donde sea yo voy por mi hija, porque yo sé que mi hija está viva. Yo lo que les pido a las personas que tengan a mi hija que por favor me la devuelvan porque no saben cómo estoy yo sufriendo, y para mí ha sido una eternidad" – mamá de YanisY, ¿dónde está Yanis?Solo bastaron 10 minutos para que la joven desapareciera sobre el puente de La Máquina, un camino cotidiano por donde otras jóvenes y niños pasan. ¿Dónde está Yanis, la jovencita alegre de los tatuajes de la rosa y el corazón?, Es la pesadilla de una madre que no deja de buscar a su hija ni en los sueños.Más de Noticias Caracol Investiga:La pelea de tres caciques del pueblo zenú: denuncian corrupción, sobornos y un intento de secuestro
Después de 30 años de portazos e impunidad, la familia del defensor de derechos humanos Gustavo Salgado Ramírez por fin tiene una luz de esperanza para conocer la verdad sobre su desaparición forzada.Reviva otro informe especial: La fiscal de la Justicia Penal Militar que no iba a trabajarUna tragedia que empezó en noviembre de 1992 y en cuyo expediente reposan indicios de una posible participación de agentes de inteligencia del Estado tanto en el crimen como en la desaparición del cuerpo.Hablamos con la esposa de Gustavo Salgado, Patricia Jiménez Domínguez, y sus hijas. Noticias Caracol Investiga.Vea también: Así funciona por dentro el aeropuerto El Dorado, la principal terminal aérea de Colombia
Un total de 14 expedientes que cursaban en la Justicia Penal Militar contra militares y policías por delitos como homicidio, lesiones personales, peculado y concusión quedaron en la impunidad en los últimos años porque la fiscal que los tenía a su cargo, Elsa Saldaña de Mayorga, simplemente no iba a trabajar.“La señora no venía a trabajar. Ahí tenemos registros de que venía en ocasiones máximo 5 o 6 días al mes y de pronto venía unas horas, unas dos o tres horas, y nada más. Según entiendo, las secretarias le proyectaban las decisiones y su rol era revisar si estaban correctamente, firmarlas, y si no decir qué les falta o qué hay que hacer, pero ni así. Ni proyectándole las decisiones avanzaba”, denunció el director de la Justicia Penal Militar, José Reyes Rodríguez Casas, quien la declaró insubsistente el pasado 2 de enero.Justicia Penal Militar declara insubsistente a una de sus juezas por larga lista de irregularidades Informes administrativos, denuncias internas, entrevistas a funcionarios, entre otras pruebas, revelaron un patrón de conducta que Rodriguez Casas calificó como una abierta obstrucción a la justicia.“Lo más grave es que es un hecho patrón de conducta, sistemático. Es que no pasó en una ocasión ni en dos ni en tres, no pasó en un día ni en un mes ni en un año, venía pasando desde hace mucho tiempo y eso es una obstrucción sistemática a la prestación del servicio de justicia. Catorce procesos que han prescrito bajo la administración judicial de la doctora Saldaña de Mayorga adrede”, dijo el director de la Justicia Penal Militar.Según el alto funcionario, su propio equipo de trabajo en múltiples ocasiones le advirtió a la exfiscal Elsa Saldaña de Mayorga que esos procesos iban a prescribir y aun así no hizo nada.“La prescripción de la acción penal es lo más grave que le puede pasar a un caso penal porque significa que el Estado pierde la oportunidad de investigar y juzgar a un presunto delincuente o a una persona que posiblemente ha cometido un delito y entonces eso significa que es inferior a sus responsabilidades, que la administración de justicia en ese contorno, en ese contexto, no funciona, no sirve”, señaló Rodríguez Casas.Dos funcionarias de la Justicia Penal Militar le narraron al director Rodríguez Casas esta cadena de irregularidades en una entrevista. Omitimos sus nombres por la reserva de la investigación.La primera de ellas relató: “El problema es que ella viene cinco días, seis días al mes, o sea, ¿qué se puede avanzar en eso, doctor? Entonces, yo digo: cómo llega uno y encuentra procesos de 2015, 2016, 2017 que hizo el cierre y no se ha calificado. Doctor, no es justo que a una persona le paguen y no trabaje y nada pasa, es que esa señora lleva años haciendo eso y todo el mundo callado”.Otra funcionaria añadió en la entrevista: “Todo el mundo comenta y dice allá entre los mismos funcionarios: la doctora Elsa no viene a trabajar y no pasa nada, se está ganando su sueldo, está defraudando la administración, la administración de justicia, por Dios. Sí, de pronto ella está enferma, y seguramente sí está enferma a su edad, pero por qué la administración de justicia es la que tiene que cargar con eso”.Una de las declarantes, incluso, reveló que fue regañada por la hoy exfiscal porque no prendía la luz de la oficina que mantenía vacía. Ella recordó el episodio así: “‘Usted sabe que tiene que prenderme la luz, porque entonces se dan cuenta que yo no he venido. Y yo le dije: ‘Doctora, pero es que la misma doctora me dijo que por qué no apagaba la luz, que si no había una persona, que eso había una circular y es que eso siempre es así’. ‘Ay, sí, pero usted no se ponga a comer cuento de eso ni nada de eso. Esté o yo no esté, esa luz tiene que estar prendida’”.Según José Reyes Rodríguez, no se encontraron las incapacidades médicas que pudieran justificar las reiteradas ausencias laborales de la exfiscal Elsa Saldaña de Mayorga, quien duró más de 22 años en la entidad. Su sueldo mensual era de $13.420.000 y recibía anualmente por concepto de primas y bonificaciones $50 millones adicionales.Sobre las continuas dolencias de Saldaña, una de sus excolaboradoras agregó: “Ella dice que sufre de fibromialgia, que es una enfermedad que, pues dice ella, le afecta mucho su salud, que inclusive hay días en los que ella no se puede levantar de la cama del dolor que le da en el cuerpo. Desde que yo llegué siempre fue así. No venía, no venía, estoy enferma, esporádicamente enviaba incapacidades”.Noticias Caracol buscó a la fiscal retirada, quien negó que en su despacho se presentaran esas prescripciones. Además, Elsa Saldaña de Mayorga se quejó de que su secretaria jamás le ayudó a sustanciar los procesos, calificó como injusta su insubsistencia a cuatro meses de obtener su pensión y anunció acciones legales.Sobre su condición de salud, Saldaña manifestó a través de un mensaje de WhatsApp: “Es bueno saber que desde hace 10 años presenté un problema oncológico que me afectó a lo largo de todo este tiempo, desarrollando cuadros de ansiedad y depresión que no he podido superar, por el cual estoy medicada y (en) controles periódicos. Además de presentar fibromialgia y otras situaciones de salud que imperativamente disminuyen mi capacidad laboral, pero eso no insta a que trabaje a mi ritmo, pues desde la pandemia estoy pendiente de una cirugía del ojo derecho ya que tengo una catarata dura que me resta total visibilidad”.El director José Reyes Rodríguez, sin embargo, está convencido de que la exfiscal Saldaña de Mayorga defraudó a la justicia y por eso enviará todas las pruebas que recogió a la Fiscalía y a la Procuraduría.
Hace unos días, Noticias Caracol publicó un informe que reveló dudas sobre una empresa de aviación de la que era socio el candidato más opcionado para ocupar la dirección de la Aerocivil: el general retirado Henry Pinto.En ese momento, el general no respondió a este noticiero, pero después del informe, a través de sus abogados, envió algunas explicaciones que abren otros interrogantes. A continuación, esas versiones y nuevos detalles que encontró este noticiero, y que relacionan a varios exsocios del general en casos judiciales. Las sombras de un candidato a la AerocivilLa designación del nuevo director de la Aerocivil sigue en estudio mientras se analiza el nombre del más opcionado: el general en retiro Henry Pinto.“Se está haciendo el estudio de seguridad de que efectivamente las denuncias sean denuncias que estén soportadas y que haya elementos para que no se le designen, pero quien tiene la decisión es el presidente”, aseguró el ministro de Transporte, Guillermo Reyes.Las turbulencias alrededor del nombre de Pinto las desató un informe de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol que planteó una serie de interrogantes sobre el círculo empresarial que lo rodeó.En 2018, los medios de comunicación de Cartago registraron una rueda de prensa en donde se anunció la apertura de vuelos comerciales de pasajeros desde el aeropuerto Santa Ana de ese municipio hacia el Pacífico. Erróneamente Pinto fue presentado por varios medios de comunicación, entre esos este noticiero, como gerente de la firma AeroColombia.Pinto participó en ese evento en representación de la firma Transpacíficos, de la cual era socio. Allí también estuvo Luis Fernando Heredia, gerente comercial de AeroColombia, hoy capturado por narcotráfico.Aunque Noticias Caracol buscó insistentemente al general retirado para conocer su versión de este y otros episodios, no fue posible contactarlo. Solo posteriormente, y a través de una carta, su abogado negó cualquier relación entre él, AeroColombia y Heredia, este último capturado por la Fiscalía como el jefe de una banda mafiosa que usaba aviones privados para enviar cocaína al exterior."Jamás mi representado ha tenido relación con esa sociedad (AeroColombia) durante el tiempo en que supuestamente se investigó y capturó al ciudadano Luis Fernando Heredia (...)", aseguró el abogado de Pinto.Esta relación comercial también fue negada por la abogada que representa a la firma Transpacíficos, de la cual era socio el general Pinto desde el año 2015, cuando aún estaba en servicio en la Fuerza Aérea Colombiana: "Transpacíficos CIA SAS y AeroColombia no tienen ningún tipo de relación societario, ni de ninguna otra índole".Sin embargo, aunque los abogados niegan cualquier relación con Aerocolombia, documentos en poder de Noticias Caracol demuestran que sí existió un vínculo comercial que hoy desconocen:“La empresa Transpacíficos & CIA mantiene relaciones comerciales con nuestra empresa desde el año 2016 mediante el contrato de fletamento de aeronave. Durante este lapso de tiempo se han tenido transacciones hasta por un monto de 200 millones de pesos, cumpliendo satisfactoriamente con los compromisos adquiridos”, señaló la gerente de AeroColombia, Sandra Heredia, en una carta.AeroColombia, la empresa que tenía vínculos comerciales con Transpacíficos, terminó involucrada en un gran escándalo por narcotráfico. “Dentro de las 8 personas capturas se destaca Luis Fernando Heredia Bermúdez, alias ‘Feria’, gerente de AeroColombia, una empresa de viajes y turismo que utilizaba este individuo su cargo para agendar los planes de vuelo de los aviones que llevaban el estupefaciente”, señaló María Elena Monsalve, directora especializada contra el narcotráfico de la Fiscalía.Transpacíficos, la firma de la que fue socio el general, atravesó por otra tormenta. Danilo Chávez, el mayor accionista de esa empresa, fue denunciado por la DEA y se declaró culpable en Estados Unidos por operaciones irregulares de transferencias de dineros desde Panamá, Venezuela y Rusia hacia Estados Unidos, sin contar con licencia para ello.Aunque se trataba del socio mayoritario de la empresa, el abogado de Pinto insiste en afirmar que el oficial retirado jamás supo de los graves problemas judiciales en los que estaba involucrado su socio principal en una corte federal."Acerca de las investigaciones administrativas que presuntamente se adelantan en contra del ciudadano Danilo Chávez, mi representado no tiene ninguna relación o injerencia en ellas, así como tampoco en alguna investigación que se estuviere adelantando en contra de ese ciudadano en otro país, de lo cual mi prohijado desconoce su existencia", señaló.Pinto dice desconocer - según afirma su abogado- de la existencia de un proceso contra el accionista mayoritario de esa empresa en Estados Unidos.Según las actas de la empresa Transpacíficos, junto al general Pinto aparecían como socios de esta compañía los hermanos Mateo, Danilo y Juan Sebastián Chávez Lozano. También su madre, María Isabel Lozano González, ha sido presidenta de la compañía.El patriarca de la familia es Danilo Alfonso Chávez Gil, un hombre que fue capturado en el 2000 como integrante de una banda conocida como Los Niches, vinculada, según las autoridades, al capo del norte del Calle Jorge Eliécer Asprilla, quien fue extraditado por el envío de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.El padre de la mayoría de los socios de Transpacíficos fue condenado a 10 años de prisión, según informó el Tribunal Superior de Bogotá.La versión de Pinto solo se conoce por las comunicaciones que fueron enviadas por su abogado a este noticiero. Aunque resulta extraño, según su abogado, el experimentado oficial nunca supo que la empresa de la cual era socio hizo negocios con AeroColombia, compañía investigada por narcotráfico.También dice que desconocía que su compañero de junta en Transpacíficos estaba vinculado a proceso de la DEA en Estados Unidos. El general retirado no quiso contestar si sabía o no que el padre de sus socios era un condenado capo de la mafia.Según el abogado de Pinto, el exoficial desconocía todo el entorno que rodeaba la pequeña junta de socios de la que hizo parte el candidato más opcionado para dirigir a las casi 3.000 personas que hacen parte de la Aeronáutica Civil, una entidad que dentro de sus importantes funciones cumple un papel clave en la lucha contra el narcotráfico.
Elena Stashenko tiene una laureada hoja de vida académica, una extensa producción científica como doctora en química y la convicción de que las bondades naturistas que prometía el Dololed, un producto hecho supuestamente a base de caléndula, no eran reales. Debido a sus hallazgos en la Universidad Industrial de Santander sobre la presencia oculta de diclofenaco en este producto, en enero de 2020 el Invima decretó la alerta sanitaria, se suspendió su producción y se inició un proceso sancionatorio contra el laboratorio que lo produce.En contexto: Invima ordena dejar de producir Dololed por presencia de diclofenaco“Las personas que consumen medicamentos fitoterapéuticos deben saber qué es lo que consumen, debe haber un control de calidad mínimo de lo que consume la población, más aun si es un fitomedicamento, un fitofármaco que ha sido en su momento tan popular, tan usado, tan consumido por la gente”, dice Stashenko.Veinte meses después del revuelo que causó su investigación y que derivó en averiguaciones de la Procuraduría y la Superintendencia de Industria y Comercio, tutelas contra la UIS, señalamientos de abogados, derechos de petición y una denuncia penal en su contra, la científica rusa conversó con Noticias Caracol sobre este caso:La génesis de este caso fue un artículo del diario El Espectador que reseñaba las primeras indagaciones del grupo científico de la profesora Stashenko en 2018. En febrero de ese año un paciente le pidió al Centro de Cromatografía y Espectrometría de Masas de la UIS, que dirige Stashenko, que analizara una tableta del fitofármaco porque, según él, había tenido una reacción adversa. Ahí vino el primer hallazgo de diclofenaco.Para ampliar la muestra, en marzo de 2018 el equipo de investigadores compró en siete farmacias de Bucaramanga ocho cajas del producto. Las muestras fueron rotuladas y embaladas de acuerdo con los protocolos de química forense. Otra vez volvió a confirmarse la presencia de esta sustancia. Casi dos años después, en enero de 2020, se hizo una tercera prueba: el mismo grupo de investigadores adquirió 16 cajas de Dololed en droguerías autorizadas en nueve ciudades de Colombia: Bucaramanga, Piedecuesta, Floridablanca y Girón en Santander; Bogotá, Barranquilla, Cúcuta, Yopal y Sabaneta, en Antioquia.El resultado fue el mismo, tal como concluye el estudio científico que fue remitido a la Superintendencia de Industria y Comercio: “En todas las tabletas analizadas en este estudio se detectó y se identificó el diclofenaco (…) Los productos comerciales del fitoterapéutico analizados en este estudio pertenecen a los lotes F726, F792, F800, F843 y F851”.Las publicaciones académicas y periodísticas contra Dololed llevaron a que Laboratorios Pronabell, productor del fitoterapéutico, emprendiera acciones legales para defender el buen nombre de la compañía. Además de criticar los hallazgos y poner en duda las muestras examinadas por la UIS, en enero de 2020, por el delito de injuria, fue denunciada penalmente la profesora Stashenko. En octubre de ese mismo año, sin embargo, los abogados de Pronabell desistieron de la querella y el caso fue archivado en favor de la científica.En cambio, el panorama se complicó para el laboratorio. La Superintendencia de Industria y Comercio les formuló pliego de cargos en marzo pasado y señaló: “Este despacho advierte que Laboratorios Pronabell S.A.S. (…) al parecer faltó a su deber de suministrar información clara, completa, veraz, suficiente, oportuna, verificable y precisa respecto de la composición, características, especificaciones y usos del producto Dololed, circunstancia que pudo ocasionar el consumo no informado de un componente de origen de síntesis química que podría desencadenar un evento adverso para la salud de los consumidores”.De allí que la profesora Stashenko añadiera: “Hay un producto, se hizo un análisis, se repitió muchas veces, 2018, 2020; se volvió a repetir, se usaron varios métodos científicos. El criterio de la verdad de la ciencia no es opinión, no es elucubración jurídica, es un resultado. Y esto es la ciencia, la ciencia es reproducible y la ciencia es tozuda. Bueno, tú puedes, digamos (decir) ‘no me gusta este resultado’, pero es tu problema”.La investigación de la científica Stashenko y su grupo de investigación advirtió, además, los peligros del consumo de diclofenaco en un producto supuestamente naturista. La literatura médica señala que el máximo permitido de este antiinflamatorio por día es de 150 miligramos.“El medicamento, este fitoterapéutico, es bastante exitoso. ¿Por qué? Porque cuando las personas tienen dolor y realmente personas con artritis, reumas, o sea, con dolores, toman diclofenaco y el dolor pasa. Y eso es lo que un ser humano vive: evitando el dolor. Entonces cuando se alivia del dolor se pone alegre y toma otra pastilla y tres pastillas al día y sigue repitiendo al día siguiente, sin saber que hay diclofenaco que también tiene su cantidad límite de ser tomado. Nos vendieron la idea que lo natural es inocuo y si es natural lo puedes infinitamente tomar, pero la cicuta también es natural y la cicuta acabó con la vida de Sócrates”, dice Stashenko.Durante dos días el equipo periodístico de Noticias Caracol acompañó a los profesores e investigadores del laboratorio que dirige Stashenko en la Universidad Industrial de Santander. Para efectos periodísticos, accedieron a mostrar en cámara el proceso científico utilizado en el caso Dololed. Así, volvieron a tomar una tableta del producto analizado en 2020, cuyas muestras reposan en una caja fuerte. A un lado estaba la caléndula. De las 30 tabletas que tiene cada caja se tomaron cinco pastas al azar. La factura de la compra del fitofármaco fue puesta sobre la mesa.“Claro que hay muchas personas que pueden dudar de tus resultados, pero tú tienes detrás de un número toda una serie de evidencias que permiten demostrar que se hizo bien”, asegura el investigador químico Andrés Fernando González.Tras el proceso de pulverización de las pastillas, se toma una muestra, se lleva a las balanzas, se determina un peso específico y se hace la extracción para los equipos de cromatografía acoplada y espectrometría de masas. Mientras dura el proceso, se toman los tiempos y se sigue el método aplicado para identificar y descomponer todas las moléculas del producto, le pregunto al investigador Cristian Andrés Oliveros cómo ha sido el último año.“Somos químicos analíticos, nos forman para que los resultados que mostremos sean resultados idóneos, que sean veraces, que sean contundentes, pero nunca en una carrera universitaria nos enseñan o nos forman sobre las consecuencias que puede traer el decir la verdad de un resultado que encontremos. Y allí es donde digo que el impacto es fuerte porque uno no está preparado para todo lo mediático. Para nosotros el resultado es la verdad porque detrás de esto está el método científico”, relata.Muy pronto llegan los resultados. El investigador González señala mostrando los hallazgos en el computador: “Este es el pico cromatográfico de diclofenaco que aparece en el extracto del producto fitoterapeutico Dololed”. A lo que añade la profesora Stashenko: “Entonces es un análisis contundente, es un análisis confirmatorio que permite ver la presencia de diclofenaco en la muestra. No ver la caléndula. Y confirmar la naturaleza química de esta sustancia”.Le puede interesar: Los niños fusilados de la Operación BerlínCamilo Araque Blanco es el promotor de una acción popular contra el Invima y la Superintendencia de Industria y Comercio por la presunta omisión de estos entes en el control y regulación de estos productos que se dicen naturistas.“El caso Dololed es el caso mejor documentado desde la entrada en vigencia del Estatuto del Consumidor. Tenemos la intervención de la Procuraduría General, tenemos una alerta sanitaria, un proceso incurso del Invima sancionatorio, un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio y dos informes técnicos de la mejor científica de Colombia, la doctora Elena Stashenko, de la UIS de Bucaramanga. Todos estos documentos apuntan a que Dololed dentro de sus ingredientes tenía un químico sintético no declarado como el diclofenaco”, advierte.En los próximos días Araque Blanco radicará otra acción legal que busca que Laboratorios Pronabell les devuelva a los consumidores el dinero que obtuvo por la venta de este fitofármaco cuestionado en los últimos años. “En el caso de la acción de grupo se pretende que Laboratorios Pronabel sea condenada al pago obtenido por las ventas del producto Dololed tanto individuales como globales. Suma que equivale a más de 63 mil millones de pesos, según la certificación expedida por el propio revisor fiscal de esta compañía”.Noticias Caracol consultó a Julio César Aldana, director de Invima, sobre este proceso. Según dijo, la entidad ha tomado acciones contundentes para atender esta controversia. “En este momento, muy seguramente yo le puedo llegar a decir, con la evidencia que hay es posible que exista una sanción pecuniaria sobre el laboratorio”. Y agregó: “Es claro que se encontró producto en el mercado que contenía una sustancia que no estaba autorizada y muy seguramente esto va a llevar y de hecho ya llevó a una sanción. Le repito, ya se suspendieron las actividades de producción del laboratorio temporal y totalmente”.El alto funcionario manifestó que espera fallar de fondo este caso antes de que culmine este 2021.En la otra orilla de este proceso está la defensa de Laboratorios Pronabell. En diálogo con este noticiero el abogado Carlos Sánchez Cortés aseguró que no reconocen los resultados del laboratorio de la UIS y que van a probar al final que Dololed es un producto cien por ciento natural a base de caléndula.“Solamente analizando ese estudio, ese resumen, ese informe ejecutivo, pudimos constatar a través de un perito que ha contratado la compañía que el laboratorio no cuenta con los avales que le permitan practicar pruebas que le permitan concluir que, efectivamente, el producto cuenta con diclofenaco porque no cumplen con un requerimiento normativo y que tampoco las máquinas cumplen con ese requerimiento normativo. Ese es un tema realmente técnico”, sostuvo Sánchez Cortés.El abogado, además, se quejó de la científica Stashenko y su grupo de investigación, pues, según él, no han colaborado como corresponde para adelantar los procesos administrativos o los peritazgos legales y agregó que pruebas de laboratorio contratadas por ellos han determinado que Dololed no ha tenido adulteraciones ni ingredientes ocultos.“En su momento, cuando se presentó la alerta sanitaria, en una declaración pública que hizo la firma como apoderada de Laboratorios Pronabell manifestó que era muy probable que se hubieran presentado suplantaciones, adulteraciones o falsificaciones de ese producto que estaba circulando a través, obviamente, del comercio y que estaba siendo consumido por diferentes personas en territorio colombiano”, indicó.Según Sánchez Cortés, entre agosto de 2020 y agosto de 2021 se documentaron 12 casos de venta ilegal del producto Dololed por compañías no autorizadas, pues el fitofármaco fue suspendido por el Invima. Una prueba más, dice, de la suplantación del producto. Le insisto al abogado sobre los hallazgos de la profesora Stashenko y su grupo de investigación y le recuerdo que analizaron muestras de Dololed en nueve ciudades del país.“¿Puede uno atribuirle a un mercado pirata esa coincidencia máxima?”, le pregunto. “Es probable, es un tema que no me corresponde a mí señalar, es un tema que nos corresponde señalar con pruebas”, contesta.Al margen de la controversia, la última palabra será del Invima, la Superintendencia de Industria y Comercio y los jueces administrativos. Mientras ello ocurre la profesora Stashenko y su equipo continúan escarbando en otros productos que dicen ser naturistas: “Hubo una curiosidad de mirar otros fitomedicamentos o fitoterapétuticos y también hubo hallazgos de otras sustancias, o sea, quizá están avalados por Invima, pero tienen estos componentes que no están descritos en la caja”. “¿O sea, un caso igual al de Dololed?”, le pregunto. “Sí, similar”.Es decir, vienen nuevos hallazgos.
El empresario Fernando Suárez González también figura en el rastreo de otra cadena de irregularidades para asegurar contratos en el sector del transporte en Barranquilla.En varias conversaciones de 2017 con el abogado Leonardo Enrique Jiménez, funcionario de la secretaría de control urbano y espacio público de la alcaldía, se habrían pactado las condiciones para beneficiar a la empresa FSG a cambio de unos pagos. Los chats revelan que el contratista obtuvo la información de sus competidores y la indicación de la propuesta.Leonardo Jiménez (alcaldía de Barranquilla): Estas fueron las empresas que manifestaron interés. Le pregunto: ¿esas empresas son de Bogotá?Fernando Suárez González: Sí, todas de Bogotá.Leonardo Jiménez: En la propuesta trate de bajar lo más posible.Fernando Suárez González: (...) Entonces quedamos así. Revisamos bien lo del tonelaje.Leonardo Jiménez: Ok.En este caso, se encontraron soportes bancarios de que el empresario Suárez le consignó 10 millones de pesos al abogado Jiménez por concepto de “gastos barranquilla”, el 31 de julio de 2017.Los investigadores creen que ese habría sido el pago por ajustar varios negocios y así lo reseñan en la investigación. Jiménez tampoco contestó el mensaje enviado por Noticias Caracol para conocer su versión.Algo parecido ocurrió en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca en 2019. FSG quería obtener un contrato por 15.734 millones de pesos para prestar el servicio de transporte de la entidad.Para ello, según la SIC, se contactó con Luz Elena Duque Santana, funcionaria de la dirección financiera de la CAR. Según la SIC, Duque Santana había sido encargada de proyectar el análisis del sector de transportes especiales y los pliegos de condiciones definitivos y de la evaluación técnica de las ofertas de este proceso.En este caso hay dos particularidades: FSG, en efecto, se ganó el contrato, y segundo, Duque Santana recibió de FSG 34 consignaciones por un valor total de 60 millones de pesos entre octubre de 2018 y agosto de 2019. Algunas de ellas fueron marcadas con el concepto de "comisión", según los chats.Noticias Caracol consultó a Luz Elena Duque Santana, quien aseguró que su única relación directa con Suárez fue por la compra que le hizo de un carro minicooper: “Yo recibí ese dinero ya que para nadie es un secreto en la corporación que el señor Fernando se dedica a venta de vehículos (…) Y le compré el carro a él. El tema es que el carro no salió en óptimas condiciones. Yo lo arreglaba y otra vez, lo arreglaba y otra vez. (...) Entonces él me decía arréglalo y yo te devuelvo lo que valga el arreglo”.En relación con la licitación que se ganó la compañía de Fernando Suárez en la CAR, la funcionaria explicó: “Yo proyecto un estudio de mercados como se ha proyectado siempre y en todos los procesos, pero mi parte llega hasta ahí solamente, hasta proyectar. La decisión, quién se lo gana, por qué se lo gana, yo no tengo injerencia en eso”.Además de presuntamente entregar sobornos y cuadrar a funcionarios para obtener contratos, la SIC tiene pruebas de que diez empresas de transporte más se habrían aliado para repartirse las entidades públicas con las que operaban. Por ejemplo, se autosaboteaban a propósito para descalificarse mientras simulaban competir con la empresa que debía quedarse con el negocio.Aunque no siempre la cosa fluyó y de ello da prueba el siguiente chat grupal en donde varios empresarios se agarraron.Jorge Riveros (Empresa Escolytur): Buenas noches, la verdad estoy muy molesto y quiero dejarlo en conocimiento de todos. Como es bien sabido las únicas entidades en las que está Escolytur son la Secretaría de Integración Social y la de Educación y no me parece justo que JR Y TRANSARAMA se presenten al grupo de los micros, ya que ese contrato es mío desde que se creó esta alianza.Jorge Riveros (Empresa Escolytur): El fin de esta alianza fue defender los contratos que tenemos y traer nuevos contratos. No ‘lagartearnos’ los contratos que ya tenemos entre las empresas de la alianza.Fernando Suárez González: Listo, estoy de acuerdoMauricio Betancourt (Empresa JR): No estoy de acuerdo porque no estamos lagarteando nada, estamos participando en una subasta. Y si el que tiene el contrato es Escolytur, pues se le respeta.Lida Chacon (Empresa Lidertur): (...) Este tipo de cosas no se deberían tratar por acá, si bien hay diferencias debería citar a una reunión y hablarlas.Según la SIC, en esa repartija se habrían pagado entre las mismas empresas para permitir que una u otra tomara la delantera en los procesos de contratación. Eso indicaría este chat entre Fernando Suárez y Javier Vargas Prieto, de la compañía Cootaxiexpress, quien estaría negociando a espaldas de sus jefes.Javier Vargas (Cootaxiexpress): Hola Fernando. En la licitación de la alcaldía de Bogota el contrato es por $243 millones. Ya revisé y puedo subsanar (la propuesta). (...) Le propongo (que me entregue) 10 millones y me hago el huevón para dejarlo solo a usted en la subasta. Pero confírmeme porque hasta mañana hay plazo y quiero evitarme la fatiga...Fernando Suarez González: No. 5 millones. Para usted solo.Javier Vargas (Cootaxiexpress): Deme los 10! Se gana el contrato y se ahorra 14 millones. Hágale hombre que yo me he portado bien desde que empezamos a trabajar juntosFernando Suarez González: Y conmigo es ‘chan con chan’.Javier Vargas (Cootaxiexpress): Bueno, 10 millones y me duermo con la Alcaldía de Bogotá.Cootaxi y FSG eran los únicos proponentes para la selección de la Alcaldía de Bogotá. Al final, Cootaxi no enmendó los requisitos que le faltaban, tal como se pactó, y FSG se llevó el contrato por 243 millones.Por ahora, los investigados por la SIC están alistando su defensa. Entre tanto, el organismo de control ya les envió a la Fiscalía y a la Procuraduría copia de su investigación para que también se pronuncien sobre este presunto cartel del transporte especial.
Para la docente Sassen las grandes ciudades están generando más incomodidades que beneficios en la población. “Es difícil vivir bien. Debemos reducir los tamaños de las grandes ciudades para que sean más manejables y agradables y más en juego positivo con la naturaleza”, explica.Y es que para ella no hay ninguna razón para tener estas ciudades de magnitudes como las de Sao Paulo o Nueva York, “que se extienden por un territorio enorme, donde los únicos que tienen ventaja son la gente rica y los negocios, pero también para la gran mayoría de personas modestas y otras no tan modestas. Es negativo”.Según sus cálculos, estas ciudades grandes sirvieron bien hasta un momento, “pero a partir de los 80 se debió entender que concentrar todo en la gran ciudad solo les conviene a ciertos sectores económicos, pero no a la mayoría”.Aconseja, por ejemplo, descentralizar las operaciones económicas y llevarlas a ciudades de medio tamaño.“Tenemos que reconocer que las nuevas generaciones tienen otras preferencias, otras cosas más importantes. Un coche de marca no es tan importante, vale más una buena bicicleta y un espacio para usarla”, es su lectura sobre lo que se vive en la actualidad.La mirada de la socióloga hacia la situación de la pandemia es que “el coronavirus no va a cambiar nuestras vidas para siempre, porque ya hemos tenido situaciones como estas. Cambian un poco, algo. Lo que realmente es la diferencia en este periodo, con este virus, es que nosotros hemos destruido más y más tierras en el mundo, entonces les va quedando menos lugar a los virus, así que nos los encontramos en nuestras casas”.
Las tierras en Chivor, Boyacá, fueron usurpadas por paramilitares a Víctor Quintero en los ochenta. Beneficiados esperan que invasores acepten la decisión.
Indígenas zenúes advierten que mientras Eder Espitia disfruta de lujos a costa de recursos públicos, ellos no pueden acceder a servicios de salud en Córdoba.
