A más de un año de la partida del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, su viuda, María Claudia Tarazona, lidera una dolorosa batalla para esclarecer la verdad sobre el atentado ocurrido el 7 de junio del año anterior. En una reveladora entrevista en Noticias Caracol, Tarazona expuso contundentes reparos frente a las decisiones de la Fiscalía General de la Nación y denunció el actuar de la Unidad Nacional de Protección (UNP) bajo la dirección de Augusto Rodríguez.
Para María Claudia Tarazona, durante la investigación la Fiscalía ha hecho omisiones y beneficios procesales que considera incomprensibles. Su primer gran reparo se centra en la evidente infiltración del esquema de seguridad de su esposo. Sostuvo que era imposible para los sicarios conocer con tal exactitud las rutinas, retrasos y el destino de Miguel —el parque del Golfito en Fontibón— sin información interna, pues él acababa de salir directamente de su edificio (el cual cuenta con doble portería) y su agenda se manejaba con absoluto hermetismo. A pesar de advertirlo desde el primer instante, critica que la Fiscalía no investigara de manera profunda y responsable el esquema de adentro hacia afuera. "Nunca entendí porque no hubo una mirada profunda y responsable frente a esos hechos", dijo.
A Tarazona le resultó insólito que la familia tuvo que conservar durante todo un año el mismo esquema bajo sospecha para custodiar la seguridad de sus hijos, lo cual califica como un hecho absurdo y carente de lógica. "Miguel tenía dos personas dentro del esquema de seguridad que quería cambiar", contó la viuda del exsenador, quien también agregó tiene conocimientos de las amenazas que había recibido su esposo antes del atentado.
Sin embargo, manifestó que estás amenazas no ha sido capaz de entregarlas a la Fiscalía porque le da miedo que se filtre el nombre de la persona que le entregó esta información. "La tengo y no he sido capaz de revelar la amenaza. Una hipótesis es que la Fiscalía ya tenía conocimiento de esta", añadió y dijo que tiene fotos y chats, pero no se siente capaz de revelar esa información.
Por otro lado, rechazó rotundamente la aprobación de un preacuerdo que redujo a la mitad la condena de alias El costeño o ‘Chipi’. Explicó que se reunió personalmente con la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y diez investigadores para exigir razones de este beneficio, pero nadie en la mesa pudo justificar qué información útil aportó este delincuente, quien -según su consideración- entorpeció el proceso y se burló de las víctimas en las audiencias.
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Ante la falta de garantías, Tarazona confesó que no se siente segura de entregar a la Fiscalía chats, fotos y pruebas sobre amenazas reales previas que conserva en su teléfono móvil, por temor a que se filtren y pongan en peligro su vida o la de su fuente.
Asimismo, señaló que el Gobierno de Gustavo Petro y la Fiscalía sabían que la vida de Miguel corría peligro tras la advertencia previa de un congresista, pero no tomaron medidas de protección.
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Los reclamos contra Augusto Rodríguez
El descontento frente al exdirector de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, cercano del expresidente Gustavo Petro, tiene que ver con la decisión de la Fiscalía de retirarle la imputación de cargos por omisión de su deber de cuidado. Según Tarazona, Rodríguez había sido imputado penalmente porque la entidad desatendió más de veinte solicitudes de fortalecimiento del esquema de seguridad de Uribe. Sin embargo, la Fiscalía General anuló el proceso amparándose en un tecnicismo procesal —que la imputación debió realizarla un fiscal de una unidad especializada y no el fiscal del caso—, decisión que la viuda califica como una grave irresponsabilidad. "No me da tranquilidad", indicó sobre el papel de la Fiscalía.
Tarazona denunció que Rodríguez intentó eludir su responsabilidad revelando datos del esquema de seguridad y afirmando falsamente que el propio Miguel Uribe lo había debilitado. Además, dijo que el exdirector ridiculizó las actividades de Miguel el día del atentado, sugiriendo públicamente que estaba "en un sabático" en un club social, cuando en realidad venía de cumplir con debates, foros e iba a hacer campaña en un parque público desprotegido.
Aunque la Corte Constitucional ordenó a la UNP ofrecer excusas públicas a la familia por este comportamiento, Tarazona manifestó que no cree en el arrepentimiento sincero de Rodríguez, pero valora el fallo como un reconocimiento público del grave y vergonzoso error cometido por la entidad.
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