No es una, son varias las graves denuncias de Francisco Javier Castellanos, director de la Organización de Defensa del Paciente, acerca del funcionamiento de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), la Superintendencia de Salud –que es llamada a su vigilancia y control- y de una ley con mensaje de urgencia que cursa en el Congreso de la República para reformar la prestación del servicio.
En entrevista con Juan Diego Alvira, en el Tablero de Noticias Caracol, Castellanos indicó que entre enero y agosto de 2020 los pacientes interpusieron 564 mil quejas porque no se les presta a tiempo los servicios de salud.
“Han aumentado y durante la pandemia aumentaron cerca del 30 por ciento”, dijo.
Además, el experto aseguró que la emergencia del COVID-19 “agravó el acceso de los pacientes de otras enfermedades no COVID-19 a sus tratamientos. Pacientes con cáncer, con VIH, no tuvieron acceso a citas médicas presenciales ni a entrega oportuna de medicamentos”.
El principal reclamo que llega a la oficina de Peticiones, Quejas y Reclamos de la Supersalud es la falta de acceso a la salud, un derecho fundamental. Según cifras de la misma Superintendencia, 462.546 quejas fueron interpuestas.
“Es muy grave que de esas, la mayoría son reclamando servicios que están en el Plan de Beneficios en Salud, antes llamado Plan Obligatorio de Salud (POS)”, explicó Castellanos.
Entre los requerimientos de los pacientes está una consulta médica con un especialista, lo que según Castellanos podría tardar “tres, cuatro o cinco meses”.
También para que le entreguen un medicamento no POS, ¿eso qué implica?
“Son los que no están en el Plan Obligatorio de Salud, es decir, los de alto costo. La gente se demora meses buscando la autorización y buscando que le entreguen efectivamente el medicamento”, indicó el director de la Organización de Defensa del Paciente.
Esto, recalcó, agrava el tratamiento de los pacientes, como el de Germán Molina.
“Lo más triste es que, pese a que algunos medicamentos están autorizados en el plan de beneficio, las EPS siguen demorándolos y dilatando la entrega”, afirmó.
¿Por qué buscar un diagnóstico se demora tanto?
“Desafortunadamente las EPS operan a través de una red de prestadores de servicios, que no generalmente son de ellos, son de terceros, a los que no les pagan, no les pagan a tiempo, por eso se demoran los servicios”, explicó Castellanos.
En el régimen contributivo, las EPS con mayor número de quejas son la Nueva EPS, con 84.445; Medimás, con 52.387; Coomeva, 44.072; Famisanar, 35.992; Compensar, 27.272; y Servicio Occidental de Salud, 15.848.
En el régimen subsidiado, Capital Salud.
¿Las quejas tienen realmente un efecto sancionatorio?
“Hay una preocupación latente en los usuarios y es que la Superintendencia de Salud, que debe hacer la vigilancia y control, no cumple a cabalidad con sus funciones, se demora y no sanciona a las EPS. Pareciera que defiende más a las EPS que a los pacientes”, señaló Castellanos.
¿Cuánto se necesita para poner al día al sistema de salud?
“El presupuesto del sistema de salud hoy es de más o menos 40 billones de pesos. El déficit se estima en cerca de 10 billones de pesos”, manifestó el experto.
“Para eso se impulsó la Ley de Punto Final, después se convirtió en acuerdo, sin embargo, no han pagado los recursos como lo prometieron. Las clínicas y hospitales siguen esperando ese flujo de recursos para poder prestar los servicios”, aseveró.
¿Cuánto se roban los corruptos?
“Recordemos que en Colombia hemos tenido cartel de la hemofilia, de los pañales, de la salud mental y se han cuantificado en miles de millones de pesos el desfalco”, opinó.
¿Qué ha pasado con los implicados?
“Lo más triste es que hay impunidad, esas personas no van a la cárcel o si van, les dan prisión domiciliaria y en un par de años están listos, como el caso de un directivo de Cafesalud”, dijo.
Por último, Castellanos llamó la atención sobre un proyecto de ley con mensaje de urgencia que está en manos del Congreso. ¿Qué pretende esa iniciativa?
“Sí y queremos llamar la atención del Ministerio de Salud y del Congreso de la República porque es un proyecto de ley que se ha venido vendiendo como si fuera a acabar las EPS y no es cierto, es cambiarle el nombre a las EPS para convertirlas en aseguradoras de salud y convertir el dinero público, de la bolsa de los recursos de la salud, en dineros privados vía prima de aseguramiento”, denunció Castellanos.
¿El modelo de salud de Colombia es un negocio?
“Sí, está enfocado en tratar la enfermedad y no en prevenirla, y es un negocio que integra a muchos actores, que no se ocupa de atender a las personas sino de atender la enfermedad vía recurso, vía ingreso y está mercantilizado. Hay que recordar que la salud es un bien público, que debe ser administrado por el estado y no por los privados”, recalcó.
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