El Gobierno nacional desautorizó la creación del comando especial para combatir las estructuras criminales que incluyan a migrantes venezolanos anunciado por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
El objetivo de la administración de Bogotá era contar con un registro de los más de 400 mil venezolanos que hay en la capital. Para ello, se contaría con equipos biométricos y dactiloscópicos de cara a identificar quienes están inmersos en hechos delictivos, como uno de los hechos más recientes, el asesinato a un policía.
“Desafortunadamente está siendo un factor de inseguridad en nuestra ciudad, estructuras criminales y donde lo hemos visto, están operando con un altísimo nivel de violencia armada, violencia homicida”, manifestó la alcaldesa López.
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Sin embargo, el anunció encendió la polémica y desde la Casa de Nariño hubo desautorización.
“La creación de comandos o de mecanismos de conjunto de autoridad, incluyendo migración Colombia y Policía, es una competencia exclusiva del Gobierno nacional, del presidente de la República, como cabeza de las Fuerzas Armadas. En ese sentido, no hay ninguna creación de este tipo de mecanismo”, declaró el director de Migración Colombia , Juan Francisco Espinoza.
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La polémica llegó hasta organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que expresó su preocupación porque calificar a los migrantes de delincuentes promueve la estigmatización y animadversión.
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