
En medio de la audiencia de judicialización y captura de Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, considerado como el principal articulador del ataque contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ocurrido hace un mes en el parque El Golfito de Modelia, occidente de Bogotá, un juez de control de garantías de Bogotá señaló la posible responsabilidad del Estado en el ataque.
Se debe recordar que el hecho ocurrió el pasado 7 de junio de 2025 sobre las 5 de la tarde cuando el político del Centro Democrático lideraba un mitin político en un acto de precampaña en la localidad de Fontibón. Ese día, Uribe Turbay, de 39 años, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Hasta el momento, el senador continúa internado en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, centro médico en el que ha sido sometido a varias cirugías para mantenerlo estable y con vida. Por lo pronto, y según el último comunicado enviado por la Clínica el 3 de julio, su condición continúa siendo calificada como "grave y su pronóstico neurológico es de carácter reservado".
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En cuanto a la investigación que adelanta la Fiscalía y la Policía Nacional, en los últimos días se conocieron varios avances y se consolidaron cinco capturas contando la de alias El Costeño, como líder criminal de la banda; el joven de 15 años, quien ejecutó el ataque con una pistola Glock; Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo en el que llegaron los actores materiales del hecho; Katerine Martínez, que se le denominó como la transportadora del arma usada; y William Fernando González Cruz, coordinador logístico y conductor de otro automóvil en el que huyeron parte de los responsables señalados.
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La captura de Arteaga Hernández se efectuó el pasado sábado 5 de julio en la localidad de Engativá y el domingo se le presentó ante un juez de control de garantías por su presunta participación en las acciones. En las audiencias concentradas, el procesado no aceptó los cargos imputados por cuatro delitos, entre ellos tentativa de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores para delinquir y fabricación, tráfico y tenencia de armas agravada.
Juez habló de responsabilidad por omisión del Estado colombiano en ataque contra Uribe Turbay
Durante la misma jornada, en la que se le impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a Arteaga, un detalle llamó la atención y fue el señalamiento del juez 37 de Bogotá, quien dejó constancia de una "eventual responsabilidad del Estado con sede extracontractual por falla del servicio".
Respecto a lo afirmado, indicó que, presuntamente, se pudo haber incurrido en el delito de prevaricato por omisión, contenido en el articulo 414 del Código Penal, "por parte de las autoridades administrativas encargadas de la seguridad del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, específicamente la Unidad Nacional de Protección (UNP), de acuerdo con las consideraciones expuestas de la parte motiva de la presente providencia".
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El juez precisó en medio de la audiencia que se deberá valorar si existe "espacio" para una reparación directa del Estado por "falla del servicio" y hallar la responsabilidad por el delito mencionado en las autoridades encargadas. Conforme con el togado, Uribe Turbay se encontraba realizando una "actividad pública de alto riesgo y ya había avisado frente a las autoridades, en repetidas ocasiones, del riesgo que corría su vida y tuvo que enfrentar en un estado de total indefensión un atentado contra su vida".
Sus declaraciones en medio de la audiencia fueron reveladas en video por parte del medio Caracol Radio que compartió los fragmentos indicados, en donde también se informó que "el peligro inminente en el cual se encontraba" el político de oposición ya había sido advertido a la UNP.
“Las autoridades públicas deberían observar en sus diversas instancias ecuanimidad e imparcialidad frente al contexto político y representar la unidad de la Nación”, aseveró el juez.
El tema ya se había dado a conocer este lunes 7 de junio por el abogado de Uribe Turbay, Víctor Mosquera, quien puntualizó a medios locales: "En la audiencia del día de ayer (...) un juez de la República (...) determinó que hay responsabilidad por omisión por parte del Estado colombiano, es decir la UNP ( Unidad Nacional de Protección) de este actual Gobierno".
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"Es claro que esta decisión judicial evidencia lo que hemos venido advirtiendo como equipo legal de Miguel Uribe. Hubo omisiones graves en la seguridad del precandidato, falta de protección a un líder de la oposición", agregó Mosquera.
Se debe destacar que la familia de Uribe Turbay presentó una denuncia penal contra la UNP, adscrita al Ministerio del Interior, por presunta negligencia en la atención a las solicitudes de refuerzo de su seguridad. Mosquera explicó semanas atrás que durante este año presentaron 23 solicitudes para reforzar la protección del político, pero la UNP las desestimó.
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LAURA NATHALIA QUINTERO.
NOTICIAS CARACOL DIGITAL.