El problema de las estaciones de policía y calabozos repletos de detenidos en Medellín parece estar entrando en su etapa de cuenta regresiva. La alcaldía confirmó que las obras de la nueva cárcel Metropolitana para Sindicados alcanzaron un 47% de ejecución en su infraestructura.
Se trata de la primera prisión en el país concebida bajo el esquema de Asociación Público-Privada (APP), un modelo con el que la administración distrital busca transformar el sistema de reclusión temporal y arrebatarle el control delictivo a las redes de extorsión que operan desde el encierro.
Un avance del 47% en la vereda Pedregal Alto
La megaobra está ubicada en la vereda Pedregal Alto, en el corregimiento de San Cristóbal, al noroccidente de la ciudad. Según los datos presentados por la administración municipal, las estructuras del complejo avanzan a paso firme: "las celdas de los primeros cinco pabellones ya llegaron al cuarto nivel de construcción, mientras se instalan redes internas y se edifican las áreas administrativas, de sanidad y de atención."
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Si los cronogramas se cumplen, la entrega física de la obra está prevista para mayo de 2027. Posteriormente, el recinto atravesará una fase de alistamiento técnico, pruebas operativas y sistemas de seguridad de aproximadamente un mes a mes y medio. De esta manera, el alcalde Federico Gutiérrez proyecta que en julio de 2027 ingresen los primeros detenidos que hoy permanecen hacinados en los sitios de paso del Valle de Aburrá.
Un modelo APP pionero: ¿cómo se financia la obra?
Una de las particularidades más destacadas de este proyecto es que funciona mediante una Asociación Público-Privada (APP). Según reportó la alcaldía, la construcción e infraestructura están a cargo del privado Carmet Medellín S.A.S. (creado por la firma mexicana Prodemex) y cuentan con el cierre financiero del Grupo Aval por $215.000 millones.
Bajo este modelo, el Distrito de Medellín no ha invertido recursos públicos durante la fase de construcción. La concesión contempla un periodo total de 15 años (3 de construcción y 12 de operación). El pago por parte de la alcaldía comenzará únicamente cuando la prisión entre en funcionamiento operativo con internos alojados, momento en el que desembolsará entre $50.000 y $60.000 millones anuales durante 12 años, completando la inversión total que supera los $675.000 millones. Al finalizar el contrato de concesión, la infraestructura pasará a ser propiedad del municipio.
Tecnología e infraestructura contra la extorsión
Con una capacidad diseñada para 1.339 personas privadas de la libertad, la cárcel se divide en seis pabellones principales: cinco de ellos tendrán cabida para 240 internos cada uno, mientras que el sexto albergará a 139 personas y dispondrá de una Unidad de Tratamiento Especial y espacios adecuados para reclusos con discapacidad. Las celdas están proyectadas para alojar a cuatro personas.
Para cortar de raíz las extorsiones telefónicas que históricamente se coordinan desde los centros penitenciarios, el diseño incluye especificaciones técnicas inéditas: "Aquí los criminales van a estar realmente pagando cárcel, no por ahí extorsionando a la gente, porque vamos a tener un control absoluto y capacidad para 1.300 personas", afirmó el alcalde Federico Gutiérrez durante su recorrido por el proyecto. La cárcel contará con inhibidores de señal de telefonía celular y se eliminarán los tomacorrientes en el interior de las celdas, impidiendo la recarga de dispositivos móviles.
Vigilancia especializada y resocialización
A diferencia de las cárceles tradicionales de Colombia, la custodia de la cárcel Metropolitana no estará bajo el mando del INPEC, sino de un operador de seguridad y vigilancia privada especializada.
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Asimismo, la infraestructura contempla módulos destinados a la atención médica, zonas de visitas familiares, talleres de trabajo, espacios educativos y de formación para la resocialización. Según la Alcaldía de Medellín, además del impacto en seguridad, las obras han generado 563 empleos directos, beneficiando principalmente a habitantes de las zonas aledañas en San Cristóbal.
El reto persistente del hacinamiento en Medellín
Aunque la apertura de la cárcel aportará un respiro indispensable para la fuerza pública, el panorama de la reclusión transitoria sigue siendo complejo. Registros de la Personería de Medellín señalan que actualmente hay cerca de 1.532 personas privadas de la libertad en estaciones de policía y calabozos de la ciudad, los cuales tienen una capacidad nominal para apenas 688 detenidos, lo que representa un hacinamiento del 123%.
Ante este escenario, defensores de derechos humanos de la población carcelaria han advertido que la capacidad de 1.339 cupos se ocuparía casi en su totalidad desde el primer día de funcionamiento. No obstante, las autoridades distritales ratificaron que el proyecto permitirá descongestionar las estaciones de policía, devolviendo uniformados a las labores de patrullaje y vigilancia en las calles.
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POR DANNA SOFÍA SUÁREZ G
DSSUAREZ@CARACOLTV.COM.CO