Las horas de la ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia (TIC), Karen Abudinen, están contadas en el gobierno del presidente Iván Duque, quien ha defendido su labor y la ha catalogado como una mujer “honorable”.
El viernes 3 de septiembre de 2021, cuando el presidente consideraba que Karen Abudinen había hecho todo para salvar el polémico contrato con Centros Poblados, en el Congreso de la República, la ministra respondía a los señalamientos de varios congresistas en un debate de moción de censura.
“Mi honestidad no puede estar en duda, quien lo haga es un canalla, no solo contra mí, sino contra la verdad y estarán favoreciendo a los corruptos, serían ellos los contratistas corruptos los mayores beneficiados de mi renuncia”, dijo la mintic en ese entonces.
- Vea también: Reversazo de Karen Abudinen: ya no tomará acciones legales contra congresistas que la “difamaron”
Una semana después y tras una reunión en las últimas horas en la Casa de Nariño con el propio presidente Iván Duque, se habría acordado que la funcionaria dejara el cargo después de 16 meses de haber llegado al Ministerio de las TIC.
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Altas fuentes cercanas a la Casa de Nariño señalan que la salida se da por el desgaste que el escándalo le está haciendo al Gobierno, aunque para algunos ya es demasiado tarde, y por la moción de censura a la cual se sumó la bancada del liberalismo en la Cámara de Representantes.
El presidente Duque, por ahora, públicamente ha guardado silencio frente al tema.
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El origen del escándalo que envuelve a Karen Abudinen
El escándalo tuvo su origen en la adjudicación de un millonario contrato por más de un billón de pesos a la unión temporal Centros Poblados, contrato que caducó por retrasos en su ejecución.
La génesis de este escándalo se dio el 18 de agosto del 2020, cuando se abrió una licitación por $ 1.07 billones de pesos que tenía como propósito crear unos centros digitales para llevar internet a zonas rurales del país.
La adjudicación quedó en manos de la unión temporal Centros Poblados, conformada por las empresas Novotic, ICM Ingenieros (cuyo dueño sería Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación), Omega Buildings e Intec de La Costa.
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“Somos responsables de la ejecución del contrato”, dijo Luis Fernando Duque, representante legal de Centros Poblados, el agosto 26 de 2021.
Sin embargo, las irregularidades se conocieron a finales del año pasado, cuando Centros Poblados le envió al Ministerio de las TIC tres garantías por un valor superior a $144.000 millones, logrando adjudicarse el tan mencionado anticipo de $70.000 millones.
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Sobre el proceso de autenticidad de los documentos, la ministra Karen Abudinen dijo, en entrevista con Blu Radio el pasado 30 de agosto, que confiaron en la buena fe del contratista.
“Si uno no tiene pruebas, no hay delito. Nosotros no teníamos una prueba”, señaló.
A comienzos de este año, y con el anticipo de $70.000 millones, la unión temporal invierte en insumos tecnológicos que, al parecer, son adquiridos con la empresa Nouvo Security, radicada en Delaware, Estados Unidos.
Luego, Centros poblados anuncia retrasos en el contrato. Dos meses después, el banco Itaú denuncia que las garantías presentadas son falsas y se inicia una audiencia de incumplimiento, que termina con lacaducidad del contrato.
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“Quedan inhabilitados para contratar por cinco años con el Estado”, aseguró Karen Abudinen el pasado 13 de agosto.
La Contraloría ya abrió un proceso de responsabilidad fiscal y la Procuraduría también abrió indagación disciplinaria contra la ministra, mientras que la Fiscalía avanza en la investigación y solicitó apoyo al FBI sobre cómo se ejecutaron estos recursos en Estados Unidos.
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