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Un nuevo traspié tendría el caso Hidroituango y la revisión del fallo sancionatorio de la Contraloría, que debe ir a análisis automático en el Consejo de Estado, ya que el alto tribunal ha señalado en otros fallos que esa revisión es inconstitucional y que los magistrados no pueden aplicarlo porque violarían la carta política. Así lo explica el mismo Consejo de Estado en un caso particular en el que fijó directrices frente al tema.
“No se garantiza el acceso a la justicia y vulnera los derechos a la igualdad y al debido proceso”, señaló el alto tribunal.
“Al momento de estudiar el control judicial automático por parte de la sala plena del Consejo de Estado, en el mes de junio de este año decidió inaplicar por considerar inconstitucional la figura jurídica. Es por ello que, una vez los fallos son remitidos al Consejo de Estado, las diferentes salas de decisión han optado por acoger el criterio de la sala plena y devolverlo a la Contraloría General de la República”, explica Julián Ruiz, vicecontralor general de la Nación.
Por ejemplo, uno de los 96 procesos de sanción fiscal de la Contraloría que fue devuelto por el Consejo de Estado es el caso del fallo de responsabilidad fiscal por la inadecuada gestión del contrato de 2010 para el funcionamiento del teleférico en la ciudad de Manizales.
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“El ponente decidió no avoca conocimiento del asunto y ordenó devolver el expediente administrativo a la Contraloría General de la República porque consideró que el control automático de legalidad de los actos administrativos con responsabilidad fiscal es contrario a los artículos 29, 229, 237 y 238 de la carta política”.
Pero ¿qué pasa cuando el proceso se devuelve a la Contraloría?
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“Lo que sucede es que se abre la puerta nuevamente a la justicia rogada, es decir, los interesados podrán interponer el medio de nulidad y restablecimiento del derecho”, señala el vicecontralor.
Entonces es la Corte Constitucional la que debe definir si el procedimiento de revisión del Consejo de Estado a los fallos de la Contraloría puede o no ser revisado por ellos.
Entretanto, el exalcalde Alonso Salazar, uno de los implicados por el fallo de la Contraloría como responsable fiscal por el descalabro en Hidroituango, señaló que en dicha decisión hubo favorecimientos políticos a los actuales precandidatos presidenciales Luis Pérez y Federico Gutiérrez.
“La Contraloría insiste en encontrar responsables, entonces siguiendo ya la lógica de ellos, yo pregunto: ¿por qué se excluyó inicialmente de la investigación al gobernador Luis Pérez, al alcalde Federico Gutiérrez, que fueron quienes estuvieron al frente de la construcción de la galería auxiliar de desviación? Yo no veo más que una intencionalidad política cuando constato a quiénes incluyó y a quiénes excluyó”, manifestó Salazar en Noticias Caracol.
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Salazar, alcalde de Medellín hasta el 2011, es una de las 26 personas naturales y jurídicas afectados por el fallo. El exfuncionario anunció demandas contra el Estado.
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Luis Pérez, relacionado en la carta escrita por el exalcalde, respondió. Dijo no ser el responsable de la aceleración del proyecto y construcción de la galería auxiliar de desviación, advertencias que, según él, hizo en sus dos libros sobre Hidroituango.
“Gracias a Dios, el doctor Sergio Fajardo, como gobernador de Antioquia, un día antes de entregarme la gobernación de Antioquia tomó la decisión de aprobar el plan de aceleración que fue el causal de este desastre tan grande en Hidroituango. Si no lo hubiera aprobado él, a lo mejor a mí me hubiera tocado estar en este enredo”, manifestó Pérez.
La Contraloría también respondió a las aseveraciones hechas por el exalcalde Salazar en Medellín.
“Los operadores fiscales tanto de primera y segunda instancia consideraron que no había pruebas suficientes que condujeran a determinar que los hechos o las omisiones por parte de estas personas hayan sido determinantes en la producción del daño fiscal”, dijo Julián Mauricio Ruiz, vicecontralor general de la nación.
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Federico Gutiérrez, también precandidato presidencial y para la época del descalabro en la obra alcalde de Medellín, todavía no se ha pronunciado al respecto.
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