La nueva directora de la Unidad de Víctimas, Patricia Tobón Tagari, denunció que descubrió varias irregularidades en el manejo de los bienes incautados a la mafia y el dinero para la reparación.
Según ella, de los 2.346 predios administrados por la unidad, 932 se encuentran ocupados irregularmente. Incluso, por lo menos 43 tienen contratos de arrendamiento entre $4.000 y $100.000.
Asimismo, reveló que el avalúo del "2021 reportó 1.078 millones de pesos, pero eso sigue siendo muy bajo para la cantidad de bienes que tenía que monetizar y para los arrendamientos, que son muy bajos".
La directora de la Unidad de Víctimas agregó que desde que nació la entidad, hace 14 años, entre las 9.361.000 víctimas registradas, de las que más de 7 millones son sujetos de atención, solo han reparado a alrededor de un millón.
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"Al paso que va el cumplimiento y como se ha atendido hasta el momento históricamente, se requerirían muchísimos años, más de 100 años, para reparar a las víctimas. Esto requiere revisar la política integralmente y hacer ajustes a la (ley) 1448", advirtió.
Por estas razones, y con apoyo de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia, se compulsaron copias de las presuntas irregularidades a la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría para que se investigue, "empezando por el Fondo de Reparación a Víctimas y posteriormente con la Unidad de Víctimas", explicó Andrés Idárraga.
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En cuanto a las deficiencias en los archivos de los inventarios, trascendió que por lo menos 13 grupos familiares están beneficiándose del Fondo de Reparación a las Víctimas y de la misma unidad.
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