Una llamada originada desde la cárcel La Picota, en Bogotá, habría sido el primer paso de una estructura que, de acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, consiguió más de 4.900 millones de pesos mediante extorsiones y estafas telefónicas. Según el ente investigador, la organización habría diseñado un esquema para contactar masivamente a potenciales víctimas, intimidarlas y obtener transferencias de dinero, mientras otros integrantes se encargaban de recibir, distribuir y ocultar los recursos obtenidos.
La investigación señala que la estructura no habría operado únicamente desde La Picota, sino que tendría conexiones con otros centros penitenciarios del país. Para realizar las llamadas, los integrantes habrían burlado controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) y conseguido acceso ilegal a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras.
Así contactaban presuntamente a las víctimas
Una de las modalidades identificadas por la Fiscalía consistía en crear perfiles falsos de mujeres en WhatsApp para contactar a hombres y ofrecerles supuestos servicios sexuales. Una vez establecida la comunicación, los integrantes de la organización presuntamente conseguían fotografías íntimas de las víctimas o utilizaban imágenes obtenidas de redes sociales para realizar montajes.
Con ese material, realizaban señalamientos relacionados con supuestos delitos sexuales y amenazaban con publicar las fotografías o los montajes si las personas no entregaban dinero. La Fiscalía sostiene que, después de conseguir un primer pago, las exigencias aumentaban. De esta manera, las amenazas habrían sido utilizadas para presionar nuevas transferencias y mantener a las víctimas dentro del esquema extorsivo.
Para ampliar el alcance de las llamadas, en varios patios de La Picota presuntamente se reclutaba y entrenaba a internos para realizar comunicaciones masivas dirigidas a personas ubicadas en distintas regiones del país. La estructura también habría utilizado mecanismos para evadir los controles penitenciarios y mantener el funcionamiento de las comunicaciones desde prisión.
El dinero terminaba en cuentas de terceros
La operación no terminaba con el pago de las víctimas. De acuerdo con la investigación, los recursos eran enviados inicialmente a billeteras digitales y cuentas bancarias de terceros, desde donde posteriormente eran distribuidos entre los integrantes de la red. La Fiscalía siguió el movimiento de estos recursos a partir de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) y analizó más de 631.000 operaciones financieras. Además, documentó 43 noticias criminales relacionadas con denuncias y reportes de víctimas.
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Ese seguimiento permitió establecer, según el ente acusador, el origen, tránsito y destino de los recursos, así como identificar a las personas que presuntamente controlaban su circulación. La investigación apunta a que al menos 2.000 millones de pesos habrían sido ocultados durante un periodo inferior a cuatro años. Parte de las ganancias presuntamente era utilizada para mantener el control dentro de la cárcel y facilitar el ingreso y comercialización de bebidas alcohólicas, estupefacientes y otros elementos prohibidos. Además, parte del dinero habría sido retirado en efectivo o utilizado para adquirir bienes.
¿Quién estaría detrás de la estructura?
La Fiscalía señala como presunto articulador a Fabián Viracachá Ballén, alias El Don o Pluma, quien permanece privado de la libertad y habría mantenido el control criminal y financiero de la estructura desde La Picota. Viracachá Ballén, postulado ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) como exintegrante de las extintas Farc, cumple una condena de 38 años de prisión por el homicidio de un integrante de la Policía Nacional y otras conductas ilícitas.
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Según la Fiscalía, también se le atribuyen extorsiones y lesiones personales contra otras personas privadas de la libertad. El ente investigador sostiene que habría ejercido injerencia en diferentes patios del establecimiento penitenciario, desde donde presuntamente coordinaba parte de las actividades ilícitas. En el manejo de los recursos también habrían participado personas que se encontraban fuera de la cárcel. Entre ellas estarían la esposa, el hijo y la hijastra de Viracachá Ballén, quienes presuntamente ayudaban a movilizar el dinero y adquirir bienes.
La investigación permitió identificar seis inmuebles y cuatro vehículos ubicados en Bogotá; Soacha, Facatativá, Fusagasugá y Viotá, en Cundinamarca; y Restrepo, en Meta. Según la Fiscalía, estos bienes habrían sido adquiridos con recursos provenientes de las actividades ilícitas. El ente acusador anunció que solicitará medidas cautelares sobre los activos con fines de comiso.
Viracachá Ballén fue notificado de este nuevo proceso en la cárcel donde permanece recluido. De manera simultánea, funcionarios del CTI, con apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, capturaron a tres de sus familiares: Bibiana Paola Montañez Rozo, Helim Yareyth Clavijo Montañez y Michael Stiven Viracachá Pérez.
Los tres fueron presentados ante un juez de control de garantías de Bogotá. Un fiscal de la Delegada para las Finanzas Criminales les imputó, de acuerdo con su presunta participación, los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y amenazas, concierto para delinquir, entre otras conductas. Los procesados recibieron medida de aseguramiento en establecimiento carcelario. La Fiscalía indicó que la investigación permitió reconstruir tanto el mecanismo utilizado para obtener el dinero de las víctimas como la ruta que habrían seguido los recursos posteriormente.
María Paula Rodríguez Rozo
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