Desarticulan red que lavó 2,3 billones de pesos exportando oro

La Fiscalía solicitó las capturas del representante legal, director contable, revisor fiscal y accionista de Goldex, junto con los representantes legales, contadores y personas naturales que prestaron su nombre para aparecer como proveedores para estas operaciones comerciales.
Según la investigación, la red lavó 2,3 billones de pesos (casi 971 millones de dólares) entre 2005 y 2012.
Dentro del proceso también se conoció que en 2010 la DIAN impuso sanciones administrativas a Goldex porque al verificar la información de la vigencia de operaciones en ese año no se encontraron ni los proveedores ni sus soportes contables.
El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, dimensionó en cifras sociales el alcance del dinero lavado a través de la comercialización ilegal de oro: “2,3 billones de pesos son recursos con los que podríamos estar construyendo 55 mil nuevas viviendas gratis en Colombia”.
El vicefiscal Jorge Fernando Perdomo, por su parte, explicó que esta operación es la mayor realizada en Colombia en materia de lavado de activos en relación con el tráfico o la comercialización de oro.
La investigación determinó que este grupo delictivo comercializaba el oro en pequeñas y grandes cantidades a través de una serie de compraventas ubicadas en distintas zonas del país, tras lo cual el mineral era posteriormente comercializado por Goldex.
Dicha empresa fue vinculada el año pasado por el diario El Tiempo al contrabando de oro de las bandas criminales nacidas tras la desmovilización de los paramilitares.
Para conseguir desarrollar su labor, Goldex configuró un carrusel de personas jurídicas registradas en diferentes cámaras de comercio del país, que figuraban como proveedores de la comercializadora, a través de diferentes formas de constitución.
Estos proveedores tenían una red de subproveedores que incurrieron en numerosas irregularidades, como la realización de operaciones comerciales de manera directa con personas inexistentes.
Los datos de la investigación que fueron facilitados muestran que el 90% de las personas vinculadas a esta red no tenían relación con la actividad minera, muchos eran habitantes de la calle o habían fallecido.
Además, fueron encontradas empresas de papel y operaciones ficticias, inexistentes o simuladas.