El asesinato de María Mercedes Gnecco, el 5 de octubre de 2021 en su casa en la isla de San Andrés, sigue siendo analizado por las autoridades para determinar si José Manuel Gnecco Valencia, su esposo, es el responsable. A lo largo de los años, Séptimo Día ha estado atento a cada nuevo detalle que se revela de este caso que enlutó a la familia Gnecco y cuyo juicio está próximo a terminar.En esta ocasión, se conocen nuevos testimonios revelados por la Fiscalía que comprobarían que José Manuel Gnecco asesinó a su esposa, modificó la escena del crimen y, además, intentó sobornar a alguien para que se culpara por el crimen. El abogado insiste en su inocencia y asegura que la demostrará en el juicio.Nuevo giro en caso GneccoCinco años después del asesinato de María Mercedes Gnecco Serrano, su esposo y primo José Manuel Gnecco Valencia sigue insistiendo en su inocencia. El juicio contra el abogado está próximo a su recta final, en el que los hijos de María Mercedes exigen una condena ejemplar, mientras José Manuel espera ser absuelto. Ambas partes avanzan en la recopilación de pruebas y, recientemente, un testigo de la Fiscalía le dio un giro sorprendente a la historia que ha mantenido por años el hombre.Se trata de las declaraciones de Luis Carlos Freire González, también conocido como ‘Lalo’, quien decidió hablar por primera vez frente a las cámaras de Séptimo Día, asegurando que José Manuel Gnecco le pidió buscar a otra persona para que se culpara del crimen de su esposa. Esa otra persona, a la que le ofreció hasta cinco millones de pesos, fue Gerald David Pereira, un menor de edad capturado en San Andrés por porte ilegal de armas. Los tres coincidieron en la cárcel y allí, según el testimonio, el abogado intentó sobornarlos para que los señalamientos en su contra quedaran sin argumentos.En abril de 2026, la Fiscalía conoció las declaraciones de ‘Lalo’ y las añadió como parte de las pruebas en contra del abogado Gnecco. Luis Carlos Freire González, de 35 años, fue capturado y está privado de la libertad en San Andrés, cárcel en la que coincidió con José Manuel Gnecco en 2023.Según su testimonio, ese año logró interactuar con el abogado gracias a que en la prisión él era el 'ranchero’, es decir, quien cocina y lleva la comida a los reclusos. “Mi primera impresión es que es una persona de carácter fuerte”, señaló en exclusiva a Séptimo Día y agregó que, tras algunos meses de contacto, el abogado empezó a hacerle preguntas y ofertas.“Él me preguntó que si yo conocía a Gerald [David Pereira] y yo le digo que sí, que somos primos lejanos”. Pereira era un joven que había sido capturado en San Andrés en 2021 por porte ilegal de armas, pero como era menor de edad fue llevado a un centro de detención para menores. En 2023, cuando cumplió la mayoría de edad, fue trasladado a la cárcel de San Andrés, donde coincidió con su primo y con el abogado Gnecco.‘Lalo’ reveló que al tener la posibilidad de ir a los diferentes patios de la cárcel, Gnecco le pidió un favor particular. “Él me dice que vaya donde Gerald, ya que lo conozco, y que le ofreciera los cinco millones de pesos para que se reunieran. Con el fin de que Gerald se echara la culpa de dicho homicidio, del homicidio de la esposa de él”. Además, también indicó que Gnecco también le ofreció 10 millones de pesos a él por hacer este favor.Aunque Luis Carlos Freire González aceptó el dinero y habló con su primo, con lo que no contaba el abogado Gnecco es que el joven Gerald David Pereira acudiría a la Fiscalía para revelar los ofrecimientos que estaba recibiendo de su parte.El arma homicida, la gran prueba del caso Gnecco¿Por qué José Manuel Gnecco habría insistido en varias ocasiones, según el testimonio, a Gerald David Pereira que se culpara por el asesinato de María Mercedes Gnecco? Todo tendría que ver con una prueba clave para este caso: el arma homicida. Luego del crimen, las autoridades encontraron el proyectil y la vainilla del mismo en la escena, pero del arma no hubo rastro hasta 2023, cuando los abogados de Gnecco revelaron un dictamen de un perito de la policía en el que se indicaba que el arma había sido incautada en San Andrés un mes después del asesinato a una banda de criminales entre los que se encontraba un menor de edad, Gerald David.Sin embargo, la Fiscalía y los abogados de las víctimas, los hijos de María Mercedes Gnecco, dudaban de esa versión, por lo que hicieron su propia investigación. “Luego de una investigación ardua, se obtuvieron tres dictámenes adicionales del Cuerpo Técnico de Investigación y del Instituto Nacional de Medicina Legal y pudimos comprobar que lo que se plasmaba en ese dictamen no era cierto. El arma que cegó la vida de María Mercedes Gnecco Serrano no es el arma que le fue incautada a estos menores”, aseguró el abogado de las víctimas.La Fiscalía dice que, efectivamente, el arma incautada a los menores coincide con la vainilla del proyectil, la cual fue encontrada al día siguiente del asesinato por el mayordomo de Gnecco en la vivienda, por lo que las autoridades creen que esta fue colocada en la escena después de sus labores. Pero que no coincide con la bala que impactó el cuerpo de la mujer de 53 años.Por su parte, Gerald David Pereira, indicó en la Fiscalía que José Manuel Gnecco "desde los tres meses que llevo aquí, que me capturaron, me empezó a buscar el lado, a sobornarme con dinero. Como tres veces [me buscó], la última vez me ofreció cinco millones de pesos para que diera falsas declaraciones”. El joven insistió también en que él no tiene nada que ver con el asesinato de María Mercedes y que “yo lo único que quiero decir es que Gnecco haga algo con esto y acepte que mató a su mujer, o que diga quiénes son porque él sabe”.Lo que cree ahora la Fiscalía y lo que está intentando probar en el juicio es que José Manuel Gnecco planeó el homicidio de su esposa y, además, que el arma homicida cayera en manos dela banda criminal en la que estaba Gerald David. “Justo esa arma le llega a un menor de edad que ya declaró que este señor Gnecco Valencia lo habría sobornado para que se atribuyera el crimen. Creemos que el plan criminal del señor Gnecco Valencia consistió en sobreponer la vainilla al día siguiente de los hechosy luego entregar el arma de donde provino esa vainilla a la delincuencia organizada. De tal manera que cuando incautaran el arma se pudiera creer que con esa arma se cegó la vida de María Mercedes Gnecco”.Actualmente, Gerad David Pereira está en libertad, pero prefirió que fuera su abogado, Omar Augusto Barraza, quien explicara a Séptimo Día los hechos. “El argumento que utilizó el señor Gnecco para contactar a Gerald y que se atribuyera la responsabilidad del hecho punible es que al momento de los hechos Gerald era menor de edad y trató de hacerlo creer que lo iban a juzgar como menor de edad”.Por su parte, José Manuel Gnecco negó dar una nueva entrevista a Séptimo Día para dar su versión sobre los hechos, pero vía telefónica insistió en su inocencia. Al respecto, Luis Carlos Freire González señaló que “él quiere quedar como el buen abogado, como el buen esposo. Siempre tuvo un plan, porque desde que me manda a ofrecerle dinero a Gerald, ya tenía un plan. Si él no fuera culpable no me habría ofrecido dinero a mí y a Gerald, sé que Gerald también va a decir que yo fui y le ofrecí dinero porque así fue”.
¿Qué responsabilidades tiene un hijo con un padre que nunca respondió por él? Desafortunadamente, esa es una pregunta que en Colombia ha llegado con varios casos a los estrados judiciales, luego de que padres biológicos que nunca reconocieron ni estuvieron para sus hijos aparecieran cuando estos ya son mayores de edad, exigiéndoles que los mantuvieran. Ese es el caso de Lina Paola Vásquez, quien nunca conoció a su padre y vio sufrir a su madre tratando de sacarla adelante completamente sola.Gracias al esfuerzo de Yolanda Vásquez, su mamá, Lina Paola logró convertirse en la primera profesional de su familia y en una mujer trabajadora que quería retribuirle a su progenitora todo su esfuerzo. Sin embargo, eso se vio truncado cuando el banco le avisó que su sueldo había sido embargado por cuenta de una demanda por alimentos en su contra, la cual interpuso Jesús Carranza, el hombre que embarazó a su mamá y las abandonó a su suerte, quien ahora exige que ella responda por él como su hija a pesar de que nunca la reconoció.“Yo no puedo creer que una persona que yo no conozco me esté demandando por alimentos”, recordó la profesional que está a la espera de que la justicia revise el caso y falle a su favor, reconociendo que el lazo sanguíneo con el hombre que se negó toda su vida a ejercer como su papá no la obliga a apoyarlo económicamente ahora que es mayor.La abandonó siendo una bebéYolanda Vásquez recordó que a los 18 años conoció a Jesús Carranza, de 33, y se “descrestó” con sus promesas de amor. Después de varios meses saliendo y compartiendo, se enteró que estaba embarazada a los 19 años, una situación que causó caos en su casa, de donde sus padres la echaron por “descarada”. Decidió que iba a tener al bebé y empezó a trabajar en un local de venta de loza en el centro de Bogotá, donde además le permitieron quedarse a dormir; mientras tanto, angustiada llamaba al número que Jesús le había dejado de su casa en Santa Lucía para darle la noticia, pero él nunca contestaba.Jesús Carranza apareció de nuevo en su vida cuando ella ya tenía cuatro meses de embarazo, cuando ella le dio la noticia de que estaban esperando un hijo. Lo que no se esperaba es que el hombre, 15 años mayor que ella, le daría una noticia peor. “Me dijo: ‘le voy a decir la verdad, yo soy casado y tengo un hijo de 10 años’”. Ella continuó sola con su embarazo hasta dar a la luz a su hija y en todo este tiempo el papá de la bebé no dio “ni un pañal”.Yolanda señaló con dolor que Jesús vio por única vez a Lina Paola, su hija, cuando esta apenas tenía poco más de un mes de nacida. Por ese entonces, ella le pidió que la acompañara a registrarla, lo que implicaba que Carranza le diera su apellido y la reconociera como su hija. “No apareció, se perdió”, recordó y, desde entonces, se convirtió en una de las millones de madres solteras que hay en el país.La infancia de Lina Paola Vásquez transcurrió en un entorno de escasez y humillaciones a ella y a su madre. “Había días difíciles, que a uno un hijo le diga: ‘mamá, tengo hambre’ y uno sin ni siquiera para un bus, pero yo buscaba la manera de darle de comer a mi hija”. En todos esos años, Jesús Carranza nunca apareció, a pesar de que Yolanda intentó buscarlo hasta por vías legales. “Yo lo demandé cuando Paola tenía seis años, él nunca apareció”, además señaló que los abogados terminaron engañándola y se cansó de ese proceso.Lina logró graduarse de bachillerato y, por su cuenta, empezó a trabajar y a estudiar de noche. Madre e hija empezaron a llevar una vida más tranquila y cómoda, no solo porque se tenían la una a la otra, sino porque a la ecuación se había sumado William, la nueva pareja sentimental de Yolanda, quien vio crecer a su hija y a quien ella llama ‘papá’.El regreso del padre biológicoCuando la vida de Yolanda y Lina Paola Vásquez parecía tranquila, después de haber superado juntas tantas situaciones, una notificación judicial nubló el panorama: Jesús Carranza había demandado por alimentos a Lina Paola y exigía una pensión mensual para su sustento. Esto, amparado en la sentencia 12488 del 2025,en la que la Corte Suprema dice que los hijos tienen obligaciones con sus padres y que, por ende, los adultos mayores pueden reclamar a sus hijos una cuota alimentaria para garantizar su sostenibilidad.Yolanda reconoció que ese día, después de tantos años, volvió a contactar a Jesús Carranza, pero esta vez no para pedirle ayuda, sino “para decirle hasta de qué se iba a morir”, porque la indignación era grande. “Un tipo que nunca le dio nada y viene ahora a que le dé mi hija. Por alimentos, si cuando yo lo demandé a él por alimentos Paola era una bebé, Paola no podía trabajar ni hacer lo que hace ahora. ¿Cómo va a demandar a mi hija?”.La indignación de madre e hija se disparó cuando el bando le notificó a Paola que su sueldo quedaba embargado. “Él me empieza a citar en comisarías, a pedirme plata, a llamarme. Que yo le tenía que dar, porque si no le daba me iba a dejar en la calle, que me iba a hacer sacar de mi trabajo, que me iba a quitar mi casa, mi carro”. Para empeorar todo, en las audiencias se enteraron que Jesús Carranza tiene otros dos hijos que sí reconoció, pero a los que no demandó porque “no quiere tocar” su dinero.Yolanda y Lina Paola han llegado a la conclusión de que la acción de Jesús Carranza está basada en una venganza por las acciones legales que Yolanda levantó contra él cuando Paola era una niña. “Estoy manteniendo a alguien que no conozco y, peor aún, alguien que no tiene la necesidad, sino que lo hace por pura maldad. Tiene una pensión, tiene unos inmuebles, tiene trabajo y tiene una esposa”.Actualmente, el embargo está suspendido, pero la justicia no ha dado una determinación final sobre su caso. De hecho, por este caso y otros similares que han surgido en los tribunales colombianos, recientemente se dio un fallo que determina que ningún hijo biológico, adoptivo o de crianza está obligado a pagarle cuota alimentaria a sus padres si fue víctima de maltrato físico o psicológico. Lina Paola espera que la justicia la deje libre de responsabilidades con un hombre que nunca ejerció como su papá.
En Colombia, la entrega de apartamentos en obra gris ha impulsado a miles de ciudadanos a buscar empresas de remodelación con la esperanza de terminar su hogar ideal. Sin embargo, lo que para muchos comenzó como un proyecto de vida, terminó convirtiéndose en un calvario financiero y hasta emocional revelado en esta investigación de Séptimo Día."Te prometían entregarte el apartamento espectacular”, “Como que te venden la experiencia de que tú te desentiendes y pues te lo van a entregar superbonito", comentaron algunas de las afectadas. Son decenas de familias las que en Bogotá y el Valle del Cauca denuncian que recibieron sus casas en ruinas.¿Falsas promesas de diseño?En Bogotá, varios propietarios señalaron a la empresa Vivvidero (Vivi SAS), representada legalmente por Santiago Zúñiga Ramírez. Los afectados aseguran que, tras entregar millonarias sumas de dinero, las obras nunca avanzaron según lo pactado.Clara Liliana Gómez, quien contrató la remodelación de su apartamento en diciembre de 2025, relató su experiencia: "En el contrato me especificaban que me entregaban el apartamento el 26 de marzo... No me lo entregaron en esa fecha. Los pagos no estaban amarrados al avance de obra”.El patrón de incumplimiento parece repetirse con otros clientes. Juan Felipe Guzmán, quien pagó cerca de 23 millones de pesos, se encontró con una escena desoladora: "Cuando miré el apartamento sin nada, ni un avance, cosa que yo quedé super preocupado y dije ‘no puede ser’". Por su parte, Miguel Solanilla, quien afirma haber pagado el 99% de la obra, denunció la presión para realizar los pagos bajo amenazas de perder beneficios: "No movían un tornillo, pero a la par te decían ‘si usted no paga, le quitamos el descuento’". Al ser consultado, Santiago Zúñiga se limitó a decir: "Se puede estar hablando de más sin conocer el otro lado de la historia". Aunque inicialmente accedió a una entrevista, terminó cancelándola.Incendios y obras que "destruyeron" hogaresLa situación de los clientes de Celico, que está bajo la representación de Brandon Steven Ocampo Acevedo, también es dramática. Cristina Martínez denunció que, tras siete meses de espera, recibió su vivienda en condiciones deplorables: "Él lo que hizo fue comenzar a destruir la casa. Dejaron una colilla de cigarrillo dentro de todos los escombros y la casa se me incendió. Unas ruinas completas lo que ellos habían dejado en mi casa".Otros afectados, como la pareja conformada por Andrés Cristancho y Luz Mery Ruiz, invirtieron todos sus recursos sin ver resultados: "El dinero se perdió, los ahorros porque tanto él como yo sacamos absolutamente todos los recursos, ahorros, préstamos, tarjetas". Según la denuncia colectiva presentada por el abogado Sergio Urrea, las víctimas de esta empresa superan las 20 personas y el monto de la supuesta estafa ascendería a más de 400 millones de pesos.Ante los señalamientos, Brandon Ocampo admitió fallas administrativas: "La empresa colapsó. Nosotros tomamos malas decisiones administrativamente, porque yo no estaba ganando nada... Ellos no logran entender que la empresa quebró". Además, reconoció su falta de experiencia previa: "Yo cero conozco administración, bueno, no sabía nada de temas contables... Eso colapsó fue después".La pesadilla de un sueño en el Valle del CaucaEn Cali y municipios aledaños como Jamundí y Yumbo, la empresa Inmoacabados, representada por Diego Alejandro Muñoz Ibarra, de tan solo 20 años, enfrenta denuncias similares. Enrique Varón, quien ahorró durante 26 años trabajando en Estados Unidos con la esperanza de jubilarse en Colombia, vio su sueño estancarse: "Yo les di 28 millones y el avance de la obra era muy pequeño. Eso sí me llamaban, me recordaban y que si yo no pagaba tenía que pagar una multa".Wilson Rendón, otro afectado en Yumbo, denunció que, tras un año de haber firmado el contrato, sigue pagando arriendo porque su casa es inhabitable: "Hasta la fecha ha pasado un año y un mes... espero, pero nunca como tal cumplen con terminar lo que se contrató".El representante de la empresa, Diego Muñoz, reconoció que tiene "aproximadamente entre 30 a 35 clientes" en espera y admitió no tener el dinero para responderles en este momento. No obstante, negó ser un estafador: "Yo no soy ningún ladrón, ningún estafador... Si fuera una estafa, yo no les estaría dando la cara".Que no le pase: recomendaciones de expertosDe acuerdo con cifras de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entre enero de 2022 y mayo de 2026 se han registrado 75 denuncias por incumplimiento en remodelaciones de vivienda en el país. Para evitar caer en estas situaciones, expertos sugieren pasos fundamentales antes de entregar cualquier adelanto.Fabiola Ortiz, de la Lonja de Propiedad Raíz en Cali, recomienda: "Verificar que estén debidamente registrados en un directorio de contratistas de gremio, que eso es una garantía".Asimismo, enfatiza la importancia de las pólizas de seguro de cumplimiento, las cuales garantizan que el contratista "va a atender lo que se compromete a hacer en el servicio, que lo va a terminar y que va a ser de una calidad específica".
A sus 23 años, Catherine Sánchez creyó haber logrado su sueño de ser reina cuando fue invitada a participar en el Reinado Nacional de Belleza de 1993 representado al Amazonas, pese a que había nacido en Caldas, Antioquia. Su paso por este concurso fue polémico y terminó hasta en una fuga de película la noche antes de la coronación. Más de 30 años después, Los Informantes habló con ella sobre lo ocurrido y lo que pasó en su vida luego del escándalo.En el año en que Colombia pasaba por uno de sus momentos más álgidos por la persecución a Pablo Escobar y al narcoterrorismo y la selección Colombia se jugaba las eliminatorias para el Mundial de Fútbol del 94, era furor el Reinado Nacional de la Belleza, al que Catherine Sánchez llegó a participar casada por la iglesia y con dos meses de embarazo, desafiando las estrictas reglas que tenía el concurso. Además, representaba a un departamento al que solo había ido un par de veces: el Amazonas. Sin embargo, uno de los jurados la daba como favorita y la expectativa era total.Catherine Sánchez se casó en 1992 con el piloto David Francisco Quiñonez en una gran ceremonia y tan enamorada que hasta dejó de lado sus estudios de Derecho para trasladarse a Bogotá. En la capital se inscribió a una escuela de modelaje y un día la invitaron a participar en el Reinado Nacional y ahí empezó lo que fue una verdadera travesía para cumplir su sueño de ser reina. Pese a que entró muy fácil al concurso, la noche anterior a la coronación pasó de todo y hasta se tuvo que fugar del hotel en el que se hospedaban todas las participantes.Los secretos salieron a la luzDías antes habían empezado los murmullos sobre su estado civil y los periodistas de la época investigaron hasta encontrar al cura que la había casado; fue él quien lo confirmó todo presionado por las preguntas de los reporteros. Entonces el escándalo estalló y el hotel se llenó de prensa que esperaba por sus declaraciones.“El hermano de la señorita Boyacá, la compañera de la habitación, me dijo ‘yo te ayudo’ y me tocó salir por detrás del Hilton, porque cómo salía normal. Se desdibujó lo que era el Reinado Nacional de Belleza y era Cathy Sánchez en una percusión”, recuerda la protagonista de esta historia casi de película. Salió el hotel como pudo rumbo al aeropuerto de Cartagena para salirle al paso a todos los seguidores y periodistas que la perseguían.Una avioneta la esperaba en el aeropuerto sin apagar sus motores y, según cuenta, “la gente se tiró a la plataforma, los periodistas corrían a coger el avión, que porque supuestamente yo me había ido de viaje a una isla escondida…puff, yo llegué a Bogotá, a Catam”, todo justo un día antes de la coronación en la que Carolina Gómez fue elegida reina.¿Qué ocurrió después del escándalo?Catherine Sánchez pasó de ser la favorita para coronarse como Miss Colombia a estar señalada por haber violado las reglas reales que imponía el concurso en aquellos años. Pasó por depresiones y tristezas profundas y hasta se dijo que los mafiosos de la época habían apostado por ella. Sin embargo, ella le salió al paso al escándalo, tuvo a su hija, luego a su hijo, se separó y hoy tiene cinco nietos y hace comidas para vuelos privados.“Me dedico a empresas de lujo, privadas, he trabajado con grandes artistas como J Balvin, Maluma, Karol G, futbolistas...”, contó.
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) ordenó a un conjunto residencial de Bogotá suprimir los datos biométricos de los residentes que pidieron su eliminación y habilitar formas de ingreso que no requieran el uso de reconocimiento facial.La decisión, contenida en la Resolución No. 52185 de 2025, responde a una queja presentada por habitantes del edificio Vista al Parque del Salitre, dentro del conjunto Parque de los Cipreses, en la capital colombiana. Según la Dirección de Habeas Data de la entidad, la administración del conjunto recolectó y utilizó datos biométricos de algunos residentes mediante tecnología de reconocimiento facial sin contar con su autorización previa, expresa e informada. Además, no eliminó esa información pese a que varios de los afectados lo solicitaron.Para la SIC, estas conductas vulneraron el derecho fundamental al habeas data de quienes presentaron la queja. Como resultado, la entidad le ordenó al conjunto residencial:Eliminar los datos biométricos de los residentes que lo pidieron y de aquellos de quienes no exista una autorización válida.Dejar de exigir el uso de reconocimiento facial como único medio para ingresar al conjunto.Implementar alternativas de acceso que no impliquen el tratamiento de datos sensibles, para garantizar los derechos de quienes no quieran autorizar su uso.Qué dice la norma sobre reconocimiento facial en conjuntos residencialesMás allá del caso puntual, la Dirección de Habeas Data aprovechó la resolución para precisar los criterios que rigen el uso de estas tecnologías en conjuntos residenciales, comerciales o mixtos.Los conjuntos residenciales actúan como responsables del tratamiento de datos personales y, por tanto, deben cumplir los deberes que establece la Ley 1581 de 2012. Al tratarse de datos biométricos —clasificados como datos sensibles—, la normativa exige niveles más altos de seguridad y protección.La autorización de los residentes debe ser previa, expresa, informada y cualificada, y debe explicarles con claridad que no están obligados a autorizar el uso de sus datos sensibles. En esa línea, la SIC fue enfática en que ninguna actividad puede condicionarse a la entrega de este tipo de información: exigir datos biométricos como único requisito para entrar a una propiedad horizontal resulta desproporcionado y afecta derechos como el habeas data, la intimidad y la libre circulación.Cuando una persona no quiera entregar su información biométrica, la propiedad horizontal debe ofrecer opciones menos invasivas, como tarjetas de proximidad, códigos de acceso o personal de seguridad. La entidad también recordó que, antes de instalar estos sistemas, deben evaluarse los riesgos asociados y que, una vez en funcionamiento, requieren medidas estrictas de seguridad durante todo el ciclo de vida de los datos, ya que una filtración o mal uso de esta información puede generar consecuencias irreversibles para la identidad y seguridad de las personas.Posible investigación sancionatoriaLa Dirección de Habeas Data remitió copia de la resolución y del expediente a la Dirección de Investigaciones de Protección de Datos Personales de la SIC, que ahora deberá evaluar si abre una investigación sancionatoria contra el conjunto residencial por un eventual incumplimiento de la Ley 1581 de 2012.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) informó sobre varias campañas de seguridad vigentes en Colombia que involucran productos comercializados por las marcas Xiaomi, Belkin y Stanley. La entidad hizo un llamado a los consumidores para verificar si poseen alguno de los artículos incluidos en las alertas, debido a posibles riesgos relacionados con sobrecalentamiento, incendios y quemaduras. La advertencia forma parte de las acciones de vigilancia y protección al consumidor que adelanta la autoridad, con el fin de prevenir incidentes asociados al uso de productos que podrían presentar fallas de fabricación o defectos detectados después de su comercialización.Alerta de la SIC por batería externa XiaomiUno de los productos incluidos en la campaña de seguridad corresponde a la batería externa Xiaomi 33W Power Bank 20.000 mAh con cable integrado, identificada con el modelo PB2030MI. Según la información divulgada por la SIC, algunas unidades fabricadas entre agosto y septiembre de 2024 podrían presentar un problema de sobrecalentamiento en la batería. Esta situación podría aumentar el riesgo de incendio durante el uso o la carga del dispositivo.La entidad recomendó a los usuarios verificar si el producto hace parte de los lotes afectados. Para ello, los consumidores deben consultar el número de serie del equipo y compararlo con la información disponible en la página de soporte de Xiaomi. La revisión es importante debido a que no todas las unidades del modelo están incluidas en la alerta, sino únicamente aquellas que pertenezcan a los lotes identificados por el fabricante dentro de la campaña de retiro.Power bank Belkin: alerta sobre riesgo de sobrecalentamientoLa segunda campaña de seguridad involucra la batería externa Belkin BoostCharge USB-C de 20.000 mAh. De acuerdo con la información compartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la alerta está relacionada con un posible defecto de fabricación en uno de los componentes internos de las celdas de ion de litio utilizadas en el dispositivo. El fabricante indicó que, bajo determinadas circunstancias, la batería podría sobrecalentarse durante su funcionamiento. Esta condición podría representar un riesgo de quemaduras para los usuarios que utilicen el producto o permanezcan cerca de este mientras está en operación.Ante esta situación, la recomendación para los consumidores es ponerse en contacto con los canales de atención al cliente de Belkin para recibir orientación sobre el procedimiento disponible y verificar si tienen derecho a reembolso o a las medidas definidas por la compañía dentro de la campaña de seguridad. La SIC recordó que este tipo de procesos buscan retirar del mercado productos con posibles fallas o reducir riesgos para los consumidores mediante acciones correctivas.Alerta por riesgo en termos de viaje StanleyLa tercera alerta publicada por la entidad corresponde a determinadas unidades de las tazas de viaje Stanley Switchback y Stanley Trigger Action. La información de la SIC indica que las roscas de las tapas podrían contraerse cuando son expuestas al calor y al torque generado durante el uso habitual del producto. Como consecuencia, la tapa podría desprenderse mientras el recipiente contiene bebidas calientes, generando un posible riesgo de quemaduras para el consumidor. Por esta razón, los propietarios de estos termos fueron invitados a verificar si sus productos hacen parte de la campaña de seguridad habilitada por Stanley. La empresa dispuso canales de consulta para identificar los modelos afectados y establecer las acciones correctivas correspondientes.La Superintendencia de Industria y Comercio señaló que quienes tengan alguno de estos productos deben revisar la información suministrada por cada fabricante y confirmar si el artículo adquirido se encuentra dentro de los lotes o referencias incluidas en las campañas de seguridad. La entidad indicó que estas alertas no implican que todos los productos comercializados por las marcas presenten fallas, sino que corresponden a referencias específicas identificadas durante procesos de control y seguimiento. La recomendación general es suspender el uso de los artículos afectados cuando así lo indique el fabricante y seguir los procedimientos establecidos para inspección, reemplazo, reparación o reembolso según cada caso.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
El mercado de vehículos de lujo en Colombia se encuentra sacudido por una serie de denuncias de incumplimiento por parte de Autos Italianos de Colombia S.A., el concesionario que hasta hace poco ostentaba la representación oficial de la prestigiosa marca Ferrari en Colombia. La polémica estalló tras conocerse que varios compradores, tras haber entregado millonarias sumas de dinero como anticipo para adquirir sus vehículos, se encuentran en una situación de incertidumbre luego de que la casa matriz retirara la concesión a la firma local el pasado 4 de junio de 2026.Ante el revuelo mediático y las graves denuncias en redes sociales, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se pronunció. Cielo Rusinque, superintendente de la entidad, aclaró que, aunque inicialmente no se habían radicado quejas formales, la entidad decidió actuar preventivamente. "Es importante destacar que hasta este momento no existe una demanda, una denuncia, una queja formal ante la superintendencia por esas personas que se supone han sido afectados por ese cambio de concesionario. Sin embargo, la superintendencia, con ocasión de esta revuelo mediático, ya envió un requerimiento de información a quien tenía esa concesión", mencionó.Criminales usaban IA para vaciar cuentas bancarias: ojo con las llamadas y mensajes que recibeEste requerimiento, según explicó Rusinque, busca establecer las responsabilidades y los términos comerciales bajo los cuales operaba Autos Italianos de Colombia. La funcionaria señaló que la SIC tiene el deber de proteger a los consumidores, independientemente del monto de la transacción: "Así sean cinco, sean seis, sean cuatro, evidentemente tienen los mismos derechos de protección al consumidor que rigen en Colombia y pues la Superintendencia de Industria está desplegando su labor para evitar que se materialicen estas afectaciones". Además, recordó que la entidad tiene facultades para actuar de oficio: "Nosotros tenemos unas facultades de inspección, vigilancia y control. También obramos oficiosamente en este caso, basados en todo este revuelo mediático que da cuenta de unos hechos, de unos incumplimientos, de unas víctimas"."Mis 30.000 dólares no llegaron a Ferrari"Uno de los rostros visibles de esta problemática es el empresario Antonio Mendivil, quien relató cómo el sistema de pagos del concesionario local parecía diferir de las políticas globales de la marca italiana. Mendivil inició la compra de un modelo 849 Testa Rosa, valorado en más de 825.000 dólares (aproximadamente 3.000 millones de pesos colombianos). "Hicimos el anticipo de 30.000 dólares... Nos quedamos con que los $30.000 dólares míos nunca llegaron a Ferrari, se quedaron en Colombia, en esta empresa que se llama Autos Italianos", narró.Mendivil criticó las condiciones contractuales impuestas por el concesionario: "Aquí el problema es el contrato que le hacen firmar a uno; lo condicionan a quedarse con la plata guardada aquí casi un año trabajando con el dinero y pasa lo que está pasando". El empresario también manifestó su preocupación por la falta de respaldo de la fábrica en este conflicto y mencionó que "si Ferrari entrega la concesión a un agente en Colombia, el responsable debería ser directamente la fábrica porque ellos los están representando. A mí no me interesa que el socio cambió o no haya cambiado"."Un carro parado sin poder usar"La situación es crítica no solo para quienes esperan vehículos nuevos, sino para los actuales propietarios, pues el cierre del concesionario los deja sin servicio de posventa y garantía. "Lo más grave es que estos carros son muy costosos y el mantenimiento de estos carros es costoso y en este momento estamos sin la postventa, sin la garantía... parar un carro de eso, el solo seguro contra terceros vale 80 o 90 millones de pesos. Entonces, un carro parado sin poderlo usar (...)", advirtió Mendivil.Actualmente, Autos Italianos de Colombia tiene un plazo de 10 días hábiles desde el 21 de julio para responder al requerimiento de la SIC. Mientras tanto, los afectados, como Mendivil y otros empresarios, ya preparan acciones legales penales por presunta estafa, mientras el paradero de sus millonarios abonos sigue siendo un misterio.CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOLX: RojasCamoCorreo: wcrojasb@caracoltv.com.coInstagram: Milografias
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) anunció la formulación de un pliego de cargos contra Bavaria dentro de una investigación administrativa que busca determinar si la compañía habría incumplido las garantías aceptadas en 2022 para poner fin anticipadamente a un proceso relacionado con presuntas restricciones a la libre competencia en el mercado de la cerveza. En un comunicado posterior, la compañía aseguró que implementó con rigurosidad el esquema de garantías ofrecido en 2022.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Según informó la entidad mediante la Resolución No. 41359 del 3 de junio de 2026, la actuación tendría como propósito verificar si Bavaria habría mantenido o implementado prácticas comerciales que resultarían incompatibles con los compromisos asumidos ante la autoridad de competencia.El origen del caso se remonta a una investigación previa en la que la SIC analizó si la empresa habría adoptado estrategias que podrían haber dificultado el acceso o la expansión de competidores en el mercado cervecero. Como parte del cierre anticipado de ese proceso, Bavaria aceptó una serie de compromisos, entre ellos la eliminación de cláusulas de preferencia, la reducción del uso de exclusividades y la flexibilización de ciertas condiciones comerciales con establecimientos de venta.Ahora la Superintendencia señala que recibió información y denuncias relacionadas con un posible incumplimiento de esas obligaciones. Entre las fuentes de información mencionadas por la entidad se encuentra Central Cervecera de Colombia, que habría aportado registros de visitas comerciales realizadas a establecimientos en distintas regiones del país.De acuerdo con la SIC, durante la etapa de recopilación de pruebas se habrían realizado más de 100 visitas administrativas a establecimientos dedicados a la venta de cerveza en ciudades como Bogotá, Barranquilla, Bello, Cali, Envigado, Itagüí, Medellín y Tunja. Además, la entidad indicó que también habría practicado declaraciones y requerimientos de información a personas y agentes relacionados con los hechos investigados.La respuesta de BavariaEn un comunicado, Bavaria respondió que “implementó con rigurosidad el esquema de garantías ofrecido en 2022, orientado a fortalecer las condiciones de competencia en el mercado". La compañía explicó que, "en el marco de dicho esquema, en 2025, fue la primera y hasta ahora única empresa en obtener la certificación en la norma técnica de cumplimiento para competencia NTC 6378:2020, desarrollada por la Superintendencia de Industria y Comercio e ICONTEC, que acredita la adopción de los más altos estándares en la materia".Por último, afirmó seguir "promoviendo activamente la libre competencia y aportando al desarrollo socioeconómico del país junto a los más de 300.000 clientes que integran su cadena de valor".¿Cuáles serían las conductas investigadas?Según el pliego de cargos, la evidencia recopilada sugeriría que Bavaria habría celebrado contratos de patrocinio con establecimientos comerciales en los que se habrían incorporado condiciones incompatibles con los compromisos adquiridos en 2022.Entre las conductas que la SIC busca establecer se encontrarían presuntas exclusividades no reportadas ni formalizadas conforme a las garantías aceptadas; posibles relaciones de preferencia que estarían prohibidas; la eventual subordinación del suministro de producto a la aceptación de condiciones adicionales; supuestas penalidades asociadas al uso de equipos de frío; y la posible imposición de obligaciones de compra mínima.La autoridad considera que estas prácticas, de comprobarse, podrían tener efectos sobre las condiciones de competencia en los puntos de venta y sobre la presencia de productos de otras compañías cerveceras en esos establecimientos.El proceso apenas está en etapa de investigaciónLa formulación del pliego de cargos no implica una decisión definitiva sobre la responsabilidad de la empresa. Se trata de una etapa dentro del procedimiento administrativo en la que la SIC expone los hechos y conductas que considera necesario investigar.La entidad precisó que los terceros interesados podrán intervenir en la actuación administrativa conforme a los términos establecidos en la ley y dentro de los plazos definidos en la resolución de apertura.En caso de que las conductas investigadas llegaran a comprobarse al término del proceso, Bavaria podría ser objeto de sanciones que, según la SIC, podrían alcanzar multas de hasta 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entretanto, la investigación continuará para determinar si efectivamente existió o no un incumplimiento de los compromisos asumidos por la compañía ante la autoridad de competencia.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le impuso una sanción a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Movistar) tras haber recibido varias denuncias por parte de usuarios, quienes señalaron que sus derechos estarían siendo vulnerados tras haber sido víctimas de fraude y evidenciar fallas en el servicio móvil. Por esta decisión, la empresa de telecomunicaciones tendrá que pagar un monto grande como sanción.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)La Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones fue la que impuso la sanción a Movistar. El fundamento para llegar a esta conclusión fue que los usuarios aseguraron que fueron víctimas de fraude después de que dejaran de recibir señal en su equipo móvil y, al comunicarse con el operador, supieron que se había realizado una reposición de su tarjeta SIM. Dicha reposición, explica la entidad, provocó que los afectados perdieran el dominio de su número celular, e incluso se hicieran transacciones desde sus cuentas bancarias.Esta práctica ya es bien conocida y se le denomina “SIM Swapping”. Cabe aclarar que esta conducta no es llevada a cabo directamente por parte del operador, pero sí deben existir protocolos de seguridad que deberían ser implementados con tal de evitar esta clase de fraudes.Toma de rehenes en banco de California termina con la muerte del secuestrador: detalles del caso“Se investigó si Movistar había adoptado mecanismos de seguridad idóneos para validar la titularidad de las personas que solicitaron la reposición de las tarjetas SIM, con lo que se concluyó que Movistar omitió usar los mecanismos y herramientas tecnológicas idóneas para adelantar los procesos de verificación de identidad en los trámites de reposición de tarjeta SIM, con el fin de prevenir actuaciones fraudulentas o accesos no autorizados sobre las líneas móviles de los usuarios”, detalló la entidad frente a la decisión.En el marco de la investigación de la SIC también se pudo notar que Movistar “no explicó ni acreditó de manera suficiente” a sus usuarios las razones por las cuales negó la ocurrencia de los hechos reportados en las PQR relacionadas con las reposiciones de SIM, pese a que los usuarios manifestaron haber perdido el control de sus líneas móviles y del acceso asociado a servicios financieros y plataformas digitales vinculadas a sus números celulares.Alerta por uso desmedido de potenciadores sexuales: riesgos de infarto o trombosis al cerebroCon esta sanción, Movistar tendrá que pagar 1.358.672.968 pesos colombianos y tendrá que dar cumplimiento a una orden administrativa que está orientada a fortalecer los mecanismos de verificación de identidad en los procesos de reposición de tarjeta SIM para prevenir futuras afectaciones y evitar más fraudes que afecten a los clientes.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) emitió una orden administrativa contra Tesla Motors Colombia S.A.S., con el fin de prevenir afectaciones a consumidores en la venta de vehículos eléctricos a través de internet. La decisión se tomó luego de una revisión iniciada por la entidad tras la llegada de la compañía al país en noviembre de 2025. La medida fue adoptada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, que adelantó una averiguación preliminar de oficio sobre las actividades comerciales de Tesla en Colombia, en especial las relacionadas con la oferta de vehículos a través de su página web oficial.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)Investigación revisó pedidos, reclamos y operación digitalDurante el proceso, la SIC recopiló documentos, revisó el sitio web de la empresa y analizó información relacionada con cerca de 23.700 pedidos realizados entre noviembre de 2025 y marzo de 2026. También evaluó peticiones, quejas y reclamos presentados por compradores. A partir de este análisis, la entidad identificó situaciones que pueden afectar los derechos de los consumidores. Uno de los puntos centrales fue el incumplimiento en los tiempos de entrega de los vehículos.Retrasos en entregas generaron alertasSegún los datos revisados, más de 1.800 vehículos que debían entregarse entre febrero y marzo de 2026 seguían pendientes al mes de abril. Esta situación llevó a la autoridad a cuestionar la forma en la que la empresa comunicó los plazos a los compradores.La SIC concluyó que informar fechas sin precisión puede generar confusión o expectativas que no se cumplen, lo que afecta la decisión de compra de los usuarios. La investigación también detectó posibles inconsistencias en la información sobre las condiciones de garantía de los vehículos. Según la entidad, algunos datos entregados a los consumidores no serían claros o completos.Además, se identificaron dudas frente a la disponibilidad de infraestructura de carga en el país, en especial sobre el sistema “Supercharger”. La SIC advirtió que la información sobre este servicio debe corresponder a la realidad del territorio colombiano. Otro punto observado fue la posible limitación en la garantía de ciertos componentes, como llantas o neumáticos, lo que también debe ser explicado de forma clara a los compradores.¿Qué medidas deberá cumplir Tesla?Como resultado de la investigación, la SIC ordenó a Tesla Colombia aplicar una serie de ajustes en su operación comercial. Entre las principales medidas están:Aclarar la información sobre los tiempos de entrega y evitar presentar fechas estimadas como definitivas.Informar de forma clara y verificable las condiciones reales de garantía de los vehículos.No incluir información que pueda generar confusión sobre la existencia o disponibilidad de estaciones de carga tipo Supercharger en el país.Garantizar que los procesos de reserva, pago y entrega no generen dudas en los consumidores.Revisar las condiciones contractuales relacionadas con la garantía de componentes.La autoridad también ordenó a la empresa adoptar medidas para evitar nuevos retrasos en las entregas. Esto incluye mejorar los procesos logísticos y de información al cliente. Además, deberá fortalecer los canales de atención para peticiones, quejas y reclamos, con el fin de dar respuesta oportuna a los usuarios. Otra de las obligaciones es cumplir con las normas aplicables al comercio electrónico en Colombia, lo que implica entregar información clara antes de la compra y respetar las condiciones ofrecidas.La SIC indicó que esta orden ya se encuentra en proceso de comunicación a la empresa. También advirtió que el incumplimiento de estas medidas puede dar lugar a sanciones administrativas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1480 de 2011, conocida como Estatuto del Consumidor.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una multa de 2.850 millones de pesos a la Empresa Distribuidora del Pacífico (DISPAC) luego de establecer que la compañía incurrió en prácticas que afectaron la "libre competencia económica" en varios procesos de contratación adelantados entre 2021 y 2023.De acuerdo con la entidad, las irregularidades fueron identificadas en 23 procesos de selección en los que se aplicaron requisitos que restringieron la participación de posibles oferentes. Entre las conductas cuestionadas se encuentran el cobro de dinero para acceder a los procesos contractuales y la limitación del número de integrantes permitidos en las estructuras asociativas que buscaban presentar propuestas.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿En qué consiste la decisión de la SIC?Según la decisión de la SIC, DISPAC exigía a los interesados el pago de una tarifa para poder participar en algunos procesos de contratación. Ese valor era calculado teniendo en cuenta el presupuesto oficial de cada convocatoria y se cobraba bajo la figura de "derecho de participación". La Superintendencia consideró que esta condición generó una barrera para diferentes empresas y personas interesadas en competir dentro de los procesos. Además, señaló que la medida iba en contra de principios relacionados con la contratación pública y la función administrativa. "Esta exigencia, además de desconocer los principios que orientan la contratación pública, la función administrativa y el propio manual de contratación de la entidad, desincentivó la participación de posibles oferentes y configuró una vulneración a la libre competencia económica", se lee en el comunicado.Otro de los aspectos analizados por la Superintendencia estuvo relacionado con las limitaciones impuestas a las llamadas estructuras plurales, como consorcios y uniones temporales. "Con ello, se excluyó la posibilidad de que distintos agentes económicos pudieran concurrir en condiciones de eficiencia y competitividad. Esta estipulación no solo redujo y desincentivó la participación en los procesos contractuales, sino que restringió la diversidad y calidad de las ofertas presentadas, en detrimento de la obtención de las mejores condiciones para la entidad contratante".La entidad explicó que las figuras asociativas permiten que diferentes actores económicos sumen experiencia y recursos para cumplir los requisitos exigidos en una contratación. Por esa razón, limitar el número de integrantes podía disminuir la competencia y reducir la cantidad de propuestas disponibles para la entidad contratante.La empresa modificó algunas de las medidas durante la investigaciónDurante el desarrollo del proceso administrativo, la Superintendencia tuvo en cuenta que la empresa realizó cambios frente a algunas de las conductas cuestionadas. "DISPAC modificó parcialmente las conductas objeto de reproche. En efecto, derogó la Directiva de Gerencia No. 005 de 2024, que contemplaba la posibilidad de cobrar por el derecho de participación en los procesos de selección, y prohibió de manera expresa cualquier cobro asociado a la participación en los procesos de contratación de la empresa".La SIC señaló que estas modificaciones fueron consideradas dentro del proceso sancionatorio y sirvieron como un elemento para atenuar la sanción económica finalmente impuesta a la compañía.VALENTINA GÓMEZ GÓMEZNOTICIAS CARACOLvgomezgo@caracoltv.com.co
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) impuso una sanción de $1.306.426.800 a la empresa Constructora Bolívar Bogotá S.A. La medida surge tras detectarse graves irregularidades en el desarrollo y comercialización del proyecto de vivienda de interés social (VIS) denominado “Buenavista Living”.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)¿Por qué la SIC multó a la Constructora Bolívar?La investigación, liderada por la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, se fundamentó en una inspección realizada en octubre de 2024, requerimientos de información adicionales y el análisis de cerca de 30 quejas interpuestas por ciudadanos afectados. Uno de los pilares de la sanción radica en el reiterado incumplimiento en las fechas de entrega de los apartamentos. Según la SIC, la constructora modificó los plazos de entrega en al menos tres ocasiones, lo que vulneró las expectativas legítimas de los compradores.Esta situación no solo generó retrasos en la mudanza de las familias, sino que tuvo un impacto económico directo: al alterarse la fecha de escrituración, se vio afectado el precio final de los inmuebles, un factor crítico al tratarse de viviendas de interés social cuyo valor depende de factores legales vinculados al momento del trámite.Además de los retrasos, la autoridad determinó que Constructora Bolívar incurrió en publicidad engañosa. Las piezas promocionales de “Buenavista Living” fueron calificadas como insuficientes, confusas e inoportunas. La SIC señaló que la información suministrada tenía la capacidad de inducir a error a los consumidores, especialmente porque no se informó con claridad que el proyecto consistía en viviendas de interés social (VIS)Con este fallo, la entidad busca garantizar que los colombianos cuenten con las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas al realizar una de las inversiones más importantes de su vida: la compra de un hogar."Con esta decisión la SIC del Cambio reafirma su compromiso en la protección de los derechos de los consumidores en el sector vivienda, promoviendo que se tengan las herramientas mínimas para tomar decisiones informadas en el marco de las relaciones de consumo. Contra el acto administrativo sancionatorio procede recurso de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y/o el de apelación ante la Delegada para la protección del consumidor", concluyó la SIC.Constructora Bolívar se pronuncióA través de un comunicado compartido con Noticias Caracol, la Constructora Bolívar señaló que "Buenavista Living es un proyecto de vivienda conformado por un total de 2.044 unidades, cuyo proceso de escrituración y entrega inició en el mes de abril de 2025. A la fecha se encuentran entregadas 1.361 unidades lo que corresponde al 66% del total de las unidades y el avance de obra total del proyecto se encuentra en un 90%"."Durante todo el proceso de comercialización, construcción y entregas del proyecto, Constructora Bolívar ha mantenido una comunicación constante, clara y proactiva con sus clientes, informando oportunamente sobre los avances y novedades del proyecto. Así mismo, continuará brindando información transparente y responsable, orientada a generar tranquilidad y confianza", agregó la empresa.Respecto al proceso de investigación de la SIC, la entidad aseguró que se originó por "la reprogramación de las fechas estimadas de entrega del proyecto, que obedeció a las recomendaciones técnicas respecto del sistema constructivo originalmente definido, las cuales fueron formuladas por los consultores suelistas y de diseños estructurales. Dichas recomendaciones fueron acatadas en su totalidad por la compañía". Además, "por la no inclusión en la publicidad del proyecto de su condición de Vivienda de Interés Social - VIS"."Frente a la decisión de la SIC, reiteramos nuestro respeto por las actuaciones de la autoridad competente y manifestamos nuestra total disposición para atender las órdenes emitidas, así como para ejercer nuestro derecho de defensa en las oportunidades legales correspondientes. A nuestros clientes de Buenavista Living, que a pesar de nuestra oferta de devolución del 100% de los recursos aportados a su negocio, decidieron confiar en Constructora Bolívar y de manera libre seguir adelante con su negocio, les reiteramos nuestras disculpas y lamentamos cualquier afectación que hubieren podido tener derivada de alguna de las dos situaciones antes mencionadas", concluyó la Constructora Bolívar.ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le puso sanción a Corabastos, una de las mayores centrales de abasto en Colombia y la más grande de Bogotá, y a dos personas vinculadas a la corporación por infringir la normativa. Según la entidad, la Corporación de Abasto de Bogotá S.A. tuvo conductas “orientadas a restringir el mercado de comercialización de bienes y servicios agroalimentarios”, así como de otros servicios complementarios que deberían prestarse en el establecimiento. La Superintendencia se refirió a los hallazgos que llevaron a tomar esta decisión.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias de Colombia y el mundo)La investigación administrativa que llevó la autoridad competente dejó ver que en 2022, Corabastos modificó el Reglamento Interno de Funcionamiento. Esta acción tenía el objetivo de impedir “el ingreso de comerciantes con determinadas características”. La SIC señala que esta “barrera” puso un límite a la participación de nuevos agentes y excluyó presiones competitivas que “habrían podido traducirse en mejores condiciones de precio, calidad y variedad para minoristas, tiendas de barrio y consumidores” que se abastecen de productos agroalimentarios en la central.(Le puede interesar: Alimentadores de TransMilenio llegarán hasta Soacha tras acuerdo para plan piloto: ¿cuándo inicia?)Dicha acción, asegura la entidad, vulneró el derecho que tiene la ciudadanía de elegir libremente entre una mayor variedad de oferta. Además, habría impedido a proveedores actuales o potenciales el poder contar con mayor diversidad de demandantes dentro de Corabastos.Por estas acciones, la SIC resolvió imponer una multa de más de 260 millones de pesos a la sociedad y de 71 millones de pesos, en conjunto, a las personas naturales vinculadas a esto. Además, la entidad impartió órdenes administrativas orientadas a eliminar de inmediato los elementos que fueron identificados como “anticompetitivos”. En ese sentido, la corporación debe ajustar la normativa interna.(Lea también: Invima advierte venta de quesos que incumplen normas de salud: piden suspender su consumo)La decisión, que fue dada a conocer a nivel público este 6 de mayo, está en proceso de notificación de algunas sanciones y todavía no está completamente en firme, ya que puede proceder el recurso de reposición, el cual debe ser interpuesto ante el despacho de la SIC.La entidad enfatizó que la infraestructura de la central de Corabastos es “única e irreproducible”. “Actúa como un nodo esencial para la formación de precios de referencia, con efectos sobre minoristas, tiendas de barrio y grandes superficies en todo el país”, recordó la SIC. “Corabastos es el mercado mayorista más grande del país, por donde pasa más del 30 % del abastecimiento nacional de productos, según datos del DANE. Esto la convierte en una infraestructura estratégica para la seguridad alimentaria”.Paula RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia que contar?Escríbanos a mprodrir@caracoltv.com.co
A través de un comunicado este 30 de abril de 2026, la Superintendencia de Industria y Comercio volvió a sancionar a Movistar "por no garantizar el derecho a cambiar de operador". La SIC le impuso una multa de $4.679 millones de pesos.(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)SIC impuso millonaria multa a Movistar"La Superintendencia de Industria y Comercio, en su rol de autoridad de protección de usuarios de servicios de comunicaciones, mediante la Resolución 26355 del 15 de abril de 2026, impuso una multa de $4.679.844.144 a Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC (Movistar), por haber incumplido las obligaciones relacionadas con el proceso de portabilidad numérica, afectando el derecho de los usuarios a elegir y cambiar libremente su operador", comienza diciendo el comunicado. Según la Superintendencia de Industria y Comercio, la sanción se impuso "a partir de denuncias presentadas por distintos operadores del sector, en las que se advirtió que el operador investigado actuando en calidad de proveedor donante: (i) no entregó de manera oportuna, o en algunos casos no entregó, los NIP de confirmación a usuarios que habían solicitado cambiar de operador, afectando el desarrollo del proceso de portación; y, (ii) realizó actividades de recuperación durante el proceso de portación, mediante el envío de mensajes con ofertas comerciales incluso antes de remitirles el NIP". La SIC recordó que el NIP es el "código que da lugar a que el usuario realice la portabilidad de su línea telefónica. Este número actúa como una llave que permite identificar y adelantar todo el trámite entre el operador receptor y el operador donante. Además, este NIP debe ser entregado en unos tiempos específicos para garantizar que el proceso de portabilidad se realice de manera eficaz".“La no entrega oportuna del NIP y la realización de actividades de recuperación durante el proceso constituyen incumplimientos de las obligaciones regulatorias que garantizan el adecuado funcionamiento de la portabilidad numérica y la libre elección de los usuarios”, indicó la Superintendencia en el comunicado.La SIC también informó que, al inicio de la actuación administrativa, se impartió una orden administrativa a Movistar para asegurar el cumplimiento de la normativa y evitar la reiteración de estas conductas. Sin embargo, la empresa no presentó soportes que acreditaran el cumplimiento de dicha medida. Contra el acto administrativo sancionatorio proceden los recursos de reposición y de apelación, que podrán interponerse ante las instancias correspondientes dentro de la entidad.Finalmente, la Superintendencia reiteró que continuará fortaleciendo la protección de los usuarios del sector de las telecomunicaciones. “La autoridad seguirá velando porque no se cometan abusos contra los consumidores y porque se garantice plenamente su derecho a la portabilidad”, concluyó el comunicado.No es la primera vez que la SIC multa a MovistarEsta no es la primera vez que Movistar recibe una sanción de la SIC por conductas que afectan los derechos de los consumidores. En julio de 2025, la empresa ya había sido multada con más de $3.000 millones de pesos por implementar el programa ‘Bono Fidelización Prepago Siempre Conectado’, una estrategia que, según determinó la autoridad, restringía de manera indebida la portabilidad numérica de sus usuarios prepago. En ese caso, la compañía creó una deuda ficticia de $1.500 pesos, utilizada como causal de mora para rechazar solicitudes de cambio de operador, práctica ampliamente documentada por Noticias Caracol. Adicionalmente, en octubre de 2025, Movistar fue sancionada con $670 millones de pesos por la SIC por realizar llamadas, mensajes de texto y comunicaciones vía WhatsApp con fines comerciales sin la autorización previa y expresa de los usuarios, vulnerando el derecho fundamental al habeas data. ÁNGELA URREA PARRANOTICIAS CARACOL
Este lunes, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente la resolución del Gobierno nacional que nombró al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso como gestor de paz. Luis Carlos Domínguez Prada y Samuel Alejandro Ortiz Mancipe fueron las personas que demandaron el nombramiento ante el alto tribunal.Se conoció que Domínguez Prada pidió la nulidad de la resolución por el motivo de falsa motivación. Además, argumentó que la designación de Mancuso como gestor de paz es una revictimización por el “antagonismo (...) entre lo que dicen las leyes y las sentencias que las cristalizan, y el enaltecimiento que entraña la investidura como hombre de paz y de justicia del señor Mancuso".Domínguez añadió que Macuso hizo parte de "múltiples crímenes que dañaron y destruyeron la vida de miles de compatriotas" y argumentó que la no revictimización es un principio moral y jurídico. Por su parte, Ortiz Mancipe aseguró que con el acto se incurrió en varias causales de nulidad, como infracción de las normas en las que debía fundarse, expedición irregular y falsa motivación."Precisó que toda designación de un gestor de paz debe: i) fijar un lapso temporal, ii) indicar con claridad el aporte o intervención del postulado en la construcción de la paz y iii) definir el lugar del territorio nacional en el que se desempeñará la labor", se lee en el texto en el que se anunció la suspensión. Salvatore Mancuso no es miembro de un grupo armado, añadió Ortiz y dijo que "ni siquiera cuenta con el respaldo de todos los grupos al margen de la Ley con los que el Gobierno Nacional busca hacer la paz, ni se sabe cuál es la injerencia o ascendencia que podría con esas organizaciones".Noticia en desarrollo...
El exfutbolista colombiano, Diego Serna, fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de Miami y enfrenta cargos relacionados con presunto tráfico de drogas, según informaron medios estadounidenses y registros judiciales conocidos este lunes 3 de agosto. Las autoridades adelantan el proceso, mientras el caso continúa en etapa judicial y aún no existe un pronunciamiento definitivo sobre su responsabilidad.De acuerdo con la información divulgada por 'Local 10 News', Serna fue detenido, tras una investigación de las autoridades estadounidenses. El exdelantero deberá comparecer ante la justicia para responder por los cargos que le fueron imputados, dentro del proceso que apenas comienza.La noticia ha generado impacto entre los aficionados al fútbol, especialmente en Estados Unidos, donde el colombiano dejó una huella importante durante su etapa como jugador de la Major League Soccer (MLS).Nacido en Medellín, Diego Serna inició su carrera profesional en Colombia con Cortuluá e Independiente Medellín antes de dar el salto al fútbol estadounidense en 1998 para incorporarse al Miami Fusion. Allí vivió los mejores años de su trayectoria deportiva, convirtiéndose en el máximo goleador histórico, justamente, de ese desaparecido club, gracias a sus 52 anotaciones en temporada regular. Además, fue incluido en el MLS Best XI de 2001, reconocimiento que distinguía a los mejores futbolistas de la liga.Tras la desaparición del Miami Fusion, el atacante continuó su carrera en otros equipos de la MLS como MetroStars, New England Revolution y Los Angeles Galaxy. Posteriormente, regresó a Sudamérica, donde vistió las camisetas de Once Caldas y Deportes Quindío, además de tener pasos por Ecuador y Brasil. También volvió a Estados Unidos para jugar con Miami FC y posteriormente con Miami Dade FC, uno de los últimos clubes de su carrera profesional.El caso judicial que enfrenta marca un nuevo capítulo en la vida del exfutbolista, aunque será el desarrollo del proceso el que determine su situación legal. Por ahora, las autoridades estadounidenses mantienen abiertas las actuaciones correspondientes y no se ha informado de una decisión definitiva sobre los cargos que pesan en su contra.
Celeste Osorio es el nombre de una inocente niña de dos años, cuya vida fue cegada por una bala que fue disparada por unos delincuentes. Su muerte fue antecedida por supuestas extorsiones que recibió su familia. El hecho ocurrió en el municipio de Polonuevo, Atlántico, el pasado 19 de julio y resultó en el inicio de una exhaustiva investigación por parte de las autoridades, que por fin trae frutos. Los dos presuntos responsables de este homicidio fueron capturados por la Policía del departamento.La niña fue víctima de una inseguridad de la que ni siquiera tenía noción. En el momento de su asesinato, Celeste estaba jugando con su abuela en la Panadería Santander, un negocio de su familia, cuando sujetos no identificados abrieron fuego contra el establecimiento. La pequeña habría recibido un impacto de bala y fue trasladada primero al hospital del municipio, pero luego fue ingresada a la Clínica Reina Catalina de Baranoa por la complejidad de su estado. Lamentablemente, el personal médico no pudo salvarle la vida, ya que llegó al centro médico sin signos vitales.Aliana Valentina Duque declaró en entrevista con Noticias Caracol que su hogar es de una familia trabajadora y pidió que el caso de la niña no quede en la impunidad. En El Heraldo dijo que ella había asumido el negocio familiar con su esposo desde hace cuatro años. En ese momento también reveló que antes del ataque sicarial, sus allegados habrían recibido supuestas amenazas de muerte a través de mensajes de WhatsApp, en las que pedían que entregaran una suma de dinero o que entregaran un revólver. Además de eso, su pareja fue capturada hace más de un mes por un presunto caso de extorsión. Por su parte, El Tiempo había conocido en su momento que unos supuestos criminales pedían seis millones de pesos como parte de una extorsión.La exhaustiva investigación por parte de las autoridades en el departamento logró la captura de dos de los presuntos responsables en Baranoa, cuando se movilizaban en un motocarro y a uno de ellos se le encontró un arma de fuego que no contaba con el permiso necesario. En su momento, tanto conductor como pasajero fueron capturados por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Pero esta captura tuvo un giro cuando se conoció que el pasajero, quien portaba la pistola, tuvo participación en el asesinato de Celeste Osorio, según la investigación de la Sijín y el análisis del material probatorio y los elementos materiales de prueba recopilados.A este capturado se le impuso medida de aseguramiento preventiva por el porte ilegal de arma de fuego, pero continúan las actuaciones judiciales para establecer su presunta participación en el homicidio de la menor de edad, bajo la dirección de la Fiscalía General de la Nación. En esta diligencia habría declarado que, si bien asesinó a la niña, ella no era su objetivo: “no iba a matarla”. Para poder dar con la identidad del presunto responsable, fue clave el testimonio y la colaboración de la comunidad. El teniente coronel Pablo Aníbal Bueno Mendoza, comandante encargado del Departamento de Policía Atlántico, manifestó que este importante resultado demuestra el compromiso permanente de la Institución para esclarecer este lamentable hecho y llevar ante la justicia a los responsables. Asimismo, reiteró que la Policía Nacional actuará con total firmeza y celeridad frente a cualquier conducta que atente contra la vida e integridad de niños, niñas y adolescentes, e invitó a la ciudadanía a continuar suministrando información oportuna a través de la línea de emergencia 123, bajo absoluta reserva.María Paula Rodríguez RozoNOTICIAS CARACOL¿Tiene una historia o una denuncia que contar?Escriba a mprodrir@caracoltv.com.co
Verónica Alcocer se pronunció este lunes tras las denuncias que realizó la española Eva Ferrer, quien fue su asesora y aseguró en unos audios publicados por la revista Semana que la primera dama, supuestamente, controlaba cargos en algunas entidades estatales y tiene como testaferros a varios de sus primos. Alcocer manifestó que está dispuesta a colaborar con la justicia, si estos hechos son investigados por la Fiscalía General de la Nación. "Con ocasión de las recientes publicaciones periodísticas que han generado interés público, quiero manifestarle a usted y al país que las afirmaciones que pretenden atribuirme conductas, compromisos o actuaciones irregulares carecen de todo sustento y no corresponden a la realidad. Ante la posibilidad de que estos hechos sean objeto de actuaciones por parte de la Fiscalía General de la Nación, me permito manifestar de manera voluntaria mi absoluta disposición para colaborar con la justicia y atender cualquier requerimiento que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, sea formulado por esa entidad" escribió en un comunicado.Según se escucha en los audios revelados, Ferrer, incluso, dice que fue amenazada, y reiteró que los primos de Alcocer serían testaferros. "Una mafia. Son criminales. Una banda de criminales. Es una banda de criminales", expresó la mujer en una conversación con un interlocutor no revelado por la revista. Ferrer añadió que el empresario español Manuel Grau, también naturalizado colombiano, supuestamente le entregó a la primera dama dos millones de euros durante la campaña que llevó a la Presidencia a Petro en 2022.Cabe recordar que el Gobierno de Petro le dio la nacionalidad colombiana a Ferrer, y fue consejera presidencial para la Reconciliación desde 2022 hasta 2023, cuando dejó el cargo por supuestas diferencias con Alcocer. La mujer añadió que, al parecer, la primera dama tendría influencia sobre cargos en la petrolera estatal Ecopetrol, el Banco Agrario y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). "¿La señora cuántos puestos tiene en Ecopetrol? (...) Tiene la DIAN", se preguntaba la española en el audio. Al respecto, Alcocer mencionó que siente preocupación de que terceros hayan utilizado "indebidamente" su nombre o "una supuesta cercanía" con ella "para realizar actuaciones completamente ajenas a mi voluntad. Los hechos recientemente divulgados hacen aún más relevante el esclarecimiento de esa circunstancia". Y añadió: "En reiteradas ocasiones he sostenido de manera pública que ninguna persona ha estado ni está autorizada para solicitar, gestionar, ofrecer o asumir compromisos en mi nombre ante autoridades, entidades públicas o particulares".Por último, aseguró que tiene la convicción de que "el esclarecimiento de estos hechos permitirá establecer objetivamente la intervención y las responsabilidades que correspondan a cada uno, conforme a las competencias institucionales y a los ámbitos de decisión que el ordenamiento jurídico les atribuía. Así mismo, considero importante que cualquier valoración se realice apreciando integralmente el contexto en el que surgen las manifestaciones recientemente divulgadas, así como las circunstancias, los eventuales intereses personales o económicos y las motivaciones que razonablemente puedan estar asociados a ellas". LAURA VALENTINA MERCADONOTICIAS CARACOL DIGITAL*Con información de EFE
Las autoridades nacionales de gestión del riesgo evalúan la inestabilidad histórica del volcán Puracé y activan planes de contingencia para la atención de las comunidades afectadas en el Cauca.El volcán Puracé, ubicado en el departamento del Cauca, se encuentra en alerta naranja debido a un incremento sustancial en sus parámetros de actividad sísmica y emisión de gases. Ante este panorama, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Servicio Geológico Colombiano (SGC) emitieron un balance oficial para aclarar la situación, detallar los escenarios posibles y explicar las medidas de preparación que se adelantan junto a las comunidades e instituciones locales.Comportamiento histórico y parámetros de monitoreoDe acuerdo con Natalia Contreras, encargada de la información de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano, el monitoreo realizado desde el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Popayán ha registrado cambios en la actividad volcánica desde el 20 de julio. Esta variación inicial se manifestó con un aumento en la sismicidad y en la emisión de ceniza volcánica y gases.Sin embargo, los monitoreos alcanzaron valores máximos históricos en los parámetros evaluados desde que se hace el seguimiento continuo del volcán en 1993. La funcionaria precisó que los indicadores que motivaron el cambio a alerta naranja incluyen:Aumento de flujos de dióxido de azufre, registrado en el cráter.Aumento del dióxido de carbono, detectado en el suelo.Sismicidad continua, denominada técnicamente como tremor.¿Qué tan probable es una erupción del volcán Puracé?Contreras aclaró que ningún organismo geológico en el mundo puede precisar la hora, el día o el minuto exacto en que ocurrirá una erupción volcánica. Añadió que existen dos posibilidades respecto al comportamiento del volcán Puracé: que el sistema magmático logre estabilizarse y retornar a la alerta amarilla, o que el fenómeno evolucione hacia un evento eruptivo. Sobre este escenario de incertidumbre se coordinan las acciones de prevención.El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava, señaló que la inestabilidad registrada ha generado impactos directos sobre las comunidades locales y los resguardos indígenas cercanos a la zona de influencia, tanto en el municipio de Puracé como en Popayán.De acuerdo con los reportes consolidados por los cabildos indígenas y las autoridades territoriales, en los últimos días se han contabilizado aproximadamente seis emisiones relevantes de ceniza volcánica. Estos eventos han provocado afectaciones concretas en:Cobertura de pastos y cultivos, impactando la actividad agrícola de la región.Suministro de agua potable, debido a la caída de material volcánico y gases con características ácidas sobre las fuentes hídricas.Para mitigar estos daños inmediatos, la UNGRD, en coordinación con la Gobernación del Cauca y la alcaldía local, dispondrá de carrotanques para garantizar el abastecimiento de agua a cerca de 3.000 personas que habitan en las zonas aledañas.Respecto a una eventual erupción magmática de mayor magnitud, Javier Pava confirmó que se han estructurado los protocolos de respuesta que incluyen la definición de rutas de evacuación, puntos de encuentro y zonas de refugio. La movilización de la población no se realizará de manera preventiva en este momento, sino únicamente si el Servicio Geológico Colombiano reporta un cambio en las condiciones que así lo exija.En relación con la infraestructura y los servicios de transporte, las autoridades indicaron que las operaciones aéreas se mantienen en vigilancia. Pese a la presencia de ceniza volcánica, la Aeronáutica Civil y el IDEAM reportan que los aeropuertos de la región se encuentran operativos, manteniendo un monitoreo constante sobre la terminal de Popayán por la dispersión de cenizas hacia el noroccidente.Esta es la segunda ocasión en menos de ocho meses en que el volcán Puracé alcanza la alerta naranja, lo cual evidencia una alta liberación de energía en el sistema. Ante este panorama, las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres permanecen en estado de alistamiento para movilizar los recursos necesarios.Las autoridades reiteraron la importancia de que la ciudadanía mantenga la calma, permanezca atenta a los boletines oficiales emitidos por el Servicio Geológico Colombiano y revise de manera previa las rutas de evacuación establecidas con los líderes comunitarios e instituciones locales.Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos. Cuenta con información y reportería propia de Noticias Caracol.MATEO MEDINA ESCOBARNOTICIAS CARACOL