
Han pasado 16 días desde la desaparición de Valeria Afanador, una niña de 10 años que fue vista por última vez el pasado 12 de agosto en el colegio Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, en Cajicá, Cundinamarca. La incertidumbre y el desespero de su familia han marcado más de dos semanas de intensa búsqueda que hasta ahora no arroja resultados concretos. A esta situación se suma la controversia generada por un video difundido en redes sociales, en el que la rectora del colegio, Sonia Ochoa, hizo afirmaciones que desataron cuestionamientos y que motivaron un pronunciamiento oficial de la institución.
En las imágenes, reveladas por el abogado de la familia Afanador, Julián Quintana, la rectora plantea hipótesis sobre lo ocurrido. “¿Quién lo hizo? Una persona que odia al colegio, un extrabajador. Yo quiero reafirmar lo que le he dicho a la Fiscalía (…), queremos dar con el responsable”, afirmó. También aseguró que el caso no solo afectaba a la niña y su familia, sino que la institución también resultaba perjudicada: “Estas cámaras muestran ahí todas las situaciones. Finalmente, la persona que quiso hacer el daño, lo hizo al colegio también”.
Tras conocer esas declaraciones, Quintana pidió claridad a las autoridades y a la institución, subrayando que la prioridad debía ser Valeria. “La víctima es Valeria y su familia, no ella”, advirtió, en alusión a la rectora.
La difusión del video coincidió con la intensificación de la búsqueda. Desde el día de la desaparición, el Ejército, la Policía, el CTI, la Fiscalía y los bomberos han desplegado más de 200 rescatistas, apoyados con drones, cámaras térmicas y perros entrenados. Se han recorrido más de 12 kilómetros a la redonda, se ha revisado en más de cinco ocasiones el cauce del río Frío y se han cubierto zonas boscosas y rurales sin obtener pistas. Las cámaras de seguridad del colegio solo registraron a la niña jugando en una zona de arbustos, cercana a la reja que colinda con el río, pero no hay evidencia de que regresara.
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El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que los operativos han sido tan exhaustivos que cobra fuerza la hipótesis de desaparición forzada. “Lo que cobra relevancia y lo que todo indica es que esto sea una desaparición forzada. No hay otra explicación hasta la fecha”, dijo.
En paralelo, la búsqueda trascendió las fronteras nacionales. El 20 de agosto, la Interpol emitió una circular amarilla, activando la alerta internacional en 196 países. La ficha describe a Valeria como una niña de 1,23 metros de estatura, 23 kilogramos de peso, cabello negro y ojos castaños oscuros. En Colombia, el Gobierno mantiene una recompensa de 70 millones de pesos por información que conduzca a su localización.
La respuesta del colegio donde desapareció Valeria Afanador
En medio de los señalamientos y del video difundido por el abogado, el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe publicó un comunicado oficial este miércoles 27 de agosto en el que respondió a las acusaciones. La institución sostuvo que se mantiene firme en su cooperación con las autoridades y aclaró varios puntos.
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“Como Familia Laureciana, seguimos comprometidos con la verdad, la transparencia y el acompañamiento absoluto a las autoridades en el proceso de búsqueda de nuestra estudiante Valeria Afanador Cárdenas”, señaló la publicación con la que se compartió el documento en redes sociales.
En la comunicación, fechada el 27 de agosto en Cajicá, la institución respondió directamente a las declaraciones de Quintana. “En atención a las declaraciones del Dr. Julián Quintana, en las que se sugiere una presunta alteración de la escena en el caso de la menor Valeria Afanador Cárdenas, el Gimnasio Campestre Los Laureles se permite efectuar las siguientes precisiones, a partir de la verdad, la legalidad y los compromisos que hemos asumido de manera abierta con las autoridades competentes”, comienza el texto.
El colegio argumentó que la conservación y custodia de la escena no es de su competencia. “Conforme a la normatividad procesal penal colombiana, la conservación, aseguramiento y custodia de la escena constituye una función exclusiva de la Fiscalía General de la Nación y de las unidades de policía judicial (arts. 200 y ss., Código de Procedimiento Penal). La institución educativa no tiene facultades legales para intervenir en estas diligencias”, señaló. Por eso, indicó que cualquier afirmación contraria desconoce la ley y “distorsiona la verdad jurídica del proceso”.
Respecto al ingreso masivo de personas durante los primeros días de búsqueda, la institución explicó que por el colegio y sus alrededores pasaron más de 700 personas entre docentes, familiares, bomberos, policía, CTI, Ejército, alcaldía, Cruz Roja y otros organismos, además de 120 voluntarios gestionados por la familia. “Fueron centenares de personas las que transitaron el lugar en el marco de una búsqueda ininterrumpida y con la autorización del Puesto de Mando Unificado (PMU)”, dice el comunicado. Asegura que cualquier alteración física que se haya observado “obedeció al tránsito de estas brigadas, voluntarios y entidades, y no puede atribuirse al colegio”.
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Sobre las presuntas alteraciones de la escena denunciadas por el abogado, la institución insistió en que las medidas de seguridad que tenía instaladas eran previas al hecho y estaban certificadas por Bomberos y Gestión del Riesgo. “El tránsito de equipos de rescate, caninos y organismos de emergencia produjo deterioros en algunos puntos perimetrales. En atención a ello, el colegio adelantó refuerzos de infraestructura con fines estrictamente preventivos y de seguridad, nunca con la intención de alterar la escena”, aclaró.
La institución agregó que esas acciones se hicieron bajo recomendaciones y discusiones del PMU y de la Gobernación de Cundinamarca, que pidió retirar la polisombra, instalar una reja metálica en la zona del bicicletero, reforzar las cámaras hacia el río Frío y mejorar el cerramiento perimetral. “En consecuencia, la afirmación de que el colegio manipuló la escena es falsa y carente de soporte. Las intervenciones realizadas fueron refuerzos posteriores a los hechos, recomendados por las autoridades y con fines de protección escolar, no alteraciones probatorias”, subrayó.
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En otro apartado, el colegio se refirió al video difundido por Quintana en el que aparece la rectora Sonia Ochoa. “El fragmento fue sacado de contexto y corresponde a un espacio de diálogo interno con padres de familia. Lo dicho por la rectora no constituye acusación ni imputación, sino la mención de una de las hipótesis planteadas por el CTI”, indicó. Según el comunicado, cuando Ochoa dijo que “lo hizo una persona que odia el colegio, un ex-trabajador, una situación”, lo hacía “únicamente a manera dialéctica y ejemplificativa, como una de las muchas posibilidades que podrían existir”.
La institución remarcó que la rectora se limitó a trasladar a los padres de familia hipótesis de investigación planteadas por las autoridades. “No se basa en elementos probatorios determinantes, su objetivo era ilustrar cómo tanto la institución como Sonia, nuestra rectora, podrían verse afectados por terceros con intenciones de daño”, explica el texto.
El colegio también defendió su silencio ante los medios. “La decisión del colegio de limitar sus declaraciones públicas no obedece a ocultamientos, sino al cumplimiento estricto de la reserva sumarial (art. 213 del Código de Procedimiento Penal)”, precisó, agregando que su intención ha sido no entorpecer la investigación ni desviar la atención.
Finalmente, el plantel reiteró su solidaridad con la familia de Valeria y pidió que la información se maneje con rigor. “Hacemos un respetuoso llamado al apoderado de la familia Afanador Cárdenas y a la opinión pública para que la información se maneje de manera rigurosa y se fundamente en hechos contrastados y no en conjeturas, de manera que la atención se centre en lo realmente esencial: la localización de Valeria y el esclarecimiento de los hechos”, concluyó el comunicado.
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La búsqueda de Valeria sigue activa a nivel nacional e internacional. Mientras tanto, su familia y las autoridades mantienen la esperanza de obtener pronto respuestas sobre lo que ocurrió el 12 de agosto en las inmediaciones del colegio Los Laureles.
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LAURA NATHALIA QUINTERO.
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