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La Comisión Primera de la Cámara de Representantes inició este el primer debate de un proyecto de ley que busca aumentar las penas a quienes cometan ataques con ácidos y restringir la compra abierta de productos químicos.
El congresista Carlos Guevara, del Movimiento Político MIRA, dijo que "se espera que el Congreso aumente las penas contra este delito que van en contra de la dignidad humana, principalmente de las mujeres".
Con esta iniciativa los ponentes buscan aumentar a 50 años la pena de cárcel para los agresores con ácido, que actualmente es de 12 años, y crear una reglamentación que permita el control de la venta, uso y manipulación de agentes químicos.
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"Esperamos que la venta sea bajo registro específico, actualmente hay 300 tipos de agentes químicos en el mercado que con diversas combinaciones pueden llegar a 1.000 tipos de agentes", manifestó Guevara.
Para el congresista, el apoyo que ha dado a la iniciativa la sicóloga Natalia Ponce de León, símbolo nacional de estas víctimas tras el ataque con ácido que sufrió el año pasado, "es un hecho histórico" porque transmite un mensaje social de liderazgo y valentía, que debe ser correspondido por el Congreso.
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"Esperamos que el Congreso corresponda al mensaje... Esto también es una reparación jurídica a estas personas que no solo les han borrado su identidad, en parte es una reparación", dijo. Viviana Hernández, víctima de un ataque en 2007 y que asiste al debate, aseguró que las víctimas "tienen toda la esperanza de que el proyecto sea aprobado en primera instancia".
"Se necesitan penas ejemplares, que este crimen no siga pasando, que la sociedad tenga tranquilidad en las calles, es una sociedad en general la que pide justicia", manifestó.
Hernández aseveró que después de ocho años su agresor no ha sido castigado y que las entidades prestadoras de salud no le han dado atención porque alegan que las cirugías que necesita son estéticas y no reconstructivas.
Frente a estos casos, Guevara afirmó que otro objetivo de la ley es lograr que las víctimas tengan acceso a todos los servicios de salud, además de endurecer las penas si el ataque es contra menores de edad y mujeres.
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"El proyecto debe ser complementario, debe tener apoyo sicológico, apoyo de cirugía, apoyo laboral, apoyo psicosocial y un acompañamiento del Estado", añadió.
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