La comunidad de Puerto Wilches, en Santander, sigue muy inquieta frente al tema de la autorización del piloto para efectuar el fracking con fines de investigación. Y es que la preocupación los llevó a interponer una acción de tutela en la que le piden a un juez de la República la suspensión inmediata de la licencia concedida. Un grupo afro señala que no tuvo voz en este proceso.
“Estamos en desacuerdo con la licencia ambiental otorgada por la ANLA a los proyectos piloto de integración integral y a su vez nos hacemos sentir protestando, ya que se nos ha vulnerado el derecho la consulta previa”, indica Pedro Carbalino, líder afro de Puerto Wilches.
Según las comunidades, se tiene que hacer valer la ley que ordena la consulta a los directamente afectados.
“No hubo una participación efectiva para las comunidades. En el documento de la resolución que expidió la ANLA el domingo aparece que 1.300 personas asistieron una audiencia pública, de la cual no se conoce bien quiénes fueron sus participantes puesto que ni siquiera fue presencial sino virtual. Habla de 5.000 reproducciones, que no se sabe quiénes fueron los participantes”, dice Jhoan Rojas, de la organización Aguawill.
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El alcalde de Puerto Wilches pidió diálogo entre las partes.
“Invito a que si se puede generar un espacio del Gobierno nacional y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se haga, para que se pueda tener por parte de la institucionalidad, del orden nacional y la comunidad un diálogo asertivo y se puedan encontrar soluciones y despejar posible en cuanto al tema de licenciamiento”, expresó Jairo Toquica, alcalde de Puerto Wilches, Santander.
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Hay que recordar que por cuenta de la falta de la consulta previa la Corte Constitucional frenó la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato en varias zonas de Nariño.
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