Cerradas por el miedo están varias estaciones de servicio en el municipio de Tarazá, Bajo Cauca antioqueño . El panorama es el mismo desde hace cinco días.
Según Leiderman Ortiz, el suspendido alcalde del vecino municipio de Caucasia , las intimidaciones de grupos al margen de la ley son constantes.
“Nadie quiere denunciar, como está tan penetrados Los Caparros dentro de la población, entonces nadie sabe quién es quién y ese es el miedo que tienen los comerciantes y las estaciones”, advirtió Leiderman Ortiz.
De acuerdo con este periodista y líder social de la región, las extorsiones son en algunos casos millonarias.
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“Hay comerciantes que pagan un millón, dos millones, hasta tres millones de pesos por las estaciones de gasolina, mensualmente. Llegan y mandan una persona, eso varía”, denunció Leiderman Ortiz.
También, aseguró que es un problema de años, que sigue cobrando vidas y anchando los bolsillos de las estructuras crimínales.
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“Las bandas criminales en el Bajo Cauca empezaron en el 2008 y desde eso ha venido el conflicto que todos se tiran la pelota, el CTI con el Ejército, la Policía con el CTI, los fiscales dicen que los inoperantes son la Policía, eso es una mezcla que nunca van a solucionar”, sostuvo Ortiz.
Según el Ejército Nacional, las operaciones en la zona son permanentes.
“En este momento en la parte urbana está el Gaula de la Policía verificando esta situación y en la parte rural se están desarrollando unas operaciones con el fin de confirmar o desvirtuar esta información”, indicó el comandante de la Séptima División, general Juan Carlos Ramírez.
Aunque la Policía no quiso pronunciarse ante cámaras, expuso que no se conocen denuncias relacionadas con este tema y le dieron mayor fuerza a otra versión, que indica que el cierre de las estaciones de servicio correspondería a un daño en el software de las compañías de suministro.
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