El pasado 3 de mayo una tragedia conmocionó a los habitantes de Popayán y a todo el país, luego de que en medio de un evento de entretenimiento con Monster Trucks, uno de estos gigantescos vehículos se abalanzara sobre el público, dejando tres personas sin vida y decenas de heridos. ¿Qué errores hubo en la organización del evento y quién debe responder a las familias damnificadas?Los Monster Truck o camiones monstruo se han convertido a nivel mundial en una de las atracciones extremas de acrobacias que atrae a personas de todas las generaciones. Sin embargo, en Colombia son pocas las regulaciones para este tipo de vehículos y para los eventos en los que realizan sus arriesgadas maniobras. A pesar de esto, en mayo de este año las redes sociales de los payaneses se llenaron de una atractiva publicidad que prometía una tarde familiar para disfrutar de estos carros manejados por expertos.Los errores en el evento de Monster Truck en PopayánEn cuestión de segundos, lo que sería una tarde de diversión y adrenalina para las familias de Popayán, se convirtió en una de las tragedias más grandes de los últimos años. Tres personas perdieron la vida, dos de ellos eran menores de edad, y otros 40 asistentes resultaron gravemente heridos luego de que el vehículo llamado 'La dragona', conducido por la experta Sonia Segura, perdiera el control y terminara arrollando a parte del público que se encontraba en el lote del Boulevard Rose.Cuatro meses después, algunos de los asistentes que sobrevivieron al incidente, señalaron que desde el ingreso al lugar todo anunciaba una posible tragedia. Dilan Matías Pichincha, uno de los asistentes menores de edad, señaló a Séptimo Día que al llegar al evento notó que no se parecía a la publicidad que vio en redes sociales ni al tipo de lugares en los que se suele realizar estos eventos en otros países. "Yo vi que no era tan seguro. En las redes yo veía que [esos eventos] eran en un estadio, las personas estaban arriba y ellos pasaban por debajo", aseguró el niño que fue con sus abuelos.Luciana Fierro, de 12 años, asistió al evento junto a su hermana mayor María Camila, quien falleció a causa del incidente. Ella también resaltó que "el lugar del evento era muy pequeño, el carro solo podía dar una vuelta y ya. Para esos vehículos tan grandes, la distancia era muy poca".Todos ellos adquirieron sus entradas tras ver en redes sociales la publicidad del evento que prometía acrobacias y adrenalina de la mano de estos increíbles vehículos pocas veces vistos en el país y, además, asegurando que contaban con "todos los protocolos de seguridad" y la autorización de las autoridades. También les dio confianza ver que una de las conductoras contratadas por DB Entretenimiento y Colombia Monsters, promotores del evento, era Sonia Segura, una de las únicas mujeres en Latinoamérica autorizada para manejar estos vehículos.Tal y como lo señalaron los asistentes, en los videos de redes sociales se puede observar que el público del evento no solo estaba ubicado en el suelo a la misma altura de los monster truck, vehículos que pueden pesar más de cinco toneladas, sino que ademas estaban a escasos dos metros de distancia y lo único que los protegía era una valla metálica de un metro de alto. Luego de realizar algunas maniobras en el pequeño espacio mientras conducía 'La dragona', sobre las 5:00 de la tarde Sonia Segura perdió el control del monster truck, que también se prendió en llamas, y se fue sobre los asistentes. El carro nunca se detuvo, solo un poste de energía contra el que chocó al final del lote y justo antes de la vía principal logró detener su trayectoria. ¿Por qué las autoridades habilitaron este evento?El abogado Fabián Naranjo representa a 22 de las víctimas de esta tragedia y advirtió que hubo varias inconsistencias y errores desde la planeación del evento que, de haberse corregido, se habría evitado el fatal desenlace. Detrás del evento estaban empresarios con experiencia en eventos masivos en la ciudad, pero quien radicó la solicitud de autorización ante la Alcaldía fue Blanca Nury Meneses, mientras su esposo, Daniel Sandoval, sería es el que estuvo a cargo de la organización.Una de las primeras inconsistencias, según el abogado, es que en la solicitud de permisos, Blanca Nury calificó el evento bajo la normativa de artes escénicas. A pesar de ese error evidente desde el primer momento, el evento de Monster Truck fue habilitado por la Secretaría de Gobierno, la oficial de Gestión de Riesgo y la Alcaldía Local bajo las normas de un espectáculo público de artes escénicas, sin exigir los protocolos de seguridad necesarios para lo que realmente iba a suceder en el lote de Boulevard Rose. "Son deportes extremos, de alto impacto, requieren escenarios propicios y requisitos diferentes. El evento nunca debió haberse realizado porque el escenario no era propicio para eso", indicó el abogado Fabián Naranjo. Tal y como lo notaron Dilan y Luciana, dos de los menores que resultaron heridos en el evento, el principal error era la distancia de los asistentes de los vehículos y la barrera de protección mínima. Séptimo Día consultó con uno de los pilotos que hace parte de la Asociación Americana de Monster Truck en Estados Unidos, quien vio las imágenes del evento en Popayán y coincidió con los sobrevivientes. "No creo que nadie deba estar al mismo nivel de los Monster Trucks, deben estar arriba en las graderías con muros de contención. Es demasiado peligroso", sobre el evento en la capital del Cauca resaltó que "no tienen las barreras correctas, no tienes muros de concreto. tienen una pequeña valla de aluminio y a toda esa gente sentada ahí. Obviamente esa valla no va a detener un camión de 10.000 libras".También resaltó que en el lugar había presencia de cinco socorristas y tan solo una ambulancia para atender en caso de alguna emergencia. Julián Prado, director de la Cruz Roja del Cauca, explicó que se había informado que al evento asistirían mil personas y que tenían entendido que era una "exhibición" de estos vehículos. Sin embargo, al lote del Boulevard Rose recibió a cerca de tres mil asistentes.De la misma forma, los Bomberos de Popayán resaltaron que emitieron un permiso para el evento que, en primera medida, se iba a realizar el 26 de abril, pero debido a cuestiones de orden público este fue aplazado para el 3 de mayo. Para esta nueva fecha, según detallaron los bomberos, en ningún momento se les solicitó hacer una revisión del lugar para alertar sobre posibles riesgos.Por otro lado, sobre el incidente con el monster truck conducido por Sonia Segura, las investigaciones arrojan que se trató de una posible falla mecánica, pero todavía se está a la espera de un peritaje técnico que establezca qué falló específicamente. El abogado Fabián Naranjo señaló que, previo al evento, nadie realizó una revisión a los vehículos contratados para el evento. Séptimo Día intentó contactar a los organizadores del evento para conocer su versión, pero a través de sus abogados detallaron que se niegan a dar declaraciones. Igualmente, se intentó contactar a Sonia Segura, la conductora con gran experiencia en Monster Trucks que también es investigada como posible responsable por lo ocurrido, pero ella designó a su abogado Mauricio Ospina para responder por su vinculación al evento. "El papel que ella juega en esto es la conducción del monster Truck", el cual le entregó la empresa Colombia Monsters, de la cual ella figura como representante legal suplente.La Fiscalía ya inició su investigación para determinar si hay o no responsabilidad por parte de la conductora. También a quienes desde la administración municipal autorizaron la realización del evento; este programa intentó comunicarse con el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz; con el secretario de Gobierno, Reinel Polanía y con el jefe de la oficina de Gestión de Riesgos, Jair Flores, pero no fue posible concretar ninguna entrevista con ellos.
Portar el uniforme del Ejército Nacional es motivo de orgullo para muchos colombianos y sus familiares. Ese fue el caso de Jhon Franklin Quintero Figueroa durante los 25 años que hizo parte de la institución; sin embargo, eso terminó el día que descubrió que su hermano de 28 años había sido asesinado por sus propios compañeros y presentado como un guerrillero muerto en combate.Hoy en día, la historia de su hermano hace parte de los miles de casos de falsos positivos por los que responden exmilitares ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Jhon y su mamá María Tránsito Figueroa han escuchado los detalles de los momentos de horror por los que pasó su ser querido antes de perder la vida en las voces de los responsables que ahora les piden perdón. Pero como si eso no fuera suficiente, su tragedia fue doble.La traición de una institución"Duré 25 años y medio en el Ejército, llegué hasta el grado de sargento primero", recuerda Jhon ante las cámaras de Los Informantes su carrera militar que, en su momento, lo llenó de orgullo. Pero todo cambió el 29 de diciembre de 2006, mientras se encontraba de servicio en un batallón en Ubalá, Cundinamarca, cuando recibió una llamada en la que le dieron una de las peores noticias: su hermano Alexander Quintero Figueroa había sido asesinado.Con cada detalle que su mamá le daba al otro lado de la línea el "baldado de agua fría" era cada vez más fuerte. "Cuando le pregunté 'Mamá, ¿qué pasó?', ella me dijo: 'el Ejército lo mató'". En medio del dolor, crecieron también las dudas y la indignación, pues Alexander fue presentado por los militares como un supuesto explosivista de las antiguas FARC, un guerrillero dado de baja en combate. Jhon y doña María Tránsito sabían que eso era imposible e hicieron todo lo posible por demostrarlo, arriesgando incluso sus vidas.Alexander Quintero tenía 28 años y vivía en Granada, Meta, donde se rebuscaba su jornal diario con diferentes labores. Para ese momento estaba recién separado y su mayor propósito era brindarle lo mejor a sus cinco hijos menores de edad. A diferencia de su hermano mayor, Alexander había decidido no prestar servicio militar porque siempre le tuvo miedo a las armas y, además, no quería estar lejos de sus hijos. Según un vecino de Alexander, un día antes de su muerte un hombre lo buscó y le ofreció $50.000 por hacer un trabajo. Ese día no se supo nada más de Quintero, pero al día siguiente su foto apareció en los informes del Ejército Nacional, anunciando que habían dado de baja a un guerrillero de las FARC.Jhon Quintero decidió hacer uso de sus credenciales como militar activo y empezó a indagar sobre lo que había pasado con su hermano, todo apuntaba a un falso positivo. Tuvo acceso al informe oficial, firmado por el mayor Jorge Bermeo, en el que "lo mostraban como NN, habían fotos de cómo quedó ahí, le habían puesto unas botas de caucho, unos elementos explosivos y un revolver. Yo ahí reconocí que era mi hermano".Pero sus preguntas encendieron las alarmas entre los uniformados responsables, quienes incluso intentaron convencerlo de que su hermano efectivamente era un guerrillero. Indignados, Jhon y su mamá decidieron interponer una denuncia, mientras también reclamaban en el batallón que les entregaran el cuerpo de Alexander para darle sepultura. En ese momento iniciaron las amenazas en su contra. "Hubo una amenaza al hijo mío, que si seguíamos escarbando que no le fuera a pasar lo mismo que al hermano", recuerda doña María Tránsito. En medio de la zozobra se dieron cuenta que hombres en moto y militares los estaban buscando por todo el pueblo, motivo por el que tuvieron que pasar la noche en la funeraria con la que habían contratado el servicio para el traslado del cuerpo de su familiar. En la madrugada del día siguiente, Jhon salió rumbo a Bogotá esperando que ningún militar lo encontrara, allá esperaría a su mamá, a sus cinco sobrinos y al cuerpo de su hermano para todos juntos salir hacia Santander. Doña María Tránsito tuvo que ser fuerte sola y reclamar el cuerpo de su hijo de 28 años en el batallón, pero llevarlo a Bogotá no sería una labor sencilla, pues algunos militares hacían preguntas en Granada para saber cuándo sería el traslado."El ataúd nos lo entregaron apuntillado, sellado y el niño más chiquito nos preguntaba que cuándo se iba a despertar el papá. Hasta eso nos arrebataron, la oportunidad de verle la cara a nuestro familiar por última vez", asegura Jhon, recordando que lograron enterrar el cuerpo en su pueblo natal en Santander después de esa odisea. Pero ahí no terminaron sus indagaciones, al cabo de dos años regresó al batallón de Granada, Meta, y descubrió que la muerte de su hermano había sido maquillada. "Lo acomodaron como una emboscada porque así sí cabe la posibilidad de que, a ese guerrillero, como decían ellos, le pegaron 17 impactos, porque muchos dispararon".Verdad y justiciaHan pasado casi 20 años del asesinato de Alexander Quintero, un civil al que el Ejército hizo pasar por un guerrillero en sus informes. Después de todo este tiempo, su caso ingresó a la Jurisdicción Especial de Paz y en medio de las audiencias de la misma, Jhon y su mamá han podido conocer los dolorosos detalles de su muerte a través de las declaraciones de algunos de los responsables: Jorge Eliécer Bermeo Meneses, mayor (r) del Ejército, y Wbeimar Alfonso Angarita Peñaranda, capitán (r) del Ejército.En las audiencias descubrieron que Alexander Quintero fue víctima de una maniobra popular entre los uniformados. La noche del 28 de diciembre de 2006, el padre de cinco niños fue amarrado y transportado en el baúl de un taxi hasta un punto de la vía en el que lo esperaban unos militares. Pero en medio del camino, apareció una pequeña esperanza, un retén de la Policía frenó el vehículo y revisó el maletero. Los policías vieron al joven amordazado en el baúl y alertaron al mayor Bermeo, indicándole que uno de sus sargentos llevaba a un hombre amarrado. Sin embargo, la respuesta del mayor fue: "Hermano, no se ponga a mariquiar que el sargento sacó un guerrillero de ese pueblo. Entonces déjelo que siga". Y así fue, los policías cerraron el baúl y dejaron seguir a los militares hasta el lugar en el que el pelotón esperaba a la víctima para asesinarla. Al escuchar estas versiones, Jhon solo puede pensar en lo que debió sentir su hermano en ese momento. "Yo creo que cuando él vio a los policías, sintió una luz de esperanza, pensó que los policías iban a evitar que lo mataran. Pero después de que cerraron el capó y él escuchó 'sigan', supo que ya no había nada que hacer". Un soldado testigo de los hechos también narró que Alexander alcanzó a hacer una última petición: "Él dijo que no lo mataran, que él era padre de cinco niños y que tenía un hermano militar, pero no le hicieron caso".Una tragedia dobleLa tragedia de la familia Quintero Figueroa se duplicó hace tan solo un año con una coincidencia aterradora. Jersey Alexander Quintero, el hijo mayor de Alexander que tenía solo 7 años cuando este fue asesinado, perdió la vida de una manera similar a la de su padre.Jersey creció junto a su tío, viéndolo como una figura a seguir, por lo que cuando creció también se convirtió en militar. En 2025, una banda criminal dedicada a la extorsión secuestró al joven militar de 26 años, lo trasladaron amarrado en el baúl de un carro hasta un paraje en Soacha y lo acribillaron. "El hijo mayor de mi hermano murió de la misma manera de mi hermano Alexander, amarrado, amordazado y humillado", señala Jhon.Los responsables por el asesinato de Alexander Quintero han confesado y se espera que casi dos décadas después de este episodio vergonzoso de las Fuerzas Militares, esta familia como muchas otras tengan algo de justicia.
Tras cumplirse tres años del feminicidio de Ana María Serrano, ocurrido el 12 de septiembre de 2023 en México, su madre, Ximena Céspedes, publicó un video en su cuenta de Instagram para actualizar la situación del proceso penal. En el mensaje expuso la frustración de la familia debido a la imposibilidad de dar inicio al juicio en contra del presunto responsable, su exnovio Allan Gil.El señalado permanece en prisión preventiva desde septiembre de 2023; sin embargo, el proceso judicial ha sufrido continuas interrupciones. La madre de Ana María señaló: "No hemos podido llegar a juicio porque la defensa ha hecho todo lo posible por alargar el proceso a punta de recursos y de amparos".A pesar de los constantes retrasos, la madre de la joven estudiante resaltó que los jueces y magistrados han actuado conforme a derecho. Hasta la fecha, todas las apelaciones e impugnaciones presentadas por los abogados del acusado han sido resueltas en favor de Ana María.Maniobras legales de la defensa y solicitudes de libertadDe acuerdo con lo revelado por Ximena Céspedes, la representación legal del imputado solicitó un cambio en las medidas cautelares con el propósito de que pueda seguir el proceso fuera de la cárcel.La madre de Ana María Serrano también hizo un llamado a las autoridades para que continúen aplicando la ley con rigor e imparcialidad. Asimismo, señaló: "Como dijo mi papá hace unos días, si fuera tan inocente seguramente iría a juicio más pronto".El proceso judicial acumula un historial de varias audiencias canceladas. En algunas ocasiones la defensa justificó los retrasos argumentando que no tuvo tiempo suficiente para revisar el expediente o cambiando de abogados a última hora.El crimen de Ana María Serrano que conmocionó a Colombia y MéxicoEn 2024, Los Informantes viajó a la Ciudad de México para entrevistar a la familia Serrano. Ana María Serrano, de 18 años y de nacionalidad colombiana, vivía en una zona exclusiva de la capital mexicana cuando fue asesinada en su casa. El día de los hechos, el 12 de septiembre de 2023, sus padres se encontraban en un viaje de aniversario por Europa.Las investigaciones oficiales determinaron que el señalado habría ingresado a la casa aprovechando que la joven se encontraba sola. Tras perpetrar el ataque, el sospechoso presuntamente manipuló el teléfono celular de Ana María para enviar mensajes falsos a su madre, pretendiendo simular un suicidio. Las cámaras de seguridad del conjunto residencial registraron sus ingresos y salidas del lugar.La madre de Ana María describió el dolor tras la tragedia: "todas las mañanas apenas me despierto mi primer pensamiento es la pude haber salvado, ese pensamiento no se me quita, o sea, y todos los días me tengo que repetir a mí misma que no había nada que hacer". Las autoridades descartaron la hipótesis de un suicidio e iniciaron la investigación bajo el protocolo de feminicidio, dada la relación sentimental previa entre la víctima y el presunto agresor.El legado de la Fundación NanáAntes del crimen, Ana María acababa de ingresar a la carrera de Medicina y soñaba con especializarse en cardiología. Su vocación de servicio se consolidó tras participar en misiones médicas en el departamento del Vichada, Colombia, en compañía de su tío, el exministro de Hacienda y hoy vicepresidente José Manuel Restrepo.En Los Informantes, Restrepo recordó el compromiso de su sobrina hacia las personas atendidas en dichas jornadas. Tras la pérdida, la familia convirtió el luto en una plataforma de prevención mediante la creación de la Fundación Naná. La organización busca educar a jóvenes y familias sobre las señales de alerta en relaciones violentas, tales como el control, los celos y el aislamiento. Las madre de Ana María señaló que la fundación cumplirá dos años de labores educativas y de acompañamiento en la región.La familia Serrano Céspedes sigue exigiendo que finalicen las dilaciones y se inicio al juicio definitivo.
La historia entre el odontólogo cartagenero Carlos Parra, de 46 años, y Natalia Vidales, influencer de contenido gastronómico y excandidata al Reinado del Mar Bolívar, comenzó en el año 2022. Tras cinco meses de noviazgo y un año de convivencia, la pareja contrajo matrimonio. En noviembre de 2023, la pareja recibió la noticia del embarazo. Sin embargo, la convivencia empezó a deteriorarse a los tres meses de gestación debido a fuertes discusiones de pareja. Parra admitió la existencia de altercados verbales en el hogar. Tras estos episodios, la mujer abandonó la residencia conyugal para trasladarse a la casa de sus padres. Séptimo Día conoció detalles de lo que vino después. A partir de la separación, el conflicto escaló a instancias legales. Luego, Vidales presentó una denuncia por presunta violencia intrafamiliar ante la Comisaría Primera de Cartagena. No obstante, el odontólogo rechazó categóricamente las acusaciones: “No existía ninguna violencia para con ella, porque jamás existió. No hay pruebas, no hay absolutamente más nada”.Las medidas de la Comisaría de FamiliaEl 11 de junio de 2024, la Comisaría de Familia Zona Norte emitió un auto donde determinó que no existió violencia física ni económica por parte de Parra, señalando que se trataba de agresiones verbales mutuas. En consecuencia, el despacho ordenó una medida de protección temporal para ambas partes y compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación.Como parte del proceso penal, Vidales fue valorada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 6 de agosto de 2024, cinco días antes del parto. Los informes periciales concluyeron que la mujer no presentó incapacidad médico-legal, huellas de maltrato físico reciente ni secuelas psicológicas vinculadas a los hechos denunciados.Parra denunció que durante la etapa final del embarazo la comunicación fue cortada por completo. “Me tenía bloqueado de WhatsApp y de llamada. Yo veía que todo estaba transformándose en algo muy oscuro, algo muy tenebroso, sabía que no iba a ver a mi hijo”, relató sobre el distanciamiento.Registro el niño como "madre soltera"El 11 de agosto de 2024 nació el menor en el Hospital Serena del Mar de Cartagena. Parra aseguró que se enteró del nacimiento al día siguiente por intermedio de una persona allegada. Al acudir al centro médico, el personal le impidió el ingreso alegando una orden de restricción familiar. No obstante, la defensa técnica del padre aclaró que no existía ninguna orden judicial o administrativa que le impidiera ver a su hijo.Adicionalmente, Parra descubrió que el recién nacido fue inscrito en la notaría sin sus apellidos. Según las denuncias penales instauradas por su defensa, Vidales registró al niño como madre soltera afirmando desconocer el paradero del padre. La situación fue corregida diez días después, cuando Parra tramitó el reconocimiento formal de paternidad tras demostrar el pago continuo de cuotas alimentarias desde la gestación.Ante la imposibilidad de acordar visitas voluntarias, Parra acudió al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y posteriormente instauró una acción de tutela. El fallo ordenó un ciclo inicial de visitas virtuales programado para el 4 de diciembre de 2024. La diligencia no se materializó debido a que la madre no se conectó a la llamada, argumentando ante los funcionarios temores por su seguridad.Posteriormente, el 13 de marzo de 2025, el Juzgado Octavo de Familia de Cartagena fijó un régimen presencial de visitas quincenales en un centro zonal del ICBF. A pesar de la orden judicial, Parra sostuvo que las diligencias se dilataron de forma sistemática. El 28 de agosto de 2025, las partes firmaron un divorcio por mutuo acuerdo en el que se reafirmó el esquema de visitas.El único encuentro presencial entre Carlos Parra y su hijo se produjo el 13 de septiembre de 2025 en las instalaciones del ICBF en Cali, cuando el menor tenía un año, un mes y dos días de nacido. “Fue un momento mágico”, expresó Parra, quien precisó la duración del contacto: “fueron solamente 2 horas 45 o 2 horas y 40 minutos”.¿Falsificación de documentos?Doce días después del encuentro presencial, Parra recibió información que indicaba que el menor había permanecido fuera del país durante más de ocho meses sin su consentimiento. De acuerdo con las certificaciones emitidas por Migración Colombia, el niño salió del territorio nacional rumbo a España por el aeropuerto El Dorado y reingresó el 26 de agosto de 2025 por Cali.Para autorizar la salida del menor se presentó ante las autoridades migratorias una escritura pública presuntamente otorgada en la Notaría Sexta de Cartagena. Parra negó rotundamente haber firmado autorización alguna: “No es mi firma. Falsificaron mi firma. Yo nunca voy a firmar un documento donde le voy a dar la salida del país a mi hijo”.Por su parte, la notaria sexta de Cartagena, Marta Méndez, ratificó la falsedad del documento público presentado ante los controles migratorios: “Es totalmente falso. Ese año ni siquiera llegamos a este número de escrituras. Esta no es mi firma”. Méndez advirtió además sobre la proliferación de tramitadores en el centro histórico de la ciudad dedicados a la falsificación de firmas notariales para trámites de menores.Ante las irregularidades detectadas en el documento de salida, la Notaría Sexta de Cartagena y la defensa de Carlos Parra interpusieron denuncias penales ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de falsedad en documento público y fraude procesal en contra de Natalia Vidales. Germán Pérez, abogado penalista de la defensa de Parra, enfatizó el objetivo de las acciones legales: “No es una persecución que se está ejerciendo en contra de la señora Natalia, es la única herramienta que el señor Carlos Parra tiene hoy para defenderse de las acusaciones injustas que está haciendo la señora Natalia para evitar que el señor vea a su hijo”.En paralelo, se tramita un incidente de desacato y acciones legales por la falta de respuesta detallada de Migración Colombia respecto a los controles aplicados al momento del chequeo del menor. Asimismo, el proceso por presunta violencia intrafamiliar se encuentra en etapa de juicio oral ante el Juzgado 14 Penal Municipal de Cartagena.Actualmente, al cumplirse dos años del nacimiento del menor, Carlos Parra continúa requiriendo a las autoridades judiciales el cumplimiento de los esquemas de visita decretados por los jueces de familia. Parra concluyó sobre el tiempo transcurrido lejos de su hijo: “Me he perdido de sus primeros pasos, de sus primeras palabras, de su primer llanto. Me he perdido de su primer abrazo”.Natalia Vidales no accedió a conceder una entrevista al equipo de Séptimo Día, a pesar de que el programa se comunicó con ella en repetidas ocasiones para conocer su versión de los hechos.
Rodolfo Hernández llegó a Vichada, departamento que en febrero pasado no supo ubicar en el mapa, aunque eso no fue impedimento para que ganara el 29 de mayo. Allí se comprometió a entregar la plata de reposición de votos al municipio más pobre de Colombia en el que, en caso de ser presidente, también podría posesionarse.Rodolfo Hernández dijo que, si es presidente, se posesionaría en Concejo de Piedecuesta: “Es gratis”En su visita, el candidato instó a los asistentes a hacer “un poquito de silencio para escucharlos y que sea fructífero, no hacer lo que hace el político que viene aquí, que les promete el cielo y la tierra y nunca vuelve”.Rodolfo Hernández también aseguró que no quiere “imponer nada” al hablar de las propuestas que tiene para ese departamento.Propuesta de Rodolfo Hernández de trabajar “de 6 de la mañana a 4 o 5 de la tarde” causa revuelo
El asesinato de un adulto mayor en Puerto Carreño, Vichada, no tiene que ver con un robo, informaron autoridades. El hombre, identificado como Luis Ernesto Salamanca, fue encontrado en un lote baldío. El misterioso crimen enluta a la población, donde, en promedio, se reporta un homicidio por mes.La víctima tenía múltiples heridas de arma blanca en el abdomen, cuello y manos.Puede interesarle:Aterrador crimen: secuestraron y asesinaron a un hombre, su esposa y amiga de ella por extorsiónEste asesinato en Puerto Carreño tiene conmocionada a su familia. Nancy Salamanca, una de sus hijas, dijo que él no sacó sus pertenencias de la casa.“Dejó el dinero que mi hermana siempre le tenía para que se tomará los tintos y dejó el celular”, relató.Las autoridades intentan reconstruir el asesinato de un adulto mayor en Puerto Carreño.El coronel Edilberto García, comandante de la Policía del Vichada, dijo que frente al caso “hemos establecido que no es un hurto que se presenta, no se roban absolutamente nada, no es por hurtarle al señor, es con el ánimo de hacerle daño a él y pues eso es lo que sucede”Carlos Pardo, secretario de Gobierno de Puerto Carreño, anunció “una recompensa de hasta 5 millones de pesos para esclarecer este homicidio que hoy enluta a nuestra región”.Vea también:Hallan cuerpo desmembrado de una mujer en Santander: estaba en una quebrada
La comunidad indígena de Puerto Carreño, Vichada, denunció que un hombre aún desconocido abusó sexualmente de una niña de 9 años en una finca. A través de un comunicado, la Asociación de Cabildos y Autoridades Indígenas del Vichada y Orinoco (Orpibo) señaló que el hombre se llevó a la menor engañándola con promesas de comprarle comida.“El señor le dijo que listo, que le compraba algo, pero que se montara en la moto y que iban a ir a la tienda, pero la llevó fue a las afueras del pueblo, a una finca más arribita llamada El Caimán y allá fue que se aprovechó de la niña, la violó y le pegó”, narró Elíseo Gallardo, presidente de la Orpibo. Preocupa, además, que la asociación dice que este tipo de hechos ya han ocurrido en otras ocasiones.“Los compañeros indígenas, a veces por algunos temores, pues no han denunciado y desde la organización se colocó la denuncia pública”, enfatizó Gallardo.Por su parte, la Policía busca al responsable de este aberrante caso de abuso infantil.“Hay un equipo bien estructurado, conformado solamente para ese caso, esperemos que demos un buen resultado. No va a ser nada fácil por el momento, el lugar, los hechos sucedidos, pero estamos trabajando para un buen resultado a nuestra comunidad”, indicó el coronel Edilberto García, comandante de la Policía de Vichada.El ICBF aseguró que la niña se encuentra bajo su protección y que dispuso de un equipo de profesionales para hacer la verificación de derechos y valoración psicosocial.
Autoridades dicen, además, que no se está acatando el pico y cédula. Para completar, este jueves se realizó una protesta de mototaxistas.“Son 1.504 comparendos que se han aplicado hasta el momento a personas incautas cuando violan las medidas sanitarias frente al COVID-19. Acá en el apartamento de Vichada, Carreño aporta casi un 75 %, un 80 %, de esos comparendos que se vienen aplicando”, declaró coronel Edilberto García, comandante de la Policía de Vichada.El hospital departamental se encuentra en fase de expansión para estar preparado a un posible brote de contagio. Sin embargo, se hace el llamado a la comunidad para acatar las medidas de manera responsable.
Son más de diez mil hectáreas en cercanías del río Bita, en Puerto Carreño. Pobladores y autoridades intentan alejar las llamas de las viviendas. "En este momento hay 5 unidades al mando de la comandante, se han quemado aproximadamente desde 10.000 a 12.000 hectáreas. Las unidades ahorita se encuentran haciendo un cortafuegos para evitar el riesgo que emite a las viviendas", indicó el cabo Pedro Julio Castañeda, subcomandante de bomberos de Puerto Carreño.
Se trata de 60 extranjeros que fueron expulsados del país por presuntamente cometer varios delitos. Entre ellos se encuentran algunos con antecedentes. Uno a uno fue bajando los ciudadanos esposados, para ser trasladados a tres camiones que esperaban en la pista del aeropuerto de Puerto Carreño. Posteriormente, fueron sacados hacia una unidad militar. “En Puerto Inírida no los quisieron recibir, la comunidad de allá no los quiso recibir y se vinieron para Puerto Carreño. Acá entre la Armada, la Policía y el Ejército nos hicieron una jugada de colocarnos un canal acá con civiles y los sacaron por otro lado, a nosotros nos da miedo por la situación que vivimos en este pueblo”, relató Nelson Eduardo Vargas, habitante inconforme con la deportación. El alcalde rechazó el hecho y solicitó que los extranjeros sean trasladados cuanto antes fuera del municipio. “Nosotros le pedimos al gobierno nacional que le ponga cuidado a Puerto Carreño”, manifestó Marco Pérez. Los deportados se encuentran en este momento en una unidad militar esperando su traslado definitivo.
Los habitantes de zona rural del municipio de Puerto Carreño nunca habían contado con este servicio. Cientos de familias en Vichada disfrutan, por primera vez, de la electricidad en sus hogares, gracias a la implementación de paneles solares que cambiaron sus vidas. “Muy bueno, yo me levanto a las 2 de la mañana a pelar maíz, a matar el marrano y ahí tengo la luz como de día, muy buena ha sido una bendición", cuenta Jesús María Cerón, uno de los beneficiados. Debido a las altas temperaturas que se manejan en esta región, conservar los productos no era tarea fácil, pero eso quedó en el pasado. "Me tocaba ir al pueblo a comprar hielo y traer, pero si no tenía venta entonces se perdía lo frío, entonces ahora no, porque tengo la energía. Ya no estoy pensando que me toca comprar hielo, ya la tengo permanente", relata Próspero Ramírez Figueroa, habitante de Puerto Carreño. Gracias a la implementación de estos paneles solares, son alrededor de 650 familias que hoy cuentan con luz las 24 horas del día en el Vichada. “Esto es una inversión del Gobierno Nacional de 12 mil millones de pesos que beneficiará a familias de más de 18 veredas acá en el Vichada”, explica María Fernanda Suárez, ministra de Minas y Energía. La ministra de Minas y Energía, además de hacer la entrega oficial de los paneles solares, visitó el proyecto de ‘Refoenergy Bita’, que busca generar energía eléctrica para Puerto Carreño y así no depender más de la interconexión con Venezuela. “Básicamente lo que estamos construyendo es una central de generación en dos etapas, una central de generación en biomasa y una central de generación en diesel", señala Juan Pablo Heleno, ingeniero de Refoenergy Bita. "Muy importante el tema de la biomasa, que deberá llegar para el 2021, porque es energía sostenible porque es energía limpia", añade la María Fernanda Suárez. En Colombia hay cerca de 500 mil familias que no cuentan con energía eléctrica, la ministra aseguró que su meta para el año 2022 es llevar energía con fondos públicos a 100 mil familias que no cuenten con el servicio.
Para expertos en conflicto y seguridad nacional, el ministro de Defensa tiene que reestructurar su protocolo de comunicación interna o dar un paso al costado. Guillermo Botero fue abucheado en Puerto Carreño por polémicas declaraciones respecto a la seguridad en esa zona de los Llanos orientales. “Hurtos de residencia son unos hurtos menores y están muy concentrados, increíblemente, en el robo de ropa que está siendo extendida en unas cuerdas para su secado”, dijo Botero durante el Taller Construyendo País. La afirmación generó el rechazo de los habitantes de la zona, quienes denunciaron varios casos de inseguridad. Sonia Prada, líder comunal, le recordó al ministro que hay otros problemas como robos, drogadicción y prostitución ilegal. El señalamiento del ministro Botero también fue cuestionado por uno de los representantes a la Cámara de Vichada quien aseguró que le están mintiendo al pueblo. “Que lleguen a una conclusión que la delincuencia acá en el municipio de Puerto Carreño es que se roban la ropa en el patio de la casa, yo creo que eso es una falta de respeto y que estén dando esos resultados", señaló Camilo Arango. Pero no ha sido la única declaración polémica. Hace unas semanas también dijo, en principio, que Dimar Torres había muerto en un forcejeo con un cabo del Ejército y después resultó que se trató de un homicidio en persona protegida. “Según él (el cabo), le trataron de arrebatar el fusil y en el forcejeo se le accionó el arma y dio muerte a esta persona de las FARC”, señaló el ministro el pasado 29 de junio. Sobre el asesinato de María del Pilar Hurtado, el jefe de la cartera se apresuró a señalar al ELN como responsable del homicidio, después la hipótesis cambio y apunto a bandas criminales. Ariel Ávila, analista del conflicto, asegura que un ministro de Defensa, en un país como Colombia, no puede salir tantas veces en falso. “El ministro está siendo utilizado, está saliendo en falso apresuradamente y no tienen como constatar la infromación internamente”, sostiene Ávila. Para el experto Néstor Rosanía, el cargo de ministro de Defensa lo debe ocupar un experto en seguridad nacional. En contexto: Mindefensa sugirió que hurtos en Vichada corresponden a robo de ropa colgada en cuerdas
El encargado de entregarla era el representante a la Cámara Gustavo Londoño. Explicó que se le cayó, pero que el mensaje llegará al mandatario. Josefina Chipiaje es una indígena de la etnia sikuani. No sabe escribir, así que le pidió a su hija redactar una carta pidiendo un techo para su familia. Esa misiva debía llegar al presidente Duque, aprovechando su presencia en Puerto Carreño. "Se la entregué a la mano de Gustavo Londoño para que se la entregara al presidente, y la carta es hallada en el restaurante Rioca, pues no sé cómo”, contó Josefina. Una de las personas que encontró la carta decidió hacer una publicación en redes sociales que causó revuelo. El representante Gustavo Londoño emitió un comunicado y expuso que la carta se le cayó, pero que la solicitud de Josefina en todo caso llegaría al jefe de Estado: "no tuve la oportunidad de entregar esta solicitud al presidente. Hoy voy a presidencia a entregar estas solicitudes y principalmente la de la señora Josefina. Yo conozco su barrio, yo sé lo que tengo que hacer, cuente con el apoyo mío totalmente”. Son alrededor de 20 personas las que viven con la señora. En la noche cuelgan sus chinchorros, pero cuando llueve deben buscar refugio en otro lugar. Es por eso que decidieron escribir la carta, con la ilusión de un nuevo hogar.
Dicen que no están recibiendo ayuda del gobierno colombiano y, por su estatus de refugiados, no tienen permiso de trabajo. Además temen por sus vidas. "Nos dan una hoja de migración por cinco días la cual tenemos que esperar respuesta de la Cancillería; y la respuesta de total de la Cancillería es que no podemos trabajar no ejercer ningún tipo de trabajo porque nos cabe una sanción", explica uno de los afectados. Actualmente un proyecto de Pastoral Social de la Iglesia católica, que es financiado por el gobierno de los Estados Unidos, es el único que les está brindando apoyo. Los exmilitares temen por su vida y la de sus familias, pues según ellos se han visto amenazados por uniformados venezolanos que se han infiltrado en Colombia. Los militares venezolanos se encuentran a la espera de una respuesta por parte del gobierno colombiano o del presidente interino de Venezuela que les permita definir su difícil situación.
Andrés Reyes puso a celebrar a los miles de hinchas de Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. Este jueves 24 de septiembre, Millonarios abrió el marcador por intermedio de Julián Angulo, al minuto 39', y cuando se bajaba el telón del primer tiempo, el defensa central dijo presente para marcar el 1-1, ganando de cabeza, tras un tiro de esquina.Eso sí, no pudo celebrar como quisiera. Y es que, infortunadamente, chocó con Andrey Estupiñán y ambos cayeron al suelo, retorciéndose de dolor. De inmediato, los médicos de los dos equipos entraron para atender a sus respectivos jugadores y, por fortuna, pudieron seguir en el campo de juego.Vea el gol de Andrés Reyes con Nacional vs Millonarios en la Liga BetPlay II-2026
Millonarios abrió la cuenta en el Atanasio Girardot con gol de Julián Angulo sobre Atlético Nacional.A los 39 minutos, el 'embajador' cobró un tiro de esquina, la pelota le pega en la espalda a William Tesillo y se estrelló en el travesaño. En el rebote, Angulo definió con una acrobacia que dejó sin respuesta a Franco Armani. Vea el gol de Julián Angulo:
A Cristian 'Chicho' Arango no le han salido las cosas en Atlético Nacional. A pesar de que era su gran sueño, no ha logrado consolidarse y, en las oportunidades que ha tenido, no ha podido brillar en el campo de juego. Además, este jueves 24 de septiembre, le pasó lo peor, en el partido contra Millonarios, por la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026.Cuando transcurría el minuto ocho, el atacante del 'verdolaga' fue a disputar la pelota con Stiven Vega y tuvo la mala suerte de que se le trabó la pierna derecha. De inmediato, cayó al suelo, se retorció de dolor, fue atendido por los médicos y salió en camilla. Minutos más tarde, regresó a la cancha y lo intentó, pero no pudo por el fuerte dolor.Se tomó la decisión de que no continuara en el encuentro, siendo reemplazado por Andrés Sarmiento. Sin embargo, las imágenes se quedaron con Cristian 'Chicho' Arango, quien lloró de manera desconsolada, siendo abrazado por varios de sus compañeros en el banco de suplentes, entre ellos, James Rodríguez, que incluso le habló al oído.Vea la lesión de Cristian 'Chicho' Arango en Nacional vs Millonarios
Un temblor de magnitud 4,1 se registró este jueves 24 de septiembre de 2026 en el departamento del Tolima, de acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El movimiento tuvo como referencia el municipio de Chaparral, ubicado a 23 kilómetros del epicentro. También se localizaron como municipios cercanos Roncesvalles, a 17 kilómetros, y San Antonio, a 18 kilómetros. El SGC indicó que el evento fue reportado bajo estado manual.El Servicio Geológico Colombiano invitó a las personas que hayan sentido el sismo a reportarlo a través de su plataforma Sismos Sentidos, con el propósito de recopilar información sobre la percepción del movimiento en las zonas afectadas.Chaparral acumula más de 660 sismos desde el inicio de la secuenciaLa actividad sísmica en el municipio de Chaparral, Tolima, hace parte de una secuencia que comenzó el 20 de septiembre y que, de acuerdo con el más reciente reporte del Servicio Geológico Colombiano (SGC), ha dejado al menos 661 sismos con magnitudes iguales o superiores a 2,0. De ese total, 19 movimientos han alcanzado magnitudes de 4,0 o superiores. El evento de mayor magnitud registrado hasta ahora ocurrió el 23 de septiembre, a las 3:09 p. m., y tuvo una magnitud de 4,5.La actividad se caracteriza principalmente por sismos de profundidad menor a 30 kilómetros, lo que corresponde a una sismicidad de tipo cortical. Además, la secuencia ha generado una importante cantidad de reportes ciudadanos: desde el 20 de septiembre, el SGC ha recibido más de 12.000 registros a través de la plataforma Sismo Sentido, correspondientes a 379 eventos con magnitudes entre 2,0 y 4,5. Las intensidades reportadas han oscilado entre 2, equivalente a un movimiento apenas sentido, y 5, correspondiente a un sismo sentido fuertemente.El SGC señaló que Colombia "es un país sísmicamente activo debido a la interacción de las placas tectónicas de Nazca, Sudamericana y Caribe". En promedio, la Red Sismológica Nacional registra alrededor de 2.500 sismos al mes en el territorio nacional, aunque la mayoría no son percibidos por la población y únicamente son detectados mediante instrumentos especializados.Frente a la secuencia registrada en Chaparral, la entidad mantiene el seguimiento permanente a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, que cuenta con más de 200 estaciones distribuidas en el país. El organismo también recordó que actualmente no es posible predecir los sismos con anticipación y recomendó a la población mantener planes familiares de emergencia, identificar rutas de evacuación y atender únicamente la información suministrada por las autoridades y fuentes oficiales.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
La Corte Constitucional tomó una decisión que modifica las condiciones bajo las cuales podían utilizarse vehículos de tracción animal destinados a actividades turísticas en Colombia. La Sala Plena declaró inexequible la expresión "turísticas", contenida en el parágrafo del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021, norma que establece medidas para la sustitución de este tipo de vehículos en el territorio nacional. La decisión fue adoptada durante el 'XXI Encuentro de la Jurisdicción Constitucional: Una Corte Constitucional para el Mundo' y corresponde a la Sentencia C-310 de 2026, con ponencia del magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Hasta ahora, la legislación contemplaba una excepción para los vehículos de tracción animal destinados a actividades turísticas. Esa disposición permitía que este tipo de transporte quedara por fuera del mandato general de sustitución establecido en la Ley 2138 de 2021. Con el fallo, esa excepción deja de tener vigencia. La Corte consideró que permitir la utilización de animales en estas actividades desconoce el deber constitucional de protección animal.(¿Necesitas actualizarte o tienes dudas sobre las noticias del día? Pregúntale a NATA)¿Qué determinó la Corte sobre el uso de animales en actividades turísticas?De acuerdo con la decisión, la expresión "turísticas" vulneraba el artículo 79 de la Constitución Política, relacionado con el derecho a un ambiente sano y con la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. La Sala Plena concluyó que la utilización de animales en vehículos destinados a actividades turísticas podía implicar su sometimiento a un sufrimiento que no resulta necesario para el desarrollo de estas actividades.Uno de los puntos centrales del fallo es que la Corte analizó la excepción prevista en la ley frente al deber constitucional de protección de los animales. A partir de ese análisis, determinó que la recreación turística no puede ser considerada un "límite constitucionalmente admisible al deber de protección animal, y la excepción no supera un juicio intermedio de proporcionalidad". Por esta razón, decidió retirar del ordenamiento jurídico la expresión que permitía mantener la excepción para los vehículos de tracción animal utilizados con fines turísticos.La decisión no se limitó al parágrafo del artículo 2 de la Ley 2138 de 2021. Debido a la integración de la unidad normativa, la Corte extendió los efectos de la decisión al artículo 10 de la misma ley y al parágrafo 1 del artículo 98 de la Ley 769 de 2002.Habrá un periodo de seis meses para aplicar la decisiónAunque la Corte declaró inexequible la expresión "turísticas", los efectos de la decisión no serán inmediatos. La Sala Plena estableció una inexequibilidad diferida durante seis meses, contados a partir de la notificación de la sentencia. Este periodo fue establecido para que puedan comenzar los programas de sustitución previstos en la Ley 2138 de 2021 y para que las entidades territoriales adopten las medidas correspondientes en las zonas donde todavía se utilicen vehículos de tracción animal para actividades relacionadas con el turismo.Durante esos seis meses, las autoridades deberán iniciar los programas de sustitución en el ámbito turístico. La Corte indicó que este proceso también deberá contemplar medidas de reconversión laboral para las personas cuyo sustento depende de estas actividades. La decisión, por tanto, no se limita a retirar la posibilidad de utilizar animales en estos vehículos. También establece que debe ponerse en marcha un proceso dirigido a las personas que desarrollan su actividad económica a partir de este tipo de transporte.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOL
