La Fiscalía inició investigación penal en contra del alcalde Enrique Peñalosa, así como contra 31 concejales y el presidente de la ETB, Jorge Castellanos Rueda, por el presunto delito de prevaricato.
La denuncia fue instaurada por Atelca, gremio de técnicos en telecomunicaciones y afines, argumenta que la propuesta de privatizar la ETB no hizo parte del anteproyecto del Plan de Desarrollo. En concepto de los agremiados, este exabrupto vulneró el principio constitucional de unidad de materia.
La investigación penal será asumida por la Fiscalía 36 Seccional de la Unidad Administrativa Pública adscrita a la Dirección Seccional de Bogotá.
Atelca mantiene otras acciones legales en contra de la privatización de la ETB, entre ellas una medida cautelar en contra del Acuerdo 645 de 2016 que autorizó la transacción. Así mismo, cursa una demanda por pánico económico contra el presidente de la entidad, Jorge Castellanos.
Fiscal general lo niega
Una vez la noticia fue divulgada, el fiscal Néstor Humberto Martínez salió al paso y lo negó, pero un documento firmado por una asesora de la entidad asegura que la denuncia sí fue remitida.
Sobre el documento, el jefe del ente acusador respondió: "es una información completamente inexacta, lo único que ha recibido la Fiscalía es un derecho de petición pidiendo que se investigue esta circunstancia".
En medio de la controversia el periodista Manuel Salazar terció con la presidenta del sindicato Atelca, Alejandra Wilches.
Eso no quiere decir que no exista investigación @manolitosalazar @FiscaliaCol @EnriquePenalosa
— Alejandra Wilches (@AlejandraWil16) October 21, 2016
En mayo de este año, la Contraloría de Bogotá conceptuó que “la iniciativa de vender o enajenar la ETB no cuenta con un estudio técnico elaborado por una firma especializada que muestre el presente y futuro de la empresa, bajo escenarios y alternativas diferentes: si se conserva pública, si se consigue un socio estratégico o se privatiza y su relación costo - beneficio”.