En firme quedó la decisión de la Contraloría en la que sanciona a 26 personas, entre funcionarios y contratistas, que deberán responder por 4,3 billones de pesos por Hidroituango. El ente de control consideró que todos son responsables, a título de culpa grave, de que la hidroeléctrica no haya entrado a operar en 2018 como estaba programado y generado lo que el organismo llama "destrucción de valor y lucro cesante".
Las personas sancionadas son:
Federico Restrepo, Juan Esteban Calle, Alejandro Granda Zapata, Alonso Salazar, Álvaro Villegas Moreno, Álvaro Vásquez Osorio, Ana Cristina Moreno Palacios, Iván Pérez Salazar, Luis Guillermo Gómez Atehortúa, John Alberto Maya, Luis Javier Vélez, María Eugenia Ramos, Rafael Nanclares, el exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos y el precandidato presidencial Sergio Fajardo.
A las tres empresas contratistas que hoy están al frente de la construcción de Hidroituango también les confirmaron el fallo, se trata de: Camargo Correa de Brasil, Conconcreto y Coninsa Ramón H.
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Además, también se tomó decisión sobre las firmas Integral, Integral Ingeniería Supervisión, Ferrovial Agroman Chile, Sainc Ingenieros Constructores, Ingeneiros Consultores Civiles y Eléctricos, Ingetec y Sedic.
En diálogo con Noticias Caracol, el vicecontralor general explicó cómo debe pagarse este dinero.
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“La responsabilidad se ha declarado de manera solidaria, significa que a una persona se le puede cobrar todo y todos deben todo, es decir, si alguien paga los demás quedarán absueltos del pago correspondiente”. Julián Ruiz, vicecontralor general.
En segunda instancia también se confirmó la declaratoria como tercero civilmente responsable a la aseguradora Mapfre Seguros Generales de Colombia.
En ese sentido, ¿si Mapfre cumple o cubre la póliza por los problemas que se han presentado se cesan las acciones contra los demás afectados?
“Pague Mapfre o pague cualquiera de los responsables o pague la aseguradora, cuando se alcance el monto del daño patrimonial al Estado, los efectos cesarán para todos los demás”, dijo Ruiz.
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Sin embargo, para que el fallo quede en firme se espera que el Consejo de Estado haga el control automático de esta determinación que habla de decisiones improvisadas, omisiones en la planeación, inversiones injustificadas y el compromiso de recursos del Estado, entre las irregularidades encontradas por la Contraloría.
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