Con 89 votos a favor, dio espaldarazo final a la iniciativa que, en un comienzo, estaba contemplada en la consulta anticorrupción.
Asimismo, este proyecto establece que las empresas que incurran en actos de corrupción queden inhabilitadas para contratar con el Estado y no puedan reclamar indemnizaciones.
También se elevan penas en algunos delitos contra la administración pública.
A la iniciativa le resta la conciliación y la sanción presidencial.
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Updated: diciembre 16, 2019 07:23 p. m.