Así se busca proteger el empleo, sobre todo de las micro, pequeñas y medianas empresas, que actualmente reciben después de 90 días el 40 % de sus pagos por los servicios y productos que ofrecen. El restante 60 % a los 120 días o más.
Con esta nueva norma, a la que le resta conciliación y sanción presidencial, se establece que el plazo de pago de las grandes empresas o entidades estatales a las mipymes será máximo 60 días a partir del 2021.
Y máximo a los 45 días desde el segundo año de vigencia de la ley.
Se busca que miles de empresarios cuenten con un mayor flujo de caja y más liquidez para sus negocios.
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"También incluye un artículo que busca que esas empresas que paguen a 30 días, es decir antes de esos 45, puedan ser incluidas en un sello de buenas prácticas como un incentivo para aumentar la velocidad del pago de sus facturas", explicó Mauricio Toro, representante a la Cámara.
El sector de salud, a partir del tercer año de vigencia de la ley, deberá cancelar todas sus facturas a un plazo máximo de 60 días.