Un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), rotulado como "reservado y de distribución controlada” reporta un hallazgo crítico. Según una fuente humana, dice el documento, la DNI planeó preparar, con micrófonos y GPS, los vehículos que se iban a destinar a la seguridad de los expresidentes y ex vicepresidentes de la República.
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Para hacer esto, según el documento, el gobierno de Gustavo Petro expidió el decreto 0563 del 3 de junio de 2026, dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial. A través del documento delegó una nueva función a la DNI: participar en la asignación de los vehículos para los esquemas de los exmandatarios.
"Los vehículos automotores para el esquema de protección y seguridad serán asignados por parte del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección y la Dirección Nacional de Inteligencia", señaló el documento. Esta variación tendría un objetivo: el control de inteligencia sobre el grupo de protegidos de más alto nivel.
El informe detalla que "esto explicaría el interés específico de la DNI en participar de esta asignación -una entidad de inteligencia no tiene ninguna razón técnica para asignar vehículos de protección, a menos que el objetivo sea el control e inteligencia sobre las personas protegidas".
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Este es uno de los hallazgos más importantes de lo que se tituló como "informe de empalme", un documento de 26 páginas hasta ahora desconocido y que está en poder de Noticias Caracol. El documento es de julio de 2026 y va dirigido al director entrante de la agencia de inteligencia de la Presidencia. Contiene fotografías y análisis basados en documentos e información suministrada por los propios funcionarios de las DNI sobre la entidad que dejó el gobierno de Gustavo Petro.
¿Qué implica que DNI participe en asignación de vehículos a expresidentes y ex vicepresidentes?
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Para Juan Carlos Restrepo, exconsejero de seguridad nacional y exinspector de la DNI, señaló que es difícil poder determinar la intención o demostrar la intención que podían tener en esos actos, “pues claramente están obrando por fuera del marco de competencias y por fuera del campo de acción de la DNI”. Desde su perspectiva, “la DNI al pretender espiar a los expresidentes interfiriendo presuntamente sus vehículos o hackeándolos o poniéndole micrófonos, cámaras, qué sé yo, está metiéndose en un campo donde le está expresamente prohibido intervenir”.
Otro de los puntos sobresalientes en el informe tiene que ver con una supuesta estrategia para obligar a la nueva administración de la DNI a reintegrar a la entidad personas de confianza del gobierno Petro. Para ello, según se lee en el documento, habrían declarado insubsistente sin justificación a personas que después de interponer y ganar demandas judiciales tendrían que ser reintegradas.
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"Con fecha 18 de junio de 2026, se identificó la salida planeada y coordinada al interior de la DNI de personal de confianza del Gobierno actual mediante declaratoria de insubsistencia sin justificación y sin debido proceso, como estrategia de continuidad de la Operación. El objetivo sería que, tras el proceso judicial correspondiente y el restablecimiento de derechos, estas personas sean nombradas nuevamente en la entidad en años posteriores".
También llama la atención del informe la existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la sede de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá. La vivienda, según la fuente citada en el documento, fue desocupada después de las elecciones presidenciales y cualquier registro de su existencia fue borrado de los archivos oficiales de la DNI. No es clara cuál fue la misión al instalar una fachada al lado de la principal sede diplomática del país.
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"La casa habría sido usada por la DNI como sede operativa no registrada en libros", dice el informe.
Una de las muchas preocupaciones que está plasmada en el informe de la DNI tiene que ver con la sospecha de que Rusia habría intentado instalar un malware espía en los computadores y celulares entregados a funcionarios de la agencia de inteligencia.
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El documento afirma que estos dispositivos contaminados presuntamente fueron entregados a un grupo de agentes de la DNI que viajó el año pasado a Moscú, en Rusia, para ser capacitados por el SVR, el servicio secreto ruso. La idea era que esos dispositivos infectaran los sistemas de la DNI. "Rusia habría entregado equipos (computadores y celulares) a la DNI con el objetivo de instalar malware para espiar al siguiente gobierno. Se recomienda una revisión forense inmediata de todos los dispositivos de la entidad", alerta el informe.
El dron
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El informe también incluyó un hallazgo que es calificado como de "alto impacto presupuestal". Se trata de la compra de un vehículo aéreo no tripulado cuyo propósito, según se lee en el objeto del contrato, sería "la recolección de información a través de captura de imágenes y video para la gestión del ciclo de inteligencia y contrainteligencia estratégica de la dirección nacional de inteligencia".
De acuerdo con las especificaciones descritas en el informe, se trataría de un helicóptero no tripulado con alcance máximo de 600 km, con hasta 6 horas de vuelo, transmisión de datos en un rango de 200 kilómetros y una capacidad de carga de 60 a 120 kilos.
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El valor de este helicóptero no tripulado fue de 9.000 millones de pesos, un precio que según el informe está "sobrevalorado". Además, el documento reporta que este contrato está en medio de un proceso sancionatorio porque hubo incumplimientos de las especificaciones técnicas.
"El dron nunca funcionó bien. El informe técnico de agosto 2025 muestra cuatro fallas simultáneas en sistemas críticos — comunicación, combustible, gearbox y motor. Que una aeronave llegue a Colombia con esas fallas, y que el vuelo de prueba se cancele por seguridad, sugiere que el bien entregado no cumplía las especificaciones del contrato", asegura el informe.
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Las fallas reportadas hacen parte de un expediente reservado de la Contraloría que tiene una nueva perla: el pasado 15 de marzo el helicóptero no tripulado sufrió un siniestro. Aunque el informe no describe lo sucedido, sí incluye una comunicación que le envió René Guarín, el exdirector de la DNI encargado, a la aseguradora HDI.
El documento de fecha 13 de abril de 2026 señala: “La situación se encuentra en un proceso de revisión y verificación interna con el fin de determinar las causas y el alcance de los hechos. De acuerdo con la información preliminar, es posible que esta novedad configure un siniestro en los términos de la póliza".
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Lo extraño es que un informe señala que el aparato solo estaba asegurado por el 10 por ciento de su valor real, es decir, 900 millones de pesos. Más allá de los líos de contratación, la conclusión de este aparte del informe sobre el dron es alarmante pues, asegura el documento, el helicóptero habría estado operativo y pudo haber sido utilizado con fines políticos: "Un sistema aeronave no tripulado con capacidades de captura de imágenes, interceptación de señales y reconocimiento —sobrevalorado, mal entregado, con un siniestro pendiente de resolver— en manos de una entidad que al parecer está siendo usada para fines políticos, no es un problema de contratación. Es un problema de seguridad nacional".
Contratación en la DNI
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Otro documento de 11 páginas al que tuvo acceso noticias caracol es un informe enviado por la DNI a la Presidencia de la República el pasado mes de septiembre, el cual contiene lo que denominan "aspectos relevantes" en la contratación de la DNI. Uno de ellos es la compra de cuatro camionetas Tahoe modelo 2024, dos de las cuales habrían sido acondicionadas con equipos antidrones destinadas a la casa presidencial.
En una foto conocida por Noticias Caracol se observa una de esas camionetas con capacidades técnicas visibles en el techo, como lo describe el documento. En total, la DNI compró tres equipos antidrones por 8.340 millones de pesos. Según el documento, se está corroborando la alerta de un funcionario de la DNI según la cual esos vehículos también tenían equipos con capacidad de interceptación de comunicaciones.
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Y otro de los puntos álgidos del informe señala que la DNI se quedó sin sistema de registro para misiones de trabajo pues desde el año 2024 no se renovó el contrato que existía por un desacuerdo con el proveedor. "No tenemos una plataforma de registro de las misiones de trabajo, lo cual afecta las operaciones de inteligencia y contrainteligencia", señala el documento.
El exinspector Juan Carlos Restrepo señaló que no puede haber una misión de inteligencia o de contrainteligencia sin una orden y sin una supervisión. “Entonces, lo que se está demostrando nuevamente aquí es que agarraron esas capacidades de la inteligencia para propósitos espurios, para propósitos que no tenían nada que ver con la misionalidad de la agencia, sino para intereses propios además de muy bajo nivel”, aseguró.
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El experto indicó que “la inteligencia de Estado es un arma, es un poder que tiene el Estado, que tiene unas capacidades muy grandes de afectar a la gente, de afectar a otros estados inclusive y el ejercicio de ese poder no puede ser arbitrario”.
El informe, de otro lado, también evidencia que la improvisación en las compras en la DNI comenzó desde los primeros días del gobierno Petro y se extendió hasta el último año de su mandato. Por ejemplo, el contrato 053 firmado el 7 de octubre de 2022, por 580 millones para la compra de un sistema de detección biométrica, dactilar, facial y de iris, no pudo ser implementado pues era incompatible con los equipos de la entidad. "En conclusión, la entidad pagó por algo que no pudo usar", señala el documento.
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Algo similar ocurrió con el contrato 043 de 2024 con el que se compraron 595 computadores en una subasta por un valor de 1.314 millones de pesos. "La calidad de los equipos no es óptima, presentan fallas y no tienen la capacidad de un equipo corporativo", indica el informe
Incluso, en uno de los contratos más recientes de enero de 2026, por el valor de 1.549 millones pesos, aparecen compras de 10 atriles por 14 millones de pesos cada uno y camas por 18 millones de pesos. Esta dotación estaría destinada a las nuevas oficinas de la sede de la DNI en Funza, cuya construcción también tendría un retraso del 12 por ciento, según el documento.
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El hacker de la DNI a quien le habrían encomendado atacar Registraduría para afectar elecciones
En los documentos secretos de la DNI hay una relación de hackers al servicio de la agencia de inteligencia de la Presidencia. Entre ellos, sobresale este nombre: Carlos Oyola, un ingeniero de sistemas que ingresó a la entidad en febrero de 2024.
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De hecho, parte de su papel dentro de la agencia quedó descrito en los informes internos de la entidad. "Hackeó entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información. El exdirector de contrainteligencia lo puso a disposición del exdirector general Jorge Lemus, quien lo reubicó en el grupo de tecnología", señala el documento.
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Estando en ese grupo, según los documentos de la propia DNI, habría asumido una misión clave durante las pasadas elecciones: "Lidera la red que realizaría el trabajo para cambiar resultados de la votación del 21 de junio. al momento de las elecciones se encontraba en Madrid, España, donde junto con otros integrantes ejecutarían los ataques contra la Registraduría".
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Para el momento en que Oyola supuestamente estaba ejecutando esta misión, tenía una orden de captura emitida por un juez el 7 de mayo de 2026, tres semanas antes de la primera vuelta presidencial. Es decir, mientras era buscado por la justicia contaba con la protección de la agencia de inteligencia de la Presidencia, lo cual le habría permitido esquivar la persecución de las autoridades. Incluso, horas antes de la primera vuelta presidencial, no es claro quién le avisó de un allanamiento de la Fiscalía al apartamento fachada de la DNI en donde se encontraba y escapó antes de que entrara el CTI. En el lugar dejó abandonados computadores, celulares y otros dispositivos.
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¿Quién es Carlos Oyola y cómo llegó a la DNI?
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Carlos Oyola, nacido en Neiva, se vinculó en septiembre del 2018 como asistente de la unidad de trabajo legislativo del exsenador y exrepresentante liberal Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del Huila.
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En los registros judiciales le aparecen a Oyola denuncias por violencia intrafamiliar y una en el 2022 por un presunto intento de fraude informático junto a su hermano gemelo Cristian Oyola, investigación que nunca prosperó en la Fiscalía de Neiva.
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Pero los verdaderos líos judiciales de Oyola comenzaron en junio de 2023, cuando una profesora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia descubrió que había falsificado las notas para graduarse de la especialización de gestión pública y para aprobar una maestría de Gobierno y Políticas Públicas. Así lo señala el acta del consejo académico: "Encontramos que este estudiante tiene algunas inconsistencias en su historial académico, no solo en la maestría; sino también en el programa cursado de especialización en gestión pública".
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Esta situación terminó en un proceso en la Fiscalía por acceso abusivo informático; es decir, por hackear los sistemas de la universidad, falsedad en documento público, fraude procesal y concierto para delinquir.
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Uno de los títulos cuestionados de Oyola aparece entre los soportes que entregó para la firma de un contrato supervisado por el entonces contralor delegado para la defensa Luis Eduardo Parra, con vigencia de dos meses y firmado en octubre de 2022. Lo llamativo es que acreditó una supuesta especialización en Gestión Pública de la que se graduó el 25 de noviembre de 2022, un mes después de la firma del contrato.
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Ese año, en enero de 2023, Carlos Oyola consiguió un contrato con el Fondo Colombia en paz, que depende del Dapre. De ahí saltó a la DNI en febrero del 2024. Entre sus actividades en la agencia de inteligencia, según los documentos, se incluía "coordinar activistas digitales, bodegueros y hackers". En el informe también hay una llamativa anotación: "Sostuvo reuniones con la fiscal Luz Adriana Camargo".
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En un informe de septiembre pasado enviado a la Presidencia de la República desde la DNI, Oyola aparece asociado con un proyecto para desarrollar el Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (Siic versión 2), la plataforma a través de la cual deberían haber quedado registradas las operaciones y misiones de trabajo de la entidad.
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El preocupante hallazgo, según advierte el informe, afirma que: "No entregó nada y presuntamente fue víctima del hurto del equipo de cómputo en el que estaba desarrollando el sistema". De un hecho tan grave como este, no existe denuncia en la Fiscalía.
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Que un hacker estuviera vinculado a la agencia de inteligencia de la Presidencia mientras tenía una orden de captura vigente y que, además, se le pierda la base de datos más importante de la entidad son hechos que revelan que ese organismo fue usado para transgredir la ley. Así lo afirma Juan Carlos Restrepo, exinspector de la DNI: “Permitir el ingreso de una persona que no solo no cumpla los requisitos, sino que además sea una persona perseguida por la justicia y que la misma inteligencia dirección de inteligencia no haga nada, ni siquiera por denunciarlo, es una falta adicional. Es decir, ahí hay partiendo por el final una omisión de denuncia”.
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Restrepo agregó que “nuevamente es un indicio, es decir, la Dirección de Inteligencia comete un error muy grande, una falla muy grande al contratar a una persona como estas en vez de denunciarla. En segundo lugar, es un indicio de cuáles podían ser sus campos de interés, en vez de preocuparse en la seguridad nacional, podían estar interesados en hackear, interferir de alguna manera en el proceso electoral.
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Lo cierto es que el hacker de la DNI eludió a la Fiscalía durante los últimos seis meses, incluyendo el periodo electoral que pretendía afectar. El viernes 6 de noviembre fue capturado por el hackeo a la UNAD, el menor de los problemas que tiene este hombre que guarda algunos de los secretos de lo que ocurrió en la agencia de inteligencia de la Presidencia. Y lo más absurdo de toda esta historia es que hasta su detención Oyola seguía siendo un funcionario activo de la DNI.
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De esta historia solo quedan interrogantes: ¿qué ha hecho la Fiscalía con los dispositivos incautados al hacker en mayo en donde posiblemente estaba la información del intento de hackeo a la registraduría?, ¿cómo esquivó durante los últimos seis meses una orden de captura?, ¿por qué los directores de la DNI han mantenido vinculado a la entidad a un hombre con requerimientos judiciales?, ¿la Fiscal general conocía al hacker?
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Para dar respuesta a muchos de estos interrogantes, Noticias Caracol consultó a varios expresidentes para preguntarles sobre el informe de la DNI en donde se afirma que existió un a plan de esa agencia de inteligencia para instalar micrófonos y GPS en sus esquemas de seguridad. Sin embargo, ninguno quiso referirse al tema públicamente.
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Este medio también buscó a los dos últimos directores de la DNI del gobierno Petro: Rafael Guarín y Jorge Lemus, pero no se obtuvo respuesta. A través de su oficina de prensa, también se contactó a la fiscal Luz Adriana Camargo, pero tampoco hubo respuesta.
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