Un mes después de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, el Gobierno nacional ejecuta una estrategia de seguridad enfocada en la confrontación contra los grupos armados. La medida, desarrollada en paralelo a la atención de la emergencia generada por el terremoto, involucra la designación de una cúpula militar de perfil operativo, la reactivación de convenios de inteligencia con agencias del exterior y la recepción de aeronaves no tripuladas tipo drones Reaper provenientes de Estados Unidos. Según fuentes de las fuerzas militares, el fin es recuperar los territorios bajo dominio de organizaciones ilegales.
La estructuración de la política de defensa inició con el nombramiento de altos mandos con trayectoria en áreas de conflicto. Entre los oficiales designados se encuentra el general Soto, comandante del Ejército Nacional, quien formó parte de la Tercera y la Quinta División de esa institución. En la Fuerza Aérea Colombiana, la dirección recae sobre un oficial con desempeño en las bases de Apiay y Palanquero, de donde surgieron acciones contra las extintas FARC, mientras que el mando de la Armada está a cargo de un almirante experto en operaciones de interdicción. La Policía Nacional es dirigida por el general Barrera, especialista en inteligencia con experiencia en la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol).
El Ministerio de Defensa es liderado por el general en retiro Mora, excomandante de las fuerzas especiales del Ejército. Él supervisa al comandante general de las fuerzas militares, quien cuenta con formación en el Comando Sur de los Estados Unidos. Bajo esta cadena de mando, fuentes de las fuerzas militares indicaron que la instrucción precisa es ir a la línea de batalla para combatir a las organizaciones armadas. Estas fuentes afirman que en administraciones anteriores se detuvieron acciones operacionales durante fases de diálogo, mientras que el gobierno actual exige el sometimiento de los grupos o el desarrollo de operaciones ofensivas. Como resultado, ya se ejecutan maniobras militares contra las disidencias y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Guaviare.
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Déficit logístico y cooperación de inteligencia internacional
La materialización de las operaciones requiere financiación que supera las capacidades actuales del Estado. Un informe de la Contraloría General de la República expone que la modernización de la fuerza pública precisa de más de 20 billones de pesos. Cálculos citados en el análisis interno señalan que únicamente el Ejército requiere 25 billones de pesos.
Este déficit logístico se refleja en la flota aérea del Estado. De 17 helicópteros MI-17 de fabricación rusa, solamente cuatro están en funcionamiento, pues la falta de mantenimiento y repuestos a causa del conflicto en Ucrania obligó a inmovilizar los demás. Asimismo, 15 helicópteros procedentes de la guerra de Vietnam alcanzaron su límite de vida útil y fueron chatarrizados. La comandancia también ha requerido la compra de armamento individual para los soldados, debido a que el proyecto nacional de fabricación del fusil Jaguar se encuentra suspendido por fallas detectadas durante las pruebas.
Para contrarrestar las limitaciones presupuestales, el gobierno restableció el intercambio de inteligencia con agencias de Estados Unidos, Reino Unido e Israel. Tras la visita del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, se retomó información inactiva y se coordinó la llegada de tres drones Reaper. Estos equipos tienen capacidad para volar de forma ininterrumpida por 27 horas, miden aproximadamente 20 metros de largo y pueden cargar hasta 1.700 kilogramos de armamento. Serán destinados al patrullaje de zonas de cultivos ilícitos y a la ejecución de ataques contra facciones disidentes, el ELN y el Clan del Golfo.
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La estrategia de seguridad del gobierno incluye una fase dirigida a combatir los delitos en las áreas urbanas, tales como la extorsión, el hurto de vehículos, el fleteo y el robo de dispositivos móviles. El ministro de Defensa, general Mora, comunicó que se organizan bloques de búsqueda para operar en las diferentes ciudades capitales del país.
Estas unidades se componen de integrantes de la Policía Nacional y del Ejército, quienes trabajarán en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. El propósito de estas agrupaciones es la desarticulación de bandas de delincuencia común y crimen organizado. Se estableció que las funciones de estos bloques de búsqueda iniciarán en el corto plazo, atendiendo la instrucción de inmediatez dada por el presidente de la República. Paralelamente, el accionar de la fuerza pública se intensificará en el sur del país y en la región de Catatumbo.
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El desarrollo de las operaciones ha generado discusiones públicas, especialmente tras la difusión de imágenes del mandatario caminando entre cadáveres de combatientes de grupos armados. Sectores de la población exigen acciones de mano dura, mientras que otros advierten sobre el riesgo de violaciones a la ley, evocando episodios como las ejecuciones extrajudiciales de civiles reportados como bajas en combate. Ante esto, las fuentes castrenses aseveraron que las acciones se desarrollarán con estricto apego a la legislación. Además, las instituciones deben operar bajo restricciones judiciales, como el reciente fallo de un tribunal que prohíbe la ejecución de bombardeos en lugares donde se detecte la presencia de menores de edad reclutados.
La confrontación ha derivado en respuestas violentas por parte de las estructuras criminales. En semanas recientes se registraron ataques mediante el uso de aeronaves no tripuladas (drones) con explosivos en la ciudad de Cúcuta y en Pailitas, departamento del Cesar. Frente a este escenario de escalada armada, analistas en seguridad afirman que la pacificación territorial demanda una intervención estatal integral. La reducción de las economías ilícitas, como los cultivos de hoja de coca, exige el desarrollo de infraestructura, centros de salud y carreteras para que las poblaciones rurales puedan sustituir sus actividades económicas.