Fiscalía debe agilizar investigación por litigio de tierras de macroproyecto Ciudad del Bicentenario

Mediante una tutela, el Tribunal Superior de Bogotá otorgó un plazo de 48 horas a la Fiscalía para conformar una mesa técnica que agilice las investigaciones sobre el litigio de tierras que hace más de diez años sostienen la Fundación Santo Domingo y un grupo de reclamantes, en el proyecto de viviendas de interés social Ciudad del Bicentenario, en Cartagena.

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“Yo diría que es un llamado de urgencia para que, en este caso, las autoridades competentes actúen porque no tiene sentido que procesos que ya tienen casi diez años o más de diez años, mejor de haberse iniciado, sigan en etapas iniciales que no permiten realmente llevar a la justicia de una manera eficaz”, manifestó Álvaro González, director de la Fundación Santo Domingo.

Según la Fundación Santo Domingo, accionante de la tutela, después de adquirir el predio, parte del terreno fue invadido por particulares, quienes perturban la construcción del macroproyecto de vivienda de interés social más ambicioso de Colombia.

“Quizás se utiliza de pronto a ciertas familias con unas características, aparentemente de vulnerabilidad, pero que realmente son financiadas por unas mafias de personas que realmente utilizan a esta familia como fachada”, agregó Álvaro González.

Uno de los asesores de una familia que reclama la titularidad del terreno cree que el fallo de tutela será la oportunidad para demostrar quién es el propietario legítimo.

“Enhorabuena llega esta mesa de trabajo para resolver todo lo relacionado con las denuncias de parte y parte. Como hemos dicho, aquí lo interesante es que la Fiscalía determine si los Hernández son invasores o no son invasores”, manifestó Erick Urueta, presidente de la Veeduría Judicial de Cartagena.

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Desde la neutralidad, la Seccional del Colegio Nacional de Abogados conceptúa que la convocatoria a una mesa técnica con participación de la Unidad de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico, fiscalías especializadas y seccionales garantizaría una solución rápida y transparente.

“Los procesos son paquidérmicos cuando buscan beneficiar a los humildes y se aceleran cuando los poderosos son los que exigen, yo creo que el Estado tiene que mediar y buscar lo más pronto posible una solución”, dijo Nausícrate Pérez Daut, director ejecutivo del Colegio Nacional de Abogados en Cartagena.

La tutela también ordena la asignación de un fiscal para que avance en las investigaciones y presente resultados del caso.

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