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Con fecha del 1 de junio de 2016, en el texto el mismo exfuncionario formula una denuncia penal contra representantes legales de IPS y servidores públicos.
Las personas que denunció en ese entonces laboraron para él en la Secretaría de Salud en los años 2013, 2014 y 2015, según conoció Noticias Caracol.
Sin embargo, Lyons dijo en una videoconferencia desde Miami que sostuvo con la Contraloría, que solo supo del cartel de la hemofilia seis meses después de haber sido exgobernador.
“Yo no he manifestado que algún funcionario mío se haya concertado con los señores (Guillermo) Pérez o conmigo para algunos propósitos desdeñables o irregulares”, recalcó, luego de que el representante legal de la IPS Unidos por su Bienestar afirmara lo contrario.
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También se conoció el expediente de informes donde se demuestra que todos los giros que salieron de la Gobernación de Córdoba durante su mandato fueron justificados con exámenes de sangre, que, según el mismo laboratorio clínico, son falsos.
Existen declaraciones de pacientes a los que inicialmente se les preguntó por su condición de hemofílicos y aseguraron presentar perfecta salud, no sufrir de hemofilia y desconocer la enfermedad.
Sin embargo, tiempo después fueron a la Notaría primera de Montería para juramentar su condición de hemofilia y así sustentar el cobro que salió de la gobernación.
Dicha notaría estaba a cargo de Luz Helena Muskus García, mamá del exgobernador Lyons.
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Por otro lado, el exfuncionario aseguró que se le está violando el debido proceso y el derecho a su defensa en el caso de responsabilidad fiscal de más de 50 mil millones de pesos en el llamado cartel de la hemofilia.
“Si mi imputación es simplemente que se produjo un daño mientras yo fui gobernador del departamento de Córdoba, pues yo no vuelvo aquí a ninguna audiencia, es más, ni mi abogado, pónganme uno de oficio. Es una falta de respeto con uno y con el país”, reclamó.
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