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La sentencia de la Corte Constitucional que fue ‘cobrada’ por el presidente Petro y la Procuraduría

La destitución, suspensión e inhabilidad de funcionarios de elección popular por parte de la Procuraduría fue declarada inconstitucional. Por algunos detalles, el presidente Petro dice que el fallo le da la razón a él. Le contamos.

Tanto el presidente Petro como la Procuraduría 'cobraron' sentencia de Corte Constitucional

La noche del jueves 10 de agosto de 2023 se conoció el texto de la sentencia en la que la Corte Constitucional declaró inconstitucional las facultades jurisdiccionales a la Procuraduría que le permitían destituir, suspender e inhabilitar a funcionarios de elección popular.

La sentencia es tan compleja que en la mañana de este viernes, 11 de agosto, tanto la procuradora Margarita Cabello como el presidente Gustavo Petro cobraron el triunfo. Ambos dijeron que la Corte Constitucional les había dado la razón a pesar de que sostienen tesis completamente contrarias.

Lo cierto es que la Corte Constitucional dijo que las sanciones las imponía un juez, con lo cual le da razón al presidente Gustavo Petro, pero no dice nada de las suspensiones mientras se adelanta el proceso, que es la controversia que mantienen en relación con el alcalde de Riohacha.

En ese punto hay, por ahora, empate, porque el asunto no se resolvió, ya que no formaba parte de las normas que habían sido demandadas. Por eso, las dos partes seguirán, mientras se encuentra otro escenario, con la misma postura hasta el momento, en donde la procuradora dirá que puede y el presidente Petro que no.

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La Corte Constitucional, en cambio, sí dice dos cosas que no se han comentado. La primera, que las sanciones que requieren de intervención judicial son las de los funcionarios de elección que ya no estén en ejercicio de su cargo, es decir, que la Procuraduría podrá sancionar a gobernadores, alcaldes y demás funcionarios de elección popular cuando hayan dejado el cargo, cosa que ocurre con frecuencia porque las sanciones del Ministerio Publico se demoran en llegar meses o años.

Lo otro es que las sanciones que están impuestas hoy conservan plena validez, con lo que aquellos funcionarios que estén inhabilitados por la Procuraduría no podrán ser elegidos nuevamente mientras la inhabilidad esté vigente.

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Por ejemplo, la Procuraduría podría confirmar la sanción que hace algunas semanas le impuso a Rodolfo Hernández. Si lo hace, Hernández no podría asumir el cargo de gobernador de Santander en caso de resultar elegido.

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