La investigación viene siendo adelantada desde 2008, inicialmente por la Corte Suprema de Justicia.
De esta sociedad hacía parte Toro, al adquirir las fincas San Miguel, La Milagrosa y Brasilar, ubicadas en Palmira y Valle del Cauca, predios que tuvieron su origen en actividades del narcotráfico del Cartel de Cali.
Según lo establecido, y de acuerdo con los ingresos que obtenía la parlamentaria, la compra de las tierras no estaría justificada.
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