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Pedro Suárez Vacca, congresista del Pacto Histórico, llamado a juicio por Corte Suprema

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema llamó a juicio al congresista Pedro Suárez Vacca, del Pacto Histórico, por presuntamente incurrir en el delito de prevaricato por acción agravado.

PEDRO SUÁREZ VACCA
Representante a la Cámara por Pacto Histórico.
X: @suarezvacca

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema llamó a juicio al congresista Pedro Suárez Vacca, del Pacto Histórico, por el delito de prevaricato por acción agravado.

Los hechos corresponden a decisiones judiciales que emitió cuando era juez de ejecución de penas y medidas de seguridad en Boyacá.

En 2008 Suárez le concedió prisión domiciliaria a Lelio Ávila, persona privada de la libertad y condenada a 17 años de prisión, y ratificó su decisión en septiembre de 2009 cuando ya tenía conocimiento de que el detenido había sido condenado por secuestro simple.

Suárez habría sustentado la decisión en que el hombre era padre cabeza de familia y que supuestamente sus hijos estaban en abandono, lo que se evidenciaría en una inspección judicial. Sin embargo, esa inspección al parecer no se realizó y lo que habría existido era un acta levantada en la oficina del juez.

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Aunque Ávila ya tenía dos condenas por narcotráfico y secuestro, por lo que representaba un peligro para la sociedad. El hecho se dio en una operación conjunta entre Colombia y España donde se incautó una tonelada de cocaína y 1.500.000 euros en efectivo en Madrid, España.

¿Por qué es llamado a juicio Pedro Suárez?

La Corte investiga si Pedro José Suárez Vacca era presuntamente uno de los gestores, promotores y beneficiarios de dicha organización en la que Lelio Ávila delinquía, como parece percibirse del contenido de la evidencia hasta el momento obtenida, según fuentes cercanas al caso. Por esta razón, la sala ordenó la apertura de investigación formal contra el congresista y actual representante del Pacto Histórico en Boyacá.

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Delito de prevaricato por acción agravado

El servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley, incurrirá en prisión de 4 a 144 meses, multa de 66.66 a 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de 80 a 144 meses.

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