Abren proceso fiscal a Alcaldía de Medellín por millonarios contratos en emergencia del coronavirus

Uno de los documentos, según la Contraloría General, es de la Secretaría de Educación por más de 7 mil millones de pesos.

El contralor general, Carlos Felipe Córdoba, dijo este jueves que han revisado contratos en todo el país por 3,1 billones de pesos.

“De ellos, 2,1 de pesos se relacionan con compras de insumos médicos, elementos de seguridad y alimentos y otro billón de pesos tiene que ver con contratos de prestación de servicios para apoyo a la gestión de los mismos”, manifestó el alto funcionario.

“Hemos evidenciado presuntos sobrecostos en contratos por alrededor de 420 mil millones de pesos y hemos hecho 227 alertas”, añadió.

Para sorpresa de las autoridades, en cinco ciudades capitales se encontró altos sobrecostos en esos contratos y Medellín es la que tiene los más onerosos.

“Hemos podido ver que las cinco capitales con valores más altos en sobrecostos son Medellín, Cali, Sincelejo y Tunja”, manifestó Córdoba.

En ese orden de ideas, las investigaciones permitieron el presunto hallazgo fiscal en dos contratos millonarios de la Alcaldía de Medellín y su Secretaría de Educación.

Los dos alcanzan los 8 mil millones de pesos.

“Se abrió un proceso de responsabilidad fiscal por 942 millones de pesos a la Alcaldía de Medellín; a su Secretaría de Educación, por un presunto sobrecosto en un contrato que tenía por objeto suministro de alimento a población estudiantil durante el periodo de la calamidad pública por COVID-19”, dijo el contralor.

En el segundo contrato, el de la Secretaría, “el sobrecosto está representado en que el valor del kit fue de 26.423 pesos, precio que al sumar los porcentajes del costo de logística y transporte ascendió a 32.500 pesos, que multiplicado por 220.578 kits pactados en el contrato, arrojó el valor total el de 7 mil 168 millones de pesos”.

Las decisiones del trabajo conjunto entre Fiscalía, Contraloría y Procuraduría se direccionan sobre presuntos hechos de corrupción en 3 mil contratos suscritos en el marco de la emergencia social, aseguró el fiscal general Francisco Barbosa.